QUE PASE, QUE PASE...

Se agota el año. Muchos quieren que termine cuanto antes, de lo mal que les ha ido. Y como si el ciclo que se avecina fuera el comienzo de una etapa más próspera o más llevadera, que con poco suele conformarse el necesitado.

Se agota el año de Francisco, el Papa que revoluciona, aun cuando todavía sea pronto para contrastarlo; y el año en que dijimos adiós a Mandela, otro icono de tantos conceptos.

Un 2013 que el Gobierno presenta como menos malo pero lo cierto es que en España hay más pobreza, más paro, más impuestos y más deuda pública. Y por contra, menos derechos. Si a los hechos negativos -las ganancias, eso que se sitúa en la macroeconomía, se deja para banqueros y empresarios pudientes- se une el reprobable espectáculo de la corrupción, entendemos fácilmente que haya tanta desafección hacia la política. Por no hablar del intrincado debate territorial, con la suerte de Catalunya en el aire. En efecto, nunca antes en la democracia española se había producido un rechazo hacia esa noble actividad, un desapego tan considerable como el que palpamos casi en cada conversación o en los múltiples mensajes que circulan por las redes sociales. Es una impresión, mejor un estado de ánimo muy extendido.

Y así las cosas, han ido cayendo las hojas del almanaque, se van los días, se apuran las gestiones, menudean los apremios. Acabar, cerrar cuanto antes.

Señales claras de que el año no ha sido bueno. Que pase, que pase...

UN MITO MENOS

Partiendo de que la diversidad de características de cada municipio induce la viabilidad o conveniencia de acuerdos de gestión indirecta (privatización, concesiones) de instalaciones o servicios públicos; y asumiendo que muchos ayuntamientos de gobiernos socialistas o progresistas optaron respetablemente en su momento por dicha vía, un reciente informe del Tribunal de Cuentas referido a la prestación de servicios de administraciones locales de menos veinte mil habitantes (aproximadamente el 95% del total de los ayuntamientos españoles) pone de relieve que la gestión privada no es más eficiente ni más barata. Se derrumba así un mito, alimentado y defendido hasta la saciedad por quienes optaron por desentenderse de gestiones y responsabilidades públicas y por quienes se aprovecharon de tal actitud para explotar o sacar buena renta de las ventajosas condiciones que se presentaban para acceder, incluso, a joyas de la corona de titularidad municipal que, descuidadas o desatendidas por aquéllos poco identificados con lo públicos, crearon las condiciones adecuadas para que lo privado se hiciera con servicios e instalaciones. Les preocupaba poco el incremento de tarifas con tal de ahorrar costes en el capítulo de personal.

            Para quienes, en el ejercicio de responsabilidades públicas, hemos defendido siempre un sector público local potente, este informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve que no íbamos descaminados. En algunos debates y procesos intervinimos tratando de hacer ver que, en algunos casos, era positivo y conveniente que el Ayuntamiento tuviese a su cargo la gestión directa de ciertos servicios, por ejemplo, el de la recogida domiciliaria de residuos y limpieza viaria. Entre las conclusiones del Tribunal, una que empleamos tesoneramente pese al escaso éxito en aquellos debates: la privatización no implica ni más calidad ni mejor servicio ni más baratos costes.

            Entonces, esa mitificación de lo privado y ese sonsonete de la ineficiencia de lo público, sustentos del pensamiento neoliberal, van palideciendo hasta desmoronar ciertas tesis que alimentaron hasta una posición maniquea: lo privado es más rentable y más eficiente. Los datos del Tribunal de Cuentas, aunque ceñidos a municipios de menos de veinte mil habitantes, son terminantes y hasta alumbran nuevas vías, ahora que se avecina una nueva regulación legislativa del ámbito local español, con una norma que tiene de los nervios -aunque no lo expliciten, claro- a los propios alcaldes del Partido Popular. Con sus registros sobre la mesa, en efecto, los propósitos privatizadores parten de premisas erróneas o tendenciosas, de manera que los municipalistas ya tienen otra materia sobre la que trabajar con denuedo para trasladar a sus vecinos que hay un modelo de gestión de la prestación de servicios públicos en el que se puede confiar, sencillamente porque es más barato. Eso sí: tiene que haber voluntad, diligencia, transparencia y profesionalidad.

