UNA DETERMINACIÓN CONSECUENTE

Quienes reclaman de los políticos decisiones consecuentes tienen en la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un ejemplo: la crisis abierta en el gobierno andaluz a raíz de que Díaz determinase retirar provisionalmente las competencias en materia de vivienda al aliado Izquierda Unida (IU), después de que la consejera concediese las llaves de unas viviendas a unos okupas que habían sido desalojados, prueba que es necesario, por encima de todo, respetar el Estado de derecho. En este caso, parece claro que no es cuestión de saltarse la lista de espera, un requisito del procedimiento seguido para la adjudicación de viviendas de promoción pública.


Lo que ha hecho la presidenta andaluza es lo procedente, antes de que desde la Junta se proyectase una imagen de reinos de Taifas. El problema de la vivienda es muy serio: en todo el país se han vivido situaciones límite y desgarradoras. Los poderes públicos hacen lo que pueden con tal de mitigar la demanda creciente.

Pero hay que respetar las reglas de los procedimientos. Es lo que ha hecho Susana Díaz, consciente del calvario que aún ha de cruzar la Junta que preside a cuenta de las irregularidades en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Ha ganado credibilidad y ha demostrado que en la política de nuestros días, tan denostada, hay que obrar con firmeza.

Una precipitación que es un error por parte del aliado gubernamental no puede saldarse con la inhibición y con otro error, como hubiera sido mirar hacia otro lado o dejar que pasen los días hasta que escampe. Las normas están para cumplirlas y para ser respetadas: habría que afear cualquier conducta que no se corresponda con esos principios. La presidenta andaluza, seguro que consciente del alcance de su decisión, ha frenado una infracción que, de materializarse, hubiera significado un preocupante precedente. De momento, es una medida política la que ha impedido la materialización.

No se sabe ahora mismo cuáles serán las consecuencias de la crisis pero sí se conoce que tal medida sirve para medir la sensatez y para impedir males mayores. Aunque tenga un coste político. Al aliado gubernamental le corresponde ahora estar a la altura de las circunstancias.

REALIDADES CONTRAPUESTAS

La última entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a poner de relieve una radiografía del estado de opinión del país muy distinta de la que plasma el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en sus apreciaciones y en sus mensajes. Los esfuerzos del ejecutivo para transmitir la idea de que ya ha pasado lo peor, que se está “en la buena dirección” y que de ahí en adelante solo cabe ir mejorando chocan con esa otra realidad visible en estudios demoscópicos: la ciudadanía sigue incrédula, no palpa mejoría y se ha cansado ya de contradicciones y abusos, muchos de los cuales, por cierto, siguen desarrollándose en clamorosa impunidad.


Una de las conclusiones de la encuesta del CIS es que en marzo aumentó la preocupación por el paro, que se mantiene como principal problema del país, según indica el 82% de los encuestados (un punto más que en febrero). “Quien no tiene trabajo puede hoy tener ya la esperanza de conseguirlo”, dijo el presidente Rajoy ante los suyos el pasado fin de semana. Seguro que le hubiera gustado que el dato del CIS, apenas veinticuatro hora después, hubiera sido otro muy distinto. La esperanza se mantiene, claro que sí, pero ya ven cómo la percepción de la población va por otros derroteros.

Entonces, es como si estuviéramos ante dos realidades contrapuestas. Porque algo similar ocurre con la situación económica del país. Mientras Rajoy dice que “nadie duda de la recuperación”, los ciudadanos encuestados, hasta un 85%, señalan que tal situación es mala o muy mala. Con los resultados en la mano, es llamativo que solo un 9% crea que la economía esté mejor que hace un año, frente al 89% que opina que es igual o peor.

Con tales porcentajes, la certeza del presidente, tan categórica con el nadie por delante, es bastante relativa. Es la prueba clara de las dos realidades apuntadas: la España que el Gobierno desearía, máxime a estas alturas de la legislatura, y la España que aún se debate entre penurias y tribulaciones, la misma que no ve luz en el túnel y que revela, con sus respuestas, un escepticismo notable.

