CALIDAD DEMOCRÁTICA

Cuando ya se ha iniciado en la práctica totalidad de las formaciones políticas la carrera hacia las elecciones autonómicas y locales del año próximo, es necesario hacer hincapié en la importancia de la participación de la ciudadanía.


Ya circulan informaciones y comentarios sobre candidaturas y sobre pronósticos. Por supuesto, la importancia de las personas. Pero en circunstancias como las que concurren, será interesantísimo comprobar hasta dónde llega la capacidad de las organizaciones políticas para idear y proponer medidas valientes y alternativas. En este sentido, a ver qué dicen y qué hacen con la participación social.


Los responsables y cargos públicos están obligados a impulsar la calidad democrática. Y esto sólo es posible fomentando esa participación. Hay que contar más con la gente. No sólo para conocer sus inquietudes, preocupaciones y demandas sino para acercarla a la política


Fomentar significar propiciar y facilitar nuevos canales y nuevas fórmulas que superen los esquemas que han sustentado hasta ahora la relación entre gobernantes y gobernados.


La calidad democrática permitirá motivar, aproximar y conquistar dos objetivos:


1º Recuperar la credibilidad de la clase política, tan denostada a lo largo de los últimos tiempos por una serie de circunstancias negativas. Entre todos hemos de lograr que la política sea una actividad noble y respetada. Si somos conscientes de que hay unas sólidas bases participativas, estamos en condiciones de alcanzarlo.


2º Transparentar la vida pública en todos los sentidos, hacer que el funcionamiento de la Administración sea más claro y más ágil. El previsible auge de las redes sociales y la aplicación imparable de las nuevas tecnologías han de contribuir a la madurez de la sociedad democrática.


Ese es el fundamento del ‘salto cualitativo’ que hay que dar desde convocatorias serias encaminadas a incentivar el quehacer de responsables políticos en el ámbito de la participación y desde programas que contengan propuestas atrayentes y viables. De todo ello deben salir, seguro, provechosas conclusiones para avanzar en esta materia y en la propia convivencia política del futuro.


Hemos de hacer un esfuerzo, en definitiva, para que las prácticas participativas sean un hecho usual y positivo. La experiencia acumulada debe servir pero es necesario refrescarla e innovarla. Estamos convencidos de que impulsarán otras cualidades como el conocimiento, el respeto y la tolerancia.


Es como de verdad se podrá contrastar la madurez de la sociedad del siglo XXI.

(Publicado en tribunamunicipal.es 24 noviembre 2010)

LA MAGNITUD DEL CAMBIO

O entendemos la magnitud del cambio o será difícil afrontarlo con éxito, ha venido a decir Oscar Perelli del Amo, director del área de Estudios e Investigación de la organización Exceltur, en el curso de la convocatoria “Parlamento y Sociedad. Ideas para el futuro” que acoge la cámara legislativa canaria.

Magnitud del cambio. El concepto, que no es la única idea que aflora en los análisis de la crisis en el ámbito turístico, remueve los cimientos de éste. El negocio ha resistido de forma desigual los embates de la recesión pero ha resistido, lo que refleja, aparentemente, una cierta fortaleza del principal sector productivo, de modo que el sistema, aún a trancas y barrancas, mantiene sus niveles que no son, en cualquier caso, para resignarse a la vista de las carencias y de los problemas estructurales que entraña, principalmente, el desempleo.

¿Hacia qué dirección de cambios apunta Perelli para hablar de magnitud? De su testimonio se desprende que el modelo turístico del presente y del futuro inmediato va a tener otros agentes que ocupen el lugar preeminente de los turoperadores. Son los propios consumidores quienes, con plena autonomía para desenvolverse, eligen ya directamente. Y aporta un dato que le hace hablar de giro de ciento ochenta grados en el funcionamiento del modelo: “Unicamente el 5,6 por ciento de los turistas han venido a Canarias con un paquete de un turoperador”.

