EL TSUNAMI

Es digna de reconocimiento la resistencia estoica de aquellos cargos públicos y militantes del Partido Popular que se esmeran para ofrecer explicaciones, más allá del silencio que debe venir impuesto desde las alturas y que aconsejan las cada vez mayores evidencias de irregularidades en un aspecto de su funcionamiento interno.


Es un ejercicio costoso, no hay duda. Algo más que ir contracorriente, procurando encontrar atajos o desviando los tiros hacia terrenos teóricamente más favorables.

Pero es complicado y es otra consecuencia de una gestión tan extraña como poco acertada de la crisis que alumbró el ex tesorero, a quien algunos de sus compañeros, por cierto, le han anulado la presunción de inocencia, con declaraciones o con descalificaciones que pretenden situarle como responsable exclusivo del desaguisado.

El Partido Popular, sencillamente, se ha visto desbordado por los acontecimientos. El tsunami lo ha envuelto sin que los muros, dique4s y contradiques han servido de contención. Prefirieron una estrategia de dejar pasar y de despachar con declaraciones más o menos afortunadas, sin percatarse de que hay otras partes en juego y de que hasta el fuego amigo podía surtir sus efectos.

El problema, lo hemos sostenido desde hace tiempo, es que en la derecha todos se saben lo de todos y claro, cuando brota la chispa, es difícil impedir y controlar el siniestro. Los acontecimientos más recientes así lo prueban.

Todo es grave, hasta que se pruebe lo contrario, esa conjunción de factores que supuestamente (Floriano dixit) desembocó en una causa general contra el partido. Y dentro de esa gravedad, negar el debate en el Parlamento, bloquear la comparecencia del presidente del Gobierno demuestra no sólo una falta de respeto a la institución (qué tiempos aquellos en los que el PP se ufanaba de querer debatirlo todo en órganos parlamentarios) sino a la misma transparencia que se recomienda, después de todo lo ocurrido, para el conocimiento de los asuntos públicos.

Este lo es: la financiación del partido gubernamental. Interesa a cuantos componen la organización como al conjunto de los ciudadanos, buena parte de los cuales están más que alejados de la política, asqueados. Acumulan demasiados silencios y demasiados errores estratégicos en la gestión de la crisis: el tsunami ha envuelto al Partido Popular y los aliados mediáticos cada vez tienen menos capacidad de resistencia.

Lo peor es que la sombra de sospecha se agiganta por horas.

INICIATIVA POLÍTICA

Las vueltas de tuerca que hacen cada vez más insostenible la situación del Partido Popular (PP) -solo esta formación política la resistiría en un país de las características de España- hacen que esté pasando inadvertida la posición fijada por el PSOE para lograr un nuevo modelo territorial. Lástima porque es una aportación interesante en el devenir político, condicionado por la crisis. Los ciudadanos esperan de las organizaciones políticas respuestas serias, sólidas, alternativas a concepciones que van quedando desfasadas, a estructuras que han ganado en obsolescencia después de valiosos servicios y a demandas surgidas de las propias exigencias sociales. En ese sentido, los socialistas han dado un paso pensando en los intereses generales, en una nueva hora para el país y también para el propio partido al que se pide, tras su historia centenaria y tras las experiencias acumuladas en los años de gobierno, que esté a la altura de las circunstancias y de las nuevas demandas, sobre todo cuando tanto desafecto hay hacia la política, cuando tanto desencanto y tanto recelos se van amontonando. El examen de las consultas demoscópicas, en efecto, tiene que haber alertado a sus dirigentes.

Esa posición del PSOE se condensa en la propuesta de un Estado más eficaz, más democrático y más integrador. Más que una respuesta a las reformas ideologizadas del PP, lo es al neoliberalismo y a la fiebre privatizadora de sus políticas. La sociedad demanda al socialismo una diferenciación, también en época de crisis y en fase de oposición: en la reunión del Consejo Territorial ha encontrado una opción de reforma constitucional que habrá de incluir el denominado principio de igualdad de todos los ciudadanos a las prestaciones sociales básicas (educación, sanidad y derechos sociales) así como el reconocimiento explícito de dos nuevos derechos: la protección social y el derecho a la salud.