EL COMBATE PERIODÍSTICO

“El periodismo era y es un arma de combate”, ha dicho el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), Miguel Ángel Aguilar a infolibre.es para exaltar, una vez más, los valores de una profesión que atraviesa una de las peores crisis que se recuerdan. Pero él no se rinde y mensajes como ese lo prueban: no es un llamamiento a las barricadas sino un canto a la creatividad, al incentivo de ideas que frenen cualquier intento de rendición. Aquí, mientras haya vocación y ganas no solo hay que resistir sino tratar de salir adelante con alternativas que reflejen que esto, ni mucho menos, está agotado.

     Es el propio Aguilar quien lo prueba poniéndose al frente de uno de los grandes sucesos periodísticos del año: reeditar, en un solo número conmemorativo, el histórico Heraldo de Madrid, la cabecera que aguantó hasta los últimos días de la guerra incivil española, cuando fue intervenido por los falangistas. Hasta su desaparición. Los contenidos de esta publicación especial evocan el ambiente y las circunstancias de los últimos días del conflicto (una interesante aportación a la memoria histórica) así como la visión y el tratamiento de asuntos de actualidad.

     Si los últimos periodistas del Heraldo acreditaron compromiso y sacrificio, son estas cualidades las que deben inspirar el ejercicio de quienes aún se mantienen en activo y poseen la fortuna de poder informar, escribir, comunicar y opinar. Esa es la esencia del combate: entonces, como ahora, para defender la libertad y el pluralismo. Un combate en el que hay que ir bien pertrechado para contratacar y resistir. Un combate en el que se han sucedido bajas, cientos, miles. Y en el que no han podido intervenir o lo han hecho en condiciones muy precarias quienes andaban en una suerte de reserva, la que aglutinaba, en buen número, los deseos de acceder por primera vez al mercado laboral.

     En plena crisis, llega este estimulante mensaje, que apenas la mitiga, conform; pero sirve para estrujarse los sesos hasta producir una oportunidad, una alternativa. Acaso para demostrar que el periodismo está bien vivo o lo que es igual, se resiste a fenecer.

     Y todo, porque hay que creer en lo que se hace. Lo subraya el propio Miguel Ángel Aguilar al referirse al servicio público que entraña el periodismo activo y al ponderar a los profesionales que “se sienten comprometidos en esa dirección”. Un arma de combate noble para rebelarse contra la agresividad, la violencia, los abusos y la ignominia. Tan noble como esencial.

     Rescatar el Heraldo ha sido como rendir tributo al periodismo, de antes y de ahora, valoradas las circunstancias y los vientos desfavorables y azarosos. Al periodismo y a los periodistas de verdad, casi siempre dispuestos a responder desde la primera línea de ese combate, como han acreditado quienes, en esta iniciativa, adecuadamente coordinados, se ocuparon de los contenidos de actualidad. Aguilar resumió ese afán y ese espíritu con una sentencia valiosa:

     “Se ha demostrado que se pueden hacer cosas, que no está escrita en ninguna parte la fatalidad de nuestro destino”.

     Cuestión de aplicarse.

EN PLENO DESCONCIERTO

Algún día, un suponer, se conocerá la estrategia del Partido Popular (PP) para afrontar las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. A cuarenta y ocho días de la convocatoria a las urnas (que el propio PP, sin alharacas eso sí, considera ‘importantísima’), ni ha dado a conocer su candidato ni tiene discurso y ni una sola medida para saber cómo quieren que estemos integrados en la Unión Europea (UE). El hecho no tiene precedentes: será que como le ha ido tan bien desde noviembre de 2011, es decir, defraudando, incumpliendo y haciendo lo contrario de lo que había programado, ahora confía en la inercia, en un dejar hacer dejar pasar, para intentar ganarse al electorado no se sabe con qué y con quiénes.

         Es natural que los medios afines secunden esa ignota estrategia. Son pocos los que aprietan y cuando lo hacen se encuentran con respuestas de Mariano Rajoy como al llegar a la convocatoria de Málaga: “No estoy encima de eso”. Y unas pocas fechas, antes en Bruselas, otra respuesta similar: “Ni lo tenemos [en referencia al candidato] ni se lo puedo desvelar”. Si lo que pretenden el presidente y los estrategas populares es desmovilizar al máximo la participación en los comicios, desde luego, se están luciendo.