  

USUARIOS PROVOCADORES U OFENSIVOS

Participar en redes sociales con regularidad equivale a ir descubriendo figuras, usos y técnicas que van caracterizando su propio desarrollo y hasta influyendo en su incidencia mediática.

    Es lo que ha sucedido con los denominados ‘trolls’, un término que terminará siendo común a la vista de la importancia que van cobrando en la evolución de las propias redes. Un ‘troll’, para que nos situemos, según definición del profesor de la Universidad de Chicago, Timothy Campbell, es quien siente placer al sembrar discordias en la red. “Intenta iniciar discusiones y ofender a la gente”, precisa el mismo autor. Álvaro Reyes, periodista peruano especialista en redes sociales, en clasesdeperiodismo.com, concreta más al remitirse al periodista Marco Sifuentes: “Un troll es el usuario que participa en una discusión on line, con mensajes deliberadamente provocadores con la intención de interrumpir o desviar el curso del debate”.

    Favorecida su proliferación por el relativo anonimato de la red, es indispensable tener en cuenta que, para el ‘troll’, los demás usuarios son una suerte de abstracción digital, carecen de sensibilidad. Son “seres” predestinados a causar daño, a incordiar o molestar, luego hay que toparse con cualquier reacción, incluso la menos atemperada, pues consideran que no están sujetos a regla alguna de cortesía o a prejuicios de responsabilidad social. Poco menos que pueden hacer lo que les venga en gana. A medida que madure el papel del ‘troll’, y hasta que se resuelva o decida en algún sitio qué hacer con él, estamos ante un provocador nato. Hay especialistas que se han apresurado a considerar que es un mal inevitable y que es un riesgo con el que hay que convivir.

    Pero el asunto empieza a preocupar y ya hay posicionamientos beligerantes. Es la fundadora del Huffington Post la que promueve una campaña contra el ataque indiscriminado de los ‘trolls’. Quiere evitar el hostigamiento y las amenazas hacia los periodistas por parte de usuarios de redes que se esconden tras el anonimato. Como valor añadido, sitúa el fomento de una cultura de reflexión en una comunidad, partiendo de que el diálogo y el intercambio de criterios son el mejor camino para llegar a acuerdos o soluciones.

   Arianna Huffington estima que el periodismo no debe permitir ningún tipo de intimidación en Internet, por lo que recomienda intervenir en casos de malas prácticas que, según Reyes, “buscan amedrentar la libertad de prensa y, claro está, confundir a la opinión pública”. El mismo autor considera que combatir a los ‘trolls’ no beneficiará solo a los periodistas sino que la audiencia también saldrá ganando.

   Como una medida inmediata, el citado Huffington Post impidió la publicación de comentarios anónimos en sus foros, obligando a identificarse debidamente a toda persona que quisiera participar en un debate o una discusión. Algunos medios convencionales, en el pasado, ya actuaron de forma parecida con la sección ‘Cartas al director’, exigiendo  resguardar la autenticidad del remitente aunque luego firmara su texto con seudónimo.

   Y aunque sea difícil identificar o desentrañar a los ‘trolls’, ante los perjuicios evidentes que pueden causar y las tentaciones claras de que ‘trollear’ se convierta en una práctica remunerada, lo cierto es que la proliferación aludida aconseja disponer e integrar en las redacciones de la figura del moderador de blogs y de foros digitales, en definitiva, un responsable de comunidades o grupos de usuarios que, sin ánimo censor o de fiscalizador estricto, detecte una intencionalidad desnaturalizadora, una perversión que puede llegar al hostigamiento del periodismo noble y de sus géneros más apreciados. O sea: prevenir antes que curar.

SILENCIO Y ESCLEROSIS

Menos derechos, menos libertades, más paro, más impuestos, más pobreza, más deuda pública… Dos años de gobierno del Partido Popular (PP) dan para eso, que cabe en cualquier balance mientras las “circunstancias atípicas” de las tarifas eléctricas, aún pendientes de explicación por si alguien es responsable, apagaron la luz del túnel con la que empezaron a alumbrar y hacer creer que los brotes verdes no pasaron de ser otra majadería más de la célebre herencia. Lo siguen diciendo acaso los únicos contentos, los banqueros y los empresarios que siguen ingresando mientras mandan los suyos, que para eso les pusieron ahí, para que “se jodan” los de siempre, como alguien desde su escaño se encargó de amplificar sin miramientos y sin que alguien le llamara la atención públicamente. Les da igual la sucesión de escándalos: siempre hay un ERE andaluz a mano.

