LA TORMENTA PERFECTA

La de Ponferrada (León) fue, la semana pasada, la tormenta política perfecta. Miren que todas las mociones de censura en instituciones y corporaciones tienen una intrahistoria a cual más digna de figurar en relatos de miseria, componendas y ambiciones, pero la de la localidad leonesa, desborda todos los cálculos, hasta el punto de haber producido una de las más graves crisis interna y de credibilidad que se recuerdan en el seno de la dirección de la organización socialista. Tal es así que no resulta exagerado evaluar que parece llamada a marcar un punto de inflexión en el proceso que sigue a las derrotas electorales. ¡Quién lo iba a decir! Una moción de censura en un modesto ayuntamiento de provincias como punto álgido de una crisis y como reflejo de un progresivo deterioro que es fruto, por otro lado, de dos corrientes: de la inhibición, por un lado; y de la despreocupación, por otro.

La tormenta política perfecta es la concatenación de errores, a duras penas paliada por las tardías decisiones de querer dar marcha atrás sobre hechos consumados. Tuvo la dignidad uno de los responsables de reconocerse cegado por querer dejar fuera del juego político a un acosador sexual condenado. El mismo, por cierto, que gozó de un respaldo ciudadano que le colocó, con cinco concejales, como árbitro de una gobernabilidad que se resistía hasta hacerse insostenible.

Pero la ceguera, la cerrazón, no es buena consejera. Ni en política ni en nada. Y aunque parezca tan al alcance el poder, otra alcaldía –“dimito al día siguiente”, anticipó el ex alcalde acosador-, se ha vuelto a demostrar que no todo vale en política. En la cadena de errores, no se valoró suficientemente el significado de apoyarse en un delincuente, aunque estuviera elegido por el pueblo. Y mucho menos, para más inri, que el pleno, con todos los votos controlados, se celebrara el Día Internacional de la Mujer. La vieja teoría: toda mala situación tiende a empeorar. Cuando se esgrime la ética cívica, hay que acreditarla, máxime para desmarcarse de comportamientos oscuros y reprochables, sobre todo en una época en la que el rechazo y la desafección hacia la política siguen en aumento.

Fallo tras fallo, que resultan difíciles de entender en un partido que se supone cuenta con estrategas, analistas y dirigentes que prevén todos los escenarios -al menos los de las decisiones trascendentes- antes de dar luz verde a operaciones tan delicadas como un cambio de gobierno.

La tormenta estalló, y de qué manera. Hasta las rectificaciones y las exigencias inútiles. Quedaban pocos parapetos de defensa: terminaba siendo débil el más recurrente: la alcaldía, en su momento, fue para el Partido Popular gracias a los votos del condenado por acoso sexual en aquel “Caso Nevenka” de infausta recordación. De eso no se habla mucho, claro, pese a que sirve para contrastar las varas de medir a la hora de enjuiciar políticamente lo sucedido, aunque muchos, seguro que conscientes de tal circunstancia, aprovecharan para derivar hacia la falta de liderazgo, el desgobierno, las incoherencias y otras debilidades del Partido Socialista Obrero Español que no se ven, claro, en otros partidos.

Pero bueno, el paisaje después de la tormenta no puede ser más desolador: el acosador cumplió su palabra y murió matando –incluso piezas con las que no contaba- y el PSOE se quedó sin alcaldía y sin representación institucional. El tiempo dirá si las heridas abiertas son cicatrizables. Y los ciudadanos de Ponferrada ya saben lo que les espera. Porque hubo tormenta pero no se cree que haya milagros. Ni siquiera calma. 

GASTO TURÍSTICO EXTERIOR

Es de esos datos que llaman la atención e inquietan: el gasto del turismo emisor español ha descendido a niveles del año 2005. En efecto, la balanza de pagos del Banco de España refleja que los turistas españoles que salieron al extranjero en 2012 gastaron algo más de once mil novecientos millones de euros, un 4,15% menos que el año anterior.

            No es de extrañar, ciertamente. Es una puerta desde la que se accede a la constatación de la crisis: menor poder adquisitivo, menor capacidad de consumo, gastos prescindibles… Este porcentaje es revelador de la recesión económica que sufre el país y, si nos apuran, hasta explica aquellas declaraciones del ministro Soria del verano pasado cuando recomendaba -para contrariedad del sector de agencias de viajes y operadores turísticos- que se hiciera “siempre” turismo interior.

            Lo cierto es que cuando se inició la crisis, allá por 2008, ya se advirtió una primera caída interanual del gasto de viajeros españoles fuera de nuestro país, un -3.7%. La recuperación  en 2010 llamó poderosamente la atención, un +4.8%; hasta que volvió a flojear un año después con un -1,9%. Puede afirmarse que después de haberse disparado, coincidiendo con el período de bonanza al calor de la poco célebre burbuja inmobiliaria, los niveles de gasto de los turistas españoles en el exterior rondan los doce mil millones de euros, similares a los de hace ocho años.