Es probable que le discutan al investigador Perelli ese porcentaje pero es innegable que algo se mueve en el negocio hasta el punto de que se tambalea el modelo de ‘sol y playa’ a poco que se confirmen tendencias y se contrasten estadísticas sobre las preferencias de los visitantes.

Por ejemplo, la posibilidad de una contratación directa por parte del consumidor hace que éste ya no se fije tanto en el alojamiento sino en la oferta de ocio complementario. Atención a este dato que afectaría directamente a la fidelización y a las causas que la generan, especialmente en destinos turísticos maduros, donde está claro que esas rentas van mermando.

La oferta de ocio complementario se convierte pues en codiciado objeto de estudio. El debate puede resultar apasionante y ojalá no frene iniciativas. En cualquier caso, los sectores público y privado están abocados a entenderse, entre otras razones para no duplicar y saber diversificar. Con un litoral sobreexplotado y con un territorio limitado sobre el que ya se ha ejercido suficiente presión -de todo tipo-, es evidente que hay que afinar con los recursos disponibles para acertar con esa complementariedad que, de acuerdo con los expertos, se antoja decisiva para mejorar la competitividad. Naturaleza y cultura, con todas sus grandes derivadas, son los vectores sobre los que trabajar con imaginación y visión de futuro.

Se constata que hay otros gustos, otras demandas. Luego, nuevas reglas, nuevos postulados, otros campos de actividad, otras directrices para el negocio turístico, la innovación… Es esa la magnitud del cambio en nuestro principal sector productivo que intenta remontar el período de las vacas flacas. Tiene que hacerlo con algo más que voluntarismo, descansando en terceros o en las ayudas de la administración pública. La experiencia debe servir para afrontar con valentía un proceso que apremia y que se condensa, en expresión del propio Perelli, en “invertir en la revalorización integral de la oferta turística”.

Claro que la duda es inevitable: ¿entenderán los directamente implicados la magnitud del cambio?

SANGRE, SUDOR Y DUDAS

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene ante sí el enésimo escándalo político, la penúltima prueba del permanente estado de sospecha que suscitan las adjudicaciones y contrataciones de servicios públicos. Hay numerosos antecedentes, algunos medios de comunicación insisten en informaciones-denuncia pero da igual: la sensación de impunidad no la borra nadie. Es como si a la sociedad canaria la hubieran condenado a convivir con irregularidades, componendas, ilícitos, favoritismos, sesgos y aprovechamientos... que no pasa nada. Ya van unos cuantos casos. Llegaron a vender el viento, no ha ocurrido gran cosa y el soplo de aquél es como si diluyera todas las suspicacias, como si alejara los indicios, las tentaciones y los vericuetos hacia los bancos del olvido y la desmemoria. O sea, la impunidad total. El estado ideal.

Esa penúltima prueba, que tiene varias denominaciones, el caso “Hemodiálisis”, el caso “Artiles”, el caso “Roldós”, el caso “Lifeblood”, empieza a albergar las mismas sensaciones. Sólo determinada tenacidad periodística hace que las sombras y las dudas resistan, a la espera de que en algún foro, el judicial o el parlamentario, se esclarezca lo ocurrido con una decisión de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, consistente en adjudicar, mediante concurso público, dos unidades de hemodiálisis en otros tantos centros hospitalarios de Gran Canaria y Lanzarote.

Cuando trascendió que la firma del contrato de adjudicación se produjo el mismo día en que la consejera Mercedes Roldós (PP) cesaba en el departamento que venía ocupando desde el comienzo de la legislatura, la suspicacia se hizo carne y recobró vida entre nosotros, asistentes, a partir de entonces, a una sucesión de informaciones y anuncios, con nuevos datos, con nuevos hechos, con desmentidos y con declaraciones que, en todo caso, ponen de relieve que algo ha pasado, que las entretelas de este caso tienen unos cuantos vericuetos que no sobrepasan, por ahora, ni el respeto a las formalidades (decisión de la mesa de contratación, faltaría más) ni la confianza plena en los técnicos (hay que tenerla pues va en ello su profesionalidad).