    Menos derechos, menos libertades, más paro, más impuestos, más pobreza, más deuda pública… Aquel Gobierno serio que predicaban algunos abrazados a la causa y que haría olvidar pronto la pesadilla socialista resultó ser el ejecutivo de un engaño masivo. Tremenda decepción la del PP, la de su presidente en plasma o huyendo del periodismo o diciendo desde el extranjero “a ver cómo arreglamos” lo del incremento del recibo de la luz. Creían que era cuestión de hacer olvidar al socialismo con tres o cuatro medidas reformistas, no importaba algún incumplimiento electoral. Pero las mentiras y los fraudes se han ido concatenando, la eficiencia sigue muy empequeñecida y el abuso del rulo parlamentario hace todo lo demás. ¿Hay alguna materia que, gubernamentalmente procesada, tenga contento al personal? Para colmo, la corrupción que galopa, las sospechas de una financiación irregular, las medidas internas en la cúpula policial o en la Agencia Tributaria, la cesión a las presiones de la Iglesia y alguna condena judicial han mermado la credibilidad hasta límites de máximos arreglos culinarios en las encuestas. Buenos arreglos, por cierto, porque si después de todo lo que está pasando, aún queda ese porcentaje preferente en intención de voto, es que la fidelidad sigue siendo predominante.

    Con razón, Fernando Navarro, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se preguntaba en redes sociales, a raíz de la lectura de un artículo de Lucía Méndez publicado en el diario El Mundo, dónde está la derecha moderna y democrática. Añade que la democracia la necesita con urgencia, igual que la izquierda vuelva a ilusionar y a enganchar al país. Pero Navarro, ante el panorama que se vislumbra, con tantos hechos abonando la desafección política, se cuestiona, sobre todo, dónde está la voz de la mayoría agazapada tras el silencio. Esa sí que la necesita la democracia con la máxima urgencia, primero porque callada solo abona la involución, tan contrastada en esa reforma radicalmente ideologizada; y luego, porque una sociedad resignada, sin iniciativa y sin capacidad de reacción solo cultiva la esclerotización hasta verse literalmente impedida para defender sus propios valores y las conquistas sociales que tanto costaron.

ESTRUENDO PORTUENSE

Bueno, pues todo da a entender que se acabó lo que se daba. El gobierno local del Puerto de la Cruz (CC+PP) materializará en el próximo pleno los acuerdos para proceder a la supresión de la Universidad Popular Municipal ‘Francisco Afonso’ y la Escuela Municipal de Música. El Museo Arqueológico Municipal lleva también camino de desaparecer aun cuando habrá que aguardar a ciertos matices. La lista de pérdidas sigue engrosándose.

    El proceso ha discurrido con mucha pena y sin ninguna gloria. La pena de comprobar cómo ni siquiera los empleados que ven peligrar sus puestos de trabajo han expresado su rechazo. Salvo puntuales manifestaciones de los grupos municipales de oposición, aquí nadie ha dicho nada, por lo que difícilmente podía esperarse una reacción popular de protesta o similar. Duelen poco estas cosas, que son propias y que tanto esfuerzo costaron: si una sociedad no es capaz de defender los valores que fabricó, poco puede esperarse de ella. Podría insistirse en lo de pueblo anestesiado, alienado; pero a estas alturas de poco va a servir. Nunca para un alcalde democrático hubo un mandato tan convulso y tan agitado, con decisiones estructurales tan determinantemente negativas, traducidas en una gestión tan plácida y sin apenas contestación. Pero los trabajadores y los portuenses lo han querido así, en pleno naufragio del interés general y político, y así pierden opciones, prestaciones y valores. Ha sido la prueba del nueve, la consumación del desafecto difícilmente reversible.

    De modo que echándole la culpa a Madrid (curiosa manera de descargar responsabilidades, cuando en realidad es el pretexto ideal para contrastar la nula voluntad política de querer mantener unos servicios públicos que, vinculados a la formación, la participación y la cultura, exigirían otra actitud), se sustancia el adiós, la liquidación… Claro, cuando no se cree en los factores que, entre otros, alimentan la democracia y los avances sociales, no hay que extrañarse.

    Parece que en el gobierno local hay un denominador común: que estos servicios no son esenciales, según llegó a trascender días pasados en redes sociales. Pero desengañémonos: el debate no dio para mucho, como si estuviera cargada de razón la infortunada consideración del ejecutivo municipal.

