Transparencia, otra cultura

 

Debe sentirse satisfecho Francisco Hernández Spínola, ex de tantos cargos, destacado funcionario público que ejerció en tres ministerios, recién y felizmente jubilado, cuando repase la evolución de los informes anuales del Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias. Spínola, siendo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autónomo, puso mucho empeño en el denominado Índice de Transparencia durante el proceso de elaboración de la Ley Canaria de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2014. No era solo para cumplir un objetivo, enmarcado en la gestión política, y dejar su sello; sino para dar un salto cualitativo en el tratamiento y la aplicación del concepto que, hasta entonces, no pasaba de ser una idea recurrente para programas electorales, discursos de investidura y tímida apertura de debates. A partir del proceso de elaboración y de la entrada en vigor de la Ley, las cosas cambiaron sustancialmente: el paso de los años ha acreditado que aquello iba en serio, que era cuestión de tiempo para que se fraguara una cultura en el ámbito de las administraciones públicas y entidades privadas que habría de cambiar radicalmente el modo de comportarse y gestionar los recursos públicos y las liquidaciones de los presupuestos generales, además de subrayar las responsabilidades que los gestores habrían de asumir.

Estamos viendo ya los frutos de esa cultura. Canarias se convertía en la primera comunidad autónoma que contaba con un instrumento de medición de su transparencia que el año pasado, según el Informe del Comisionado, Daniel Cerdán, presentado recientemente en sede parlamentaria, ya abarcó a todas sus instituciones públicas y más de una tercera parte de sus más de trescientas entidades dependientes. Por ejemplo, es la primera vez que todos los ayuntamientos han cumplido su obligación de rendir cuentas sobre su propia transparencia. Entre las funciones esenciales del Comisionado de Transparencia están amparar a la ciudadanía en sus reclamaciones por derecho de acceso cuando les deniegan información las instituciones canarias, controlar los portales de transparencia y difundir, crear e incentivar la cultura de la transparencia. En esos tres aspectos, el Comisionado centró su rendición de cuentas.

Datos en los que apoyarse: se pasó de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1.965 en el año 2021; en su mayor parte referidos al amparo a los ciudadanos a los que se le había denegado información y al control de los portales de transparencia públicos y privados (968 el año pasado) para que publiquen toda la información obligada por las leyes. En sus seis años de existencia ha resuelto 4.945 expedientes. El total de expedientes administrativos desarrollados por el Comisionado de Transparencia de Canarias ha aumentado un 55 % en el último año.

Claro que hay más datos sobresalientes pero con los expuestos basta para contrastar que la transparencia es, además de una exigencia, un pilar indiscutible para mejorar la convivencia democrática y el propio funcionamiento de las instituciones.