Dos hechos que llaman la atención en el proceso subsiguiente a la adjudicación: que la firma adjudicataria -recuerden: capital social de tres mil euros, vinculada al ramo inmobiliario- haya solicitado la repetición del concurso, anunciando que volverá a presentarse, sean cuales sean las bases del mismo; y que el nuevo consejero, Antonio Bañolas -¡vaya marrón, apenas aterrizar!-, después de varios días de procelosa navegación en determinados mares mediáticos, haya decidido prescindir de los servicios de un respetable abogado, Javier Artiles, que asesoraba a la consejería y representaba a la adjudicataria 'Lifeblood', no sin antes merecer encendidos elogios públicos de la consejera saliente.


Si ya es insólito que los ganadores de un concurso público pidan, en plena refriega, que se repita el trámite de licitación, no lo es menos el papel que el letrado haya interpretado en esas entretelas a medida que se van conociendo, periodísticamente, vínculos, nexos y detalles de intereses que sustentan la operación, de modo que el consejero, por si las pistas, ha decidido ponerle en reveladora cuarentena. Hasta que se esclarezcan los hechos que, por cierto, han entrado en vía judicial pues, para que nada falte, una de las empresas concursantes no adjudicatarias, ante los contenidos publicados, ha resuelto pleitear. Lo menos que podía hacer.

Consecuencias políticas: el caso, con el nombre que ustedes quieran, ha vuelto a unir -junto a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma- a los socios que habían fracturado -ahora hay que leer que fue hasta de mutuo acuerdo: qué falta de respeto, qué irresponsabilidad en plena crisis- sus afectos políticos que les unían por Canarias. Otro caso, otra causa más para alimentar la recíproca necesidad de que en junio próximo, hoy por ti mañana por mí, vamos a protegernos ya que pintan bastos. Aunque la desmemoria juegue a nuestro favor.

Ya está la oposición socialista -muy digna y consecuente su presupuestaria enmienda a la totalidad- pidiendo luz y taquígrafos. Este es un caso en el que por razones aplastantes no puede mirar hacia otro lado. Al contrario, ha de intentar llegar al fondo, debe fiscalizar con máximo rigor ya que la adjudicación de un servicio público de tanta sensibilidad no puede ser despachada en medio de tantas suspicacias.

Y es que, más allá de los vericuetos y las tentaciones, de las apariencias y las realidades, las dudas y las certidumbres, los destinatarios de dicho servicio, los sufridos pacientes y contribuyentes, se merecen un respeto.

INEFABLE, CON GUIÓN DE ASTRACANADA

Una farsa teatral disparatada y chabacana. Así se define el vocablo astracanada. Así parecen cobrar forma, día tras día, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es difícil, por no decir imposible, encontrar una sucesión de situaciones incomprensibles, ilógicas y chapuceras. Y eso que eran "una familia" (Rivero dixit), por lo que se ha comprobado, tras la fractura, no muy bien avenida.

El asunto sigue sin aclararse, aunque los esfuerzos del consejero de la Presidencia, José Miguel Ruano, vayan acentuándose a medida que pasan los días y la mecánica parlamentaria de comisiones acentúa las incertidumbres. Ya saben: descubierto por el Partido Popular que las cifras del consejo aprobatorio del 22 de octubre no son las mismas que las que empezaron a ser discutidas en la fase de estudio y explicación, ya en sede parlamentaria, a ver cómo se deshace el entuerto.