            Hay quien hace, de todos modos, una lectura positiva de este indicador: el descenso de los viajes de los españoles al exterior ha propiciado el incremento del superávit en la balanza de pagos. Así se refleja en los informes del Banco de España: en 2012, los ingresos por turismo sólo crecieron un 0,65%, hasta alcanzar los cuarenta y tres mil trescientos seis millones de euros. La citada balanza refleja que el descenso ha permitido incrementar el superávit en un 2,6%.

            El reciente cierre de una firma especializada, sobre todo el con preocupante añadido de la destrucción de miles de puestos de trabajo, incide en el inquietante dato del principio. España descendió en 2012 desde la undécima a la decimooctava posición del elenco mundial de países emisores de turistas. De ahí que aquellas recomendaciones del ministro Soria fueran contestadas desde un importante sector: se había olvidado de que en España hay más de seis mil agencias de viajes que dan trabajo a más de cincuenta y cuatro mil personas y facturaron ocho mil millones de euros.

            El contraste sirve para apreciar que turismo somos todos y que, aunque el equilibrio y la satisfacción plena de los subsectores son difíciles de lograr, hay que ponderar el papel de cada uno de ellos para evitar desequilibrios e inestabilidades que agraven la crisis.

MATO, DE SUSTOS Y CONTRATIEMPOS

Plantón con rectificado de los corresponsales. Lesiones causadas por personal de su seguridad a una periodista. Y anuncio de acciones judiciales contra todos quienes la estén difamando.

            No gana para sustos la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el punto de mira por los vínculos de su ex esposo con esa gigantesca trama de corrupción que responde por Gürtel. Ha resistido los embates y los temporales en los que siempre flotó la palabra dimisión que, por ahora, no se ha producido, pese a algunas evidencias de responsabilidad política. Entre el desconocimiento alegado, la defensa propia basada en la atribución exclusiva de actuaciones a su ex marido y el respaldo del presidente del Gobierno, se mantiene en su cargo, sin intenciones de renuncia.

            Pero la ministra Mato sabe que está en el ojo del huracán y que le resultará difícil salir de su órbita pese a sus propias convicciones. No es que la hayan ayudado los silencios mantenidos -acumuló meses sin comparecer en sede parlamentaria- sino que, además, las circunstancias propician que cada salida, cada contacto será una auténtica prueba de resistencia y de habilidad para sortear una presión que persistirá mientras algunos hechos no sean esclarecidos.

            Y eso que las rectificaciones formales hablan a su favor. Por ejemplo, cuando acude a una sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, en Nueva York, y hace una convocatoria de prensa a los corresponsales acreditados, advirtiendo que no habrá preguntas, se retracta a la vista del plantón dado por los profesionales (¿Qué habrán pensado, por otra parte, quienes ejercen el oficio en una de las democracias más avanzadas, donde la libertad de expresión es intocable?). Reconsideró y atendió a los periodistas que preguntaron lo que quisieron, quizá para hacer entender a la ministra que ese es su deber. “Sin preguntas no hay cobertura”, circuló en una red social.

            Algo similar sucede cuando acude, en Málaga, a un acto público conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Un miembro del personal de seguridad de la ministra causó lesiones a una redactora de Antena 3 Televisión, después de haber sido golpeada, según su propio testimonio. Sufre rotura del radio de la mano derecha que le tendrá de baja médica durante tres semanas. Enterada la señora Mato, telefoneó a la periodista para disculparse por lo sucedido, interesarse por su estado y ponerse a su disposición para lo que pudiera necesitar.

            La ministra Mato, por último, anuncia acciones judiciales contra quienes, según su interpretación, la están difamando al hacer públicos los pormenores de unas actividades empresariales desarrolladas a título particular. Está en su derecho de defenderse si considera su honor lesionado o si se siente injuriada.

            En fin, que Ana Mato debe ser consciente de haga lo que haga, y diga lo que diga, mientras se mantengan las circunstancias, tendrá sobre sí el foco de la atención mediática. La experiencia le debe estar enseñando a no cometer más errores ni a refugiarse en silencios que, según se ha demostrado, no son nada rentables.

            Por lo tanto, convocatorias de prensa sin mordaza e indicaciones de buen trato a los trabajadores que están ahí para cumplir con su deber. En la defensa jurídica personal, nada que objetar.

            

SOBRESALIENTE ALFREDO

La directora adjunta de La Razón,  Carmen Morodo, le definió como “un maestro de la oratoria”. Pero en Facebook , un usuario de los que intervenía en el seguimiento de la entrevista, escribió que “el pasado pesa y con buenas palabras ya no se llega a ningún lado”.

