JUSTICIA, MÁS ALLÁ DE UNA OPERA BUFA

A Baltasar Garzón no le perdonaron que decidiera investigar la trama Gürtel. Le costó la carrera. Háganse idea de cómo habrán sido las presiones para liquidarle. Algunos medios de comunicación fueron a degüello, sobre todo los que dudaron de su legitimidad para actuar en esa causa después de haber ejercido cargos públicos en representación del PSOE.




Esos mismos medios no están midiendo con la misma vara el caso de otro juez, Elpidio Silva, imputado por una presunta prevaricación, en el marco de la causa de CajaMadrid. Y es que en el tribunal hay una magistrada, María Tardón, que fue teniente de alcalde por el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Madrid y consejera de la asamblea de la entidad financiera, cuando Blesa la dirigía.



Y entonces se comprueba que la justicia no es igual para todos. Y ciertos tratamientos mediáticos, tampoco. Eso ya lo sabíamos. Mientras aquélla camina o avanza sin pausas cuando de juzgar a jueces se trata, hasta el punto de liquidar tales contenciosos en cuestión de meses; otras causas, como las de averiguar quién es responsable de la pérdida de ahorros de miles de personas, se prolongan hasta el desánimo que impulsa la reacción intempestiva y la incredulidad.



Por eso, tras la controversia surgida con la visualización de las imágenes, hay que destacar que es a Blesa a quien hay que enjuiciar. No hay más remedio que entrecomillar el espectáculo. Deprimente todo aquello, ni la España de Prosper Mérimée. Una farsa. Un desaguisado. Una ópera bufa. Hasta el más profano en materia de tribunales saldría huyendo de cualquier asunto en el que se viera involucrado y que podría terminar en aquéllos. Otros jueces y otros fiscales, otros letrados, otros secretarios y los justiciables en general habrán sentido vergüenza ajena. Será exagerado pero si la justicia en España se midiera por aquellas imágenes y algunas interpretaciones posteriores, es evidente que va proa al marisco. Y que el fondo ya ha chocado con los pétreos riscales.



Pero que estos árboles dejen ver a los lobos del bosque. Que tanto absurdo no permita perder la vista de Miguel Blesa, banquero causante del desastre de Bankia, de su quiebra, del intolerable fraude de las preferentes y de uno de los agujeros financieros más imponentes de la Unión Europea; ni de Gerardo Díaz Ferrán, el empresario que arruinó sus marcas y destruyó miles de puestos de trabajo y que recibió un préstamo del banquero Blesa por importe de casi veintitrés millones de euros, aun no devuelto por cierto.



Esos sí que son carne de banquillo, estafadores y abusadores de ahorros y de esfuerzos de los demás. Esos y sus presuntos delitos son el fondo de la cuestión. Hay que verles bien, por encima de estereotipos, papeles o interpretaciones victimistas, símbolos sin duda de la falta de escrúpulos, de la administración perversa y negligente, de la irresponsabilidad empresarial. Esa es la España que no ha trascendido del todo en este juicio que ha levantado tanta risa como escarnio y vergüenza añadida. El país de los poderes fácticos y de la impunidad en el que tienen que convivir ancianos y jubilados que han perdido sus ahorros mediante engaños y que son expulsados de una sala donde son otros los que tienen que responder de sus miserables actos.



Ese es el país, en efecto, de la justicia al revés: el juez, en el banquillo; y el imputado, en su casa o aprovechando la vista para soltar lágrimas de cocodrilo. "Mi no comprender", que diría el mago canario.

TRATAMIENTOS DESIGUALES

A Baltasar Garzón no le perdonaron que decidiera investigar la trama Gürtel. Le costó la carrera. Háganse idea de cómo habrán sido las presiones para liquidarle. Algunos medios de comunicación fueron a degüello, sobre todo los que dudaron de su legitimidad para actuar en esa causa después de haber ejercido cargos públicos en representación del PSOE.


Esos mismos medios no están midiendo con la misma vara el caso de otro juez, Elpidio Silva, imputado por una presunta prevaricación, en el marco de la causa de CajaMadrid. Y es que en el tribunal hay una magistrada, María Tardón, que fue concejala por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y consejera de la asamblea de la entidad financiera.

