PARA TEMBLAR

Fue un mal día para el municipalismo. Y bueno para los empresarios que aguardaban la decisión del gobierno para fraguar el acceso a nuevas concesiones del sector público, en este caso, las concentradas en el marco de los servicios sociales municipales, allí donde hasta el momento, en la mayoría de los municipios, predominaba la gestión directa, la misma que alcaldes y ediles habían fabricado, con gran esfuerzo, desde 1979.

            El Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sin consenso, tras un largo proceso de negociación en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el primer partido de la oposición (PSOE). Se consumó así, a la espera del trámite parlamentario de enmiendas, un propósito de revisar las bases del régimen local con un sesgo ideológico evidente que prima sobre el interés general mismo de actualizar una norma que, lejos de contentar a quienes trabajan en el ámbito municipalista (incluidos los representantes del propio partido gubernamental), les confunde y les conduce, especialmente en lo que concierne a las prestaciones de los servicios sociales, a un horizonte muy incierto.

            Es natural, por tanto, el rechazo de organizaciones políticas, sindicales y sociales que, a partir del próximo otoño, desplegarán acciones con tal de introducir mejoras en el texto de la nueva Ley. El ejecutivo, consciente de que el tiempo se le echa encima, intentará apretar el ritmo de aprobación. Ya veremos si cueste lo que cueste o, por el contrario, hay una voluntad de ceder con tal de salvar los muebles. Difícil lo tiene: siendo bien pensados, se diría que es la gran oportunidad de demostrar que no hay intenciones de un nuevo giro del rodillo de la mayoría absolutista. Pero…

            Quienes hemos hecho seguimiento de este asunto, desde que se fraguó, no hemos de extrañarnos de la decisión del Gobierno, al que poco parecen importar las preocupaciones de las Comunidades Autónomas, las críticas sobre la vulneración del principio de la autonomía municipal, el futuro de los ayuntamientos pequeños (menos de diez mil habitantes) y la incertidumbre que envuelve a los profesionales del sector de servicios sociales, unos setenta mil que asisten a 2,6 millones de personas. Bueno, en realidad: si el dictamen del Consejo de Estado apenas ha sido tenido en consideración, qué le va a importar al ejecutivo. Y eso que llegó a hablar el citado Consejo de “intervencionismo gubernamental abusivo”.

            Ni clarifica la reasignación competencial ni evita duplicidades ni resuelve los problemas de financiación. Para colmo, es probable que destruya empleo. La nueva Ley, con su pomposa denominación, restringe la autonomía y la democracia participativa local. Por lo tanto, un retroceso. Normal el clamor de protesta de los municipalistas, de quienes se han tragado lo local desde la restauración de los ayuntamientos democráticos y fueron capaces, a lo largo de sucesivos mandatos, de crear estructuras por las que nunca se interesó la iniciativa privada. Ahora, son más que evidentes los riesgos de supresión o reducción a la mínima expresión de servicios sociales, escuelas infantiles y apoyo educativo, ayuda a la dependencia, centros de información a la mujer, actividades culturales, recreativas o deportivas o la misma protección a los consumidores.

            ¿Serán los ediles y los ciudadanos conscientes de lo que se avecina? La privatización o gestión indirecta de los servicios significará, en la práctica, un aumento de las tarifas y la ausencia de canales de participación y control por parte de la ciudadanía. Y sin garantías, claro, de que mejoren las prestaciones, cuantitativa y cualitativamente.

            Ya escribimos sobre el criterio ultraeconomicista en que se basa el Gobierno para seguir adelante con esta Ley: el previsible ahorro -¿de dónde sale?- de ocho mil millones de euros en los próximos años. Pero se castiga a los ayuntamientos, las instituciones que mejor han sobrellevado los objetivos de contención del déficit público. Y ahora se les pone el caramelo de estimular o premiar a los que se fusionen.

            Agosto, teóricamente, sosegará los ánimos de quienes han venido expresando sus divergencias con la nueva normativa local. Harían bien en ir aunando esfuerzos para aglutinarse ante un hecho que pueden y deben probar: otro municipalismo es posible. El que se vislumbra con esta norma, desde luego, es para echarse a temblar.