Este marcado acento social de la propuesta socialista precisa de garantías para su aplicación y ésta se contrasta con el establecimiento de un principio de estabilidad social del gasto público que asegure un nivel mínimo de prestaciones públicas y la creación de un Fondo de Garantía del Estado de bienestar para tiempos de crisis.

EL PSOE, ya era hora, toma la iniciativa y ahora habrá de promover un arduo proceso de negociación para intentar alcanzar un nuevo modelo territorial. Frente a las tentaciones rupturistas y a los afanes de recentralización, y ante sus propios problemas internos, lanza un guante que viene a ser una señal de vitalidad en plena desazón política. Más Estado, más derechos, un nuevo modelo de financiación autonómica, transparencia informativa y administrativa y el reconocimiento de los hechos diferenciales son, entre otros, los objetivos a los que se encamina esta propuesta que sirve para empezar a creer, con fundamento, que hay vida política más allá de la cotidiana corrupción.

VARAPALO DEL CONSEJO DE ESTADO

O reformula la futura Ley o estará atentando contra nuestra Constitución, poco menos que ha venido a concluir el Consejo de Estado ante el Gobierno en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y aporta, en consecuencia, nuevos y sustantivos elementos a una controversia que, entre el desacuerdo de las formaciones políticas, las estrecheces gubernamentales y las interpretaciones contrapuestas de buena parte del texto articulado, había alcanzado un nivel de incertidumbre que ni la holgada mayoría parlamentaria del Partido Popular (PP), ya puestos, lograba disminuir.

Decimos esto porque, entre otras consideraciones (como por ejemplo, si lo que pretende el Gobierno del Estado, con este Anteproyecto de Ley, es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no era necesaria esta nueva norma: bastaría con la aplicación  de las medidas ya contenidas en la Ley Orgánica del mismo nombre), hay que destacar que el Consejo de Estado hace que se tambaleen los dos principales pilares en los que el Gobierno del Estado asienta el nuevo modelo de régimen local que busca imponer. En otras palabras, desmonta la "línea de flotación" del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Veamos:

Con respecto a la fórmula del coste estándar, el Consejo de Estado es contundente. Lo poco que dice el Anteproyecto de Ley de cómo se llevará a cabo la evaluación del coste de los servicios municipales, remitiéndolo, casi todo, al futuro desarrollo reglamentario, es, en palabras del Consejo, “tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno”.

Para el Consejo, al menos, debería especificarse a quién corresponde la competencia para realizar tal evaluación, precisar los criterios que deben tomarse en consideración para llevarla a cabo y regular, siquiera de forma sucinta, el cauce procedimental a través del cual ha de discurrir esta operación.

La referencia que hace a la necesidad de precisar los criterios para la evaluación no es baladí. Como reclama el municipalismo, el Consejo de Estado reconoce que estamos ante una realidad heterogénea, a partir de la cual sugiere que se introduzcan factores de corrección que atiendan a diversas variables como: la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio.

Pero ahí no queda la cosa. Es más, llega a afirmar que la aplicación del coste estándar "no debería producir el efecto condicionante que se le atribuye, que, en última instancia, puede llegar a suponer una atribución "en precario" a los municipios de su autonomía”. E incluso que "pueda también hacer operar de manera inadecuada las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Huelga decir, por tanto, que estamos ante un duro varapalo al sistema concebido por el Gobierno del Estado.

En cuanto al régimen de traslación de las competencias municipales a favor de los Cabildos insulares,  el Consejo de Estado parte de un hecho, que parece una obviedad: el nuevo régimen "supone un desapoderamiento ‘ex lege’ de las competencias municipales, en favor de la isla", en el caso de Canarias, claro está. Lo que pudiera derivar en un "cuestionamiento de la garantía institucional de la Autonomía Municipal”.

El Consejo de Estado advierte de la incongruencia y diferente trato que se dispensa a los Municipios y a los cabildos ya que se parte de la prestación de los servicios municipales por parte de los Cabildos insulares, cuando los municipios no superen la evaluación de su coste estándar, pero sin tener en cuenta el posible escenario en el que el Cabildo al que haya de encomendarse dicha prestación  "se encuentre en una situación de déficit que puede dificultar o impedir razonablemente asumir la gestión de esos mismos servicios”. En este sentido, el Consejo echa en falta  algún tipo de consecuencias para el caso de incumplimiento, por los cabildos, del coste estándar.

