Algo lejanos quedan
ya los tiempos en que una organización política -puede que de otro carácter
también- exigía que cualquier solicitud de ingreso viniera acompañada de la
firma de dos o tres avalistas, una forma -principalmente durante la advenediza
democracia- de fiscalizar mínimamente las incorporaciones de gente llegada de
otras localidades y era cuasi perfecta desconocida en los ámbitos o círculos en
donde iba a cohabitar. Poco que ver la identificación o desafección con aquel
desaparecido Movimiento cuyo carácter constaba -puede decirse que para los
restos- en los registros o archivos de aquel sustrato político
preconstitucional.
Aquel “requisito” -y
no queda más remedio que entrecomillar el término- se fue flexibilizando hasta
prácticamente desaparecer. Se partía de un principio: afiliarse a una
organización política era un acto volitivo de una persona mayor edad, se supone
que consciente, identificada con los módulos de participación y con postulados
programáticos, dispuesta a asumir reglamentos y resoluciones disciplinarias con
mayor o menor formación política y con desigual bagaje ideológico. Los partidos
necesitaban incrementar sus censos de afiliados. Algunos, a la vista de que la
filiación era más bien un freno, crearon la figura del simpatizante, que era un
modo de integrarse pero más blando o moderado: se trataba de captar pero sin
presionar o exigir. La regulación intrapartidaria de la participación era
variable y nunca quedó muy clara a efectos jurídicos. No es que los aparatos de
dirección miraran para otro lado pero, ciertamente, se descuidaron, al menos en
la organización socialista que es, para nosotros, la más conocida.
Importaba sumar,
casi a cualquier precio. Claro, la política ha generado, por muy distintas
causas, tal nivel de desafección y de comodidad individual elusiva de
responsabilidades que propiciar medidas para intentar congregar a personas que
reúnan los requisitos exigibles parecen mecanismos de disuasión.
Pero la gran verdad
es que algo tendrán que hacer las direcciones de todos los niveles con tal de
superar los evidentes riesgos que supone incorporar a filas a personas que han
revelado comportamientos abstrusos e inaceptables, especialmente desde el
ángulo ético y no digamos cuando incurren en comisiones delictivas. A las
mismas -respetemos, por supuesto, la presunción de inocencia- les da igual
actuar con tal de aprovecharse, se prevalen de posiciones relevantes en
administraciones públicas para influir o aprovecharse, carecen de escrúpulos. Y
por supuesto, no son conscientes del enorme daño que causan a la organización a
la que un día accedieron se supone que con la intención de ser útiles e
interactuar en beneficio de la colectividad. Habrán comprobado lo fácil que es
la generalización injusta y lo pronto que prende un juicio de valor negativo
para todos los que decidieron abrazar un ideal político por un comportamiento
inapropiado de tres o cuatro los garbanzos negros, que dicen- que no responde a
lo que debe aguardarse. Así, esa creencia cada vez más extendida, enriquecerse,
aprovecharse en el ejercicio de las políticas públicas. Así, desmoralización,
cansancio, rechazo, descrédito, desafección, repulsión…
Y la democracia,
sufriendo.
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