SAN TELMO, UN ADIÓS A LA INDOLENCIA

Lleno total en el salón de plenos del Ayuntamiento (Alguien, con sorna, pidió que incrementasen el aire acondicionado). Ganas de hablar. Y de participar. Ausencias de alcalde y concejal-delegado de Urbanismo. Técnicos y ejecutivos algo impresionados por el ambiente que, salvo incidentes de poca monta y algún momento de tensión, discurrió correctamente. Se echó en falta también a los técnicos municipales, salvo que no se cuente con ellos o no tengan nada que decir. Gente de toda condición. Muchos jóvenes. Y también, ‘santelmeros’ de toda la vida. Allí, queriendo enterarse de qué va a pasar con este rincón identitario del municipio.

         Se diría que algo se mueve en el Puerto. Cuando la población parecía anestesiada y que había perdido el espíritu crítico y de disconformidad permanente que tanto la ha caracterizado, algunos asuntos han agitado su sensibilidad. En el presente mandato, por ejemplo, se movió por la cabalgata de Reyes, harta de aquel bajísimo nivel que ahuyentó a centenares de familias hacia otras localidades. Y transformó para bien la cosa. También lo hizo por otro móvil festero, la jornada de la embarcación de la Virgen del Carmen, reconviniendo el desmadre en que se había convertido. El gobierno local hizo lo que tenía que hacer: prevenir, educar y advertir. La fiesta la hace el pueblo pero hay que saber cultivar el civismo y la sana diversión. De ahí resulta el beneficio colectivo.

         Y ahora el proyecto de remozamiento del paseo San Telmo, una de las tres arterias de las zonas turísticas de Tenerife más transitadas, ha logrado que la gente se movilice y se interese, hasta el punto de llenar el salón de actos del Ayuntamiento en una calurosísima tarde veraniega, de recoger más de mil firmas que expresan su desacuerdo (al menos parcial) con algunos de los contenidos y de presentar más de cuatrocientas alegaciones que, independientemente de su mayor o menor enjundia, ponen a prueba la capacidad de respuesta de los portuenses. Para quien ofició de pregonero hace pocas fechas y hacía como tal una apelación al espíritu participativo de la población, esta respuesta no puede ser más satisfactoria.

         Los responsables de la actuación proyectada habrán interpretado de inmediato que no las tienen todas consigo. Más allá del debate sobre el muro y su valor histórico -la solución de la baranda de alambres de acero para dar sentido a la filosofía de abrirse al mar no gusta o no convence-, preocupan -hasta el rechazo en algunos casos- un voladizo donde la vía más se estrecha, la carencia de una solución técnica para sortear las escalinatas próximas a la plaza de la ermita (y que obligaría a un recorrido alternativo por la calle La Hoya, hecho que disgusta, evidentemente) y también la conformación del pavimento y los precios de los materiales de mobiliario o elementos de vegetación.

         Podrá resultar todo lo difícil que se quiera pero algunas de las apreciaciones manifestadas tendrán que ser estimadas. Porque hubo intervenciones muy juiciosas, patentes conocedoras del proyecto, reveladoras del amor por este rincón del municipio y de la necesidad de acometer estas intervenciones, incluso desde la objeción, en un clima racional de receptividad entre las instituciones promotoras y los administrados. Para eso es la participación ciudadana. Para informarse adecuadamente y anular la indolencia. Y todos los canales que se abran para impulsarla y mejorarla serán bienvenidos.

         Queda también la duda de la oportunidad, si no hay otras cosas que afrontar en la ciudad más apremiantes. Y de cuál será el grado de resistencia de los establecimientos y comercios si las obras se prolongan. Y si el mantenimiento será al que estamos acostumbrados en la ciudad, o sea, escaso o ninguno.

         Pero la iniciativa, que cuenta con ficha financiera, debe seguir su curso, pasada la temporada estival. Las decisiones de ahora, de las próximas semanas, serán determinantes para proyectar el San Telmo de todos. Hay que acercar posiciones.