El órgano consultivo advierte que "disponer la supresión de contenidos fundamentales de la Autonomía Local con base en el incumplimiento de un parámetro económico y único (coste estándar), configurado como elemento del que depende la continuidad de la prestación de servicios por parte del municipio, puede afectar negativamente al núcleo esencial de la citada  garantía institucional”.

Pero ahí no queda la cosa, el Consejo "se moja" y reconoce que más que por la traslación de las competencias a los cabildos, el Anteproyecto debería abogar por otras alternativas enfocadas a la asociación voluntaria de municipios (mancomunidades e incluso fusiones), "no solo más respetuosas con la Autonomía Local, sino también con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a “dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Es por ello que invita a su revisión.

Porque el varapalo es de los que hacen época.

UN DICTAMEN RELEVANTE

Se aguardaba con interés el dictamen del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo suficientemente controvertido -hasta los propios alcaldes del Partido Popular han expresado públicamente unas cuantas discrepancias- como para estar muy atentos, tanto a cualquiera de los acuerdos políticos que pudieran alcanzar las formaciones políticas como a las resoluciones de instituciones como el Consejo de Estado que acaba de poner, con ese dictamen, los puntos sobre las íes de algunas materias en las que el Gobierno quería plasmar una reforma muy discutida por el municipalismo en plena crisis. Cuando se atraviesa el ecuador del mandato, la sensación que se va imponiendo es que no va a ser fácil llegar a una entente con el poder local que es consciente de la necesidad de revisar muchos contenidos y unas cuantas estructuras pero que no quiere sobresaltos ni cirugías ideológicas o reduccionistas, so pena de que los vecinos -con los que, a fin de cuentas, van a tener que seguir lidiando- sufran en carne propia las peores consecuencias y terminen huyendo de eso que hemos dado en denominar el centro de poder político más próximo.

            El dictamen es concluyente desde el punto de vista de la merma de la autonomía local, tal como se deriva de algunas disposiciones de la norma. Es un golpe a la línea de flotación del Anteproyecto de Ley: la evaluación del coste estándar de los servicios, por un lado, es considerada una habilitación en blanco al Gobierno; y por otro, la incongruencia y la desigualdad de trato entre municipios y cabildos cuestiona la garantía de ese teóricamente intocable principio de autonomía local. FECAM y FECAI tendrán bastante que decir al respecto en una polémica que se adivina tensa.

También se detiene el Consejo de Estado en otro de los aspectos más llamativos del Anteproyecto como es la recepción de las competencias municipales en materia de sanidad, educación y servicios sociales, en las Comunidades Autónomas. A este respecto, el órgano consultivo lo tiene claro: sus consecuencias son impredecibles. El Anteproyecto no tiene en cuenta, aspecto que critica, que estas competencias "se hayan venido prestando de manera eficaz y eficiente" por parte de los propios Ayuntamientos, advirtiendo del hecho de que "la asunción de estos servicios por las Comunidades Autónomas pueda, en ciertos casos, suponer para ellas un coste adicional que no todas estén en condiciones de sufragar”.

En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a "dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Por consiguiente, que invite el Consejo a la revisión del texto normativo resulta inevitable. Con ese considerando, aunque las partes estén condenadas e entenderse, la solución política se antoja complicada.

EL MURO DE LA DISCORDIA

Aunque no se integre formalmente en el preceptivo período de información pública, el acto convocado en la sala ‘Timanfaya’ por la formación Vecinos por el Puerto fue un excelente impulsor del conocimiento de la actuación que se pretende, mejora y acondicionamiento del paseo San Telmo. El gobierno del Cabildo Insular fijó, en su sesión del pasado lunes 1, un plazo de veinte días hábiles para la presentación de sugerencias y alegaciones. Es de esperar que hayan tomado buena nota los convocantes y los asistentes, principalmente quienes hicieron aportaciones –algunas, muy estimables-, que ahora deben plasmar en el trámite administrativo señalado si es que quieren modificar, como se proponen, algunas directrices del proyecto señalado.