         No es bueno eso ni para Europa ni para la democracia. Con los vientos de desafección política que soplan, con el abstencionismo que es fácil barruntar, esa inhibición o ese desentendimiento tan descarnado hacen que se enciendan alarmas de duda e incertidumbre. ¿Hacia dónde va el PP, qué es lo que pretende?

         Por no haber, ni encuestas. Así discurre la precampaña, sin chispa, sin gancho. Se imagina uno a los dirigentes populares, huérfanos de elementos sustantivos en las fechas en que hay que calentar motores e incentivar a la ciudadanía: no sabrán qué hacer. Acaso lo definió muy bien el presidente de Extremadura hace pocas semanas: “Tengo ya actos de precampañas programados para este fin de semana y no sé a quién tengo que apoyar”. Tanta indolencia, esa carencia tan visible y la falta de respuestas o decisiones mínimamente convincentes deben haber subido los niveles de desconcierto y de desmoralización. Con todo eso, y a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes -especialmente en los telediarios-, el PP ahora mismo es un partido atónito. Otros, presuntamente sondeados, no han querido saber nada y se han ido descolgando a medida que aparecían sus nombres como candidatables: Arias Cañete, González Pons, Jaime Mayor Oreja y la mismísima Alicia Sánchez Camacho que prefiere estar en el escenario del laberinto catalanista.

         Como no han trascendido rumores ni intenciones, es imposible aventurar nada. Cada partido, cada organización tiene perfecto derecho a programar su agenda y a manejar los tiempos; pero tanto silencio, rayano en el hermetismo, y tanto oscurantismo revelan que algo está pasando. Igual los estrategas y los ‘gurús’ del partido gubernamental consideran que, tal como está el patio político, lo mejor es eso, no dar señales de inquietud. Como si las elecciones europeas no fueran con la sociedad, como si no importaran, como si diera igual un más que presumible retroceso en los resultados.

         Pero no es de recibo la situación. Ni para el partido ni para el electorado. Y aunque estén acostumbrados a resolver aspiraciones y decisiones de candidaturas al mejor estilo ‘dedocrático’ -muy pocos o nadie cuestionarán las determinaciones finales-, lo ocurrido en vísperas de estos comicios en el ámbito del PP es muy poco edificante.

         Lo dicho: un partido atónito, en pleno desconcierto. Sin candidato y sin programa. Por consiguiente, sin recursos para debatir. ¡Viva la democracia!

NI AGUA NI PATRIMONIO

En el plazo de una semana, dos manifestaciones en el Puerto de la Cruz. Dicho así, es como si se hubiera producido un subidón o una ruptura de la tónica de pasividad o indiferencia que caracteriza a buena parte de su población a lo largo de los últimos tiempos. Pero no: es como si siguiera anestesiada, como si ese espíritu crítico de otrora se hubiera evaporado del todo, como si el virus del aletargamiento, con sus servidumbres o aliados, hubiera inoculado de tal manera que es imposible erradicarlo. Y lo que queda, en consecuencia, son núcleos de resistencia, admirables por su identificación, pero cada vez menos potentes.

         Y eso que el agua, como elemento y servicio vital, y el patrimonio más cercano, con el que se ha convivido desde la infancia y por el que transita prácticamente a diario, han sido los factores de la expresión popular, los teóricos aglutinantes de causas que merecen una respuesta que, en sí misma, sea una demanda. Una demanda de soluciones o de peticiones de tratamiento urbanístico ajustado a ciertos valores.

         Pero no. Las dos manifestaciones no se corresponden ni con lo uno ni con lo otro. Es aceptado que el éxito o el grado de una manifestación pública suele medirse por el número de participantes, siempre difícil de calcular, hasta el punto de generar automáticamente una controversia, con fotografías y métodos de cómputo más o menos científicos. Luego, si partimos de que en el lapso de siete días fueron unas quinientas personas las que decidieron clamar en las calles portuenses por un suministro de agua irregular y no potable que afecta a catorce mil vecinos; y que hubo menos seguidores que en una convocatoria anterior en defensa de las señas de identidad del paseo San Telmo (y eso que hay una decisión judicial de suspender cautelarmente las obras), hemos de convenir en que ni agua ni patrimonio movilizan o generan vibraciones en un cuerpo social.