Y entonces se comprueba que la justicia no es igual para todos. Y ciertos tratamientos mediáticos, tampoco. Eso ya lo sabíamos. Mientras aquélla camina o avanza sin pausas cuando de juzgar a jueces se trata, hasta el punto de liquidar tales contenciosos en cuestión de meses, otras causas, como las de averiguar quién es responsable de la pérdida de ahorros de miles de personas, se prolongan hasta el desánimo que impulsa la reacción intempestiva y la incredulidad.

País.

A EUROPA SIN VALLAS

¿Cómo será una campaña sin vallas publicitarias? Pues con la decisión del PSOE de no utilizarlas en los comicios europeos del próximo 25 de mayo, lo vamos a experimentar. Razones de austeridad y de contención de gasto, argumentan. Dicen preferir los socialistas una campaña más cercana a la gente, con mucha presencia en calles y plazas, con charlas y debates. Explicar propuestas y escuchar opiniones y criterios de la ciudadanía. Todo eso, sin vallas.


Hombre, no es que las vallas fueran un factor determinante pero servían, fundamentalmente, para unas cuantas cosas: una, para animar el ambiente, para recordar a transeúntes y conductores que “estamos en campaña”, para familiarizarse con el rostro o el perfil del candidato y para memorizar el eslógan o lema con el que concurre la opción política a esa convocatoria electoral. Luego está la parte económico-financiera: las agencias publicitarias ingresaban un buen pico, siempre en función del número de soportes, y negociaban con los responsables de cada organización política precios y alternativas. Y hasta la selección de las ubicaciones, por aquello de las mejores vistas. Algunas disputas hubo en el pasado con este instrumento de campaña.

Pero el PSOE quiere ahora ‘mover Europa’ sin vallas. El ahorro es determinante y también una fórmula experimental. Prefiere otras vías para dar a conocer sus propuestas, para movilizar y para mostrar su cercanía. A ver si lo consigue en medio de una indiferencia política muy extendida. Cierto que dispone de una ventaja, si se quiere intangible: salió antes que los demás y dispone de un discurso muy homogéneo, el mismo que habla la socialdemocracia europea.

En efecto, vencer la indiferencia, motivar a la gente para que interprete bien la importancia de unos comicios europeos es la gran meta de los socialistas españoles. Luego vienen el crecimiento, la creación de empleo y la defensa de los derechos sociales y las libertades públicas. Otra cosa es que tales planteamientos, que deberían ser considerados globalmente europeos, se vean desnaturalizados por la interpretación de unas cuantas claves en coordenadas de política nacional. Aunque eso es, francamente, muy difícil de evitar.

Pero para explicar el modo y los cauces de todo eso, ya saben, sin vallas.

GARCÍA MÁRQUEZ, PERIODISMO DE URGENCIA

Armando Marcos, siempre atento al buen retrospecto mediático en su placentera jubilación, nos envía una nota publicada en la edición digital de El Colombiano, titulada, con la firma de Juan José Hoyos, “El primer reportaje de Gabriel García Márquez”, escrito poco después de una tragedia ocurrida en Medellín, cuando, en julio de 1954, un alud de tierra sepultó a más de setenta personas.

            La leemos, qué casualidad, poco después de la redifusión de Informe Semanal (TVE-1), que dedica un amplio espacio a la vida, significado y alcance de la obra de del mítico Gabo, que aparece, en determinado momento, glosando la importancia del reportaje como género periodístico. Lo hace en términos casi de reivindicación. Explica brevemente sus valores, los que permiten al autor imaginar, siempre a partir de la vivencia real. El arte de narrar. En el reportaje de Hoyos, se señala que García Márquez, se acordó entonces de unas palabras de su amigo Álvaro Cepeda Samudio que eran toda una lección: “El periodismo es literatura de urgencia. Y el reportaje necesita un narrador esclavizado a la realidad”.

            El autor colombiano, autodefinido como “reportero raso”, debió escribir un reportaje que hacía honor a los principios que luego caracterizaron su densa obra, periodística y literaria. Los definió muy bien el escritor mexicano Carlos Monsiváis, cuyas apreciaciones fueron recogidas en el extra de treinta y dos páginas que el diario español El País dedicó a la figura del “maestro universal”: “…Gracias a la belleza del idioma (la perfección de su sonido, la sucesión de frases inmejorables) –escribe Monsiváis- los hechos adquieren otro relieve, son los relatos que si no se dan con esas palabras se convierten en algo distinto”.