       Hay dos consideraciones básicas que hacer respecto al acto. Una, su desarrollo mismo, a partir de una estimable asistencia entre la que había usuarios habituales de ese singular espacio urbano-marítimo que es San Telmo, representantes de otros grupos políticos corporativos, gente nativa y de otras localidades de distintos segmentos de edad, extranjeros afincados en la ciudad y hasta técnicos que hicieron su evaluación y expusieron sus criterios.

       Primero, una demostración esquemática del proyecto con soporte audiovisual. Después, los testimonios de Melecio Hernández Pérez y Nicolás González Lemus, usuarios del espacio y estudiosos de la historia local. En una tercera fase, la sucesión de preguntas e intervenciones de los asistentes, próxima a un debate que, en todo caso, se caracterizó por el pluralismo de ideas y por el respeto que se dispensó a cada uno de los intervinientes.

       Desde ese punto de vista, los organizadores pueden darse por satisfechos. En una ciudad cuyo músculo participativo ha ido menguando y donde se ha ido perdiendo iniciativa para debatir, hasta el punto de que si se comparan con el pasado, cuando se contrastaba y se criticaba hasta cosas de poca monta -los portuenses parecen anestesiados, llegamos a escribir hace algún tiempo- que haya docenas de ciudadanos atraídos y motivados en torno a un proyecto urbanístico, es de reconocer. No es que de un plumazo hayan recuperado la sensibilidad perdida pero, al menos, se ha recuperado algo esencial en parte de una sociedad: posicionarse en algo que la afecta directamente. Ojalá hubiera la misma o parecida respuesta en otras actuaciones programadas o en otras situaciones que hacen del Puerto de la Cruz posiblemente el municipio más controvertido de la isla.

       La segunda consideración es, en sí misma, el proyecto de mejora y acondicionamiento del paseo San Telmo, presupuestado en 1,6 millones de euros. La primera gran duda que salta es si, en estos momentos, no hay otras prioridades y otras necesidades más acuciantes. Además, no está tan mal actualmente la fisonomía del paseo. Hay algunos contenidos, especialmente los referidos a la continuidad de la accesibilidad, que son respetables y que junto a renovaciones, reparaciones y acabados de desperfectos o puntos visiblemente deteriorados, merecen ser tenidos en cuenta.

       Pero la madre de la actuación es el muro que va desde la Punta del viento al perímetro de la ermita de San Telmo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006. El muro tiene sus valores históricos y hasta ha cumplido una función social. Pero quieren sustituirlo, con la idea de "abrir la zona al mar e integrar el paisaje costero a la ciudad, eliminando los obstáculos que existen en la actualidad así como las barreras de accesibilidad…”, mediante la instalación de una línea de cableado de acero inoxidable, similar a la ya dispuesta en la Punta del viento. Voces técnicas se escucharon advirtiendo de que la solución dada, por su escalabilidad, comporta riesgos e inseguridad. Aunque el criterio más extendido es que la configuración actual del muro no impide una contemplación del paisaje y del horizonte marítimo. Esa ‘apertura’, además, debe ser valorada especialmente por los comerciantes de la zona, a los que intranquilizan, seguro, la maresía y los efluvios atlánticos cuando piensan en sus fachadas y escaparates. La prueba es clara: un edificio de principios del paseo lleva décadas sin que los propietarios hayan encontrado la fórmula que haga perdurar sus repintados y adecentamientos.

       El muro, insistimos, acaparó la atención y la discrepancia de quienes han conocido el proyecto. Ya es el muro de la discordia. Y otros lo han bautizado como muro de las lamentaciones. Fueron expuestas varias gráficas, de modo que González Lemus se atrevió a reivindicar la restitución del estado primigenio pintado de blanco y el portavoz de los convocantes, Jaime Coello, aludió a una sugerente foto de Eduardo Westherdal que circula en la red y en la que puede verse a dos poetas inmensos, Luis Rosales y Pedro García Cabrera juntos, apoyados sobre el muro con las rompientes olas sobre El Penitente al fondo.

