PRÓRROGA DE TASAS

Señala el ministro de Industria, Energía y Turismo que nones, que los registros de la afluencia turística en Canarias durante el pasado año nada tienen que ver con la aplicación de bonificaciones en las tasas aeroportuarias. La mejoría de la economía alemana, la evolución favorable del cambio monetario para los británicos y, por supuesto, la inestabilidad sociopolítica en países ribereños del Mediterráneo (Soria dixit) son los factores de la bonanza, algo disminuida, por cierto, si tenemos en cuenta que no crece el empleo, al menos de forma estable. Por tanto…
Y afirma el portavoz del Gobierno de Canarias que Soria no es interlocutor, que no es él con quien supuestamente hay que negociar (en todo caso, con la ministra de Fomento) sino que hay que pasar a los hechos, que no deberían ser otros que la materialización del anuncio de prórroga que el propio Soria le había manifestado al presidente del ejecutivo autonómico, “cuando la realidad no es así”, versión Martín Marrero. Por tanto…
Total, que estamos ante el primer desencuentro sustantivo entre Madrid y Canarias en el nuevo ciclo político abierto tras las elecciones del pasado 20 de noviembre. En una materia tan sensible como la turística, el asunto debe preocupar pues no es cuestión de estirar recelos y malas relaciones políticas entremezclándolos con el sector productivo que más aporta al PIB canario y que está salvando no pocos muebles.
Algún empresario (no del sector, es verdad) se apresuró en su día con un alegre juicio sobre la lotería que significaba Soria como ministro para esta tierra. Si el asunto de las bonificaciones en las tasas de transporte aéreo era un banco de pruebas, incluso involuntario, no ha tocado la pedrea. Seguro que el ministro, si fuera vicepresidente o consejero autonómico y en Madrid gobernaran los socialistas, estaría esmerándose en una de sus proclamas reivindicativas: la coyuntura da la función.
Pero lo que hay son respetables conclusiones de informes técnicos en los que apoyarse para frenarel mantenimiento de las tasas, cuyo coste se elevó a diecinueve millones de euros durante el pasado año.
Por este balón dividido, como ahora se escucha en las transmisiones de encuentros futbolísticos, pujan también, por un lado, los grupos parlamentarios que en Canarias sustentan a su gobierno con una iniciativa en la que persiguen la continuidad de las bonificaciones para compañías aéreas que abran nuevas rutas con las islas o incrementen el número de pasajeros; y por otro, los cabildos insulares, cuya federación política habla de la aplicación de las tasas como “una necesidad”. Independientemente de la suerte que corran la proposición parlamentaria y la petición cabildicia, lo cierto es que constituyen otros elementos que pueden alimentar el desencuentro.
Lo inquietante: que se produce una situación de incertidumbre entre las compañías áreas, alguna de las cuales, por cierto, ya ven cómo se las ventila desde el pasado fin de semana.
El Gobierno de la nación, en cualquier caso, empuje Soria más o menos, tendrá que ser sensible a una demanda muy extendida entre instituciones, agentes sociales y operadores turísticos pues tal como están las cosas la prórroga de las tasas bonificadas se considera primordial para la economía de las islas, para el sector y hasta para el mantenimiento de los niveles de empleo.

TEMPLO RADIOFÓNICO

En los años de infancia y juventud, cuando brotó la vocación, siempre estaba Radio Nacional de España. Hasta en alguna travesía del Atlántico apareció Radio Nacional de España que, días pasados, ha cumplido setenta y cinco años, tres cuartos de siglo en el aire, que se dice fácil, un auténtico templo radiofónico cuya cobertura, su expansión, sus voces, sus nombres fueron determinantes en muchos de nuestros hábitos, en los usos sociales de tantos y españoles. Sus señales horarias, las del Observatorio Astronómico de Madrid, eran una guía hasta para entrar a clase o comenzar las misas, cuando el reloj de la iglesia anda averiado. Y la exactitud en el comienzo de los programas, como Radiogaceta de los deportes, ocho y media de la tarde/noche hora canaria, para estar al corriente de la actualidad, o el Diario hablado, con su peculiar sintonía que memorizábamos en silbidos alargados, al mediodía o por la noche, para señalar el almuerzo o recogerse tras cerrar la puerta del zaguán. Lo llamaban, lo llamábamos “el parte”. Era la hora en que no se escuchaba otra cosa. En el vetusto Philips de la sala o en el transistor venido de América o comprado en los indios, daba igual, allí, a esas horas, estaba Radio Nacional de España.