         El caso es que Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, salió bastante airoso de una larga comparecencia en uno de los programas estelares del fin de semana televisivo, El Gran Debate (Tele 5), cuyo conductor explicó que el jefe de la oposición había acudido sin condicionantes previos de ninguna clase, ni de periodistas ni de preguntas o asuntos. Que se pondere o destaque tal hecho es natural, después de todo lo que ha venido ocurriendo en la presente legislatura en la relación mediática con el Gobierno, especialmente con el propio presidente.

         Era una especie de recta final para Rubalcaba, que daba la cara aun fresco y abierto el deprimente episodio de Ponferrada (León), y después de lo sucedido con los socialistas catalanes y gallegos que decidieron ir por libre y dar jaque en asuntos trascendentes no sólo para el devenir político en Catalunya sino para la propia organización, enfrascada en un debate ideológico que, teóricamente, debe significar una renovación y un salto cualitativo en los modelos de sociedad y política que ha de acometer en el futuro inmediato.

         El secretario general de los socialistas españoles estuvo tan diestro como en aquel debate electoral de noviembre de 2011 cuando utilizó toda la esgrima dialéctica ante un adversario que, de antemano, se sabía ganador, por muy mal que le fuese. Aquella noche Rubalcaba preguntó, pidió, solicitó, inquirió… Quería saber qué iba a hacer el candidato conservador con cuestiones que importaban para el futuro de los españoles. Se le llegó a acusar de entrevistador-fiscal. Que recordemos, no hubo muchas respuestas concretas. Por ello fue el anticipo, fueron los preliminares de una peculiar trayectoria gubernamental, caracterizada por los incumplimientos o por la ejecutividad totalmente contraria a lo que, entre vaguedades e indefiniciones, ofertaba o programaba.

         Pero ciñéndonos a la entrevista de Tele 5, pulcra en las formas, se vio un político baqueteado, comprometido, sin rehuir, franco, autocrítico, persuasivo y contundente. Fue respetuoso, valiente, tolerante, más descriptivo que calificador en los asuntos más delicados. “El día que deje de sufrir con los problemas de la calle, dejaré la política”, acaso fue la confesión más sincera de quien se sabe al frente de una organización que debe mantener vertebrada y cohesionada en las horas más difíciles de la democracia española desde 1977 y de la propia política, que no puede prescindir de los valores que atesora el secretario general de los socialistas españoles, independientemente de que esté gastado o se le considere como una rémora del pasado más reciente.

         Alfredo Pérez Rubalcaba, que se mantuvo firme en  sus convicciones europeístas, que abogó por un modelo económico alternativo, que defendió el diálogo para hacer encajar la organización político-territorial del Estado, que reafirmó la lucha contra la corrupción, que reconoció los tiempos borrascosos para la política y que fijó la posición -tras el reconocimiento de un error- ante el nuevo alcalde de Ponferrada, exhibió sus dotes dialécticas, claro que sí. Pero más importante fue la impresión de haber transmitido con solvencia lo que los suyos y los progresistas quieren oír, aunque muchos habrán quedado insatisfechos, naturalmente.

         Y es que un político, por muy sabio que sea, no contenta a todo el mundo. Aunque, como Alfredo, haya estado sobresaliente.

ENTRESIJOS DE UN PUERTO POR CONSTRUIR

A medida que se vayan conociendo los entresijos de las condiciones en que va a ser construido el puerto (¿y el parque marítimo?) del Puerto de la Cruz, descubriremos el valor de algunas decisiones, la coherencia seguida en la fijación de posiciones y la visión concebida en torno a una actuación que incide directamente en el futuro y el desarrollo de la ciudad.

       El próximo lunes, por ejemplo, la mesa de contratación que ha de evaluar las dos ofertas presentadas para la materialización del proyecto conocerá, ya en fase documental, el contenido de aquéllas y sus planes de obras. En la información periodística que ha trascendido sobre el particular, no sólo se reconoce el impacto mediático sino la máxima voluntad de transparencia con que los promotores y supervisores del procedimiento quieren conducirse. Claridad y rigor, parecen ser las máximas. Nada que objetar, desde luego.

       Como se ha repetido, contar con una infraestructura portuaria ha sido una aspiración secular de los portuenses. Han cruzado en ese sentido la frontera de la ansiedad, de tal modo que apenas reparan en las fórmulas para materializar la iniciativa. No se exagera si se dice que les da igual. Lo que quieren es ver embarcaciones ¡y cruceros! ya, como cada vez está más extendido. Si se pierden terrenos municipales, si se cede patrimonio o esfuerzo de generaciones de portuenses, si va a ser necesario hasta pagar por acceder o utilizar las instalaciones, si son otros los que vienen a hacer negocio, da lo mismo. Hay quienes creen que esa actuación es la panacea y por tanto, la urgen. Les es indiferente que se hipoteque el futuro indefinido de generaciones venideras. La relatividad -mejor dicho: las relatividades, en todos los sentidos- no forman parte de sus esquemas mentales.