       Total, que la controversia está servida. Pero la primera conclusión es que hay mucha gente que no quiere que se toque San Telmo y su entorno. Unos volados y unas escalinatas tipo graderío tampoco hacían feliz al personal que sabe, además, lo que es el mantenimiento –mejor dicho: la falta de- en el Puerto de la Cruz. Quieren el muellito, el lugar favorito de la juventud portuense, como cantan los Encinoso,  tal como está hoy. En el fondo, no es nueva esa postura. Aún recordamos cuando, en el ejercicio de la alcaldía, fueron los propios usuarios y bañistas de la zona los que se opusieron radicalmente a la construcción de unos muretes abiertos antipánico en la zona de la terraza que favorecían a todas luces la seguridad. Y aceptamos su negativa que no interpretamos siquiera en clave de revés.

       Habrá que ver si las inquietudes de estos tiempos inciden en el curso del período de información pública y replantean, siquiera parcialmente, algunos aspectos del proyecto. Atentos, porque tal como evoluciona el panorama político y reaparecida esa sensibilidad popular, la incertidumbre cobra cuerpo.

LUCES Y SOMBRAS

Lo primero de todo es alegrarse por la reducción del número de desempleados. En junio, 127.248 menos, en tanto que la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 26.853 personas. Son datos buenos y hay que congratularse, siquiera sean paliativos de un drama que persiste, esto es, con cifras aún muy preocupantes. Tan solo por esa razón hay que mostrarse comedidos. El problema es lo suficientemente complejo como para alejarlo de manipulaciones y sesgos políticos: ni declaraciones triunfalistas (aunque se entienda la necesidad que tiene el Gobierno de buenas noticias) ni expresivas de pensamientos perversos o cargados de intencionalidad. El desempleo habría que tratarlo políticamente como lo que es, conscientes de que su carácter estructural no es fácil transformarlo y de que las coyunturas favorables deben ser interpretadas con todas las relatividades mientras persistan causas de crisis y recesión, mientras no se aprecie que la productividad crece a ritmo sostenible.


De los datos conocidos a principios de semana, tengamos presente que son 148.411 parados más de los que había en junio de 2012. Y quedaron registrados 633.977 afiliados menos de los que había ese mismo mes. Eso quiere decir que estamos ante una importante bajada del paro que contrasta con un mal dato comparativos de afiliación a la Seguridad Social y otro mal dato de contratación, o sea, hay menos contratos que hace un año y una caída en picado de la contratación indefinida.

La estacionalidad parece, pues, factor determinante para explicar estos registros del desempleo en junio. Viene acreditada porque la mayoría de los nuevos contratos se concentra en el sector servicios y el mayor número de afiliaciones se registra en la hostelería. Que la afiliación a la Seguridad Social sólo haya subido en 26.853 personas, un 0.16%, también sugiere no lanzar campanas al vuelo.

En definitiva, alegría y moderación. Porque los registros, desde luego, arrojan luces y sombras.

AQUÍ, NO

En la rica experiencia personal del municipalismo, hay algunos episodios -si se quiere, domésticos- que ilustran no sólo la heterogeneidad de los problemas sino la disconformidad y hasta la misma insolidaridad que abunda a la hora de hacer factibles algunas soluciones, a veces las únicas que hay.

         Recordamos, por ejemplo, el caso de aquellos vecinos que visitan un día la alcaldía reclamando medidas de vigilancia en una zona pública recreativa muy bien dotada, pues es una pena (más o menos) que los chicos o los gamberros la destrocen después de que haya quedado tan bien y sea el único sitio de la zona donde sentarse a hablar, leer o distraerse un rato.

No dispusimos uno sino dos guardianes, en otros tantos turnos donde cumplían con las tareas de cuidar el entorno e impedir que el vandalismo campara a sus anchas. Apenas pasó una semana cuando las mismas personas que habían visto satisfecha su justa reivindicación plantearon la conveniencia de suprimir la vigilancia porque los guardianes (más o menos) les quitan la pelota a los chiquillos y no les dejan usar la bicicleta.

