Señala el ministro de Industria, Energía y Turismo que nones, que los registros de la afluencia turística en Canarias durante el pasado año nada tienen que ver con la aplicación de bonificaciones en las tasas aeroportuarias. La mejoría de la economía alemana, la evolución favorable del cambio monetario para los británicos y, por supuesto, la inestabilidad sociopolítica en países ribereños del Mediterráneo (Soria dixit) son los factores de la bonanza, algo disminuida, por cierto, si tenemos en cuenta que no crece el empleo, al menos de forma estable. Por tanto…
Y afirma el portavoz del Gobierno de Canarias que Soria no es interlocutor, que no es él con quien supuestamente hay que negociar (en todo caso, con la ministra de Fomento) sino que hay que pasar a los hechos, que no deberían ser otros que la materialización del anuncio de prórroga que el propio Soria le había manifestado al presidente del ejecutivo autonómico, “cuando la realidad no es así”, versión Martín Marrero. Por tanto…
Total, que estamos ante el primer desencuentro sustantivo entre Madrid y Canarias en el nuevo ciclo político abierto tras las elecciones del pasado 20 de noviembre. En una materia tan sensible como la turística, el asunto debe preocupar pues no es cuestión de estirar recelos y malas relaciones políticas entremezclándolos con el sector productivo que más aporta al PIB canario y que está salvando no pocos muebles.
Algún empresario (no del sector, es verdad) se apresuró en su día con un alegre juicio sobre la lotería que significaba Soria como ministro para esta tierra. Si el asunto de las bonificaciones en las tasas de transporte aéreo era un banco de pruebas, incluso involuntario, no ha tocado la pedrea. Seguro que el ministro, si fuera vicepresidente o consejero autonómico y en Madrid gobernaran los socialistas, estaría esmerándose en una de sus proclamas reivindicativas: la coyuntura da la función.
Pero lo que hay son respetables conclusiones de informes técnicos en los que apoyarse para frenarel mantenimiento de las tasas, cuyo coste se elevó a diecinueve millones de euros durante el pasado año.
Por este balón dividido, como ahora se escucha en las transmisiones de encuentros futbolísticos, pujan también, por un lado, los grupos parlamentarios que en Canarias sustentan a su gobierno con una iniciativa en la que persiguen la continuidad de las bonificaciones para compañías aéreas que abran nuevas rutas con las islas o incrementen el número de pasajeros; y por otro, los cabildos insulares, cuya federación política habla de la aplicación de las tasas como “una necesidad”. Independientemente de la suerte que corran la proposición parlamentaria y la petición cabildicia, lo cierto es que constituyen otros elementos que pueden alimentar el desencuentro.
Lo inquietante: que se produce una situación de incertidumbre entre las compañías áreas, alguna de las cuales, por cierto, ya ven cómo se las ventila desde el pasado fin de semana.
El Gobierno de la nación, en cualquier caso, empuje Soria más o menos, tendrá que ser sensible a una demanda muy extendida entre instituciones, agentes sociales y operadores turísticos pues tal como están las cosas la prórroga de las tasas bonificadas se considera primordial para la economía de las islas, para el sector y hasta para el mantenimiento de los niveles de empleo.
Y afirma el portavoz del Gobierno de Canarias que Soria no es interlocutor, que no es él con quien supuestamente hay que negociar (en todo caso, con la ministra de Fomento) sino que hay que pasar a los hechos, que no deberían ser otros que la materialización del anuncio de prórroga que el propio Soria le había manifestado al presidente del ejecutivo autonómico, “cuando la realidad no es así”, versión Martín Marrero. Por tanto…
Total, que estamos ante el primer desencuentro sustantivo entre Madrid y Canarias en el nuevo ciclo político abierto tras las elecciones del pasado 20 de noviembre. En una materia tan sensible como la turística, el asunto debe preocupar pues no es cuestión de estirar recelos y malas relaciones políticas entremezclándolos con el sector productivo que más aporta al PIB canario y que está salvando no pocos muebles.
Algún empresario (no del sector, es verdad) se apresuró en su día con un alegre juicio sobre la lotería que significaba Soria como ministro para esta tierra. Si el asunto de las bonificaciones en las tasas de transporte aéreo era un banco de pruebas, incluso involuntario, no ha tocado la pedrea. Seguro que el ministro, si fuera vicepresidente o consejero autonómico y en Madrid gobernaran los socialistas, estaría esmerándose en una de sus proclamas reivindicativas: la coyuntura da la función.
Pero lo que hay son respetables conclusiones de informes técnicos en los que apoyarse para frenarel mantenimiento de las tasas, cuyo coste se elevó a diecinueve millones de euros durante el pasado año.
Por este balón dividido, como ahora se escucha en las transmisiones de encuentros futbolísticos, pujan también, por un lado, los grupos parlamentarios que en Canarias sustentan a su gobierno con una iniciativa en la que persiguen la continuidad de las bonificaciones para compañías aéreas que abran nuevas rutas con las islas o incrementen el número de pasajeros; y por otro, los cabildos insulares, cuya federación política habla de la aplicación de las tasas como “una necesidad”. Independientemente de la suerte que corran la proposición parlamentaria y la petición cabildicia, lo cierto es que constituyen otros elementos que pueden alimentar el desencuentro.
Lo inquietante: que se produce una situación de incertidumbre entre las compañías áreas, alguna de las cuales, por cierto, ya ven cómo se las ventila desde el pasado fin de semana.
El Gobierno de la nación, en cualquier caso, empuje Soria más o menos, tendrá que ser sensible a una demanda muy extendida entre instituciones, agentes sociales y operadores turísticos pues tal como están las cosas la prórroga de las tasas bonificadas se considera primordial para la economía de las islas, para el sector y hasta para el mantenimiento de los niveles de empleo.
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