Durante un tiempo, el actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha ido esgrimiendo un grito de batalla, ¡Viva la libertad, carajo!, cada vez que se exhibía ante un auditorio o cuando quería presumir de su metodología política, muy cercana a la extravagancia. Como creía que era insuficiente, se acompaña de una motosierra (sic) que ponía funcionar en plan amenazante y tragicómico, no importara que entrañara riesgos para la integridad física de quienes estaban más cerca del instrumento.
Pero en un país de mitomanías como el argentino, a Milei parece que la fortuna ha dejado de sonreírle y ahora va coleccionando reveses en medio de la protesta popular. El periodismo también se ha visto afectado, de modo que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya ha hecho valer sus protestas, a las que se suma, por cierto, la Federación Internacional (FIP), no dispuestas a que la prensa se vea censurada y los profesionales de la información se vean hostigados judicialmente. Las denuncias de las organizaciones hablan de abiertas censuras y de violación de libertades fundamentales.
En un principio, según la versión de la FIP, el gobierno de Javier Milei obtuvo una medida judicial para censurar la difusión periodística de grabaciones que comprometen a funcionarios de primera línea en posibles actos de corrupción. Al mismo tiempo, denunció penalmente a dos periodistas, solicitó que sus domicilios fueran allanados y que revelen sus fuentes. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con los profesionales afectados y se suma al rechazo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
La compra de medicamentos para discapacitados, la clave. En efecto, la decisión de avanzar en la criminalización del trabajo periodístico se da en un contexto en el que el gobierno del presidente Milei enfrenta una crisis política por la difusión de grabaciones que involucran a funcionarios del ejecutivo y del parlamento en posibles actos de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
Siempre según la versión de la FIP, “a raíz de esto, el gobierno solicitó al Poder Judicial una medida cautelar para evitar que las grabaciones siguieran difundiéndose y arremetió contra los periodistas Ivy Cángaro, Mauro Federico y Jorge Rial. En el caso de los últimos dos, solicitó que fueran allanados sus lugares de trabajo y sus domicilios particulares”.
Estas acciones han despertado un amplio rechazo en el gremio periodístico que trasciende los posicionamientos editoriales. En este sentido, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) emitió un comunicado alusivo:
«Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa manifestamos nuestro enérgico repudio a la solicitud realizada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Poder Judicial para allanar los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, así como la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios que involucran a funcionarios gubernamentales, lo que constituye un profundo ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información de la ciudadanía».
Estas acciones represivas contra periodistas, que se suman a la represión contra fotoperiodistas y cronistas en el Congreso y a los ataques digitales contra comunicadores con el claro objetivo de ‘disciplinar’ a la prensa, exigen el respeto a las leyes que protegen la actividad periodística y garantizan que la ciudadanía permanezca informada» .
El gobierno de Javier Milei había dado señales del tinte de su relación con los medios cuando, a inicios de su mandato, también denunció a las periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por sus opiniones en el marco de su trabajo. A su vez, la violencia policial contra los trabajadores de prensa mientras ejercen su trabajo se ha vuelto una constante en Argentina.
Esto es lo preocupante. Que desatado el ovillo y aplicadas medidas del tenor que comentamos, luego será difícil recuperar posiciones, en este caso, postulados de libertad, esenciales para expresarse, para informar y para opinar. Milei ha sido otro ejemplo de lo que un gobernante díscolo se transforma, con o sin motosierra en la mano. Qué pronto se ha olvidado de la libertad cuya viveza exaltaba acompañada de un vocablo coloquial. Cómo sería si tuviera que soportar coros de ‘me gusta la fruta’.
Libertad, siempre.
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