Fácil no parece: se añade a la presunta modificación de cantidades -nada más que 86,5 millones de euros más sobre el total inicial- otra andanada popular: que el viceconsejero de Presidencia, Javier González Ortiz (CC), explique el por qué de la inclusión de 25 millones de euros para financiar parques tecnológicos en territorio insular. Eso se produjo, según Australia Navarro (PP), tras la ruptura de la alianza gubernamental. Esta denuncia de alteración de las previsiones presupuestarias pone de relieve que en un asunto de esta envergadura algunos actores no han tenido la más mínima reserva quizá confiados en exceso en el estado de impunidad o seguros de que, de una manera o de otra, van a obtener algún tipo de réditos.

Pero, por si fuera poco, el periódico Canarias7, en su edición de hoy publica una información que eleva al nivel de lo inefable lo que se puede hacer en tiempos de liquidación. Según el rotativo, el mismo día en que José Manuel Soria decidió autoexcluirse del Gobierno para aplacar la desazón de Mariano Rajoy, la que entonces era consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, firmó "una adjudicación de más de 124 millones de euros para un servicio de hemodiálisis a una empresa sin solvencia aparente y que hasta mayo de 2010 se dedicaba al negocio inmobiliario".

Estupefactos, ¿verdad? Aunque el empleo del adjetivo dé a entender que sigue sin agotarse la capacidad de asombro, esa que hemos dado por finiquitada no pocas veces a raíz de tantas y tantas situaciones indicativas de que todo es posible en Canarias y que todo sucede porque no pasa nada. Todavía se acuerda uno de cuándo un alto cargó reconoció que en la Comunidad Autónoma habían vendido hasta el viento.

Total, que aquel olor a caos del que hablamos hace unas fechas se va haciendo cada vez más intenso, a la espera de alguna explicación que justifique estos desaguisados, con las cuentas y con las ajudicaciones de último minuto.

Tantos oscurantismo, tanta componenda, tanta turbidez, tanta irregularidad en los asuntos públicos, en cuentas públicas y adjudicaciones de servicios, hacen de esta tierra única y de la política que la envuelve un hecho inefable con imprevisible guión de astracanada.

¿Para cuándo la regeneración?

ENMIENDA TRASCENDENTE

Vamos a jugar con los presupuestos, vamos a entretenernos ahora que se avecinan pugnas de todo tipo y se trata de llegar a Navidad y carnavales lo más enteros posibles, se han dicho (un suponer) los responsables de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma el año próximo.

El espectáculo ha sido tragicómico. Como si los canarios no tuvieran suficiente con todas sus tribulaciones y con las añadidas que tengan relación con la política, han asistido atónitos -¿o no tanto?- a la controversia del primer trámite aprobatorio de las cuentas públicas, las cuasi póstumas de José Manuel Soria quien, en una pirueta compartida con Paulino Rivero para demostrar que el más difícil todavía es posible en la pista política canaria, materializó su abandono del ejecutivo con la aprobación de previsiones de ingresos y gastos en el último consejo de gobierno.

Claro que la polémica suscitada sobre si los Presupuestos fueron modificados al alza después del preceptivo acuerdo inicial del ejecutivo, con esa pléyade de paradojas y manifestaciones contradictorias, va a terminar engrosando el vasto anecdotario del surrealismo que envuelve la política canaria y al que no escapan, con su frialdad, los números y la contabilidad, teóricamente, lo más serio que corresponde hacer a quienes detentan el poder. Quienes acusaron de adulteración presupuestaria no han aportado una prueba ni han presentado públicas disculpas por lo que pudo haber sido un error de cálculo ¿intencionado?

Lo grave, a medida que se van conociendo contenidos y los primeros análisis de las cuentas, es que se trata de unos presupuestos durísimos, estrechos, asfixiados. El Gobierno no encuentra más fuentes de ingresos, entre otras causas, porque decidió no subir los impuestos. El ajuste afecta al capítulo de gastos en 857 millones de euros. Los recortes correspondientes se registrarán en sanidad, educación y servicios sociales, lo que, por mucho que se empeñen en negarlo, afectará al funcionamiento de servicios públicos determinados.

