Ha empeorado el marco legal, los
indicadores económicos se han debilitado desde el punto de vista estructural,
se acentúa el impacto de la polarización política sobre el contexto
sociocultural y la hostilidad hacia los periodistas, que también afecta al indicador
de seguridad, solo sigue aumentando… Con estos elementos, el escenario de la
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, confeccionada por la
organización Reporteros sin Fronteras (RsF) no puede ser más inquietante.
Algunos dirán que exageramos pero la democracia -allí donde se mantiene o
subsiste- está en peligro. Uno de esos pilares, la libertad de prensa, está
claramente amenazado a tenor de dicha clasificación y de las causas que la
sustentan.
Si nos detenemos en la situación de
nuestro país, España desciende en 2026 hasta el puesto 29, seis posiciones por
debajo del año anterior, con una puntuación global de 75,42 puntos (-1,93),
frente a los 77,35 puntos y el puesto 23 de 2025. Este retroceso trae causa de
un deterioro generalizado en todos los indicadores analizados en la
investigación de RsF. En los relativos a España, se suman el agravamiento de la
salud económica del sector y de la precariedad laboral, el “lawfare” contra
periodistas (término que proviene de la combinación de los vocablos ingleses
‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra) y se traduce como guerra o persecución
judicial. Se utiliza para describir acciones legales emprendidas como parte de
una campaña contra un país, grupo o persona con el objetivo concreto de
desacreditar, inhabilitar o perseguir políticamente a un adversario. En España,
por cierto, no es un concepto jurídico formal sino un término importado del
ámbito anglosajón que se ha incorporado al debate político), más -recuperando
la relación de los motivos del deterioro- la politización de los medios
(incluidos los públicos), y el aumento de la violencia contra profesionales de
los medios, especialmente las mujeres.
El informe de esta organización
desglosa los indicadores político y económico. Señala que en España el
indicador político baja hasta los 71,25 puntos (-1,21), con una caída de dos
posiciones hasta el puesto 28. Por supuesto, la frontera entre información y
opinión se desdibuja y debilita los estándares profesionales. La tendencia
afecta al conjunto del sistema mediático, merma su credibilidad e incluye a los
medios públicos tanto nacionales como autonómicos) donde la información como
entretenimiento hy los sesgos políticos tienden a consolidarse en detrimento
del rigor, la independencia editorial y el pluralismo.
Así lo han denunciado organismos
profesionales como los consejos de informativos de RTVE, cuestionados por la
presidencia de la corporación; una situación que preocupa a Reporteros sin
Fronteras y contraviene el espíritu del Reglamento Europeo sobre la Libertad de
los Medios de Comunicación (EMFA), con el que se ha comprometido el Gobierno.
Tampoco las radiotelevisiones autonómicas se libran de esta politización la
cual vulnera su misión de servicio público, erosionando la confianza ciudadana
y contribuyendo a un clima de hostilidad hacia el periodismo por el que todos los medios –públicos o privados– se
culpan entre sí, sin hacer autocrítica ni respetar colectivamente prácticas
deontológicas comunes por el bien de la profesión.
Por lo que
respecta al indicador económico, registra uno de los
descensos más acusados, situándose en 55,67 puntos (−2,39) y cayendo hasta el
puesto 40 (-6), una posición que sitúa a
España fuera del grupo de referencia de sus
países vecinos de Europa
occidental, evidenciando una debilidad
estructural muy preocupante.
En fin, para Reporteros sin Fronteras,
el sector mediático español se enfrenta a un reto existencial: la precariedad laboral está cronificada, los
periodistas tienen crecientes dificultades para acceder a salarios
dignos y los modelos de negocio se ven profundamente afectados por la
competencia de las plataformas digitales, que han erosionado los ingresos
tradicionales.
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