            El envío de Armando Marcos, además, hizo que rebuscáramos casi dos horas en la desordenada biblioteca en busca de un libro titulado Cuando era feliz e indocumentado, editado por Plaza y Janés para la colección Rotativa y que nos costó cien pesetas de 1978. Discutimos sobre el título con Juan Manuel García Ramos en la balconada del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en ocasión de la conmemoración de un 12 de octubre. El volumen, que felizmente apareció, recoge algunos de los reportajes escritos por Gabriel García Márquez cuando, entre 1957 y 1959, ejerció el periodismo. En aquella época en que era “joven, feliz e indocumentado”. Uno de los reportajes, por cierto, se titula “Caracas sin agua”, un escalofriante relato de las consecuencias de una sequía que afectó seriamente a la capital venezolana en junio de 1958. “En las calles, las ratas mueren de sed”, escribe el autor colombiano. El final del relato es, sencillamente, delicioso: Samuel Burkart, su protagonista, un ingeniero alemán que trabajaba en Caracas, dormía y soñaba que su barco entraba en Hamburgo con la gritería de los muelles:

            “Entonces despertó sobresaltado. Sintió, en todos los pisos del edificio, un tropel humano que se precipitaba hacia la calle. Una ráfaga, cargada de agua tibia y pura, penetró por su ventana. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba: llovía a chorros”.

            Está claro: el arte de narrar, periodismo de urgencia, el reportero raso… Y el narrador esclavizado a la realidad.

            

DESIGUALDAD SOCIAL

En cabeza del crecimiento de la desigualdad social. Ahí está España, en la clasificación de un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que consagra lo que, en lenguaje común,  se ha venido gestando en este país a lo largo de los últimos tiempos: hay más pobres y más ricos, como han aumentado los índices de pobreza y de riqueza en una sociedad cuya clase media va evaporándose progresivamente.

         Cierto que el estudio de la OCDE engloba el período comprendido entre 2007 y 2010 pero es indicador de registros posteriores que contabilizan la evolución de la deuda pública, las restricciones en el gasto social, el aumento de la imposición indirecta y la aplicación de los repagos (mejor que copagos), con lo que los niveles de desigualdad han aumentado considerablemente. Los datos comparativos del informe lo corroboran: en ese período de tiempo, los ingresos del 10% de la población más pobre cayeron un 14%, en tanto que los recursos del 10% más rico solo han disminuido un 1%. Consecuencia de ello, en el cuatrienio 2008-2012, los ingresos de los españoles bajaron en casi dos mil seiscientos euros por persona, lo que significa la cuarta mayor caída de los países desarrollados, sólo por detrás de Islandia, Irlanda y Grecia.

         Más paro, más deuda y más pobreza, en definitiva. Veamos otros datos: el déficit público en  2011 fue del 5,2%. Y dos años después, el déficit con respecto del Producto Interior Bruto (PIB) se eleva al 5,5%. El pasado año, el déficit de la Seguridad Social española rondó los once mil millones de euros. Las recetas del Gobierno de España no han servido: ni la subida de impuestos ni la devaluación de las pensiones ni los recortes en las becas y en las prestaciones por desempleo. Y eso que las comunidades autónomas se han visto obligadas a afrontar notables restricciones en sanidad y educación. Por no hablar de una reforma laboral que ha limitado derechos de los trabajadores, facilitando su despido y generando bajadas salariales.

         No son de extrañar, por consiguiente, las conclusiones del informe de la OCDE. Esta importante brecha que se desprende de las cifras y los porcentajes pone de relieve que las condiciones de recuperación son extremadamente complicadas. La pesada carga del desempleo, además, merma tal propósito. Esto es lo que más debe preocupar: la desigualdad social, complicada premisa para estimular el desarrollo económico, para crecer y lograr índices de competitividad que reflejen un cambio de rumbo. Y ahí es donde deben esmerarse quienes ofrezcan alternativas más allá de criterios economicistas y de contención del gasto público: acercar o equilibrar solo será posible con unas mínimas y sólidas bases que recompongan el pacto social, válidas también para asegurar una productividad sostenible en los distintos sectores, la recuperación de rentas, la igualdad de oportunidades y los avances sociales.