Este es el fondo de la cuestión. Y ahí es donde habrá que ver cuál es el margen de maniobra de las partes, hasta dónde llega la cintura política de quienes tienen la responsabilidad de contar con una herramienta básica para que la Administración funcione.

Quede claro: estos son los Presupuestos del pacto CC+PP, una “familia” hasta hace pocas fechas, plato amargo añadido después de la fractura para satisfacer a Mariano Rajoy, que ya te rondará en junio del año próximo. Pero se las arreglarán para colocar la pelota en el tejado de la oposición socialista: ya saben, los acuerdos alcanzados en Madrid para aprobar las cuentas del Estado. Ello puede condicionar su posición pero no hasta el punto de la enmienda a la totalidad que cabe augurar teniendo en cuenta los antecedentes de ejercicios anteriores, cuando no existían las “ataduras” que comentamos. Ahora tendrá, desde luego, mucho más valor.

Esa enmienda no sólo debe tener un efecto liberatorio sino que ha de representar una prueba de responsabilidad política y la alternativa sólida y creíble que los ciudadanos canarios aguardan de una representación de su voluntad, siquiera para comprobar que con los dineros de todos no se juega ni se especula.

EL ADIÓS DE ZEROLO

Da igual que haya sido por determinación de la dirección del partido que por decisión propia: Miguel Zerolo (Coalición Canaria) no volverá a ser cartel electoral en Santa Cruz de Tenerife, ciudad de la que ha sido alcalde durante cuatro mandatos, dieciséis años. Han podido el desgaste, la rutina y las circunstancias más apremiantes en política, entre las que hay que consignar un contencioso judicial tan delicado como complejo (Las Teresitas), en el que Zerolo aparece imputado.

Como todos, con partidarios y detractores, un peculiar comportamiento electoral tendente al abstencionismo creciente le hizo gozar de mayorías absolutas. Cuando no, concertó alianzas con el socio recurrente, Partido Popular, y fue timoneando una realidad cada vez más enrevesada y en la que, en todo caso, se percibía la erosión de tantos años en el poder por muy engrasada que estuviera la máquina. Tuvo arrestos y habilidad para ir dejando en la cuneta a quienes intentaron hacerle sombra (Guigou y Llanos). Ha gozado, en general, de buena prensa. Además, Miguel Zerolo se ha desenvuelto en su etapa municipalista bajo el paraguas protector de un gobierno autónomo y de un cabildo de su mismo color político, otra clave para entender su ejecutoria de alcalde.

Zerolo empieza a ser historia. No faltarán trabajos con un balance de su trayectoria. Logros y sombras. Recuerdo sus comienzos, con Manuel Hermoso, aún en la Unión de Centro Democrático (UCD). Y la coincidencia, en 1999, en la casa de Juan del Castillo, en La Orotava, aún sin tomar posesión como alcaldes. Y la etapa en el Gobierno de Canarias, con Saavedra al frente, gestando aquellas audaces ocurrencias para promocionar el destino. En esa memoria de actuación alternarán episodios y gestiones gratificantes con otras carencias y otras causas menos brillantes.

Pone punto final "por razones personales y políticas", calificando de "ciclo fantástico y maravilloso" el período vivido en el ayuntamiento de la capital tinerfeña. En la escenificación del anuncio, aparece junto a José Manuel Bermúdez, a quien propone como sucesor.

Suerte, Miguel.

LA OPCIÓN QUE FALTA

¿Qué falta por ver en la política canaria? Tanto quienes están al día o hacen un mínimo seguimiento de su evolución como aquellos para los que ya se agotó su capacidad de asombro y han engrosado las filas de los escépticos, de los pasotas y de los abstencionistas, tienen en una hipotética alianza PSOE-PP, a imagen y semejanza de Euzkadi, una fácil respuesta. Porque la otra, un gobierno mayoritario de alguna de las opciones políticas, es improbable y hasta imposible, incluso para los más profanos de aquel Pacto de Medinaceli de principios de los años ochenta que establecía el principio de la triple paridad para dejar el terreno postelectoral muy pero que muy condicionado.