         Las expresiones de rechazo o de repulsa, se dirán, es cuestión de terceros. Malo cuando se alcanza ese nivel de indolencia. Porque se fortalece el mal gobernante ante el que se quiere reivindicar, aunque éste no tenga razón. Puestos a buscar motivos de tan magra respuesta ciudadana, ahí están la comodidad, la abulia, el desentendimiento, el pasotismo elevado a altísimas potencias y hasta el temor o la cobardía de quienes hicieron demostración de que forman parte de un pueblo poco comprometido. Aunque no tengan agua ni les importe la destrucción del patrimonio, luego les veremos aparecer masivamente, entusiásticos, en la víspera de San Juan o el martes de la embarcación, tal como apuntaba una desmoralizada ciudadana que no entendía tanta indiferencia. ¡Ay, portuenses! Lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que hemos perdido.

         Ni agua ni patrimonio. Igual a un pueblo desganado y claudicante. Qué fea, de verdad, es la indolencia, sobre todo cuando es inducida.

CIFRAS PARA ESTIMULAR

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicitado unas estadísticas según las cuales el Puerto de la Cruz vuelve ser el primer destino turístico nacional por plazas y en fines de semana. Los registros son significativos: casi el 88 por ciento de ocupación por plazas y el 88,3 por ciento de ocupación en fin de semana. Las cifras mejoran en unos dos puntos las de enero de este mismo año, un hecho positivo pensando en los equilibrios necesarios para mantener cuotas de mercado durante el resto del año.

            Según las mismas fuentes, la ciudad turística registró el pasado mes de febrero 369.000 pernoctaciones, lo que se traduce en  un grado de ocupación por habitaciones superior al 94 por ciento, con una estancia media de 8,34 días.

            Tengamos presente, a la hora de analizar estos datos, que la oferta hotelera y extrahotelera de la ciudad se ha reducido sensiblemente a lo largo de los últimos años. Luego, no hay que lanzar campanas al vuelo, aunque tales porcentajes sean muy positivos en todos los órdenes: reactivación económica, ambientación callejera que gusta y proyección exterior siempre interesante.

            No es que el Puerto vuelva por sus fueros pero gratifica. Habrá que preguntarse, a la hora de analizar las causas de este repunte, si estamos viviendo de las rentas. O, en efecto, nos beneficiamos de los excedentes del sur, derivados, a su vez, de las tendencias de los mercados que siguen viendo en los exóticos destinos del norte de África un espacio peligroso.

            No es que la ciudad disponga de nuevos grandes atractivos como para haber despertado el entusiasmo de clientes que aún no la conocen o que desean repetir. Luego, la fama, el prestigio, el nombre o la marca hacen lo suyo. Y otorguemos el margen correspondiente a las acciones promocionales entre las que ya luce la denominada Puerto de la Cruz Xperience, fruto de los trabajos del Consorcio de Rehabilitación Turística.

            Que sirvan estos datos del INE para profundizar en análisis que favorezcan la sostenibilidad y en acciones llamativas que reflejen el entendimiento entre los sectores público y privado. Que nadie se confíe pues está más que demostrado que la competitividad es muy exigente y por tanto hay que esmerarse en todos los órdenes. Y que el destino está obligado a mejorar para demostrar que estas cifras al alza no son efímeras ni coyunturales.

            Bien entendidas, son cifras para estimular.

CINCUENTA AÑOS DE UN APARATOSO ACCIDENTE

Se cumplieron días pasados cincuenta años de un aparatoso accidente de circulación, ocurrido en las primeras horas de la mañana de un Viernes Santo en el sector El Ramal, carretera de acceso a La Orotava. Seis jóvenes portuenses y un marroquí resultaron heridos leves. Dos de ellos aún viven para contarlo. El furgón en el que se desplazaban quedó completamente inservible. El susto fue mayúsculo. Las primeras informaciones que llegaban al Puerto eran confusas y se extendieron rápidamente. Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores. Ya publicamos esta entrada en abril de 2012. Tras una conversación de amigos, plagada de nostalgia y de antiguos sucesos, decidimos reproducirla.