Cuando los vigilantes dejaron de prestar sus servicios, aquel espacio público fue pasto del destrozo, un escenario de abandono con un aspecto que llegó a ser desolador. Natural. Aquellos vecinos no reivindicaron más.

         Esos contrasentidos se registran también a la hora de modificar el sentido de circulación rodada de una vía, por racionalidad o por seguridad, o de instalar unos contenedores para residuos, petición en la que insisten los titulares de algunas viviendas, de un bloque o de un chalé, porque tenemos que salir (más o menos) y dejar las bolsas o las cajas y nos queda lejos, la verdad.

Cuando es estimada la solicitud y se procede a la colocación de los depósitos o de los recipientes, surge de inmediato la respuesta de los mismos peticionarios: “No, aquí no”. Porque están cerca, porque les molesta, por mal olor, porque les resulta antiestético, que esa es otra de las razones cada vez más esgrimidas.

“Aquí no”, se ha convertido, desde luego, en una de las expresiones más comunes en los ámbitos ciudadanos. Ha terminando generando una cultura de lo negativo, una posición que resulta en sí misma una complicación, un prejuicio y una actitud nada favorable en la toma de decisiones o en la solución del problema.

Este existe: es una carencia, es un trastorno, es una necesidad. Todos o casi todos, de acuerdo. Pero “aquí no”. Cuando llegar la hora de satisfacer la demanda, los mismos que la producen se niegan, no quieren tener en las cercanías de su domicilio ni un parque infantil ni los contenedores ni los centros de atención a los toxicómanos ni la sede de una dependencia policial ni un para la guagua o el taxi y no digamos si se trata de una gasolinera.

En las ciudades pequeñas, allí donde los núcleos de población están colmatados o el suelo es escaso y muy caro, es difícil contentar a todos sea cual sea la solución adoptada. Porque, aunque sea de Perogrullo, siempre habrá quien se sienta perjudicado.

En cualquier caso, este “aquí no” contagiado, esta negativa sistemática, estos adverbios están gestando un déficit de convivencia y un clima de insolidaridad a la vez que de rechazo a los gobernantes de turno muy preocupantes. “Aquí no” es ya algo más que una tendencia, es una complicación difícil de revertir y pone de relieve, he ahí lo grave, la pérdida de valores cívicos y la deshumanización de las ciudades.

IMPRESIÓN VERSUS DIGITAL

Creíamos que no sobrevivirá. Así lo expusimos en un trabajo realizado por alumnos de La Laguna. Estábamos convencidos de que la crisis se llevaría por delante también la prensa escrita. Albergábamos otra convicción, tal se deriva del sustantivo cambio en los hábitos de lectura y de acceso a la información: la edición impresa experimentará una notable transformación, habrá otros productos y quedará reducida a los fines de semana o a un semanario.

            Sin embargo, estudios recientes, promovidos por el estadounidense Instituto Poynter (una escuela dedicada a formar periodistas de calidad “para garantizar la participación democrática”), indican lo contrario, hasta el punto de concluir que el periodismo impreso seguirá conviviendo muchos años con el digital. Tales estudios recogen la opinión de estudiosos y profesionales que convergen a la hora de señalar que la modalidad digital avanza de forma imparable y eso obliga a los editores a preparar convenientemente el terreno y las condiciones para cuando se produzca el cruce, de aquí a unas décadas.

            Surgirá entonces un híbrido, dicen. Y estaremos ante un nuevo modelo de negocio que irá moldeándose y para el que se requerirán, naturalmente, habilidades que sepan combinar cuantos elementos generen nuevos productos que, por encima de todo, serán autoexigentes -en lógica correspondencia a la evolución de las tendencias sociales- y competitivos. Importará más la calidad de la información que el anticipo o la inmediatez de la misma. De hecho, así se viene observando en la sucesiva aparición de plataformas y diarios digitales.

            La reducción de ingresos (sobre todo, los publicitarios) y la minoración de las ventas directas, unidas a otros factores de competencia, entre ellos el mercado laboral, han hecho temer lo peor para las ediciones impresas. Ni siquiera se sabe si prevalecerán las ayudas oficiales para la adquisición del papel. Cierto que los lectores habituales de esta fórmula se resisten (se vuelve a compartir, como antaño, y a recortar) pero las tiradas son cada vez más reducidas. Las cifras que conocimos personalmente hace poco, procedentes de una impresora local que editaba decenas de cabeceras y los ejemplares de los grandes rotativos nacionales, son decrecientes de forma galopante e invitan a hablar de crisis sin miramientos.