Tiempos de incertidumbre, de ataduras, corsés y lenta evolución social, de ignorancia de tantas cosas, de rigideces y de comedidas aperturas. Tiempos de radio, fiel compañera para entretener, amenizar y compartir horas de tarea y estudio. Hasta que llegó la televisión y parecía que aquella magia que no entendía de distancias se evaporaba. No sucedió así porque baluartes como el de Radio Nacional y la imparable expansión tecnológica -la frecuencia modulada significó un salto extraordinario- así como las progresivas conquistas de la radiodifusión privada contrastaron las capacidades de un medio cuyo valor era enormemente apreciado en gestas deportivas o sucesos como el terremoto venezolano de los años sesenta del pasado siglo.

Nació en Salamanca, en el fragor de la metralla y las bombas de la guerra incivil, con tecnología alemana prestada o donada. Se convirtió entonces en otro recurso bélico y luego, como no podía ser de otra manera, en un instrumento propagandístico del régimen preconstitucional. Radio Nacional fue, durante décadas, la conexión con el mundo. Fue, en una oferta muy limitada en el dial, sencillamente, la radio. Así la identificamos miles de españoles muchos, muchos años.

En las plazas, o cerca de algún vehículo, seguimos transmisiones célebres, como las confrontaciones de Real Madrid y Barcelona en las primeras copas de Europa. O aquella final de Copa Davis en Australia, madrugada en España. Nos fuimos amoldando a programas como España a las 8, conducido por Victoriano Fernandez Asís; nos entusiasmábamos, junto a la abuela, con Teatro invisible y nos fuimos haciendo con nombres que se unían al del maestro Matías Prats: Enrique Mariñas, Martín Navas, Elena Francis y Jesús Alvarez. Después se añadirían los de Juan María Mantilla, con sus Novedades musicales Marinieves Romero, Herminio Verdú y Eduardo Sotillos, que hacían Para vosotros, jóvenes; Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo que popularizó De costa a costa y Protagonistas; Alejo García, el hombre que anunció la legalización del Partido Comunista de España en aquel sábado santo al que, por tal motivo, adjetivaron rojo; Carlos Tena y Manolo Ferreras. En la memoria también se almacenan otros títulos de programas, auténticas celebridades radiofónicas, El loco de la colina, Tardes de verano, La barraca, Tiempos modernos y Clásicos populares.

Hemos seguido de cerca sus procesos de expansión, sus nuevas instalaciones y sus avances tecnológicos. Hemos vivido la absorción de RadioCadena Española. Y cómo fueron cambiando los indicativos: del Centro Emisor del Atlántico a Radio Nacional de España-Radio 1. Hoy, al cabo de setenta y cinco años en el aire, con su plataforma multimedia, su vocación de servicio público, su pluralismo probado y con profesionales de postín, sigue siendo un templo radiofónico.

MUJERES MUNICIPALISTAS

La recordamos dando instrucciones a los trabajadores, en el perímetro interior de la plaza del Charco, donde se sentaban las parejas a enamorar. La política, entonces, no interesaba mucho pero era llamativo que una mujer desplegara tareas de concejal. Por eso, en los primeros años de la década de los setenta del pasado siglo, cuando supimos que Conchita, Concepción Rodríguez García, era responsable municipal del área de parques y jardines, empezamos a tratarla con mucho respeto y consideración, factores acentuados progresivamente, a medida que trazábamos el recorrido profesional y coincidíamos a menudo en convocatorias institucionales, especialmente aquellas galas en el parque San Francisco que nos tocó presentar y dirigir durante un largo período de tiempo.