El caso es que después de una cuestión de confianza, perdida por el presidente Fernández (1988); después de una inefable moción de censura contra Jerónimo Saavedra (1993) perpetrada por su propio socio gubernamental, las antiguas Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC); tras el singular ‘dumping’ político hecho por el Partido Popular a raíz de las elecciones de 1995; tras la fractura de dos pactos de gobierno entre esta organización y Coalición Canaria (CC), uno por expulsión de los consejeros populares decretada por el recientemente fallecido Adán Martín y otro por salida voluntaria del vicepresidente José Manuel Soria y de los consejeros de su formación; tras haber vivido inenarrables episodios de incoherencia e incertidumbre, algunos de los cuales dejaron cadáveres políticos en el largo y tortuoso camino, el caso es que la penúltima crisis en la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias pone de relieve el posibilismo más insólito así como la permanente fragilidad de las costuras de aquélla.

Asistimos, en efecto, a un hecho que cualquier modelo de democracia madura no resistiría: ahora mismo, ejerce el gobierno monocolor el partido que quedó en tercera posición en la última consulta electoral (CC). Como lo leen: el tercero entre los apoyos de la soberanía popular es el que preside el ejecutivo y el que ocupa la práctica totalidad de sus consejerías o departamentos. Si preguntan cómo se las van a arreglar para que un principio elemental del funcionamiento del sistema democrático como es el de los respaldos parlamentarios se cumpla, no se preocupen: ya se las compondrán para evitar trances de votación delicados. Total, entre festivos y vacaciones, quedan poco más de cien días de legislatura y apenas cuatro o cinco sesiones plenarias, excluida la de aprobación de los Presupuestos Generales que, salvo sobresalto mayúsculo, está salvada.

Y este escenario, naturalmente, deja al desnudo, entre otras cosas, la falta de calidad democrática. Es normal, pues, que un partido extraparlamentario, Nueva Canarias (NC), pida que el presidente se someta a una cuestión de confianza y que desde la bancada socialista de la oposición se fuerce la convocatoria de un pleno extraordinario para que el presidente explique, al menos, qué espera poder hacer en los meses que restan hasta mayo del año próximo. Siquiera para guardar las formas, para que el decurso de la política se ajuste a las nociones elementales.

Pero es probable que nada de eso suceda. Y entonces, habrá que aguardar a junio, tras los comicios, para que en todos los análisis se lamente la injusticia del sistema electoral canario mientras gira el tiovivo de las negociaciones. Quienes aguarden por la posibilidad al principio señalada, el entendimiento entre PSOE y PP, apuntado días pasados por voces encaminadas a dar celos, se mantendrán a la espera de una opción, la que falta por vivir.

Si cuaja…

(Publicado en Tangentes, número 29, noviembre 2010)

HUELE A CAOS

Vaya show, qué espectáculo. Como si los canarios no tuvieran suficiente con todas sus tribulaciones y con las añadidas que tengan relación con la política, ahora asisten atónitos -¿o no tanto?- a la controversia de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, los cuasi póstumos de José Manuel Soria quien, en una pirueta compartida con Paulino Rivero para demostrar que el más difícil todavía es posible en la pista política canaria, materializó su abandono del ejecutivo con la aprobación de las cuentas en el último consejo de gobierno.