    Pero no es así y hay que decirlo con la mayor claridad posible: en la denominada sociedad del conocimiento, en el marco de las exigencias sociales y de los avances sociales del siglo XXI, todo lo que sea restar oportunidades a la formación es un retroceso, un paso hacia la involución. Dirán que no quieren una ciudadanía dócil ni embrutecida ni reducida a la mínima expresión ni desmotivada (para que no dé la lata, políticamente hablando), pero con restricciones o cierres como los que nos ocupan, avanzan en esa dirección.

    Decir a estas alturas que la formación no es esencial chirría, resulta estruendoso. No luchar para defenderla revela escaso o nulo compromiso público. No ofrecer alternativas demuestra poca imaginación.

    Desde luego, podrán presumir, no mucho, de otras cosas. Pero a la historia pasarán como quienes no dieron una oportunidad a la formación, a la cultura y a la participación. 

LUZ DEL TÚNEL

Al final, resultó que la célebre luz en el túnel era el incremento que preparaba el Gobierno, el mismo Gobierno que cuando andaba en la oposición decía 'no' a cualquier aumento de tarifas, tasas y tributos.

"Vamos a ver cómo lo arreglamos", ha dicho el presidente Rajoy, mientras la policía busca y rebusca en la sede de su partido, no se sabe si con linternas en prevcisión de algun corte de fluido; mientras el ministro Soria apura su flotación en medio de tantas improvisaciones y contradicciones; y mientras en la madrugada, no creemos que a media luz, precisamente, se desataron todas las presiones para que la Comisión Nacional de Mercados y Competencias anulara la subasta esa en que termina fijando los porcentajes de incremento. La pregunta, cuando pasan estas cosas, es ¿qué no habrán hecho para llegar a extremos de este tipo? Hablan de la concurrencia de unas circunstancias atípicas para justificar la anulación. Tenemos derecho a saber cuáles eran tales circunstancias.

Y mientras lo arreglan, la sensación de que aquí no hay control, de que priman unos intereses milmillonarios y de que no hay coordinación ni escrúpulos va imponiéndose de forma tal que somos víctimas indefensas ante los abusos.

De momento, la célebre luz del túnel ya tiene motivos para ser eliminada del discurso gubernamental. A media luz, a dos velas, en la penumbra... Dígase cualquier cosa, mejor.

Qué desastre.

SEGURIDAD PRIVADA, BRECHA DE DESIGUALDAD

Días pasados, un paisano contaba en su muro de Facebook el triste episodio vivido en la madrugada madrileña, cuando retornaba a pie a su casa y una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía le trató, digamos que de manera poco educada y consecuente, a la hora de identificarle y preguntarle qué hacía. El relato llega al borde del desespero, entre la impotencia y el miedo casi.

     Creíamos esas situaciones ya superadas pero es otra muestra del retorno al pasado. Durante años se ha hecho un gran esfuerzo para acercarnos al modelo de ‘policía amigo’ pero se retrocede con comportamientos desproporcionados, como es el caso. Eso de proteger las libertades parece haber pasado a mejor vida.

     Y para colmo, el partido gubernamental aprueba una Ley de la que, salvo contadas excepciones, todo el mundo habla en términos inevitablemente críticos. Una norma que, en materia de seguridad ciudadana -mejor hablar de represión ciudadana-, es claramente regresiva. Ya deben conocer la guinda: los vigilantes privados, esos que popularmente se conocen como ‘seguritas’, los efectivos uniformados de empresas privadas de seguridad, podrán detener en la vía pública en determinadas situaciones. Los representantes de CiU y PNV votaron a favor, luego tendrán que explicar -y convencer- esa posición política. Porque es difícil de entender, ¿verdad?

     A este paso, con esta ampliación y con esta laxitud, estamos más cerca del Estado policial. Con todos los matices que ahora quieran poner al texto articulado, lo cierto es que tenemos otro cuerpo más con facultades para intervenir en la vía pública.

     El engendro responde al ADN del Partido Popular, ya no hay duda. El principio de más policía, más seguridad. Y también más miedo, más cuidado, más incertidumbre.