         Porque ese, despertada la sensibilidad y contrastada la respuesta -ojalá cunda el ejemplo-,  es el objetivo.  

MENSAJE ULTRAECONOMICISTA

Pues no, tampoco fue el viernes pasado cuando el consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se aguardaba con interés, especialmente en el ámbito municipalista, pero quedó para otra ocasión. Se ha cruzado el ecuador del mandato y se suponía, independientemente del curso de la tramitación parlamentaria, que era un tiempo apto, aunque insuficiente, para que los ayuntamientos, por un lado, hiciesen preparativos de futuro, adaptándose a la nueva normativa; y para que, los partidos políticos, por otro, elaborasen estrategias y fijasen posiciones en orden a superar notables incertidumbres que envuelven la próxima convocatoria de comicios locales en 2015.

            Hasta el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, aunque cauto, se había mostrado esperanzado de que se concretara alguno de los tímidos avances derivados del largo y tortuoso proceso de negociación en el que las opciones políticas progresistas y nacionalistas, por cierto, han hecho sonar tambores de disconformidad. El presidente de los alcaldes españoles valoró esos avances, principalmente en lo que concierne a “la definición del coste estándar, que pasaría a ser un elemento de referencia y que con ello se suprimirían todas las grandes preocupaciones que existían en cuanto a la pérdida de competencias”. Sin embargo, la asunción de éstas por parte de una institución supramunicipal o la forma de prestar los servicios mantienen unas incógnitas muy acentuadas. Sigue sin estar claro, desde luego, ese coste, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los municipios.

            Ya hemos comentado que el dictamen del Consejo de Estado fue un auténtico varapalo para el Gobierno. A ver cómo encajan sus directrices después de haber concluido que se producía el menoscabo del principio de la autonomía municipal y después de la incidencia que en el desenvolvimiento de las corporaciones locales han tenido en el presente mandato la Ley de Estabilidad Presupuestaria y unos planes de ajuste orientados a la materialización de pagos a proveedores.

            Y a ver qué se hace con esos criterios tan restrictivos o tan reduccionistas a la hora de concebir el municipalismo del futuro. Al Gobierno le obsesiona el ahorro, la austeridad. Y así lo ha reflejado en el texto original. Pero tengamos presente que de los ocho mil ciento dieciséis ayuntamientos españoles, seis mil ochocientos cincuenta tienen una población inferior a cinco mil habitantes. Hay que consignar que frente a la realidad de varios casos en los que alcaldes cobran más que el presidente del Gobierno o los ministros, en esos miles de consistorios o no se cobra o se cobra muy poco.

            Ha sido el mensaje ultraeconomicista del ejecutivo: reducir para ahorrar. Pero la supresión de concejalías sólo acarreará una representatividad menguada y menos pluralidad en las instituciones. Se resentirá la democracia. Habrá menos participación. ¿Es eso lo que quiere el Partido Popular? Todas esas mermas repercutirán, por supuesto, en partidos pequeños, en agrupaciones de electores, en formaciones de ámbito localista a las que resultará muy complicado poder desarrollar los cometidos que parte de la ciudadanía les pueda haber confiado.

            Tras el nuevo aplazamiento de la reforma local, la incertidumbre se sigue multiplicando. Todo hace suponer que, sin consensos básicos, y con el Gobierno ocupado en otros menesteres prioritarios, la evolución de la tramitación en las Cortes puede ser un proceso largo y tortuoso que complique aún más el porvenir de la institucionalidad local española.

OSCURO PORVENIR

Mientras medio país no ve la hora de abrir los paréntesis vacacionales y el otro medio soporta con estoica resignación la duda de si Rajoy comparece o no en el Parlamento -no quedan tan lejos los tiempos en que quienes ahora se muestran reticentes, entonces decían que el felipismo tenía secuestrado el Parlamento- van pasando inadvertidas informaciones que, de verdad, ponen los pelos como escarpias de no adaptarse medidas correctoras, pensando sobre todo en el futuro que hay que ganar a base de competitividad; y sobre todo, porque hacen que vuelva a ennegrecerse el túnel cuando, en un derroche de optimismo, algunos ya veían la luz. Será porque han subido las tarifas, por cierto. No porque problemas apremiantes hayan encontrado solución.