            Pero los norteamericanos quieren aguantar. El director ejecutivo de la International News Media Marketing Association (INMA), Earl Wilkinson, es contundente en uno de esos estudios de Poynter al afirmar que “la muerte del periódico es una de las grandes exageraciones surgidas del colapso económico de hoy”. Es más, para este especialista, la discusión impresión versus digital “es de ciencia ficción”. Al admitir, en cualquier caso, que la generalización del formato digital es un hecho imparable, se pregunta por el “cuándo” sucederá ese punto de encuentro entre ambos modelos de aquí a 2100. Por eso señala que las empresas y los medios de comunicación deben afanarse en los preparativos para cuando llegue ese momento.

            Entonces, hay que aprender a convivir con esas dos modalidades, aun cuando una de ellas parece que ha tomado la delantera y progresivamente va produciendo cambios en las preferencias y en los hábitos de lectura. No habrá pugilato, como dice Wilkinson, pero las percepciones que van quedando son contrarias. De ahí la importancia de la imaginación y de las alternativas que surjan para seguir creyendo que el periódico impreso sobrevivirá.

PANORAMA LOCAL SOMBRÍO

A punto de alcanzar el ecuador del mandato, a los ayuntamientos españoles les falta cruzar el Rubicón de una importante reforma legislativa sobre la que aún, por cierto, no existe un acuerdo político de calado que la haga creíble y sostenible.

            Sobre esta importante lámina de incertidumbre y bajo los condicionantes de la crisis, que ha hecho reajustar presupuestos hasta límites insospechados, han venido trabajando los municipalistas de todos los signos políticos para mantener a flote las instituciones, o lo que es igual, para procurar que los ciudadanos y los vecinos sigan viendo a los ayuntamientos, en un extendido clima de desafección política, su centro de poder más cercano, la referencia más próxima a la hora de impulsar una solución a sus demandas.

            Muchos e importantes sacrificios han tenido que hacer a lo largo del presente mandato. Quien más quien menos ha sacrificado proyectos y ha renunciado a la realización de actuaciones. En la tesitura actual, se han visto obligados a priorizar y son las necesidades sociales más perentorias las que han que han merecido una atención preferente. Nunca mejor dicho lo de tener que administrar la miseria: con recursos menguantes, seguro que con resultados dispares, más o menos satisfactorios, tratando casi siempre de no renunciar y de dejar a salvo la autonomía municipal.

            Ha sido una etapa de penurias, desde luego, que empieza a dejar un reguero de cifras contradictorias. A la pregunta de si está mereciendo la pena el inconmensurable esfuerzo, traducido en ahorro, servicios de menor calidad, menores prestaciones y más impuestos, la respuesta es significativa: en el primer cuatrimestre del año, las entidades locales han registrado un superávit de dos mil trescientos millones de euros. Es el dato más positivo en la evolución del conjunto del déficit público estatal pues ha contribuido a reducir el déficit conjunto de las administraciones al 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB).

            Sin embargo, la buena marcha de la contabilidad local no despeja las inquietudes ya que el conjunto de la deuda pública sigue creciendo y el nivel de endeudamiento medio de las instituciones locales, a la vista de los resultados del cierre del ejercicio del pasado 2012, ha seguido aumentando, paradójicamente como consecuencia del Plan de pago a proveedores. Las cifras que se manejan arrojan una deuda media por habitante de 744 euros, sin duda muy elevada.

            Esto equivale a decir que, salvo casos puntuales en los que se contrasta el saneamiento económico-financiero de las corporaciones locales, muchas están hipotecadas. Y de persistir las circunstancias, les será muy difícil liberarse de importantes cargas. Tendrán que timonear alcaldes y concejales delegados de Hacienda, a sabiendas de que aún deben tomar medidas muy duras que llevan aparejadas, inevitablemente, un malestar social. Sin ir más lejos, y a la espera de los resultados de la reforma legislativa, a ver cómo afrontan la privatización de los servicios sociales municipales, principalmente las localidades de menos de veinte mil habitantes.