       Veamos un ejemplo. Que la empresa adjudicataria tenga que abonar a la administración portuaria, en concepto de canon anual, la cantidad de 468.290 euros, pone de relieve, entre otras cosas, el valor del suelo sobre el que se va a mover. Y se supone que habrán hecho los correspondientes estudios económico-financieros con tal de lujo de detalles que la cuenta de resultados de la operación tenga resultados favorables mediante la amortización más conveniente. Los tiempos no están para perder dinero, desde luego.

       Por eso, procede recordar el pleno ordinario del Ayuntamiento de 30 de enero de 2006, cuando el gobierno local, con el mismo presidente que ahora, planteó, por la vía de urgencia, incluyéndola en el orden del día  -después de haberlo omitido en la junta de portavoces, celebrada la misma fecha-  la aprobación de un ‘Protocolo general de colaboración entre la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y el Ayuntamiento, relativo a la actuación Puerto del Puerto de la Cruz’. El protocolo reemplazaba a la fórmula de convenio marco que habíamos promovido en el mandato anterior (1999-2003) y que, tras contar con la aprobación de Cabildo y Ayuntamiento, consignaba un consorcio entre administraciones, pendiente solo de la adhesión del ejecutivo autonómico. En el texto se requería la aportación de cada una de las partes consorciadas. Por tanto, era necesario valorar los terrenos del campo de fútbol de propiedad municipal, la concesión administrativa a favor del Ayuntamiento del parque marítimo y la escollera construida con recursos municipales propios. Este era, básicamente, el patrimonio que aportaba el municipio y de cuya valoración aún se está pendiente. Y lo que es peor: por la evolución de los acuerdos, se deduce que los portuenses lo han perdido.

       El Grupo Municipal Socialista de entonces hizo, en un tiempo récord, un generoso trabajo de enmiendas y alternativas, orientado a la defensa de los intereses generales de la ciudad y del patrimonio público de sus habitantes. Y como quería demostrar su identificación con la aspiración -el acta de la sesión es un valiosísimo documento para entender la secuencia de los acontecimientos e incluso los antecedentes- votó abstención -pese al rechazo sistemático del trabajo y al desprecio de lo gestionado en el ciclo anterior- para despejar cualquier sospecha de obstruccionismo u obstaculización.

       Transcribimos del acta, a título de muestra, las esclarecedoras manifestaciones del portavoz de la representación institucional del PSC-PSOE, Antonio González Pérez:

       “Está en el convenio marco la ejecución de obras del muelle deportivo. Su financiación la asumía el Gobierno de Canarias, y el de Garachico, según acuerdo del que se hablaba, lo asumía el Cabildo Insular. Además, estaban previstos los convenios específicos que había que desarrollar que eran fundamentales para este Ayuntamiento, en los que había que cuantificar el patrimonio más las inversiones que había hecho así como la propia concesión administrativa que le fue otorgada por la Dirección General de Costas. Todo eso había que valorarlo para saber cuál era exactamente el patrimonio que ponía este Ayuntamiento”.

       Y seguía González Pérez explicando:

       “Había otras dos ideas, siempre claras: el puerto tendría carácter público, tenía que ser asumido por la Administración. Hay en la hemeroteca manifestaciones en ese sentido. En el parque marítimo es donde tenía cabida, mediante concesión administrativa, la empresa privada. Estamos hablando del “filón” o del “diamante en bruto” que supone toda esa superficie (233.000 metros cuadrados) que representa el horizonte, la expectativa de recuperación del prestigio de la ciudad del Puerto de la Cruz, por el que nosotros tenemos que velar, estar ahí y no dejarlo en manos del Gobierno de Canarias”.

       El acta, desde luego, es un  documento digno de ser recomendado como lectura y como prueba de los diversos enfoques que se tienen sobre esta actuación en un tramo del litoral portuense, importante, sin duda, para el desarrollo del municipio.

       Lo dicho: se irá conociendo pormenores que explicarán -es de esperar- algunas determinaciones. La principal: si la operación es o no beneficiosa para la ciudadanía, para las generaciones futuras de portuenses. Veremos si los pasos dados van en la adecuada dirección y si los fantasmas de la especulación siguen sin aparecer.

  

NI PERIODISMO NI CIUDADANO

Empezamos a acostumbrarnos a definiciones o frases que condensan el estado de la profesión o del periodismo en su conjunto. Expertos, veteranos o periodistas en activo de contrastada solvencia nos obsequian, de vez en cuando, con algunas apreciaciones, merecedoras de titular, desde luego, y por consiguiente, excelente anticipo de una lectura sosegada para interpretarlas y para reflexionar. Aunque parezcan frases hechas u ocurrencias, van más allá. Quién las dice y por qué las dice: esas son las cuestiones.