            Es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que más de cien directores de centros han señalado, con rotundidad, que las restricciones en investigación determinan que no se llegue a fin de año. Ya el presidente del Consejo, Emilio Lora-Tamayo, alertó sobre la delicada situación del organismo que sufrió sus primeros achaques con el gobierno anterior. El actual parece haberlo colocado en el peor y más desesperado de los escenarios, tal es así que o aparecen cien millones de euros de financiación pública o el colapso será incontenible hasta el punto de que se producirá el cierre físico de las instalaciones del Consejo. Los directores han sido radicales y han dirigido una comunicación a la secretaria de Estado de Ciencia, Carmen Vela, en la que advierten que ya no se puede más: o llegan urgentemente las transferencias para los programas de investigación más desarrollo más innovación o la situación será irreversible.

            Y esta es la realidad de algo tan serio como el ámbito científico. Mientras prosigue el alarde millonario de los fichajes balompédicos. No bastaron las voces de alerta de especialistas -algún premio Nobel incluido- ni de la Comisión Europea ni aquellas imágenes de hace unos meses cuando algunos profesores universitarios decidieron impartir clases al aire libre en plazas y puntos de Madrid, antecedentes de este llamamiento desesperado de los investigadores y científicos españoles que vislumbran lo peor. Porque esos cien millones servirán para abonar deudas y obligaciones apremiantes. Después, de persistir las actuales circunstancias, sabe Dios lo que pasará.

            Es decisivo lo que está en juego. El CSIC registra el 19% de la producción científica total. Y aquí no podrá hablarse de cambio de modelo productivo ni de otros planteamientos sobre desarrollo y avances en campos del saber mientras prevalezcan estas circunstancias tan limitativas. Es curioso: cuando en otros territorios se habla de nuevas tendencias para crecer, cambiando, de paso, la estrategia científica, aquí se dependa de la sensibilidad de un Gobierno que ponga sobre la mesa cien millones de euros para pagar liquidar deudas.

            Vaya porvenir.

CENTENARIO DE UN VUELO

Pues son cien años. Y un centenario no puede pasar inadvertido. De modo que habrá que agradecer la iniciativa de Daniel Kelher y Nasser El Mahdi que, con muy pocos medios y en un tiempo récord, han sido capaces de alumbrar una modesta pero llamativa exposición sobre la evolución de la aviación en la isla, a partir, precisamente, de aquel vuelo protagonizado por el francés Maurice Poumet pilotando El Borel, un monoplano biplaza con hélice impulsora, de 12,20 metros de superficie alar y un motor rotativo de 80 C.V.

        La exposición, que puede contemplarse en la Casa de la Juventud, es una apretada historia de la aviación, desde sus inicios. Con la aportación de las mujeres, con hitos, hazañas, héroes y protagonistas. Hasta llegar a la construcción del aeropuerto Tenerife-Norte Los Rodeos, tal como hoy se le conoce. El Aeroclub de Tenerife ha cedido para la ocasión unas extraordinarias fotografías que, junto a otros cuadros, objetos y maquetas nos permiten trazar la hoja de ruta de la aviación más cercana. “Sin aviones, no hay turismo”, enfatizó uno de los promotores para condensar la decisiva importancia que ha tenido en el primer sector productivo de nuestra economía.

        Pues son cien años, en efecto, de aquel primer vuelo de Poumet, ponderado en la interesantísima presentación de Melchor Hernández Castilla que alumbró aspectos históricos de aquel acontecimiento que se plasma después de unos vuelos –digamos de ensayo, aunque en aquella época todo tenía mucho de experimentación- operados durante los meses de abril y mayo de 1913 en Gran Canaria y Tenerife.