            Ello nos hace temer que volveremos a escuchar criterios estrictamente economicistas para justificar tales medidas de privatización. Pero los ediles son conscientes de que no valen para la gestión cotidiana, para afrontar el día a día con los vecinos más afectados que dependen, algunos desde hace años, de los trabajadores sociales que son los que conocen de verdad las tribulaciones.  Al revés, de consumarse la privatización, cabe dudar del cacareado ahorro en la estructura municipal y en el ejercicio de las competencias. Sucederá lo contrario: los servicios públicos se van a prestar seguro que con menor eficacia y con un coste más elevado para los ciudadanos. Además de la incidencia en el desempleo, claro.

            A la espera de la reforma, el panorama local sigue siendo, desde luego, bastante sombrío.

SUPERAR ANÓNIMOS

Sobre Fidela Velázquez, ex alcaldesa de San juan de la Rambla, recae la acción trapacista y cobarde consistente en la distribución de panfletos vejatorios e insultantes a su persona, amparada en el anonimato, y seguramente en la nocturnidad, métodos de otra época que parecían ya superados pero que algunos siguen utilizando como si desafiaran a las mismísimas redes sociales de efectos tan multiplicadores como inmediatos. Pero ya se sabe: pueblo chico, infierno grande y entonces todo es posible y se magnifica.

            Es lo que irán buscando, seguramente, los autores intelectuales y los ejecutores de esta “hazaña”: que se hagan eco de ella, que se difunda más allá de lo que ellos repartieron en cien o doscientas cuartillas fotocopiadas. Ese es el daño agregado, el que supuestamente pretenden alcanzar. Y de paso, sembrar el temor, intimidar, extender la sensación de que hay cosas que se pueden hacer por las malas y por tanto, mejor no replicar ni hacer defensas heroicas no sea que la próxima vez te toque algo.

            Ciertamente, la acción no merece ni el juego de averiguar quién está detrás o quién pudo ser. Pero cada quien conoce las estancias de ese infierno y los afectados sabrán cuál puede ser la mejor respuesta. Una, desde luego, acaso la mejor, es ignorancia olímpica: mueran solas la cobardía y la descalificación, por mucho que carcajeen en sus círculos quienes crean haber causado daño y se sientan orgullosos de su repulsiva acción. Y no mucho más: vale la denuncia policial, para que quede constancia de lo que puede ser germen de una comisión delictiva; y valen tanto la defensa como la solidaridad de la organización a la que pertenece la ex alcaldesa que, si es vituperada de esta manera reprobable, es porque no se ha arrugado, porque sigue desarrollando su compromiso y sigue dando ejemplo de responsabilidad política.

            En ese sentido es en el que debería esmerarse, pasados los primeros meses de la censura que la apartó de la alcaldía, donde lo estaba haciendo bien y desde la que imprimía un sello democrático y participativo como no lo conocía el pueblo en muchos años. Antes de ganar las elecciones, Fidela Velázquez ya había dado pruebas de iniciativa política, de saberse ganar la confianza de los vecinos y de hacerles ver que otra forma de gobernar era posible. Fue el suyo un modelo de resistencia política mientras se sucedían los ataques y las desmesuras hacia quien tenía la legítima aspiración de ser la alcaldesa de su municipio.

Si entonces, si durante los años duros de la oposición, pudo y supo ejercerla con dignidad, con ideas, con afanes constructivos y con capacidad de fiscalización, ahora que ha vuelto a ella, debe reeditar esas habilidades, acentuadas, si cabe, por la experiencia ganada durante la corta fase gubernamental. Que se concentre. Tiene madera, su condición de ramblera comprometida está fuera de toda duda y el compromiso de querer ser útil se acredita también estando por encima de cualquier ambición política. Le quedaron muchas cosas por concluir y está en condiciones de volverlo a intentar.

Aunque para ello tenga que superar -e ignorar- anónimos que sólo ponen al desnudo la vileza de sus autores que no merecen, francamente, mayor difusión.