Es el caso reciente de Manuel Núñez Encabo, presidente de la comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), quien, en el curso de la apertura de una convocatoria hecha por una organización profesional especializada, sentenció que “lo que se ha dado en llamar ‘periodismo ciudadano’, la mayoría de las veces ni es periodismo ni es ciudadano”.

Núñez parte de la premisa negativa, “no se puede sustituir a los profesionales del periodismo para hacer su función”, para advertir de una cierta desnaturalización del hecho periodístico que propiciaría incluso el intrusismo profesional que encontraría amparo o cobijo en el empleo de las nuevas tecnologías y en las redes sociales de tan ilimitado ámbito. Por eso, se apresura a distinguir entre el periodismo y las informaciones que circulan a través “del océano de las redes sociales”. En una clara voluntad de explicar sus consideraciones, el presidente de la citada comisión de la FAPE aseguró que “las autopistas tecnológicas son muy importantes, pero lo fundamental es qué transportan. Sin contenidos, las redes no sirven para nada, no nos llevan a ninguna parte”.

En realidad, Núñez Encabo está tratando de centrar un debate -puede incluso que más de uno- que necesita clarificación y despejar algunos conceptos básicos. Se acepta -así está recogido en Wikipedia- que el periodismo ciudadano es aquel que desarrollan los ciudadanos y no las empresas de comunicación mediante la recopilación, análisis y difusión de las informaciones de forma independiente. En Cibercorresponsales, una red social de jóvenes periodistas, se define el periodismo ciudadano como “movimiento periodístico en el que son las ciudadanas y los ciudadanos quienes se convierten en informadoras e informadores”. Abunda esta red en las características de esta modalidad, sustanciada en la participación ciudadana: favorece -señala- el trabajo colaborativo, esto es, la posibilidad de aportar y recibir contribuciones de la red de comunicadores que colaboran entre sí. Es horizontal -continúa- lo que implica la inexistencia o la reducción de la jerarquía mediática.

Otras características del denominado periodismo ciudadano, según la versión de Cibercorresponsales, son que hace posible la independencia de poderes mediáticos como las empresas o partidos políticos; que explora otras formas periodísticas trabajando con principios como la subjetividad asumida o la suma de subjetividades y que reduce los intermediarios, incluyendo la posibilidad de que las mismas fuentes informativas y protagonistas de los hechos se conviertan en comunicadoras y comunicadores.

Y otros dos valores añadidos: ser pedagógico y permitir realizar un trabajo con una cantidad menos limitada de fuentes.

Pero, pese a estas características, resumidas en el derecho de libertad de expresión, la concepción de periodismo ciudadano es bastante relativa. Carmen del Riego, presidenta de la FAPE, es concluyente: “No es periodismo”. Y se explica: “No todo ciudadano puede ser periodista porque se encuentre una noticia en la calle. Puede ser una fuente para un periodista, pero no un periodista”. 

CONTROVERSIA EN EL LAGO

En su día, la playa fue arrebatada al pueblo para dejar paso a una de las más serias transformaciones del litoral que la mano del hombre hubiera emprendido. La obra reportó una considerable fuente de riqueza para el municipio y se convirtió en santo y seña de su progreso y de su estatus turístico. Para compensar aquella sustitución, instalaciones modernas por playa natural, para que los portuenses siguieran identificados con algo suyo, que les pertenecía, las corporaciones se inventaron y prolongaron tarifas bonificadas para oriundos o residentes. Era otra manera de incentivar su uso y de seguir atrayendo su atención, solo que con las dotaciones de una infraestructura que modificaba sustancialmente el dominio público marítimo-terrestre, desde San Telmo hasta el charco de la Coronela, que esos son los límites, más o menos exactos, del complejo turístico “Costa Martiánez”, popularmente conocido por el Lago.

            De nuevo soplan vientos de privatización, término que no emplean quienes defienden la opción, debe ser porque no suena bien, porque repele, porque la población no termina de asimilarlo o lo asocia a algo que signifique limitación o pérdida de uso y de identidad. Prefieren gestión indirecta, consecuencia de la concesión administrativa, figura perfectamente legal que en el Puerto de la Cruz tiene numerosas aplicaciones. Pero el debate, si es que se mantiene, no es semántico: es determinar si el Ayuntamiento representativo de los ciudadanos decide continuar la explotación del complejo de forma directa con todas las modulaciones de las prestaciones de los servicios que sean menester; o si se desentiende del todo -no se asuste nadie por la forma verbal, eso es lo que sucederá- convocando el correspondiente concurso y adjudicando a la iniciativa privada la susodicha explotación. Es decir: yo te cedo, tú me ingresas y tú te encargas de todo. Qué fácil, ¿verdad?