Luis Febles, en Diario de Avisos, rescata su figura, los “recuerdos de una mujer comprometida”, en realidad la primera concejala en la historia del Puerto de la Cruz (1973-79). El compromiso lo extendió, durante muchos años después, a su quehacer social en la Asociación de Amas de Casa y a su fe religiosa en la Hermandad de la Virgen del Carmen. Por si fuera poco, también ejerció como Juez de Paz -ni concejala ni jueza se empleaban entonces; hoy se las cita como edilas-, antes de que la Ley de Planta y Demarcación, ya en tiempos democráticos, propiciara la dotación de juzgados de instrucción en el término municipal.

Es entrañable la licencia nostálgica de Conchita Rodríguez en las páginas del decano. Rememora a personas, recuerda hechos que, sin duda, incidieron en el desarrollo de una ciudad que afirmaba, año tras año, su indeclinable vocación turística. Estaba esa nota pendiente, Luis, sí señor.

En unos momentos singulares de la política, como fueron los correspondientes a los últimos años del régimen preconstitucional y los de la Transición, Rodríguez estuvo a la altura. Ella fue pionera en labores edilicias. Abrió el camino a las mujeres que, ya en la democracia, se incorporaron al Ayuntamiento en representación de distintas formaciones políticas, con diferentes responsabilidades y con otras funciones que, de alguna manera, iban marcando el paso de las aspiraciones de igualdad que en buena medida se han ido materializando en el transcurso de los nueve mandatos municipalistas.

Conchita Rodríguez, en una época en la que no se hacían o importaban muy poco las estadísticas, fue la primera. Hoy, por fortuna, las cosas han variado muchísimo hasta el punto de que puede afirmarse que los ayuntamientos ya no son solo cosa “de ellos”. En efecto, casi el 41 por ciento de los representantes consistoriales canarios corresponde a mujeres, según datos procesados por el instituto Canario de Estadística (Istac) tras los comicios municipales del pasado año.

El incremento, por cierto, ha sido notable: en 1995, quinto mandato, había un 18,30 por ciento de mujeres entre los ediles. En 2007 ya se había elevado al 38,27 por ciento. Pero no sólo han aumentado las concejalas. También hemos pasado del 2,5 por ciento de alcaldesas canarias en 1995, al 19,32 por ciento en el año 2011. Puerto de la Cruz, por cierto, también tuvo su primera regidora: en 2007 fue elegida Dolores Padrón Rodríguez.

La pionera y sus continuadoras, en el Puerto y en las ciudades y los pueblos de las islas, han acreditado su vocación y su compromiso político. Desde las últimas décadas del pasado siglo a los primeros años del presente se han incorporado a la vida pública con ánimo emprendedor y con ganas de aportar el sello que tanta falta hace.

Prosiguen en su afán de conquista. Dicen que la igualdad aún queda lejos.

INVOLUCIÓN

Circula en una red social un rótulo en el que puede leerse: "Los alemanes juzgaron a los nazis. Los argentinos juzgaron a los militares. Los islandeses juzgaron a los banqueros". En España, donde los vaivenes de la justicia acentúan el pesimismo derivado de la crisis y elevan el desconcierto del personal hasta niveles de escepticismo absoluto, juzgan al juez que investiga a los presuntos -y no culpables- corruptos y trata de saber dónde éstán, qué pasó con las víctimas del régimen preconstitucional. Así, observadores de organizaciones visitan el país y verifican sobre el terreno el estado de cosas y no salen de su asombro.

España y sus circunstancias. La España de charanga y pandereta.

Vaya racha: desde los jueces que emplean términos inapropiados para referirse no a justiciables sino a ciudadanos de carne y hueso a inculpados que reiteran insultos públicamente, totalizando, a los magistrados. Desde veredictos bajo ineluctable sospecha a anuncios ministeriales de reforma que son, en verdad, la contrarreforma. Y encima, algunos corifeos que hablan de revolución.

No, no: modificar la composición del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, a base de mermar la soberanía popular residenciada en las Cortes, en el legislativo, es un retroceso cuyo lado más inquietante, desde luego, es consagrar el gremialismo, el corporativismo y, si nos apuran, hasta una casta.

Los mentores de la medida no se conforman con el respaldo popular, quieren más. Y así, lo que fue un pacto de respeto y de equilibrio, con sus defectos pero también con sus virtudes, salta hecho añicos. No es un retorno al futuro ni mucho menos. Es una involución.

