La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) marcó ayer un
punto de inflexión en la sucesión de las informaciones publicadas que han hecho
referencia días pasados a un informe de la Oficina de Comunicación del
ministerio del Interior que consigna nombres de periodistas y algunas
particularidades personales alusivas a supuestas ideologías o tendencias
políticas. Las célebres listas. Ay. Las que hemos conocido alguna vez. Puede
que uno mismo aparezca. Otra vez buenos
y malos, este de aquí y aquél, de ellos. Colorados y azulones. Es un asunto
delicado que cuando proceden de empresas o editores vinculados al derechío, en
el pasado no ocurría nada. Aunque se supiera de su existencia. Y con lo que le
gusta, por lo general, la revelación de un secreto o confidencia, no importa
que se moviera en el territorio de la delación. Luego, echaban un poco de
imaginación y de falsedad, tan dolosa como irresponsable, y hasta la próxima
edición. O hasta el próximo listado, porque siempre los ha habido. Que ahora lo
hagan socialistas, como que vista mal. Y hay que reprobarlo.
Lo cierto es que la AEPD ha decidido iniciar una investigación de oficio para analizar,
entre otros aspectos, la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de
este tratamiento de datos personales, sin que el inicio de estas actuaciones
prejuzgue la existencia de una infracción. La Agencia recuerda que todo
tratamiento de datos personales debe cumplir con los requisitos del artículo 5
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -entre ellos el principio
de limitación de la finalidad- y del artículo 6 -existencia de una base de
licitud-. Ello sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de
categorías especiales, como datos de ideología u opiniones políticas, ha de
existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento
establecida en el artículo 9.1 del RGPD.
Es oportuna la aparición de la AEPD, que se ha sumado, por
cierto, a las manifestaciones públicas de las asociaciones profesionales de
periodistas -entre ellas, la tinerfeña, de las primeras, sin tener que
presumir- al considerar que es
necesario aclarar "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de
este tratamiento de datos personales" plasmados en este dossier con el
membrete del Ministerio del Interior. Hasta cargos públicos
tan relevantes como el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, discreparon del
hecho, que, naturalmente, les habrá disgustado. No está el horno, desde luego,
para echar más pimienta al pote.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE), expresó su más enérgica condena ante la revelación confirmada,
por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que
clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por
parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024
En una
sociedad democrática -dice la FAPE- ningún organismo del Estado tiene
legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen
el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa,
reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un
elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de
la información. Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede
tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los
periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional.
La FAPE ha
hecho un llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los
colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que
se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La libertad de
prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía democrática de
toda la sociedad: cuando se vigila a quienes informan, se controla
indirectamente el derecho a recibir información veraz.
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