        Relata Hernández Castilla que aquellos vuelos produjeron tal entusiasmo que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, bajo la presidencia de Marcos Baeza Carrillo y la secretaría de Nicolás Redecilla, decide celebrar un festival durante las fiestas que entonces se hacían en honor al Gran Poder de Dios exclusivamente. La colaboración del presidente de la comisión de fiestas, Antonio Pérez Hernández, y de los comerciantes Antonio Topham y Aurelio López, fue decisiva.

        Para el evento fue construida una pista entre el cauce del barranco San Felipe y la trasera del cementerio católico de San Carlos. Es fácil imaginarlo: aquél fue todo un acontecimiento. Fueron construidos unos graderíos: todo el pueblo y gente de localidades limítrofes estaban allí. Las bandas de música de La Orotava e Icod de los Vinos acompañaron. Los espectadores no salían de su asombro: el vuelo del primer día duró unos ocho minutos y el segundo, veinte. Se calcula que el monoplano pudo elevarse unos quinientos metros. Un apunte de las informaciones que se tienen de aquel adelanto aéreo revolucionario lo aporta el jefe del Observatorio de la Cañada de la Grieta, señor Loma, asistente a la exhibición: hay que prender una hoguera con leña húmeda para que por el humo pudiera saber el piloto Maurice Poumet la dirección del viento en la toma de tierra.

        El propio Melchor Hernández señaló que un año después, en 1914, otro francés, Lucien Dermasel, sobrevoló nuevamente el valle de La Orotava, partiendo de la explanada junto al portuense barranco San Felipe. Al concluir la prueba, el piloto es informado de la situación en su país, a punto de entrar en guerra con Alemania, y decide marcharse a toda prisa de la isla. Abandonó el avión que había pilotado. Según el presentador, el motor se conservaba en el museo de automóviles antiguos de la empresa radicada en la ciudad,  Hernández Hermanos.

        Su reivindicación final, renovadora de la que ya formulara Melecio Hernández Pérez en 1988 y apoyada por los promotores de esta exposición en cuyo montaje colaboró decisivamente el equipo municipal de juventud, es que con motivo del primer centenario de este vuelo, en la próxima edición de las Fiestas de Julio sea erigido un monolito en las proximidades de la explanada habilitada entonces y que, con la adecuada inscripción, perpetúe el acontecimiento.

SALVEMOS SAN TELMO

“Salvemos San Telmo”: eso era lo que podía leerse en aquella sábana que colgaba del pequeño balcón de una vivienda. Un policía local –cumpliendo órdenes, seguro- se presentó en la casa y solicitó la retirada a su propietaria, amparándose en un artículo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

        A alguien, a algunos molesta que los ciudadanos tengan sensibilidad e inicien, con rudimentarios e inocuos métodos a su alcance, una particular cruzada a favor de una causa respetable: impedir el derribo o la sustitución de un muro que tiene sus valores históricos y ha cumplido una función social. Fijarse bien: la propietaria de la vivienda, la autora del mensaje o de la pancarta, no recurrió a escraches, no alteró el orden, no hizo llamamientos a la desobediencia, no insultó, no descalificó: se limitó a decir, con voz propia, desde su casa, que discrepa de un proyecto, que quiere salvar un sitio emblemático de los portuenses, de la ciudad cosmopolita donde ahora, qué cosas, intentan impedir que exprese esa idea. Guardarlo de una remodelación discutible. Pretende, como otros ‘santelmeros’ y otros muchos ciudadanos, que se respete lo esencial.

        Es llamativo que un gobierno local se haya embarcado en esta torpeza y haya determinado retirar una pancarta cuando, desde hace años, son centenares, por no decir miles, los letreros, banderines y carteles que pueblan las vías portuenses que no cuentan con la debida autorización.  Y lo que es peor, cuando la mayoría infringe el ordenamiento: por formas, medidas o inadecuada instalación. Por no hablar de la anarquía que impera en la ocupación de la vía pública que ha puesto en peligro el propio tránsito peatonal en distintos puntos de la ciudad. Y por no mencionar la cantidad de edificaciones donde desde el exterior se ve ropa tendida, antenas y utensilios de la más variada naturaleza. Sin que pase nada.