Pedro Rodríguez Perdomo, Domingo Perera Hernández, José Antonio Peláez, Francisco Carrillo, Manolo Cabrera, Francisco Delgado y Maimó viajaban en el furgón marca ‘Commer’ que conducía Peláez. Habían hecho un recorrido que se inició en Santa Cruz de Tenerife, donde asistieron a la popularmente conocida como ‘Procesión del preso’. Desde ahí siguieron a La Laguna, procesión del Silencio, y luego hasta el Puerto de la Cruz, donde querían estar presentes en la del Cristo crucificado que sale del templo a las cinco de la mañana.

En las inmediaciones del muelle compran una rueda de churros que costó cinco pesetas de entonces. Desayunaron con unas botellas de leche que iban almacenadas en el furgón. Con las primeras luces del día, continuaron su desplazamiento hasta La Orotava donde se proponían contemplar la procesión del Encuentro.

En el asiento delantero del ‘Commer’, van Perera y Perdomo, junto al conductor Peláez. Este comenta que siente sueño y se pone unas gafas de sol negras. Quizá fue en este momento cuando el vehículo chocó contra un árbol del margen derecho de la carretera. El impacto hace que Perdomo, que se golpea con el espejo retrovisor, salga literalmente despedido por el parabrisas. Los demás ocupantes sufren cortes, magulladuras y contusiones de distinta consideración. Aparentemente, el de mayor complicación parece ser Manolo Cabrera en cuyos glúteos se incrustan unos cristales. Domingo Perera vio cómo sus pies y sus zapatos quedan aprisionados en el interior retorcido. Fueron trasladados al hospital de la Santísima Trinidad de La Orotava, donde reciben las primeras curas y atenciones antes de pasar a sus domicilios.

El motor del furgón, emplazado en la parte delantera, fue un aliado decisivo en la suerte de los accidentados.

Se habló del accidente durante mucho tiempo. De hecho, cada Viernes Santo era recordado por más de uno. Los propios protagonistas relataron lo sucedido en muchas conversaciones.

Por fortuna, el suceso no tuvo peores consecuencias. Perera y Perdomo, que entonces no habían hecho el servicio militar, aún lo cuentan.

POR SAN TELMO, DE NUEVO

Dos manifestaciones en una semana en el Puerto de la Cruz. El hecho es llamativo. Y no por el riesgo de que la reiteración en tan corto lapso de tiempo acabe cansando al personal. El caso es que una población muy dada a la quietud y a lo acomodaticio ahora parece querer moverse en otras coordenadas de un mayor activismo externo. Ya lo escribimos no hace mucho tiempo: algo se mueve en el Puerto. No es que sea una agitación masiva pero al menos hay una cierta identificación con ciertas y determinadas causas.


Ejemplo: el proyecto de rehabilitación del paseo San Telmo, del que discrepan numerosos ciudadanos. Una plataforma social, un colectivo, denominado Maresía, no ceja en su empeño de impedir que se materialice en las condiciones que quieren sus promotores. Es la segunda manifestación sobre el particular que se convoca en menos de un año: el sábado próximo insistirán los convocantes en que hay razones para rehabilitar pero también para respetar y no destruir. Sobre todo, lo que son señas de identidad, lo que son núcleos patrimoniales urbanos.

Maresía viene con una decisión judicial favorable: plantearon la suspensión cautelar de las obras y el juez la concedió. Se está a la espera de contrastar la aportación del Cabildo Insular o de la Comisión Insular de Patrimonio. El colectivo ha defendido sin reservas la conservación del muro pero, habiendo interpretado que no es una razón exclusiva y que hasta las administraciones podrían terminar cediendo, sigue contemplando el resto de la actuación con una visión crítica. Con un cierto pragmatismo: no se opone a la rehabilitación, a la mejora de aquellos elementos susceptibles de reposición o reparación. Lo que quiere es que se respeten los propios, los identificativos: lo que quiere es evitar destrucción que dé paso a innovaciones que impacten negativamente.