Las representaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil han coincidido a la hora de estimar que nos encontramos ante una clara privatización de la seguridad pública. El primero la califica de ‘mala ley’ y destaca que pone la seguridad pública al servicio de la privada, que no deja de ser un negocio. La Guardia Civil llega más lejos: “Estamos asistiendo a la privatización de la seguridad pública. Estamos dando carácter de autoridad a personas que no la tienen, creando policías baratos”. Por supuesto, el que no se cubra las plazas vacantes en los respectivos catálogos de puestos de trabajo, o el que se quiera ampliar la edad de jubilación, juegan a favor de este propósito privatizador de la seguridad pública.

Las policías autonómicas y locales también tendrán algo que decir, especialmente las segundas, habituadas a convivir en ciudades o localidades de determinadas características con los efectivos de las compañías privadas. No son escasos los choques ni los desencuentros, algunos de los cuales terminaron en los juzgados. Un policía municipal, consultado para una encuesta televisiva, fue contundente:

-Si hasta ahora hemos sido poco considerados y frecuentemente irrespetados, por apreciarnos de menor rango, ahora se podrá acentuar esa circunstancia.

Lo peor es que esa seguridad privada, con facultades ampliadas, hay que pagarla, claro. O sea, que sigue abriéndose la brecha de la desigualdad, en tanto queda al desnudo el nicho de negocio. Una brecha entre la ciudadanía y entre los propios cuerpos se seguridad. Pocos reparan en que se pierden derechos a costa de incrementar las ganancias de las compañías. Y pocos se dan cuenta, desde luego, que vamos camino de no poder estornudar en la vía pública (perdón por la gráfica exageración) porque, con tanta policía y con tamaños repertorios de infracciones, igual cae una sanción de esas que tanto gustan a los populares.

Que se lo digan al paisano que iba a pie a su domicilio de Madrid y tuvo que sufrir hasta por el modo de hablar.

  

25 AÑOS DE LA FECAM

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha cumplido un cuarto de siglo y lo ha celebrado, después de un aplazamiento sobrevenido por las inclemencias meteorológicas, sin otras alharacas que las de expresar públicamente un reconocimiento a sus seis ex presidentes; y de reafirmar su compromiso en defensa del municipalismo que ha ido vertebrándose progresivamente como organización que enarbola  iniciativas para un mejor funcionamiento de los ayuntamientos y como opción interlocutora en las relaciones con otras administraciones.

            Son ya veinticinco años los de andadura comenzada con las dificultades propias de la incredulidad. Allá por 1987, cierto que ya existía la Federación Española de Municipios (FEMP), pero se necesitaba una configuración canaria que plasmara, en formas y contenidos de fondo, las peculiaridades insulares. Avanzaba el Estado autonómico pero era importante que los municipios no se quedaran atrás ni desdibujadas por otras administraciones públicas. Ahí surgió la FECAM, cuyo primer presidente, Félix Real González, a la sazón alcalde del Puerto de la Cruz, tuvo en Juan José Acosta y Esteban Padilla unos destacados colaboradores que pusieron en marcha una estructura sencilla la cual, paulatinamente, fue creciendo hasta consolidarse.

            El pluralismo ideológico y representativo proporcionó estabilidad a la Federación cuyos órganos de dirección, salvo contadísimas excepciones, no fueron fuente ni escenario de discordias políticas. Al contrario, quienes accedieron a ellos fueron siempre muy respetuosos. Era claro que los avances en la búsqueda de un papel de interlocución y en las reivindicaciones que surgieran dependían, en buena medida, de la unidad de acción y de la homogeneidad con que se comportara na organización en la escena política.

            Cuando en la legislatura 1991-95, siendo presidente del Gobierno de Canarias Jerónimo Saavedra, los alcaldes se plantaron en demanda de una financiación estable que garantizase la prestación de los servicios y de las competencias que los ayuntamientos iban asumiendo, la federación municipalista estaba dando unos pasos decisivos. Aquella solicitud, que tuvo lugar en la antigua sede presidencial de San Bernardo un episodio completamente inusual, fructificaría con la denominada Ley del Fondo Municipal que permitía a las haciendas locales contar con un recurso presupuestario estable para afrontar su desenvolvimiento anual. Otro portuense, Pedro Lasso Purriños, tuvo mucho que ver con la redacción y visión de aquella Ley que, con el paso del tiempo, se convirtió en un soporte relevante de los ayuntamientos insulares.