        O sea, que con tales –digamos- irregularidades, con esa pléyade de infracciones, vista gorda, tolerancia, indiferencia, indolencia… Pero con alguien que desde un balcón propio lanza un mensaje constructivo y apela a la conciencia colectiva, un guardia en la puerta y una orden de retirada de la pancarta, pretextando, para salvar el Estado de derecho, una ordenanza municipal. Sentado el precedente –supongamos que se quería evitar la proliferación de este método- ya no tiene otra opción que ser igual de exigente con la multitud de casos que se dan en el ámbito urbanístico.

        Como siempre, decisiones de este tipo, y máxime en los tiempos que corren, despiertan sentimientos paradójicos. El gobierno local ha contribuido a estimular la sensibilidad ciudadana, ha acentuado el interés hasta de quienes no sintiéndose vinculados a San Telmo, ya estampan sus rúbricas en pliegos de firmas y se sienten impelidos a participar en reuniones o presentar alegaciones. O sea, que lejos de acabar con una inquietud retirando una pancarta, ha hecho que aumenten las simpatías hacia esa “salvación”, como no hay más que comprobar en el curso de estos días en las redes sociales.

        No había necesidad de acreditar autoridad –en todo caso, qué fácil es obrar de esa manera- ni de arriesgarse a ser acusados –como ha ocurrido- de impedir la libertad de expresión. “Salvemos San Telmo” es una aspiración ciudadana merecedora de respeto. Dejar la sábana allí, con su mensaje, no tenía más complicaciones derivadas que otros secundaran la iniciativa. Y hubiera sido formidable, créanlo, en un municipio donde durante mucho tiempo sus habitantes pasaron de los afanes participativos a la indolencia y a la anestesia social, comprobar que se multiplicaban las pancartas con el mismo mensaje.

        Porque hubiera sido una señal, solo una señal, de que se había recuperado la autoestima.

        En fin, va a ser que sí: Salvemos San Telmo.

UNA DESPEDIDA QUE DUELE

Se va José María Izquierdo, se va El catavenenos. Con el ceño fruncido.

Cuando más falta hacía. Ya cerró El ojo izquierdo, al menos en las páginas del diario El País, donde nos obsequiaba con el más lúcido y certero análisis de lo que hemos dado en llamar el derecho mediático. Sus extractos, sus análisis, no exentos de ironía caústica, esa que termina descabalando a quienes derrochan sin miramientos su antisocialismo.

Se ha despedido, ha puesto punto final a una singular revista de prensa que nos permitía escrutar los intríngulis del espectro mediático conservador, ese donde también habitan especies ultra, esas que lucen el radicalismo por montera.

Qué desconsuelo José María. Qué faena. Qué será de nosotros…

Tendremos que conformarnos con esa aparición radiofónica. Algo es algo.

Juan Cruz Ruiz hizo en su día, cuando Izquierdo publicó una serie en uno de los dominicales de El País, una atinada definición del estilo del columnista y de los contenidos de sus textos. “La serie -escribe Cruz Ruiz- pone de manifiesto una realidad verbal apabullante, exponerla es un servicio público de gran interés, y por tanto este ejercicio de periodismo del maestro Izquierdo es una importancia social extraordinaria… Es un retrato de lo falaz. Y un ejemplo de periodismo bien hecho”.

La rubricaba el laureado paisano con un post ilustrativo: “Me parece que la serie de Izquierdo es una contribución a la higiene nacional y deberían darle algún premio en Sanidad”.

Alguien tenía que escribirlo y fue José María Izquierdo el que tuvo visión para hacerlo. Alguien tenía que poner al descubierto los pliegues y las entretelas del derechío mediático. La verdad: gozábamos a diario con esa selección de textos y portadas (las fachadas) que condensaban el pensamiento y la expresión de un modo de entender la política y su traducción en las páginas impresas.

Izquierdo no la conoce pero una frase que acuñamos hace tiempo viene pintiparada para su estilo, para su ojo izquierdo ya cerrado y para esa última gota de rencores que cató con tanto acierto: “En la derecha, todos se saben lo de todos. Y cuando salta la chispa, puede pasar cualquier cosa”.

