Un alcalde exonerado

 

“Estas dudas razonables nos llevan a excluir el delito de prevaricación”, dicen los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que terminó absolviendo al que fuera alcalde de Los Silos hasta el último mandato, Santiago Martín, de una comisión delictiva continuada de prevaricación administrativa. En su sentencia, admiten que el edil no levantó los reparos ante el pleno –una práctica habitual en los consistorios- para eludir el cumplimiento de la Ley del Sector Público sino para mantener un servicio esencial para la población como es el suministro de agua.

Ojo, que la fiscalía pedía diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La intervención municipal había advertido de supuestos de ilegalidad después de la denuncia presentada por una comunidad de aguas que, por cierto, retiró su iniciativa del proceso unos días antes de que se iniciara el juicio. El entonces alcalde, según la sentencia, autorizó los pagos porque pretendía “salvaguardar que el servicio público se siguiera prestando y no sortear los controles exigidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Fin, pues, al calvario que han venido padeciendo Santiago Martín y su familia a lo largo de los últimos tiempos. La denuncia, posiblemente, y la resolución judicial de la misma, condicionaron su candidatura a la reelección. Martín, que ejerció sin alharacas, anteponiendo la eficacia y la resolución de los problemas vecinales a todo tipo de lucimiento personal y de aspiraciones políticas, se retiró con discreción y consideró que ya estaba bien, temiéndose lo peor, como ha ocurrido con otros alcaldes.

Martín, alcalde de Los Silos durante dieciséis años, consecuente con su comportamiento, hizo gala de su prudencia después de conocer la sentencia absolutoria, según le confesó a Pedro Murillo, en El Día: “Desde que uno entra en estos sabe que es una profesión de riesgo, como se suele decir, pero seguro que en la gestión hay cosas que siempre bordean algunos aspectos legales o de tramitación. Pero de ahí a que me convierta en un elemento de dudosa reputación, va un largo trecho”.

En medio de un inevitable sentimiento de liberación, declaró que “solo pedí que dejaran defenderme y hoy una sentencia me ha dado la razón con lo que expuse en su momento”.

Claro que unos recursos ni una sentencia revertirán el sufrimiento y la incertidumbre de todo este tiempo. Pero aquella conciencia que le inspiraba una decisión cabal, esto es, garantizar el suministro de agua a la población en un término municipal tan disperso y desigual como es el silense, con sus peculiares características orográficas, ahora se ha visto respaldada desde la perspectiva judicial que otros emprendieron.

El alcalde ni mintió ni eludió su responsabilidad. Y el tribunal ha interpretado que el consistorio no tenía recursos técnicos ni humanos ni tiempo para articular un procedimiento que valiese legalmente para continuar prestando, como es su obligación, un servicio básico. Los ciudadanos no podían esperar por el agua que siguió llegando, aunque sea mal que bien, a los terminales de la red distribuidora. Eso sí: que sirva lo ocurrido para corregir y emprender lo que proceda, no sea que la salvación de reparos se convierta en una praxis sin final.

Y que Santiago Martín respire tranquilo. Está en su derecho.