            Esa lucha concreta y otras varias, relacionadas con aspiraciones que fueron robusteciendo los afanes municipalistas, han caracterizado la trayectoria de la FECAM que amplió a otras islas su sede de Santa Cruz de Tenerife. Sus presidentes alternaron la dedicación con sus ocupaciones en la alcaldía. A medida que surgían los problemas, se precisaban respuestas eficaces. Lo tuvieron claro todos, haciendo abstracción de colores políticos para no menguar el espíritu reivindicativo que alumbró el nacimiento de la organización.

            La prueba más reciente estriba en ese acuerdo unánime alcanzado en el presente mandato para oponerse a la Ley de Modernización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en las Cortes para disgusto de muchos munícipes que vislumbran malos tiempos ante los perfiles de la norma, proclives a la privatización de los servicios sociales y muy inciertos con la redefinición de las competencias y el propio sistema de financiación.

            Allí estaban alcaldes en activo, otros retirados, otros quemando sus últimos cartuchos, otros ejerciendo cargos en otras administraciones, hasta algún condenado judicialmente… La FECAM les seguía uniendo y animando. Era una buena ocasión para repasar la historia y entender el desempeño de todos estos años, para algunos, media vida. De compromiso y de entrega. A las ciudades, a los pueblos, a los barrios. La cultura del consenso, que tanto ha practicado desde su alumbramiento, predominó en la celebración. Su actual presidente seguía abogando por el diálogo y el entendimiento.

            Y es que las exigencias del futuro obligan a relacionarse con esas premisas. Los veinticinco años de experiencia son un espléndido aval.

NOTAS DE RÉQUIEM EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO

“Me alegra que haga usted esa pregunta”, es un latiguillo que habrán leído o escuchado ustedes en innumerables ocasiones. Suele emplearla, como antecedente de la respuesta, todo aquel que aguardaba la cuestión o la ansiaba, con el propósito de dar una explicación o hacer un juicio de valor que le interesaba o anunciar alguna medida relacionada con lo que se preguntaba. Tiene, por tanto, mucho de oportunidad. Y a veces da sensación de espontaneidad, de inopinado, confiriendo credibilidad a la situación.

         Pero, otras veces, también de oportunismo, como se comprobó días pasados en el palacio de La Moncloa, cuando comparecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente del Consejo de la Unión Europea, Herman van Rumpuy. El representante del diario ABC  logró alterar -en connivencia con la Secretaría de Estado de Comunicación- una práctica y un pacto entre periodistas que duraba una década, colando una pregunta cuya respuesta era ¡la que Rajoy tenía preparada! La situación tenía tanto de cantinflesca como el titular del periódico al día siguiente: “Moncloa devuelve la libertad de prensa”. Inaudito.

Puede que haya llegado la hora de entonar un réquiem por el periodismo en España. Se sabe que la cosa anda mal, que la crisis galopa, que las empresas andan a la desesperada, que los profesionales sufren...

Pero es que el Gobierno ha querido dar la puntilla. Lo de menos es que algunos se presten: allá ellos, pero que no vengan a dar lecciones después. Y es que será el ejecutivo el que designe quiénes son los periodistas que podrán preguntar al presidente. Como lo leen: eso, en la España del siglo XXI. Hace poco, apenas diez días, desde el Gobierno se hinchaban -¡qué falsedad!- de hablar de valores de pluralismo y libertades en ocasión del aniversario constitucional. Pero la semana pasada la desfachatez ha llegado al límite de decir quién interroga y quién no. Sin palabras. Con razón hubo periodistas que abandonaron la sala de prensa del mismísimo Palacio de La Moncloa. Con razón ya hay medios que han anunciado que no cubrirán más convocatorias, al menos mientras prevalezcan estas circunstancias. Con razón yha se habla de la lista de Moncloa.

Mordaza, límites, condiciones, teledirección, selectividad, sectarismo, restricciones, favoritismos... O sea, todo menos valores periodísticos. En esto han convertido Rajoy y los suyos la información en un país que parece condenado a sufrir todas las tribulaciones. Seguro que al PP les parecen pocas todavía. Baste seguir al ministro Montoro o a Hernando, que hace de viceportavoz parlamentario. Bravatas, amenazas, descalificaciones, fatuidad, jactancia... Horrible: esperábamos otra cosa del Partido Popular, simplemente algo más democrático.