 La fiel infantería, como la llamaba en ocasiones  -en otras prefería los cornetas del apocalipsis y más recientemente, el escuadrón rajoyista- estará brindando, porque para ellos Bárcenas no es nada. A quien le temen -temían- de verdad es a El ojo izquierdo. Por lo que nosotros, pañuelo en ristre, empezamos a llorar tu ausencia.

DISTINCIONES TURÍSTICAS

Pocas veces se puede estar más de acuerdo con unas distinciones como las que ha concedido este año el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) del Puerto de la Cruz. Trata la entidad, desde hace muchos años, de reconocer la dedicación y el empeño de los operadores turísticos, colectivos o individuales, que han acreditado su empeño, su sensibilidad y su dedicación. Es una manera de premiar su quehacer y de estimular el de compañeros, herederos y allegados: el turismo necesita precisamente de estímulos que mantengan aquellas cualidades que han contribuido a hacer del Puerto de la Cruz un destino diferenciado.

Por eso, recibe el oro Juan Farráis Rodríguez, propietario del hotel Rui Garoé, uno de los últimos establecimientos construidos en la ciudad. “Por su valiosa aportación al Puerto de la Cruz, con un hotel de referencia en sus instalaciones y en la calidad de servicios”.

Y las medallas de plata son para dos profesionales del sector que se han dejado la piel con tal de elevar el nivel de la oferta turística portuense. Dos personas incansables cada vez que se plantea una promoción. Dos expertos que conocen muy bien tanto las interioridades del producto local como las demandas de quienes lo visitan.

John Lucas Carruther, en ese Sitio Litre siempre encantador, en ese espacio lleno de historia y de sabor atrayente cualquier día del año, donde el visitante es transportado a un lugar idílico, Lucas ha acreditado una sobresaliente trayectoria profesional. Pero también el CIT reconoce en su distinción “su colaboración altruista en el desarrollo del turismo en el Puerto de la Cruz”. Y esas son palabras mayores en nuestro tiempo: colaboración altruista.

Las mismas palabras son de aplicación para José Enrique López-Perea, siempre vigilante a las aspas de su Molino Blanco con las que procurado dar aire a un destino a cuya decadencia se opone con los recursos más nobles que encuentra a su alcance. A López-Perea le reconocen su trabajo en el sector hotelero “y su permanente colaboración con el desarrollo del turismo local”. Siempre ha estado ahí, en promociones, proyectos, alegaciones… cuando más se le ha necesitado y cuando otros escurrían el bulto.

Una mención también para las distinciones honoríficas: a la cooperativa de taxis San Telmo, a Antonio Marrero Ríos y a Fernando Ortí, empeñados todos en que la llama turística del Puerto de la Cruz permanezca encendida. Su esfuerzo, durante años, en algunos casos día a día, ha sido considerable: bien merecen estas distinciones honoríficas anuales del CIT.

INSULTAR A LOS POLÍTICOS

Un niño de diez años, sin apariencia de superdotado, que participaba en la versión infantil de un popular concurso televisivo, fue preguntado por las cosas que más le gustaba hacer. Y su respuesta fue terminante:

            -Dibujar, jugar e insultar a los políticos.

            Normal que el presentador se sorprendiera con una sonrisa para la ocasión y con una apreciable extrañeza. No era cuestión de insistir mucho más: el chaval reafirmaba su convicción como si ya estuviera acostumbrado o fuera un consumado profesional de esa preferencia. Como si de una actividad natural se tratare: insultar a los políticos. Y se quedó tan pancho.

            Aunque confiemos en lo aislado del caso, es llamativo que entre niños pueda tenerse esa percepción y, encima, multiplicarla en un espacio televisivo. Que a sus apetencias naturales y propias de la edad, hayan unido la descalificación y el reproche insultante a los políticos, a los que ven salir en televisión, a los que identifican por la calle si de su ámbito más próximo se tercia, resulta muy inquietante.

