Un nuevo vocablo con el que convivir en tiempos de penurias: copago. Hay un debate abierto, aún en una fase muy incipiente, pero conviene ir familiarizándose porque ya comprobaron las controversias que suscitó en plena campaña electoral y porque los silencios, las cautelas y las ambigüedades -y hasta algunas tajantes negativas particularizadas- que caracterizaron las ofertas programáticas al respecto dejan paso ahora a la toma de decisiones que incide en lo público -configurándolo, determinándolo- y una vez más tiene en el sufrido contribuyente, cotizante o no, su único destinatario. Total, se dirán, qué es una raya más para un tigre.
Para entendernos de la forma más llana: el copago consistiría en pagar otra vez por algo que ya se ha abonado vía impuestos. O lo que es igual: la contribución directa de las personas concretas para afrontar el coste de una determinada prestación. A partir de ahí, surgen todas las interpretaciones, incluida la que ya da por existente la fórmula. En España, sir ir más lejos, se calcula que el desembolso hecho por los ciudadanos, con sus aportaciones puntuales, independientemente de las exigencias de su perfil tributario, casi alcanza el 24% del gasto total en salud. En otros países de la Unión Europea (UE), cada cual con su cultura y sus esquemas de funcionamiento en el ámbito de la asistencia sociosanitaria, están vigentes mecanismos que conllevan el pago de una determinada cantidad por conceptos tales como la visita del médico al domicilio particular o el traslado de un servicio de urgencias al hospital para el internamiento o las mismas pruebas diagnósticas.
Advierten los expertos que hay que andarse con mucho tiento a la hora de adentrarse en estos vericuetos del copago, entre otras razones porque su aplicación a corto plazo induciría las consecuencias de un encarecimiento de la asistencia y los evidentes riesgos de la conflictividad social. Con razón el asunto fue tabú en las pasadas campañas electorales: a ver qué candidato en el ámbito del Estado o de cualquier comunidad autónoma ponía el cascabel al gato, con cualquier explicación o mensaje que señalara la conveniencia de ir perfilando esta medida, sobre todo para hacer sostenible el sistema.
Y entonces llegamos al fondo de la cuestión: se trata de debatir con rigor y en profundidad, hasta poner blanco sobre negro, la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y en ello tienen mucho que ver las comunidades, algunos de cuyos responsables, por cierto, han dedicado respetables pero poco rentables esfuerzos a reivindicar deudas históricas y otros menesteres, cuando podía esperarse, por aquello de la solidaridad y la corresponsabilidad, alguna alternativa que despejara el terreno que nos ocupa.
Los flujos de esa financiación, a partir de la caja de todos, la que se nutre con fondos de los administrados, y la consolidación de una estructura, diáfana y transparente, son los que verdaderamente deben importar, sobre todo si deciden implantar fórmulas como el copago.
A estas alturas, con el caballo de los mercados cabalgando desbocado y aprovechándose de las debilidades de los terrenos que pisa, sobre todo si son los menos favorecidos, todos sabemos que lo público está constantemente amenazado y cada vez más debilitado. Lo que se haga con el copago en España servirá para esclarecer sus coordenadas cada vez más constreñidas.
Así que la defensa de la viabilidad del sistema, sin más cargas, sin más añadidos, se convierte en un compromiso de país. Pronto empezaremos a salir de dudas.
Para entendernos de la forma más llana: el copago consistiría en pagar otra vez por algo que ya se ha abonado vía impuestos. O lo que es igual: la contribución directa de las personas concretas para afrontar el coste de una determinada prestación. A partir de ahí, surgen todas las interpretaciones, incluida la que ya da por existente la fórmula. En España, sir ir más lejos, se calcula que el desembolso hecho por los ciudadanos, con sus aportaciones puntuales, independientemente de las exigencias de su perfil tributario, casi alcanza el 24% del gasto total en salud. En otros países de la Unión Europea (UE), cada cual con su cultura y sus esquemas de funcionamiento en el ámbito de la asistencia sociosanitaria, están vigentes mecanismos que conllevan el pago de una determinada cantidad por conceptos tales como la visita del médico al domicilio particular o el traslado de un servicio de urgencias al hospital para el internamiento o las mismas pruebas diagnósticas.
Advierten los expertos que hay que andarse con mucho tiento a la hora de adentrarse en estos vericuetos del copago, entre otras razones porque su aplicación a corto plazo induciría las consecuencias de un encarecimiento de la asistencia y los evidentes riesgos de la conflictividad social. Con razón el asunto fue tabú en las pasadas campañas electorales: a ver qué candidato en el ámbito del Estado o de cualquier comunidad autónoma ponía el cascabel al gato, con cualquier explicación o mensaje que señalara la conveniencia de ir perfilando esta medida, sobre todo para hacer sostenible el sistema.
Y entonces llegamos al fondo de la cuestión: se trata de debatir con rigor y en profundidad, hasta poner blanco sobre negro, la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y en ello tienen mucho que ver las comunidades, algunos de cuyos responsables, por cierto, han dedicado respetables pero poco rentables esfuerzos a reivindicar deudas históricas y otros menesteres, cuando podía esperarse, por aquello de la solidaridad y la corresponsabilidad, alguna alternativa que despejara el terreno que nos ocupa.
Los flujos de esa financiación, a partir de la caja de todos, la que se nutre con fondos de los administrados, y la consolidación de una estructura, diáfana y transparente, son los que verdaderamente deben importar, sobre todo si deciden implantar fórmulas como el copago.
A estas alturas, con el caballo de los mercados cabalgando desbocado y aprovechándose de las debilidades de los terrenos que pisa, sobre todo si son los menos favorecidos, todos sabemos que lo público está constantemente amenazado y cada vez más debilitado. Lo que se haga con el copago en España servirá para esclarecer sus coordenadas cada vez más constreñidas.
Así que la defensa de la viabilidad del sistema, sin más cargas, sin más añadidos, se convierte en un compromiso de país. Pronto empezaremos a salir de dudas.
(Publicado en Tangentes, número 41, diciembre 2011)
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