Con razón anda la gente tan descolocada y tan escéptica, dándose cuenta, además, de que estas cosas se emplean para desviar la atención de otras más preocupantes y perentorias.

Claro, para eso se esfuerzan los corifeos en blanquear lo que hasta hace poco más de un mes eran el caos y las tinieblas.

LÁGRIMAS NEGRAS

Primero que nada, el respeto.

Y luego, serenidad y ecuanimidad máximas para valorar una decisión que, en sí misma, invita al dilema: "No culpable" que no es lo mismo que "inocente".

Es lógico que el país ande confundido y desconcertado con la justicia, con algunas de sus decisiones.

Pero ya se sabe: abstracción de sentimientos, la Ley, sus reglas, sus exigencias, sus requisitos... Y también sus interpretaciones.

El caso de Camps y Costa tiene ya un punto de inflexión con la decisión del jurado popular. Un voto -otra vez la historia de un solo voto para decidir- ha servido para que Camps y Costa sean considerados como no culpables. Alguien se ha apresurado a reivindicar su honorabilidad: si es el contenido en las conversaciones grabadas y reveladas, se lo regalo.

Ahora queda conocer la sentencia, a ver qué dice el juez. Pero da igual: aunque se presuma un error judicial descomunal y queden abiertas las puertas para un recurso ante un tribunal profesional, ya nada podrá anular esta impresión que queda, de pruebas evidentes que no lo han sido tanto para unos miembros de un jurado. Casual y cruel paradoja (¿o no tan casual?): otros encausados se declararon culpables por los mismos hechos y han sido condenados.

Se respeta la decisión, vale. Pero permitan también una respetuosa discrepancia, una respetuosa disencia.

A fin de cuentas, la justicia será muy ciega y todo lo que se quiera, pero, con permiso de Miguel Matamoros, también derrama lágrimas negras.

UNA CASILLA PARA LA CIENCIA

El mismo dice que la casilla ni es jauja ni es la solución. "Es una propuesta desesperada para tiempos desesperados", afirma un joven profesor universitario, Francisco Javier Hernández, mentor de esta inicativa: que la ciencia tenga una casilla en la declaración del IRPF. Aclara que no va contra la Iglesia ni quiere que le quiten nada a nadie. Lo que quiere es que la ciencia, y en ella, la investigación, tenga una financiación estable en este país; que si ya está bien de derroches para otras cosas, la ciencia no puede quedar desamparada.

Esa financiación sólo puede provenir del Estado, de ahí que Hernández lo plantee en su blog con toda naturalidad y franqueza: "Se trata de que el estado asuma que la ciencia es importante. Al fin y al cabo, la ciencia no es un gasto, es una inversión", dice con rotundidad. Los datos abonan su planteamiento: actualmente, somos unos de los últimos países de la Unión Europea (UE) en volumen científico presupuestario, apenas el 1,36% del Producto Interior Bruto (PIB), en tanto la media europea supera el 2%.

La iniciativa sobresale en el maremágnum de la crisis. Una casilla para que los contribuyentes, voluntariamente, dediquen una parte de sus impuestos a investigación científica. En los tiempos que corren, es tan llamativa como viable. Es probable que agentes políticos la hagan suya y la conviertan en proposición normativa o siquiera en resolución congresual. Pero el mérito de Francisco Javier Hernández, que investiga la eficiencia energética de las neuronas, a la espera de que cuaje la idea, es indiscutible desde cualquier ángulo: desde la precariedad a la suficiencia, pasando por la necesidad.

Sin dinero estable no hay investigación. Sin investigación científica no hay avances. Sin avances no hay soluciones para la sociedad que las demanda.

Una casilla para la ciencia, tal como la promueven y tal es la realidad presente, tiene un significado relevante.

¡Gracias, profesor!

ALGO MÁS QUE UN JUICIO

Se ha hablado de revancha. Y de episodio ignominioso. El juez que investiga a los presuntos corruptos se sienta en el banquillo mientras éstos aguardan su suerte, al calor de las vueltas que la resolución proporcione. ¡Cómo va a ser eso! Pues sí: cosas más difíciles cuesta ver pero todo es posible.