            Lo fácil es decir que estamos ante otra prueba del descrédito ganado a pulso por determinados personajes o cargos públicos a lo largo de los últimos tiempos. Otra demostración de la desafección hacia la política o la cosa pública acumulada en todas las capas sociales. El ejemplo palpable de que estamos ante una actividad desacreditada hasta el punto de merecer el ingenuo -¿o no tan ingenuo?- reproche de los menores a los que entretiene expresar -seguro que en cualquier ámbito- una maledicencia o malsonancia, una ofensa pues.

            Pero no cabe una resignación sin más. Y mucho menos si, preguntado el chico dónde aprendió eso, responda que en la tele, o que lo dijo tal o cual locutor/predicador. La política es algo tan serio que debe corregirse o erradicarse de inmediato cualquier conducta tendente a su descrédito, a su denigración. Máxime cuando a tan temprana edad se tienen señales claras de su rechazo. Y los políticos deben ser conscientes de que sus actuaciones han de inspirar más confianza si no quieren que el irrespeto empiece a alcanzar niveles irreversibles. Claro que es malo que los niños se tomen su papel o su profesión como el del concurso aludido. No es que se empiece bromeando o contando chistes, que eso ha sucedido toda la vida; sino que se insulte directamente a quienes representan la voluntad popular o ejercen una función pública merecedora de consideración.

            Es curioso: cuando algunos creíamos que la democracia iba a madurar y tendría mecanismos o resortes para evitar ciertas situaciones, resulta lo contrario. Pensar que suprimieron aquella asignatura, “Educación para la ciudadanía”… Pobre política: padres y madres, educadores: no dejen que los niños insulten a los políticos.

UNA REIVINDICACIÓN

Una reivindicación en el curso del pregón. Un llamamiento para entender mejor la historia local y acercarnos a ella. Un testimonio del pasado por descubrir. Esto fue lo que escribimos:

“Se acerca al final la propuesta del pregonero que anuncia que el próximo año se cumplirán noventa y tres del descubrimiento, en el antiguo convento de las monjas catalinas, en la plaza de la Iglesia, del extraordinario tapiz que recrea la fundación de la ciudad, obra de la insigne portuense Lía Tavío y cuyo boceto se debe al historiador y cronista oficial de la ciudad, Francisco Pedro Montes de Oca García. Un voraz incendio, en febrero de 1925, destruyó el tapiz que adornaba sus paredes. No hay fotos ni copias del mismo. Queda una referencia publicada en diciembre de 1921 en La Gaceta de Tenerife que describe la belleza de la obra. Dice así:

“Dicho acto de fundación está perfectamente de acuerdo con lo que nos relatan los documentos sobre los ritos y ceremonias que en aquellos tiempos acostumbraban hacerse en las fundaciones de pueblos, no sólo en Canarias, sino en Indias, interviniendo en dicho acto los personajes y autoridades que solían asistir a estas fundaciones. En el tapiz aparece el fundador Antonio Lutzardo y Franchy, y el escribano del Cabildo Cabreja, quien da lectura al documento de fundación.

 

En dicho cuadro aparece el «rollo» que -según rezan viejas crónicas- era de barro y cañas. Dicho tapiz manifiesta perfecto conocimiento de la flora de aquellos tiempos, así como también de la indumentaria. Surca el mar una carabela de las que solían llegar a esta ribera en busca del malvasía.

 

En el cuadro campea un drago, encarnación de la leyenda y de la tradición. La figura austera de un religioso franciscano, de los que solían asistir a dichos actos, surge en la perspectiva.

Una magnifica guarnición con cuatro dragones, guardadores de las manzanas de oro, es el gran adorno del tapiz…”.

El bisnieto de Francisco Pedro Montes de Oca, Alejandro Carracedo Hernández, ha encontrado en el Fondo del mismo nombre, depositado en la Universidad de La Laguna, el dibujo que, conceptualmente, concuerda con la descripción  señalada. Previas conversaciones orientadas con tal finalidad, parece llegada la hora de la recuperación de tal dibujo que debe lucir, por su valor, en lugar destacado y visible de la sede institucional. De momento, gracias a sus desvelos, es posible observarlo en el sitio digital canarizame.com del que es administrador”.

Frase manida pero recurrente: manos a la obra.