         Si se hace caso a la OCDE, el camino para que la brecha de desigualdad no se haga insalvable es claro: políticas sociales específicas y previsión de recursos para frenar el crecimiento de los más desfavorecidos y sus servidumbres. Si no, ya se sabe: más deuda, más paro y más pobreza. Así de sencillo.

URGENTE: DISPONER DE GERENTE

“Seguimos sin timonel” afirmó días pasados el vicepresidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife (ASHOTEL), Enrique Talg, al referirse a la vacante producida en la gerencia del Consorcio de Rehabilitación Turística del Puerto de la Cruz con el cese de Fernando Senante, materializado el pasado 13 de febrero.

     Son ya, por tanto, más de dos meses sin que tal estructura administrativa -a la que hemos definido como la última gran oportunidad que tenía el destino turístico para su relanzamiento- tenga una función gerencial que, al menos, sirviera para dar continuidad a las actuaciones que estaban en marcha. Se podrá decir que igual no es mucho tiempo pero lo peor no es eso sino el silencio que envuelve las dudas y el silencio que concurren en la cobertura del cargo.

     Dudas con la fórmula que se adopte, después de que los tribunales de justicia estimaren las alegaciones presentadas por una central sindical basadas en que, al tratarse de dinero y recursos públicos, debía ser un funcionario competente el que los administrase. En el seno del Consorcio, por lo que parece, alguna de las partes integrantes quiere mantener a toda costa ese criterio.

     El silencio es llamativo. Vale que se quiera dar pasos con seguridad, o lo que es igual, no repetir errores; y vale que, con la fórmula legal que se adopte, se pretenda un perfil curricular ejecutivo que impulse las iniciativas y los proyectos que fueron concebidos en la etapa de Senante. Pero, además de acelerar los trámites, conviene transparentar, que se sepa cuáles son las intenciones y los plazos pues no hay tiempo que perder: se agota el mandato y el futuro, en todas las instancias político-institucionales y en todas las escalas, es muy impredecible.

     El próximo lunes, sin ir más lejos, finaliza el plazo para la presentación de alegaciones al Plan de Modernización y Mejora (PMM) del Puerto de la Cruz, uno de los instrumentos considerados básicos para afrontar el porvenir de la ciudad, turísticamente hablando. Veamos si las hay aprovechables. Pero, sobre todo, confiemos en que no se registre la respuesta silenciosa que ya se produjo -como el escritor Carlos Cruz García se encarga de recordar- con otros planes anteriores, prueba palpable de ese silencio exasperante que es, acaso, la demostración de la incapacidad de las administraciones para dar respuesta ágil y consecuente a sus propias previsiones.

     Los responsables institucionales tienen la palabra. Es el propio sector turístico, es la misma patronal, quienes están urgiendo soluciones. Tras los avances producidos -el Consorcio se mueve, llegamos a escribir- es lastimoso que se perdieran el ritmo y los recursos. Hay proyectos, hay programas, hay compromisos en ejecución. Hasta una cierta identificación empresarial y profesional pareció aflorar, como si fuera un hilo de esperanza. Pero es cierto que cuando desde dentro no se activan los resortes, porque no se cree en lo que se quiere hacer o por razones e intereses políticos contrapuestos, difícilmente pueden esperarse resultados positivos.

     Pero, qué va: éste sería un fracaso que la ciudad no se podría permitir. Esperemos que las partes sean conscientes de ello. Por tanto, urgente: disponer de gerente.  

LA NECESARIA VOCACIÓN

Al cabo de cincuenta años de ejercicio profesional en el diario El Tiempo, de Bogotá (Colombia) se retira Daniel Samper, periodista y novelista, autor también de libros de humor, de recopilaciones y de actualidad informativa. Uno de los columnistas más leídos de su país, un todo terreno que nos deja, en el momento de decir adiós (¿no será mejor ‘hasta luego’?), algunos titulares que son, en sí mismos, una seria reflexión.

            “El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación”, son dos de ellos. Se trata de dos ideas en las que hemos venido insistiendo en esta modesta aportación de análisis y autocrítica sobre lo que nos ha deparado la experiencia profesional. Veamos algunas apreciaciones en torno a su conexión y a los factores que la sustancian.