La controversia alcanzó paradójicos caracteres de alarma y tente tieso en la mañana del martes, después del largo puente, se supone que aprovechado por algunos para repasar previsiones y resultados. Verán: va y se descubre que hay 86,5 millones de euros más sobre las cantidades inicialmente presentadas y registradas. Alguien del Partido Popular que se apresura a decir que así las cuentas, su grupo no vota a favor. Poco después, otra representante de la formación conservadora, en plan correctora, probablemente alarmada por la repercusión que el asunto cobraría, que hay que estudiar y reconsiderar para plasmar el apoyo. El nuevo consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez (CC), que afirma que las modificaciones introducidas fueron acordadas en aquel ya célebre consejo de despedida y hasta la próxima, que te seguiré rondando. Con la fiebre ya desatada, el poortavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, que aplica sus antibióticos: "El PP busca una justificación para no apoyar los presupuestos".

Lo dicho: qué show, qué espectáculo.

Y con los Presupuestos Generales, los recortados, los estrechos, los asfixiados, como apetecible objeto de órdago y polémicas. Hay quien habla de revancha y entonces la tristeza, la impotencia, el desespero y la resignación son mayores. Los revanchismos, los intereses de partido, las triquiñuelas, las tensiones antes que las soluciones y las alternativas. Una tierra condenada. En plena crisis, y con estas cosas. Otra situación para demostrar que todos esos discursos de trabajar por Canarias, de compromiso con Canarias, de Canarias lo único importante son pura filfa. Ni unas circunstancias como las presentes son capaces de hacer reflexionar a quienes tienen y han tenido responsabilidades gubernamentales. Huele a caos. Aunque no pase nada.

EL INTERÉS DEL TURISTA

Mientras contrastaban, días pasados, las reacciones de la patronal turística con una actuación decidida, por una parte, en contra de las presuntas prácticas ilegales y de dudosa ética llevadas a cabo por un importante turoperador británico que pretende cargar en las correspondientes facturaciones un cinco por ciento para compensar las pérdidas ocasionadas por la erupción del volcán islandés; y con un conformismo resignado al conocerse la sustancial reducción que, en materia de promoción realizada coordinadamente con los cabildos insulares, van a registrar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, mientras contrastaban, decíamos, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Angel Rodríguez, exponía, en el curso de un congreso urbanístico, la necesidad de revisar criterios en un modelo alternativo de explotación turística que aún está por definir pero que es obligado teniendo en cuenta las circunstancias socieconómicas, la evolución del sector y las tendencias del mercado.

Ha dicho Rodríguez que hay que “despertar el interés del turista por las singularidades del territorio”, un hecho que, sin ser esencialmente novedoso, pone de relieve la importancia del adecuado uso y cuidado de los recursos naturales. Ahora que la construcción ha entrado en recesión, el freno natural quizá contribuya a no seguir degradando y deteriorando zonas de indiscutible atractivo natural. Hay que preservar el inigualable exotismo de Lanzarote, por ejemplo, y procurar sin dobleces que las reservas de El Hierro o La Palma soporten la presión o mantengan todos los factores positivos de modo que los turistas (una de cuyas modalidades, el senderismo, es muy apta en tales destinos) no tengan que hacer muecas y comentarios de desaprobación cuando contemplan los deterioros de parques nacionales o zonas protegidas, llevándose pues una mala impresión que en la circulación propagandística boca-oído tanto daño hace.

Habla el profesor palmero de crear un nuevo bucle “para reformular las ventajas comparativas de los destinos que, en este caso, están en las características orográficas de las islas”, y es ahí donde, precisamente surgen las dificultades, porque se necesita algo más que voluntad política en instituciones y organismos tanto públicos como privados para producir un vuelco en el modo de enfocar esa tarea encaminada a despertar el interés del visitante hacia la realidad que le envuelve, más allá de los encantos y de las prestaciones que encuentre en el lugar donde se aloje, concebidos, precisamente cada vez más, con la finalidad de no abandonarlo durante su estancia en el destino escogido.

Hace falta una cultura más sólida y más sensible -no se logra en unos pocos años y en unos cuantos programas, desde luego- para lograr esa recreación tanto del territorio como del urbanismo que sugiere José Angel Rodríguez, desde una óptica estética y cualitativa. Es de agradecer su idealismo teórico, su mensaje autorizado, pero debemos ser conscientes de que los daños causados en muchos casos y lugares son ya irreversibles.