El juicio a Baltasar Garzón, desde luego, es la prueba del nueve de la politización de la justicia. Se van a cumplir tres años de aquel anuncio hecho por el actual presidente del Gobierno: “Vamos a recusar a Garzón”, dijo cuando a éste la cayó por reparto el caso Gürtel, una trama de corrupción política supuestamente vinculada a la financiación irregular del partido gubernamental. Más que una declaración de intenciones, era todo un posicionamiento político: Garzón, a quien en otro momento habían jaleado dirigentes del Partido Popular, dejaba de ser magistrado de su devoción. Era mucho, es mucho lo que está en juego.

Y como tal hay que significar el desenlace. Es un juicio de claro simbolismo político. ¡Cuidado! Hay una gruesa línea roja -gruesa, porque fina igual se hace imperceptible- y no se puede traspasar. Atención, jueces y fiscales: con ciertos hechos, no hay valentías ni saltos sin red. Este es el aviso a navegantes. Es, pues, algo más que un juicio.

Le imputan prevaricación a Garzón después de haber ordenado interceptar las conversaciones que en prisión mantenían dos de los acusados y sus abogados. Intentaba asegurar que una cantidad manejada por la trama estaba oculta en una cuenta bancaria en Suiza. ¡Acabáramos! Eso, en interpretación de los afectados, suponía desvirtuar o condicionar las estrategias de defensa. Entonces, llegó el Tribunal Supremo y mandó a parar.

Desde entonces, Baltasar Garzón, con notable apoyo popular pero también con numerosos detractores que le reprochan, sobre todo, algunos afanes protagónicos o estelares, ha vivido un particular calvario que tuvo en el juicio de la semana pasada su escenario más llamativo. Téngase presente que la actuación del magistrado tuvo continuidad en quien le sustituyó. Y que el ministerio fiscal y algún otro testimonio también la han respaldado. Ahora todo ha quedado pendiente de la sentencia.

Sea la que sea y al margen de los sentimientos y las preferencias que el caso suscite, no ha trascendido la mejor imagen de la justicia. La carga de politización y el simbolismo son innegables. Y todavía quedan otras dos causas.

NO HAY CLIENTES PARA TANTO JUEGO

Una información periodística aparecida en el periódico ‘El Día’, sustentada en informes técnicos de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife, alerta de la delicada situación que atraviesa la sociedad pública Casino Taoro S.A., hasta el punto de advertir los evidentes riesgos de disolución, hasta ahora contenidos por un denominado ‘préstamo participativo’ que permite engrosar el patrimonio de la entidad. Según la misma información, es previsible el cierre del ejercicio 2011 con pérdidas que superan ligeramente el millón de euros que dejarían el déficit acumulado en 6,7 millones al final del presente año.

En el fondo de los datos contables, late la desaparición del casino, actualmente emplazado en el complejo turístico ‘Costa Martiánez’ desde que fue decidido su traslado, hace unos años, desde el inmueble que albergaba el antiguo hotel, como consecuencia de sus malos y nada rentables resultados económicos.

Nos tocó desde la alcaldía afrontar aquella decisión, pactada con el Cabildo Insular, la única posible si se quería salvar el establecimiento cuyas pérdidas venían siendo apreciables, no sólo por el auge turístico del sur sino por la apertura de otro casino en Santa Cruz de Tenerife. Este hecho determinó que muchos jugadores habituales, residentes en la capital o área metropolitana, prefirieran ahorrarse el desplazamiento al Puerto de la Cruz, pese a seguir reconociendo la calidad del servicio y el distinguido ambiente que reunían el establecimiento portuense.

Aquella fue una operación (mandato 1999-2003) que se materializó en ventajosas condiciones para el Ayuntamiento portuense. Se pensó en un revulsivo que tendría el valor añadido de parte de las instalaciones de ocio del complejo ‘Costa Martiánez’, cerradas desde hacía años y en abierto proceso de deterioro. Su utilización nocturna era un nuevo aliciente. Se creía que situar la sala de máquinas en el antiguo Lido San Telmo, con acceso directo desde la avenida Colón y abierta al público desde media mañana, podría reportar ingresos que favorecieran la recuperación de la sociedad.

