La reforma pendiente

 

Que la COVID-19 y sus variantes vinieron para quedarse se comprueba con la vertiginosa multiplicación de contagios que han frenado, en plenas vísperas navideñas, la recuperación económica y el tan cacareado regreso a la normalidad. Las circunstancias de la convivencia no son nada edificantes y hacen temer un empeoramiento o un retroceso cuyos límites son imprevisibles de pronosticar. Muchos planes han hecho añicos y ahora hay que concentrarse en cómo salimos de esta cuando hasta falla el sistema de distribución de vacunas en algunos países –cercanos por cierto- para desespero de sus habitantes. Cómo será la cosa cuando el gobierno francés ha decidido prohibir la entrada de turistas procedentes del Reino Unido (Solo podrán acceder al país galo, con un test negativo, aquellas personas que justifiquen un motivo “imperioso”, por lo que quedan exentos los viejos de ocio o profesionales).

Pues a ver hasta dónde llegan las consecuencias de este frenazo motivado por ómicron, por la insuficiencia e incumplimiento de las medidas adoptadas, principalmente desde el punto de vista preventivo, y por el comportamiento irresponsable y negligente de personas que sugieren no vacunarse o no lo hacen a conciencia, no se sabe muy bien si en un alarde de ignorancia, osadía, valentía o absurdo empecinamiento.

En España, la evolución positiva del mercado laboral de los últimos meses puede verse quebrada si el retroceso de sus fuentes de reactivación económica se prolonga y se consolida. Es sabido que el Gobierno viene trabajando y negociando con los agentes sociales desde hace más de un año en la reforma y mejora de la legislación laboral. Y también se sabe que el régimen excepcional de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de muy estimables resultados para mitigar el impacto de la crisis, concluye a finales de febrero del próximo año. Tal como están las cosas, cuando menos, ello va a originar un nuevo debate sobre su posible prórroga o el establecimiento de un mecanismo normativo permanente para regular a largo plazo esta fórmula de protección laboral. Su implantación, tras la implantación del estado de alarma en marzo del pasado año, se ha convertido en una herramienta fundamental para intentar mantener el empleo en un momento de práctica paralización, o al menos de potente ralentización, de la actividad productiva. Como no parece que estas medidas extraordinarias puedan extenderse en el tiempo, se hace necesaria una reflexión sobre una futura regulación que haga del ERTE un instrumento útil también en situaciones de normalidad. No faltarán crisis empresariales que necesiten soluciones que impacten lo menos posible en el volumen de empleo.

El mercado de trabajo necesita estabilidad y ahora nuevas amenazas se ciernen sobre ella. La reforma pendiente vuelve a padecer incertidumbres aunque la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, mantiene que las partes (Gobierno, patronal y sindicatos) firmarán, para su publicación, antes de que finalice el presente año. Sería una buena noticia, desde luego.