En cualquier caso, que sean tenidas en cuenta sus consideraciones y las de otros estudiosos o expertos que vienen alertando del agotamiento del modelo sol y playa. A la bondad climática, hay que unir medidas valientes capaces de transformar destinos y de revalorizar productos, haciendo hincapié en los atractivos naturales. Una labor, por cierto, a la que deben sumarse los nativos, los agentes sociales y los medios de comunicación si es que se quiere que aflore esa nueva cultura para asegurar la fidelización del turista y mejorar la captación de mercados.

PENURIAS SOCIALES

Las escasas alternativas que surgen para paliar las penurias presupuestarias en las administraciones públicas oscurecen el panorama en el ámbito de las prestaciones sociales. Los ayuntamientos, principalmente, están sufriendo las reducciones que hacen peligrar las coberturas trazadas desde hace años, sobre todo para aquellos casos de más apremiante necesidad. Si con los recursos propios y los procedentes de otras instituciones ya había dificultades, es fácil deducir la gravedad de la situación ahora que se recorta por todos lados en expresión clara de que la recesión golpea sobre los más desfavorecidos.

En este sentido, los ediles y los responsables de los servicios sociales de las corporaciones locales habrán recibido con evidente desazón la noticia de que los fondos previstos para el denominado Plan Concertado se han reducido en un 12% en los Presupuestos Generales del Estado: de 97 millones de euros a 86. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho suya la que debe ser una demanda unánime del municipalismo para enmendar la consignación y tratar de restituir o volver a la cantidad reducida. No va a ser fácil pero lo va a intentar: seguro que no faltarán grupos parlamentarios aliados con la causa. Los profesionales del ramo, directores y gerentes, integrados en una Asociación Estatal, se han sumado a la reivindicación de la FEMP, conscientes de que sobre ellos recaerá la gran presión de los ciudadanos más necesitados. Hablan de lo que supone la pérdida de unas ochocientas mil horas de ayuda a domicilio y de la misma destrucción de empleo en su gremio profesional.

El Plan Concertado, con una trayectoria de más de veinte años, sirve para atender necesidades básicas de las personas que acrediten su imposibilidad de afrontar gastos de alimentación, por ejemplo, cuando no el abono de recibos de suministros de servicios (luz, agua) o el de las entregas hipotecarias en situaciones de paro sobrevenido. Los ayuntamientos, de todo signo político, con gran esfuerzo han venido tejiendo una red de protección social para ayudar en esos trances de apuro y delicados -a los que no falta alguna dosis de picaresca- pero los agujeros empiezan a ser más grandes a medida que se extiende el grado de vulnerabilidad y crecen las demandas. En un primer cálculo, se ha estimado que, de consumarse estos recortes del Plan, desaparecerán unas mil plazas de alojamiento de personas sin hogar y alrededor de quinientos puestos de trabajo.

A este problema se añade, en la esfera municipalista, el de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta norma había despertado importantes expectativas en orden a dignificar la asistencia a las personas que realmente la necesitan pero, al cabo de tres años de su aplicación, con las experiencias que se van acumulando, y más allá de la instrumentalización política, se hace necesario un replantamiento o una revisión no sólo de los modos de interpretación sino de los recursos sociales y sanitarios, partiendo de que suprimirlos puede significar un retroceso de muy difícil reparación.

Una simple aproximación a estos problemas, auténticas penurias sociales, siembra la incertidumbre. Con razón, algunos autores se están preguntando si está en peligro el Estado del Bienestar -determinante en un proceso de cohesión social- a la vista de los limitadísimos recursos con que se cuenta a medida que, por ejemplo, aumenta el número de pensionistas.

Esta controversia, desde luego, que ya asoma algo más que la cabeza, sí que es merecedora de atención y de análisis.