Por lo que se desprende de los balances económicos, la fórmula no ha resultado. Y las pérdidas acumuladas hacen temblar los cimientos de la sociedad pública, participada íntegramente por el Cabildo Insular tinerfeño. La citada información periodística alude a los informes de la Intervención de la institución en los que, si bien se señala que aún no se está en las coordenadas de las causas legales de disolución, poco falta pues el debilitamiento del patrimonio condiciona la capacidad de la empresa para recuperar sus activos y hacer frente a los pasivos, basándose en el apoyo financiero y patrimonial de los accionistas.

En definitiva, que el casino del Puerto de la Cruz puede cerrar. Esto es lo inquietante. Eso significaría la pérdida de otro elemento de la oferta turística de la ciudad, llamado precisamente a cualificarla. Tres casinos en una isla suponen un hecho difícilmente sostenible. No hay clientes para tanto juego. Porque la crisis general también afecta al sector, según ha podido constatarse.

Pero el debate no es ahora dilucidar si la decisión del traslado fue acertada o no. Ni siquiera pensar en otro. Se trata, más bien, de estudiar la viabilidad del establecimiento con los incentivos que proceda acometer. Que los hay, seguro. La inversión pública que sustanció la mudanza al Lago no es cuestión de tirarla, sin más. Pero sí hay una obligación de frenar las pérdidas mediante los reclamos que se imaginen.

La ciudad no está para perder más atractivos. Procede, por tanto, aunar criterios, ideas y energías para impedir que desaparezcan elementos llamados a cualificar el destino turístico diferenciado. Ese es el debate.

EL DISCRETO BRILLO DE VICENTE OLIVA

Vicente Oliva pone punto final a su carrera funcionarial. Coincidimos hace años, mediados los noventa, en el ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), cuando fue designado por el ministro Saavedra director general de Servicios. Oliva procedía de la Seguridad Social, donde ya había dejado huella de eficiente y diligente técnico de administración.

En Madrid hubo que hacer frente a la dureza de las circunstancias: la soledad personal y la controversia del ocaso de los gobiernos de Felipe González. A pesar de ello, Oliva sobrellevó el trance con buen talante: siempre predispuesto para el trabajo y la búsqueda de soluciones, siempre con una mano tendida a la ‘canariedad’ sin perder la perspectiva glotal de la dimensión ministerial de sus competencias.

Lo sobrellevó menos en un aspecto: no resistió los tremendos ataques de cierto periodismo que se cebó sin misericordia en el personal canario del MAP para acentuar el desgaste del ejecutivo.

(Era curiosa la estampa: salíamos del ministerio muy tarde y aguardábamos hasta la medianoche en los establecimientos donde vendían la primera edición de los periódicos del día siguiente para leer las novedades que nos afectaban. Hubo un período en que se alteró el sueño hasta que desistimos de ese hábito. Oliva trataba de calmar telefónicamente a su familia pues no quería verse envuelto en situaciones irregulares, muchas veces deformadas y exageradas. Por mucho que le expliqué las miserias de ese cierto periodismo, su empeño en algunas causas sin reparar en daños colaterales, no hubo manera de disuadirle: decidió retornar a Canarias para proseguir su carrera profesional).

Casi una década después, volvimos a coincidir, esta vez en la Delegación del Gobierno en Canarias, donde él ejercía como secretario general. Fue un reencuentro positivo para ambos: prestó un asesoramiento técnico impecable al gabinete que entonces nos tocó dirigir, especialmente en un fenómeno como el de la inmigración irregular que desbordó a menudo la propia capacidad de gestión.

Vicente Oliva fue el leal y eficaz secretario, siempre con la discreción y la prudencia como divisas de su actuación, estrechamente vinculada no sólo a José Segura sino también a la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Carolina Darias; y a su sucesora, Laura Martín, que nos acompañó en aquella breve estancia de cien días al frente de la Delegación. Ya entonces deslizaba sus intenciones de jubilarse. Hubimos de disuadirle. Le podían los nietos y la vida hogareña, el fútbol televisado y las lecturas de novelas de éxito. “Con todo lo que tienes que hacer aquí y pensando en marcharte. Conmigo, no; desde luego”, le dijimos en cierta ocasión. Nunca sabré cómo se las ingenió, sin advertirlo, para reunir a todo el personal el día de nuestra despedida en la que fue una extraordinaria e inolvidable prueba de afecto.