            Como si no existieran razones éticas y sentimentales para hacer ver lo contrario. Y como si no hubiera alternativa a la modalidad que, por lo visto, se quiere escoger. Ya han puesto la estabilidad de los trabajadores por delante, como si los antecedentes de casos similares no fueran lo suficientemente inquietantes. Y ya ha dicho el gobierno local que la nueva  normativa apremia y hay que cumplirla. Vaya, qué diligentes. Pocas veces antes la producción legislativa salvó los afanes privatizadores -tan de moda ahora- que dormían en las gavetas o eran omitidos -premeditadamente, por supuesto- en los programas electorales. Como ya reclaman consenso algunos agentes, que piensen en una consulta participada o en dejarlo para los próximos comicios previa inclusión programática de quienes abogan por la fórmula.

            La controversia empieza a latir. La gestión directa aún es posible; necesitada, eso sí, de un plan de perfeccionamiento. Pero si no queda más remedio, que sea una empresa mixta -a ser posible con capital público mayoritario, para que no quede la mínima duda de quién es el dueño- la que asuma la explotación, con plenas garantías de prestación profesional de primer nivel y de beneficios para el pueblo. Para que éste siga apreciando lo que es suyo, no más.

GRACIAS TONY RONALD, SIEMPRE PEDIREMOS 'HELP (GET ME SOME HELP)'

La noticia entristeció aún más la borrascosa tarde del pasado domingo. Muchos le recordábamos como el ganador de la sexta y última edición del Festival Internacional de la Canción del Atlántico, celebrada en mayo de 1971 en el parque San Francisco del Puerto de la Cruz. Tony Ronald dejó de existir. Un tipo simpático, un cantante que conquistó por sus canciones pegadizas y sus ritmos desenfadados, un exponente del ‘pop’ que venía de fuera y que supo imponerse en España, especialmente en la del verano y la de tendencias aperturistas a través de la música.

            Su triunfo de aquel año lo basó en Help (get me some help), traducido en un llano Ayúdame que memorizamos sin mayores problemas. El paréntesis, probablemente, fue para diferenciarla de la canción de The Beatles. Tony Ronald representaba a Holanda y cantó aquella composición de Daniel Vangarde con verdadero entusiasmo. Fue favorito desde la primera noche, tal es así que también se llevó el Premio de la Crítica, en el que pudimos participar y votar. Colaborábamos entonces con el periódico La Tarde, dirigido entonces por el inolvidable Alfonso García Ramos.

            Aquel fue un festival extraordinario. El certamen se había ganado un sitio al lado de los más destacados de esta fórmula musical que servía para proyectar a artistas y compositores. “¿Un festival más o más que un festival?”, titulaba a grandes rasgos un periódico de la época. Se desarrolló durante las noches del 20, 21 y 22 de mayo, televisado vía satélite. Las emisoras de radio también estuvieron presentes en el recinto portuense. Dos presentadores de lujo, Raúl Matas e Isabel Bauzá. Director de la orquesta (en la que había destacados músicos canarios), el maestro Rafael Ibarbia, cariñosamente reconocido como “Las espaldas más famosas de España”.

            Tony Ronald ganó entre veinte canciones finalistas, entre ellas siete españolas. En esa edición descubrimos a Gloria y a Camilo Sesto que cantó un tema de Juan Pardo. El cantante holandés tuvo en The Flirtations, un trío femenino musicovocal que interpretó la pegadiza ‘Oh, mía bamba’, a su más difícil rival. También destacó el francés Daniel Tomey y la portuguesa Madalena Iglesias anticipó a los espectadores el poderío de su voz. La italiana Dominga, con Oli-olé Oli-olá, se ganó las simpatías del graderío pero su canción era inferior a las relacionadas anteriormente.

            Las tres sesiones del festival contaron con actuaciones estelares de intérpretes ya consagrados. Tara y el malogrado Nino Bravo cantaron la primera noche. Mari Trini y Miguel Ríos lo hicieron la segunda. Rita Pavone y Karina cerraron la sexta edición antes de que Tony Ronald repitiera Help. Era lo que se llamaba el “fin de fiesta”, un broche de lujo tras la competición musical.

            Pero el certamen no volvió a celebrarse. El Ayuntamiento portuense no podía correr en solitario con los gastos de producción, que se habían elevado considerablemente. Y los apremios sociales empezaban a notarse en una ciudad que disfrutaba de cierto esplendor. Pese a que la promoción era indiscutible, incluso en el plano internacional, los responsables políticos de la época, es probable que sin mucho respaldo empresrial, tuvieron que poner punto final a la iniciativa.

            El holandés versionó en varios idiomas la composición de su amigo Vangarde. Y la paseó durante años, incluso como banderín de enganche de sus producciones con otras figuras legendarias del ‘pop’ español.

