Se ha hablado de revancha. Y de episodio ignominioso. El juez que investiga a los presuntos corruptos se sienta en el banquillo mientras éstos aguardan su suerte, al calor de las vueltas que la resolución proporcione. ¡Cómo va a ser eso! Pues sí: cosas más difíciles cuesta ver pero todo es posible.
El juicio a Baltasar Garzón, desde luego, es la prueba del nueve de la politización de la justicia. Se van a cumplir tres años de aquel anuncio hecho por el actual presidente del Gobierno: “Vamos a recusar a Garzón”, dijo cuando a éste la cayó por reparto el caso Gürtel, una trama de corrupción política supuestamente vinculada a la financiación irregular del partido gubernamental. Más que una declaración de intenciones, era todo un posicionamiento político: Garzón, a quien en otro momento habían jaleado dirigentes del Partido Popular, dejaba de ser magistrado de su devoción. Era mucho, es mucho lo que está en juego.
Y como tal hay que significar el desenlace. Es un juicio de claro simbolismo político. ¡Cuidado! Hay una gruesa línea roja -gruesa, porque fina igual se hace imperceptible- y no se puede traspasar. Atención, jueces y fiscales: con ciertos hechos, no hay valentías ni saltos sin red. Este es el aviso a navegantes. Es, pues, algo más que un juicio.
Le imputan prevaricación a Garzón después de haber ordenado interceptar las conversaciones que en prisión mantenían dos de los acusados y sus abogados. Intentaba asegurar que una cantidad manejada por la trama estaba oculta en una cuenta bancaria en Suiza. ¡Acabáramos! Eso, en interpretación de los afectados, suponía desvirtuar o condicionar las estrategias de defensa. Entonces, llegó el Tribunal Supremo y mandó a parar.
Desde entonces, Baltasar Garzón, con notable apoyo popular pero también con numerosos detractores que le reprochan, sobre todo, algunos afanes protagónicos o estelares, ha vivido un particular calvario que tuvo en el juicio de la semana pasada su escenario más llamativo. Téngase presente que la actuación del magistrado tuvo continuidad en quien le sustituyó. Y que el ministerio fiscal y algún otro testimonio también la han respaldado. Ahora todo ha quedado pendiente de la sentencia.
Sea la que sea y al margen de los sentimientos y las preferencias que el caso suscite, no ha trascendido la mejor imagen de la justicia. La carga de politización y el simbolismo son innegables. Y todavía quedan otras dos causas.
El juicio a Baltasar Garzón, desde luego, es la prueba del nueve de la politización de la justicia. Se van a cumplir tres años de aquel anuncio hecho por el actual presidente del Gobierno: “Vamos a recusar a Garzón”, dijo cuando a éste la cayó por reparto el caso Gürtel, una trama de corrupción política supuestamente vinculada a la financiación irregular del partido gubernamental. Más que una declaración de intenciones, era todo un posicionamiento político: Garzón, a quien en otro momento habían jaleado dirigentes del Partido Popular, dejaba de ser magistrado de su devoción. Era mucho, es mucho lo que está en juego.
Y como tal hay que significar el desenlace. Es un juicio de claro simbolismo político. ¡Cuidado! Hay una gruesa línea roja -gruesa, porque fina igual se hace imperceptible- y no se puede traspasar. Atención, jueces y fiscales: con ciertos hechos, no hay valentías ni saltos sin red. Este es el aviso a navegantes. Es, pues, algo más que un juicio.
Le imputan prevaricación a Garzón después de haber ordenado interceptar las conversaciones que en prisión mantenían dos de los acusados y sus abogados. Intentaba asegurar que una cantidad manejada por la trama estaba oculta en una cuenta bancaria en Suiza. ¡Acabáramos! Eso, en interpretación de los afectados, suponía desvirtuar o condicionar las estrategias de defensa. Entonces, llegó el Tribunal Supremo y mandó a parar.
Desde entonces, Baltasar Garzón, con notable apoyo popular pero también con numerosos detractores que le reprochan, sobre todo, algunos afanes protagónicos o estelares, ha vivido un particular calvario que tuvo en el juicio de la semana pasada su escenario más llamativo. Téngase presente que la actuación del magistrado tuvo continuidad en quien le sustituyó. Y que el ministerio fiscal y algún otro testimonio también la han respaldado. Ahora todo ha quedado pendiente de la sentencia.
Sea la que sea y al margen de los sentimientos y las preferencias que el caso suscite, no ha trascendido la mejor imagen de la justicia. La carga de politización y el simbolismo son innegables. Y todavía quedan otras dos causas.
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