            El oficio, en efecto, precisa, cada vez más, de preparación y de formación. El compromiso con los destinatarios de la información y las exigencias de éstos, en plena era del imparable desarrollo tecnológico, generan tal grado de previsión que es difícil dejar algo al albur. Los grandes acontecimientos, las cumbres, las más complejas convocatorias, en cualquier ámbito, obligan a una preparación adecuada. La cobertura periodística de todo eso, en efecto, no se improvisa: al contrario, obliga a un trabajo extraordinario de preparativos. Hay que gestionar y, sobre todo, fortalecer todo ese ‘background’ de antecedentes documentales y testimoniales de todo tipo que sitúen a los profesionales y al propio medio en las coordenadas adecuadas.

            Ya lo sentenció Matías Prats Cañete, el inolvidable maestro, cuando advirtió que “la mejor improvisación es la que se prepara”. Quien se aplicaba en ello, desde luego, cosechaba unos resultados extraordinarios. El buen periodismo obliga a estudiar y a trabajarse los temas. Cierto que la inmediatez y hasta las mismas precarias circunstancias laborales condicionan esa obligación. Pero el profesional celoso, el que quiera progresar y ganar credibilidad, debe obrar así.

            Y eso se obtiene, en la evolución del proceso formativo, a partir de la vocación, un hecho primordial en cualquier actividad profesional, pero sin que la periodística estaría huérfana o forzada. O sería incompleta, sencillamente. La vocación es la que distingue del oportunismo, de los desvíos, de los vicios y de las conveniencias que terminan desnaturalizando los fines esenciales del periodismo. Se necesita vocación, claro que sí.

Lo reafirma el propio Daniel Samper después de confesar que no cree en el mal llamado ‘periodismo ciudadano’. Lo dice con palabras de fácil comprensión:

“Es muy difícil tener un periodista que no haya sido un buen lector y que no tenga pasión y formación por escribir. El ciudadano es una fuente de información para el periodista”.

Eso le lleva a ponderar al máximo lo que considera esencial:  la ética del periodista, su independencia crítica y su preparación como comunicador. Por eso rechaza la improvisación y exalta la vocación. Aquella como una manera de no hacer un periodismo riguroso y creíble; la segunda como un elemento básico para curtirse y abrazar una labor fundamental en la sociedad de nuestros días.

Y es que sin vocación, está claro, es difícil llegar a alguna parte.

EL 'BARCENASGATE' QUE DEVORA

Ya de por sí es grave que el Partido Popular (PP) despache la última declaración de Luis Bárcenas ante el juez con una escueta declaración en la que se limita a recordar que ya no pertenece a la organización. Cierto que el asunto -ni más ni menos que la financiación del partido gubernamental- está en vía judicial y cuanto menos se oree mediáticamente, mejor, que bastante hay ya con los testimonios como para, encima, tener que interpretarlos. En este caso, a poco más de un mes de una cita con las urnas, preferible ser dueños de los silencios antes que esclavos de las propias palabras.

            Pero es que Bárcenas ha confesado que es él quien recibe las claves de la contabilidad del PP de manos de Rosendo Naseiro que sabe mucho, si recuerdan, de pruebas (grabaciones) destruidas. Las claves son las de la administración en B, o sea, la que se hace para finalidades espurias, la contabilidad alternativa a la que, según todos los indicios, se dio un uso más allá de para ir tirando. Fue el mismo Naseiro quien le hizo entrega de las llaves de la caja fuerte donde se guardaba el dinero B.

            Y esa confesión, a la espera de lo que decida el juez, es muy delicada, muy apremiante a estas alturas de la película, del ‘Barcenasgate’ cuyas gargantas profundas deben seguir muy acoquinadas. No es para menos. Porque de esa declaración judicial del ex tesorero se desprende que la organización, desde el punto de vista financiero, funcionaba con un  sistema bien ensamblado y que era de aplicación en sus estructuras territoriales, incluso las municipales. A medida que se tire de la madeja, se supone que se conocerán más conexiones y más prácticas poco ortodoxas. En ese sentido, no tiene mucho margen de maniobra el PP, de ahí que se aferre al silencio o a las obviedades aplastantes para intentar que no salpique más de lo que ya hace ese auténtico tsunami político que, para más inri, tiene su núcleo entre rejas.