            Gracias, Tony Ronald. Siempre pediremos Help (get me some help).

            

PENSIONISTAS PERJUDICADOS

En la vorágine informativa que intentamos sobrellevar -al Gobierno le viene de perlas: una noticia solapa a la otra no sólo para desviar la atención sino para estimular la que compense otros focos de erosión-, ha pasado inadvertido un hecho que no deja de ser histórico: el principal partido y la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) por la no revalorización de las pensiones.

            Se trata, en el fondo, de intentar restituir una conquista o un derecho que la oposición, en su conjunto, entiende que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha arrebatado a los pensionistas. Ya veremos qué dice el alto tribunal pero, desde luego, la suspensión del derecho de revalorización en el presente ejercicio -sustituido por un incremento discrecional- puede ser interpretada inicialmente como una vulneración de la Cartamagna en cuanto que dispone que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos.

            Los orígenes del problema -confiemos en que su definitiva solución no se demore en exceso- hay que situarlos en noviembre del pasado año, cuando el Gobierno decidió no actualizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) para mantener su poder adquisitivo. La decisión del ejecutivo llegaba cuando el derecho ya se había generado, prácticamente desde el 1 de enero de 2012, por lo que cabe entender el carácter retroactivo de la medida que es uno de los motivos de la presunta inconstitucionalidad.

            Recordemos que hubo entonces elecciones en Galicia y Catalunya. El partido gubernamental incluyó, entre sus mensajes de campaña, la revalorización de las pensiones y hasta su mayoría parlamentaria así la votó en el Congreso. Pero… el gozo, en el pozo de los incumplimientos y de los derechos individuales restringidos. Entre la irretroactividad y la privación, lo cierto es que los pensionistas se han visto negativamente afectados, pese a que el Ejecutivo, consciente de la impopularidad de la medida, decidió aplicar una revalorización de las cuantías percibidas del 1% para aquellas pensiones superiores a los 1.000 euros mensuales. Porcentaje que se incrementa hasta el 2% para las inferiores a los 1.000 euros.

            Son casi nueve millones de pensionistas, luego no estamos ante una decisión que se despacha sin más. Claro que se resiente su nivel de vida y claro que aumenta el riesgo de exclusión social. Hay un factor añadido: la pérdida de renta que implica esta medida puede perpetuarse de forma perjudicial en años sucesivos al no consolidarse la cuantía de la pensión.

            Conclusión: habrá que estar muy atentos a la resolución que sobre el particular dicte el TC. Y esperemos que para entonces no pase tan desapercibida, informativamente hablando, como este recurso presentado por la práctica totalidad de la oposición parlamentaria, un hecho histórico, ciertamente.

EL LAGO DE TODOS. LOS PORTUENSES NO PUEDEN PERMANECER NI INDOLENTES NI INDIFERENTES

Han vuelto a soplar los vientos de la privatización de la gestión del complejo turístico ‘Costa Martiánez’, el Lago, para entendernos coloquialmente. De ello hemos hablado y escrito en el pasado. En su momento (debió ser en el mandato 2003-07), cuando ejerciendo la oposición política en el consistorio, frenamos a tiempo con una moción las intenciones del gobierno local de entonces (muchos de sus componentes son prácticamente los mismos de ahora), señalando razones éticas y hasta sentimentales para no llevar a cabo la iniciativa que tenía -y tiene- una alternativa en forma de empresa mixta que, además de poder asumir la gestión, impediría, sobre todo, que cobrara cuerpo la sensación de que el pueblo pierde también el Lago, deja de controlarlo o lo cede a terceros. Por mucho que se explique que sigue siendo de titularidad pública o que no merma el patrimonio municipal. Es decir, un día le arrebataron la playa al pueblo -para bien, con todos sus matices- y ahora quieren que sean otros quienes exploten una seña de identidad, la joya de la corona, la tercera instalación más visitada de la isla.

La pregunta, aunque pueda parecer demagógica, es inevitable: entonces, los portuenses, representados en su Ayuntamiento, ¿no pueden o no saben gestionar directamente el complejo? ¿Tan difícil es hacerlo? ¿Es que la incapacidad llega a esos extremos? ¿Es que el afán privatizador no tiene freno, por muy alta que haya sido la fiebre del pasado?

Lo cierto es que, necesitado el gobierno local de transmitir que se están haciendo cosas y que la rehabilitación turística va por buen camino, salta a los medios la voluntad de materializar una nueva concesión administrativa que, de hecho, supone convocar un concurso para que la empresa privada (una o más) gestione durante un período de años la explotación del Lago. Llamó la atención -seguro que con el fin de alarmar lo menos posible- que en las informaciones periodísticas se consignara que los trabajadores tendrían su continuidad garantizada.