En cualquier caso, la manifestación quiere ser un grito de ciudadanos, críticos con la actuación, con algunos criterios que la inspiran y con el procedimiento administrativo seguido.

Un grito para acreditar que algo se sigue moviendo en el Puerto.

A LA ESPERA DEL CONSTITUCIONAL

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) terminó donde se esperaba: en el Tribunal Constitucional (TC). Lo habían anunciado distintas formaciones políticas, casi desde su aprobación, y a medida que se fue conociendo su contenido definitivo y han ido surgiendo dificultades prácticas de su interpretación y aplicación, la voluntad fue acentuándose hasta terminar materializando un recurso cuya resolución se espera ahora con verdadero interés, incluso pensando en las próximas elecciones autonómicas y locales de 2015.

            Hay algunos hechos en torno al itinerario seguido tras la aprobación de la norma por parte del Gobierno y de la mayoría popular que llaman la atención. Por ejemplo, que la Xunta de Galicia haya aprobado otra ley específica ¡para interpretar la propia LRSAL! O que el Gobierno de Canarias haya acordado con la Federación Canaria de Municipios la elaboración de unas pautas para encontrar alternativa a las dudas y las trabas inspiradas por técnicos y funcionarios a la hora de implementar determinados preceptos, sobre régimen retributivo y sobre prestación de servicios sociales, pongamos por caso. O que por primera vez en treinta y cinco años de democracia municipal en nuestro país más de dos mil trescientos ayuntamientos, en representación de más de dieciséis millones de ciudadanos, hayan presentado un recurso totalmente inédito con un factor sustantivo relevante: defender la autonomía local que se considera claramente vulnerada en el texto.

            Un texto que, como hemos dicho en otros artículos sobre el particular, restringe competencias a los ayuntamientos y deja abiertas las puertas a la privatización de los servicios sociales, en una suerte de último nicho de negocios que restaba al sector privado. No es ya el deterioro sino el desmantelamiento mismo de estructuras y redes de servicios que las instituciones locales idearon y pusieron en marcha con gran esfuerzo -mientras el sector privado se entretenía en otros negocios más jugosos, más directos y menos problemáticos que la atención a quienes de verdad la necesitan- para que los vecinos, siquiera por el principio de la proximidad, encontraran un refugio al que acudir, un espacio de consuelo y de atención que ahora podrán seguir utilizando solo que, probablemente, pagando de su bolsillo tasas y tarifas por prestaciones. Unas serán más caras, por supuesto. Y no hay garantía de que la mayoría ofrezcan la misma calidad que hasta ahora. Serán los ayuntamientos pequeños, los de menos de veinte mil habitantes para situarnos, los que más sufran las consecuencias en este marco de los servicios sociales. Al producirse un traspaso universal de competencias a diputaciones, cabildos y consejos insulares, asistiremos a un reajuste de tarifas y precios públicos que aseguren los beneficios de las empresas y las subidas tributarias a las familias.

            Recordemos que el Consejo de Estado ya emitió en su día un dictamen sobre los contenidos de la norma. El Gobierno salía malparado pero siguió adelante pues la máquina reformista no se detiene ni aun con informes públicos de instituciones a las que se consulta su parecer. Ahora es el TC el que tiene la palabra. Será determinante su parecer con vistas al futuro de los ayuntamientos, pensando, además, en que la mismísima Carta Europea de Autonomía Local a la que suelen recurrir algunos municipalistas para hacer valer sus posiciones también se ve lesionada.

            Mientras tanto, es inevitable pensar en las entidades locales como subordinadas de otras administraciones públicas que, por mor de una reasignación, hayan pasado a ser las titulares del listado competencial que caracterizó durante varios mandatos el desenvolvimiento de los ayuntamientos.

            El recurso ante el TC es ampliamente representativo de una mayoría social. No es una razón para sentirse excesivamente optimistas a la hora de su resolución pero no puede ser que tanta gente ande tan descabellada a la hora de pensar que los centros de poder político más cercanos a la ciudadanía se van a ver privados de autonomía, de financiación, de recursos y de instrumentos para solventar demandas y necesidades primarias.

