La Constitución cumple hoy cuarenta y tres años. Ya está lejana en el tiempo la fecha en que los españoles comenzaron una andadura democrática, sensiblemente amenazada años después. Muchas experiencias, la propia historia moldeándose, aunque los principios esenciales siguen incólumes: un Estado social, democrático y de Derecho. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores superiores del ordenamiento jurídico.
Esto se mantiene, sí; pero la voluntad de reforma del texto constitucional, es lo que se ha paralizado. Para el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, que esgrimió tal reforma como una prioridad si accedía a la presidencia del Gobierno, ya no lo es. En Ferraz admiten el cambio de prioridades, al centrarse en estos momentos en la recuperación económica. El portavoz socialista Felipe Sicilia, reconocía la pasada semana que no se planteaban cambios en este momento en el título referente a la jefatura del Estado para eliminar la inviolabilidad del Rey. Una puerta que se había reabierto en las últimas semanas. Si bien mantienen el espíritu reformista, un debate que dicen estar "dispuestos a afrontar", subrayan también la falta de consenso. Fuentes de Moncloa avanzan que no se pondrá sobre la mesa la eliminación de la inviolabilidad en los actos conmemorativos por el 43 aniversario de la Carta Magna, limitándose a exigir a los populares que no veten la reforma del artículo 49.
Con esta posición del partido gubernamental, el cambio de prioridades por la crisis del coronavirus, la falta de consensos, la irrupción de Vox y la institucionalización de Unidas Podemos, ahora en el ejecutivo, son algunos de los elementos que anticipan que no se abrirá el melón constitucional en la XIV legislatura, ya en su ecuador. A pesar de ello, en el anterior aniversario de la Constitución no fueron pocos los barones del PSOE que reclamaron plantear una reforma en clave federal, como Miquel Iceta, Ximo Puig, Francina Armengol y Maria Chivite.
Las formaciones independentistas, por otro lado, critican que “en nombre de lka Constitución, “se impida dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática” de sus pueblos y “se criminalice y reprima cualquier ejercicio democrático” que persiga este objetivo. Por eso exigen al Gobierno una reforma radical de la Carta Magna. Sabido es que cualquier modificación de la Carta Magna necesita un respaldo mínimo de tres quintos del Congreso. Al menos se requeriría el apoyo del PP, pero los partidos que sostienen al Ejecutivo alegan que” ni está ni se le espera” Como ejemplo, ponen el veto de los populares a retoques conceptuales como el del artículo 49.
El pasado mes de octubre, en efecto, en el curso de una entrevista radiofónica, el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ya advertía que los tiempos no están para esos posibles menesteres y cerraba cualquier posibilidad de discusión: “Con la que está cayendo en Cataluña, si abrimos el texto constitucional, estaremos cometiendo un error”.
Así las cosas, no habrá reforma de la Constitución de 1978. Seguirá el debate sobre su procedencia o la necesidad de acometerla, pero las circunstancias no aconsejan. Eso sí, en el fondo se aprecia un consenso bastante amplio en torno a algunas cuestiones determinantes, como reforzar el Estado del Bienestar, desarrollar el Estado de las Autonomías en un sentido federal, ampliar derechos y libertades e incorporar Europa al Texto Constitucional”. Eso sí, se reconoce a continuación que "una reforma solo será posible desde el consenso del conjunto de la sociedad española, también de las fuerzas políticas" a las que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hace "un llamamiento de diálogo y concordia para iniciar un tiempo nuevo", argumentando que "después de más de 40 años, ha demostrado necesitar una urgente actualización".
Será mucha la urgencia pero, por ahora, todo da a entender que la reforma constitucional tendrá que esperar.
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