            La izquierda parlamentaria coincide a la hora de señalar que la situación es insostenible e inviable, especialmente para el presidente del Gobierno del que alguna vez, por cierto, se conocerá cuál era “alguna cosa” que exceptuó de aquellas primeras revelaciones conocidas que tuvieron amplio tratamiento mediático, después de saberse lo de las cuentas en Suiza y otras entrecomilladas bagatelas. Claro que es grave que hubiera una caja paralela poco menos, según se ha publicado, en cada terminal provincial de la organización. De no probarse lo contrario, las apariencias de financiación irregular empezarán a dejar de serlo. No es de extrañar, en consecuencia, que hayan vuelto a pedir la dimisión del presidente.

            Entonces, el PP se dará cuenta de que no puede seguir mirando a otro lado ni encomendarse a la resignación benedictina ni refugiarse en la desmemoria colectiva, en la identificación de sus fieles y ni siquiera en la indolencia política de lo que el propio presidente del partido llamó mayoría silenciosa. El PP es consciente de que el PSOE ya pagó en las urnas aquellos casos en que se saltó normativas contables y se financió saltándose algunos cánones. Las circunstancias de ahora, de los tiempos que corren, son mucho más exigentes; y por lo tanto, su respuesta no puede ser tan tibia como se desprende del lacónico despacho ceñido a la no pertenencia a la organización de ciertos personajes.

            Lo malo para Rajoy es ver cómo demuestra que lo que se hacía intramuros, desde el punto de vista contable y financiero, no era con su consentimiento ni con su beneplácito.

            Pero, primero: a ver cómo resuelve el juez Ruz.

FORMACIÓN ESTANCADA

A vueltas con la formación en el sector turístico, más concretamente el hotelero, que sigue flaqueando y se nota, preocupantemente, cuando se prolonga el período de bonanza. Muy lejos quedan ya los tiempos en que los profesionales se hicieron a sí mismos, amontonando experiencia que conllevó, en muchos casos, al aprendizaje de otro idioma tan solo de oídas. Y lejanos son también los simples esquemas del voluntarismo. Después vinieron todos los intentos, reglados y no reglados, de dar solidez a un hecho primordial para una industria primordial. Ante la conclusión de algún experto (asignatura pendiente, Ramón Estalella dixit),  se ve que algo no se ha hecho bien y que no se ha dedicado a la materia la atención necesaria y el interés debido.

            Ni disponer de rango ministerial, como ocurre en esta legislatura, propicia al sector mejores perspectivas en ese campo. Entre la insensibilidad y los vericuetos administrativos, hay un estancamiento inquietante. En nuestro país, la formación es sostenida con aportaciones de empresas y trabajadores, un 0,6% y un 0,1%, respectivamente, consignadas en las cotizaciones de la Seguridad Social. Es la propia Administración, a través de la denominada Fundación Tripartita, la que recauda. Durante un tiempo, un volumen de lo ingresado tenía como finalidad específica la formación de los empleados. Pero ahora, según han confirmado fuentes tanto empresariales como laborales, un porcentaje de lo que se recauda se dedica a la de los parados y otra parte es gestionada por las Comunidades Autónomas.

            Es aquí donde se han complicado las cosas al haberse destapado algunas irregularidades en el manejo y gestión de los fondos, lo que prueba la ineficiencia de los mecanismos de control. Las denuncias han servido para constatar que faltan escrúpulos a la hora de administrar los recursos de todos -vayan ustedes a saber con qué tipo de complicidades-, de tal manera que ha sido el mismísimo Tribunal Constitucional el que ha tenido que resolver determinando que los fondos recaudados tienen un carácter finalista, esto es, que solo se pueden destinar a formación de trabajadores en activo y no a otros conceptos. Pero la Administración, según las fuentes citadas, sigue aplicando otros criterios y es la que, por consiguiente, marca el paso de los cursos que han de ser impartidos, sus características y los destinatarios de los mismos. Se supone que los controles establecidos serán rigurosos, pero se ha demostrado que algunos programas o cursos no se ajustan a las necesidades ni de empresarios ni de trabajadores. Y llegados a ese punto, es donde se extiende el estancamiento para seguir hablando de la formación como asignatura pendiente.