DE FUENTES, AGRESIONES Y LIBERACIONES

La liberación de Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, los periodistas españoles del diario El Mundo secuestrados en Siria durante más de seis meses, llenó el domingo de una inusitada alegría no solo en su redacción sino en todos los ámbitos periodísticos y entre sus familiares. Era el punto final a un largo período de incertidumbre, de desconocimiento de la suerte que habían corrido quienes habían escogido un escenario bélico, uno más, para contar el ardor y las atrocidades.

            Hay que congratularse de la noticia, naturalmente, sobre todo después de otros hechos ocurridos durante la semana que tuvieron también en la órbita de la comunicación unas destacadas referencias, algunas nada gratificantes.

            En Madrid, por ejemplo, se registraron algunas agresiones policiales a reporteros que cubrían manifestaciones de protesta. Efectivos antidisturbios, en efecto, llegaron a amenazar, persiguieron y empujaron a informadores, redactores y gráficos, que estaban allí para ver qué sucedía y contarlo. Es decir, cumplían con su deber. Hay pruebas videográficas de lo ocurrido, pruebas que ponen de relieve el riesgo de estos cometidos profesionales. Cierto que aún estaban frescas las secuelas del final de las denominadas ‘Marchas por la dignidad’ -¿a quién interesaba que las reventaran, con aquella violentísima y deplorable terminación?- y podía pensarse, por tanto, que un nuevo escenario de escarceos, golpes, enfrentamientos y quebrantos se iba a desarrollar; pero ello no significaba que eran los representantes de los medios de comunicación quienes habrían de pagar los vidrios rotos, nunca mejor empleada la tópica expresión. A este paso, los periodistas van a ser vistos, en manifestaciones o concentraciones, como enemigos. Peligro.

            Y como no hay dos sin tres, un suceso que terminó no siéndolo en las cercanías de la costa sur de Gran Canaria, un avión flotaba sobre el mar, encendió nuevamente el debate de la inmediatez y del papel de las redes sociales. Aunque esta vez no puede culparse a medios o periodistas concretos que, en todo caso, ante la magnitud del hipotético suceso, hicieron  lo que debían: tratar de confirmar lo que se decía había ocurrido en fuentes oficiales. Éstas ya habían activado los resortes de cierta difusión, después de las llamadas recibidas y las transmisiones de información efectuadas, por lo que durante un tiempo, con la ansiedad propia de estos casos, se trabajó sobre el insólito hecho de un avión (omitamos los detalles) que flotaba en el mar. La controversia, cuando se comprobó la realidad del buque que remolcaba, estaba servida. Queda el consuelo de saber -si así puede denominarse- que los protocolos y la puesta en marcha de los dispositivos fueron activados de inmediato.

            De este caso, un apartado: el de la inmediatez o instantaneidad de las que nos henos ocupado en algún comentario anterior. Está claro que, de haber sido cierta, esta noticia es de las que hay que transmitirla, sobre todo por las consecuencias que hubiera tenido. Y quienes están en el trance de ofrecerla, entre apremios, trataron de verificarla en fuentes oficiales, es decir, entre quienes se supone que estaban en condiciones de decir sí o no, de qué se trata, cuándo y en qué punto. Llámese negligencia o malentendido, lo cierto es que se dio lugar a una situación insólita y hasta ridícula. Aunque nadie la hubiera deseado, desde luego.

            Sostienen periodistas y directores veteranos que la noticia hay que contrastarla al menos por tres fuentes diferentes. Leopoldo Fernández, ex director de Diario de Avisos, por ejemplo, cuenta que en etapa de Europa Press, anticipó en noviembre de 1975 la noticia del fallecimiento de Franco. Al instante recibió una llamada del ministro León Herrera: “Te has precipitado. El caudillo está aún vivo”, le dijo. Fernández refutó: “Lo siento ministro pero tengo tres fuentes donde puedo confirmarlo”. Y por ello transmitió el teletipo.

            Habrán cambiado la tecnología y las circunstancias pero la esencia noticiosa sigue obligando a respetar ciertos cánones, por mucha premura y por mucha instantaneidad que tienten o parezcan obligar a destaparla.