Pero he aquí que la mosca zumbó en los oídos del personal del complejo y éste haya dicho que desde el Ayuntamiento se les informó de que hasta el año 2018 no iba a ser modificada la actual fórmula de gestión pública. Pero la mosca no se ha alejado del todo: recibe versiones de que se está haciendo un estudio de costes y rendimiento, es decir, los preliminares del proceso de privatización. O sea, el viejo andar de la perrita. Por supuesto, para estar en consonancia con la corriente o la doctrina más actual que subyace en cualquier reforma, ya hablan de importantes ahorros de gastos para la estructura municipal.

Pues ya deberían saber los empleados públicos del Lago por donde conducirse, esto es, prepararse y asegurar. Que no se cansen de pedir informes escritos, y de reunirse, y de estudiar el asunto con quienes haga falta las veces necesarias. En casos similares anteriores, la parte social no corrió con la mejor suerte. Cuidado con picar ciertos anzuelos o desentenderse.

Pero ésta no es una cuestión solo de los empleados, de ahí que sea saludable la primera aparición de la presidente del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), Hortensia Hernández, quien, además de reclamar un amplio consenso político, apela al papel activo de estamentos y operadores turísticos. No se puede ser indiferente ni indolente en este posible trance.

Hacia una empresa mixta

La alternativa que sugerimos, una empresa mixta, está esbozada desde hace algún tiempo. En ese sentido, transcribimos un fragmento de la tercera entrega de un trabajo titulado “Alternativa para un modelo de gestión”, publicado en junio del pasado año:

         “…En aquel momento, pues, se frenó el intento de acometer una gestión indirecta o privatización. Se materializó un proyecto de remozamiento de las instalaciones, derivado de un ventajoso convenio para el Ayuntamiento suscrito con el Cabildo Insular, aprovechando el traslado del Casino Taoro. Y nunca más se supo, porque en el siguiente mandato 2007-11 no se volvió a plantear la cuestión. En el presente, ya lo saben: situación límite, una cooperativa que desaparece, una deuda contraída con el Ayuntamiento por importe cercano a los tres millones de euros, deterioro evidente de las instalaciones, merma de la calidad en la prestación de los servicios, menguada profesionalidad, instrumentalización política en la contratación de personal y escasa sensibilidad por parte de los responsables directos…

         Procede, pues, un cambio en el modelo de gestión. Las circunstancias han cambiado; pero para ser consecuentes con los planteamientos defendidos hace más de cinco años, aportamos la alternativa de una empresa mixta, con capital mayoritario del Ayuntamiento. Es una manera de comprometerse y de hacer que prepondere lo institucional, lo público. Es una modalidad garantista, en la que personas privadas y la Administración, en este caso, la local, son propietarios del capital y, por consiguiente, se toman las decisiones de forma conjunta. La participación dependerá de los derechos y acciones que las partes tengan en la empresa. Con la empresa mixta se trataría de optimizar el desempeño que el Ayuntamiento ha de acometer para afrontar un hecho crucial en un complejo turístico cuyas características han quedado suficientemente descritas en esta serie. Un desempeño que ha de estar caracterizado, en todo momento, por la profesionalidad y por el rendimiento positivo.

         Todo, pensando en el interés general y en la revitalización de unas instalaciones únicas, el primer parque marítimo de Canarias, que ha generado unos estimables niveles de riqueza y no sólo económica. Claro que para esta consecución se requiere un amplio consenso político. Y también, igual de claro, un Ayuntamiento en mejores condiciones económico-financieras. Acaso estribe aquí la gran dificultad. Pero el asunto es inaplazable y alguna solución hay que adoptar. Es una de las claves del mandato”.

Es una vuelta al pasado, un retroceso a los años cincuenta y al Lido de Gilbert. De modo que una gestión indirecta pura y dura tiene su alternativa. Hay que apremiarla. Y superar la fiebre privatizadora. El Lago es de todos, aunque a lo largo de los últimos años se haya deteriorado y no se haya mantenido adecuadamente. Los portuenses tienen que entender que no puede seguir menguando su patrimonio, lo suyo, lo que tanto les ha costado. No pueden permanecer impasibles. Por eso apelamos a valores éticos y sentimentales. Al final, va a resultar que a los hijos del pueblo, utilizar o disfrutar de lo que es suyo, les va a significar un desembolso, otro más. Y que no vengan con la cantinela de que no es la época de la economía subvencionada. El riesgo de que se quedan sin nada salta a la vista. La hipoteca. Si para el futuro parque marítimo y hasta para el puerto también hay que abonar, pues ya nos dirán donde se puede transitar, entretenerse o solazarse.

Con razón, circulan bromas e ironías en redes y conversaciones: ¿Qué será lo próximo: el Peñón del Fraile o la ñamera de la pila?