Es un asunto que da para más y el que insistiremos. Nos preguntamos qué pensarán en Europa de estas prácticas. Y la indignación  que despertarán en las organizaciones profesionales. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP) han expresado públicamente su rechazo y su protesta ante “la falta de respeto a los derechos constitucionales de libertad de información y de expresión”. Particularmente grave es el caso de la presidenta de la APM, Carmen del Riego, quien hubo de desmentir que estuviera asesorando a Moncloa en este asunto. Las injerencias saltan a la vista: no hay precedentes en la democracia de comportamientos como éste del ejecutivo que se da de bruces, claro, con todas las prédicas que viene haciendo sobre la transparencia.

El Gobierno está poniendo cierres, candados, dobles llaves y plasma al sagrado ejercicio de informar. El PP se pone en evidencia cuando ignora que la quintaesencia de la democracia es, precisamente, que los medios de comunicación puedan contribuir a fiscalizar la acción del ejecutivo. Flaco favor hace al sistema cuando actúa de la manera que lo hace desde que accedió al poder en las vísperas navideñas de 2011. Probablemente, con Aznar no se atrevieron a tanto.

No quieren preguntas, no quieren críticas, no quieren discrepancias, no quieren que la ciudadanía sepa. Es que si lo cuentan, igual no se cree. Por eso es bueno vivirlo. Que sigan así: se abonan a una penitencia histórica. Aunque se escuchen, por ahora, notas de réquiem.

LA REIVINDICACIÓN DE JUAN NEGRÍN

“La Historia es nuestra y la hacen los pueblos”: esas palabras de Salvador Allende, en su último e inolvidable discurso cuyo sonido de fondo eran las bombas y el tableteo de las ametralladoras, recobraron vigencia, abriendo otras alamedas, en el curso del acto de recepción del fondo documental y archivístico de quien ha sido el único canario que ha accedido a la presidencia del Gobierno de España, Juan Negrín López.

            Era imposible sustraerse a la trascendencia y a la emotividad del momento, en presencia de su nieta, Carmen, presidenta de honor de la Fundación que, por fin, pudo estrenar la sede cedida por el Cabildo Insular de Gran Canaria en pleno Vegueta, en una admirable prueba, por cierto, de la continuidad de las actuaciones en un ámbito institucional: las inició José Miguel Pérez, en el ejercicio de su presidencia en el Cabildo, como lo consignó su sucesor, José Miguel Bravo de Laguna, a quien ha correspondido culminarlas, en un sobresaliente e irreprochable discurso.

            Era una cita con la Historia, en efecto, y por ello flotaba en el ambiente la indescriptible sensación de la reivindicación, de la concordia, del respeto y de la invitación al estudio y la investigación. No era una cita a ciegas sino con las luces de los testimonios documentales y archivísticos cuya consulta, por supuesto, permitirá desvelar claves e interpretarlas. Hasta encender esas luces han sido necesarios notables esfuerzos: sin el empeño indeclinable de los integrantes de la Fundación, presidida por José Medina, y sin la generosidad de la familia Negrín, especialmente de la nieta Carmen, la que ha velado por la custodia de tan inmenso legado durante decenas de años, no hubiera sido posible alcanzar todo un logro: que los archivos de Negrín, que objetos y pertenencias personales, estén en su ciudad natal, en un sitio digno y al alcance de cuantos estudiosos, investigadores e historiadores deseen profundizar en sus contenidos encontrando razones y averiguando causas, en definitiva, conociendo mejor la personalidad humana, científica y política de quien ya, como escribiera Eligio Hernández, es hijo ilustre, científico y estadista.

            Los archivos que salieron por el norte y han reentrado por el sur, como se dijo en el acto, ya están en  Las Palmas de Gran Canaria. Corresponde a la Fundación la alta responsabilidad de gestionarlos mediante las fórmulas, normas y programas que estimen más adecuados. Fue, sin duda, una convocatoria histórica: la cesión de archivos y fondo documental, la recepción simbólica y la entrega de llaves. Un acto distinto, una atención sobresaliente. Tenía razón Allende: fue una demostración de que son los pueblos los que hacen la Historia, aunque tarden en completarla y darla a conocer o poner el punto final. Fue, en fin, un primer paso para que la tesis del editorialista del New York Times, en noviembre de 1956, sea contrastada: “Jamás Juan Negrín tendrá que temer el juicio de la Historia”.

            Las miradas expectantes, las lágrimas emotivas, los abrazos y las palabras de la tolerancia y la reconciliación, fundidas en aquella cita con la Historia, proporcionaron un perfil humano y emotivo que el mismísimo Negrín hubiera agradecido.