            Su aprobación parece depender de una revisión a fondo del propio sistema. Porque conviene a todos, está claro. Si se quiere mejorar los niveles de competitividad, si se quiere un personal incentivado, si se pretenden unas prestaciones profesionales al nivel más exigente y se trata de conseguir la mejor relación calidad/precio en el ámbito del producto o negocio, es cuestión de acabar con vacíos, adulteración de recursos y prácticas que, por pasotismo o vicio, resultan perjudiciales para un sector que, a estas alturas, precisa de medidas serias, respetables, asumibles por las partes y pragmáticas.

            Si es que se quiere progresar, vamos

UNA JUNGLA EN LA VÍA PÚBLICA

Ahora resulta que comerciantes e industriales de la zona centro del Puerto de la Cruz han denunciado al Ayuntamiento por un un supuesto cobro indebido de las tasas por ocupación de la vía pública. Se quejan de no haber sido avisados del incremento -se supone que aprobado por el pleno de la corporación- y de que, en algunos casos, tal aumento triplica el importe del ejercicio anterior. Puede que las discrepancias terminen judicializándose. Contencioso ‘habemus’.

            Puede no, seguro, si tenemos en cuenta las manifestaciones públicas de los afectados y de su representación legal: fue el propio gobierno local (CC+PP) el que, según dicen, reconoció su error y les animó a presentar una impugnación que luego terminó rechazando, apoyándose en las disposiciones de la nueva Ley de pago a proveedores. Con las liquidaciones en la mano, los afectados disconformes parecen dispuestos a agotar las vías a su alcance con tal de no abonar las cantidades cursadas.

            Como con otros casos, volvemos al pecado original. Es decir, el problema surge cuando hay un exceso de permisividad en la ocupación de calles o terrazas, pese a la existencia de una ordenanza reguladora que seguro estaba desfasada, de acuerdo, y era preciso actualizarla. Entre este propósito y su materialización, las vías se poblaron de todo: cafeterías y restaurantes, principalmente, expandieron su área de negocio. Hemos escrito varias veces sobre el particular y cuando hemos comprobado ‘in situ’ (ejemplo, avenida Colón) el alcance de esa ocupación, no ha habido más remedio que hablar de auténtica anarquía y de auténtico abuso. Casi una jungla, sin exageraciones, en la que era y es difícil transitar, uno de los encantos que brinda la geografía urbana de la ciudad.

            Se dejó y se dejó -como siempre, refugiándose en la crisis y a ver si damos vida a esto- hasta que la situación obligó a la adopción de medidas que, teóricamente, limitaban y regulaban, al tiempo que modificaban tipos fiscales. Los empresarios creyeron que esto no iba con ellos o que las repercusiones no iban a ser gravosas. Ahora ya, con las diferencias visibles públicamente, no solo es tarde sino que será más complicado encontrar una salida satisfactoria.

             Errores de forma y falta de comunicación o negociación  al margen, el problema tiene unas aristas apreciables: el gobierno municipal, viéndose desbordado y con tantas quejas acumuladas, probablemente utilizó la ordenanza fiscal para disuadir a quienes ya disponían en la calle de un segundo local. Trataba de mitigar el impacto. Es un criterio respetable que, en todo caso, necesitaba de explicación. Pues miren lo que ha conseguido: que el Ayuntamiento esté envuelto en un nuevo pleito. Lo de menos es que lo gane; lo importante es el tiempo en que tardará en ser resuelto. Sobre todo, por la aparente diferencia interna entre las concejalías competentes. Y porque, a la espera de una resolución o de una nueva redacción de la ordenanza reguladora, los comerciantes e industriales querrán mantener los ‘niveles’ que han ido cosechando, sin perjuicio de alguna otra medida que, en señal de protesta, ya han anunciado, como el cierre durante una jornada de esos espacios ganados a las peatonales y a algunas que no lo son también.

            En medio de la jungla, por cierto, alguien se ha acordado del Consejo Sectorial de Comercio como órgano en el que tratar y debatir esta controversia en busca de alguna solución. Pero ¿a qué no suena bien en el gobierno local la música de la participación ciudadana?