OBLIGADOS A REVISAR UN ESQUEMA

Hemos anticipado en una comparecencia televisiva el replanteamiento de la dedicación política en corporaciones locales después de las elecciones del próximo 22 de mayo. No se quiere aguar la fiesta a nadie ni arruinar las expectativas de quienes acceden a la representación pública porque quieren o pueden entregarse por completo a ello. Pero las circunstancias que concurren sugieren la necesidad de revisar un modelo que, con sus variables, quedó consolidado -e incluso, fortalecido desde el punto de vista legal- desde el segundo mandato municipalista (1983-87): las haciendas locales están muy depauperadas, los gastos de personal se han elevado considerablemente, los presupuestos siguen menguando, los ingresos están muy por debajo del nivel general de gastos… ¿Por dónde reducir? He ahí el gran dilema.
Los políticos deben ser conscientes de que están llamados a dar ejemplo. Y en este caso, deben tomar la iniciativa. Esos equipos de gobierno de diez o trece y más concejales ‘liberados’ o con dedicación exclusiva, fruto mayorías electorales o de alianzas postelectorales, no pueden seguir siendo norma. No es sólo su gasto retributivo, de cotización a la Seguridad Social e indemnizaciones o dietas sino el de asesores y personal de confianza que, por exceso, se ha convertido en un abuso durante los últimos años. Los márgenes se han desbordado.
Y como es el conjunto del sector público el que se lleva casi todos lo denuestos, el personal político no queda excluido, de ahí que se abogue por una racionalización. Así como en su momento hubo que ser reivindicativo y propiciar cobertura legal -como a cualquier otro colectivo laboral- a quienes decidieron encauzar sus pasos por los surcos políticos, ahora se plantea afrontar un nuevo marco de juego que comporte ahorro y disminución del gasto público.
Es cierto que en algunos casos se puede interpretar que el porcentaje de las retribuciones de los órganos de gobierno en un volumen global presupuestario resulta el célebre chocolate del loro. Y hasta habría que dar la razón a quienes defiendan la teoría de que por esa vía será cada vez más difícil encontrar a personas que se dediquen al ejercicio de responsabilidades públicas. Y tampoco estarían errados quienes de esa forma adviertan que será difícil evitar tentaciones extracorporativas y el fomento de las corruptelas.
Pero algo hay que hacer porque el nivel de gastos, en ese capítulo, se hace insostenible y la ciudadanía se muestra cada vez más crítica y quiere hechos, decisiones que permitan acabar con este estado de cosas y vislumbrar alternativas.
Que nadie se perjudique, desde luego, especialmente si ha de renunciar su trabajo, total o parcialmente; pero que no se prolongue una situación proclive a los abusos. Poner controles y topes, desde luego. Ponderar los niveles de endeudamiento. Ajustar los cálculos relativos cuando de estos gastos específicos se trate. Reestructurar organigramas, aglutinar áreas de gestión, funcionar con criterios más rígidos…
No se quiere tampoco restar capacidad política ni difuminar la representación pública ni renunciar a realizar programas… No. Se quiere revisar unos esquemas que, ahora mismo, no pueden seguir el mismo camino de los últimos tiempos.
Por eso, sería bueno estrujar la imaginación en busca de fórmulas y propiciar un gran acuerdo político, un pacto por la gobernabilidad sostenible de las instituciones sin pérdida de la dignidad pero con exigencias de reducción del gasto público. Al menos, hasta que se superen las estrecheces de la contracción.
Es la gran asignatura del próximo mandato y de los posteriores.
Que alguien, con coraje político, ponga el cascabel.