Oliva fue un eficiente colaborador. Sugirió y asesoró. Le dio soporte jurídico a no pocas decisiones y encontró alternativas a los problemas que iban surgiendo. Un consejero de verdad. El hombre que nunca perdió la compostura pues la apariencia de una personalidad con debilidades jamás cedió ante el cumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades.

Su trayectoria tuvo, probablemente, una culminación inesperada: terminó siendo designado subdelegado del Gobierno en la provincia oriental. No le gustaba mucho la política activa; la aceptaba, sí, pero sin gran entusiasmo. Lo suyo era la Administración, los recursos humanos. En cualquier caso, ejerció ese cargo con la misma responsabilidad y con la misma entereza, con el mismo alto sentido del deber que caracterizó su carrera profesional.

Ahora pasa a engrosar las clases pasivas, como él hubiera gustado decir. Vicente Oliva pone ese punto final con el brillo de la modestia y la discreción.

Menudas cualidades.

¡SEÑORÍA!

No es que a estas alturas se vaya uno a asombrar de palabras soeces, de tacos, insultos y exabruptos que circulan en medios y foros casi a galope tendido. Eso no es lenguaje de la calle, desde luego, pero que termine residenciado casi como tal en el curso de entrevistas, comentarios, soliloquios y peroratas, da idea del nivel con que se está empleando el lenguaje, precisamente en los lugares menos apropiados.
No, no: ni escándalo ni pasmo pero admitamos que, dichos por un juez, algunos vocablos y determinadas expresiones son, cuando menos, malsonantes. Pero, en el fondo, absolutamente reprobables. Bueno, absolutamente tampoco: a Su Señoría, al autor de tan “edificante” verbalización -y no queda más remedio que entrecomillar el adjetivo-, le han impuesto una sanción de tres mil euros, que ya sabemos es el precio que hay que pagar por llamar putas a las madres solteras, gentuza a los inmigrantes, vagas a las secretarias de su juzgado y maricones a los cónyuges de los matrimonios de homosexuales.
¡Cómo serán esas sentencias si ésta es la terminología que usa! Porque un magistrado no es una persona cualquiera, por muy díscolo, por valentón y por muy extravagante que sea o quiera ser. De un profesional que ha de ser en todo momento imparcial y ecuánime, que ha de administrar justicia, se tiene que esperar otra cosa. Qué esperar: se tiene que exigir otra cosa, nada que ver con los epítetos utilizados por un inefable juez de Murcia a quien la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha aplicado esa sanción pecuniaria para despachar el asunto, aquí paz y en el cielo gloria.
Con todos los respetos: es que la multa no es nada ejemplarizante. Al contrario, mucho hay que temer que sea el clásico banderín de enganche de nuevas hazañas o tropelías dialécticas. Es de lo que presumen algunos que, sin ser jueces sino simples mortales que tienen la fortuna de manifestarse en algún sitio público, sueltan denuestos y venablos en la más absoluta impunidad. Total, si por este adjetivo me condenan a ínfima cantidad, puedo seguir insultando y diciendo groserías.
Y eso que la determinación del Consejo significaba que el magistrado de marras (perdón, Señoría) había cometido una falta grave. Desde luego, no parece que la gravedad se corresponda con la sanción aplicada. Emplear los términos antedichos para referirse a madres solteras, inmigrantes, funcionarias y homosexuales revela, cuando menos, ciertos prejuicios que son impropios para ejercer la judicatura.
Es muy probable que el juez sancionado (¿levemente?) no tenga familiares ni parientes lejanos pertenecientes a los colectivos que ha intentado -sin lograrlo- denigrar y continúe, maza en mano, velando por la pureza de la raza, sin importarle los métodos. Y seguro que, henchido de dialéctica vil y tabernaria, seguirá, presuntuoso, ufanándose de haber llamado a las cosas por su nombre.
Si leyera a Ortega, lo entendería fácilmente: “No es esto, no es esto”.

(Publicado en Tangentes, número 42, enero 2012)