AENA, OTRA MÁS

Podrá parecer simplista el razonamiento pero si el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que la Comunidad tendrá a su cargo la competencia ejecutiva sobre los puertos y aeropuertos de interés general para los que el Estado no se reserve su gestión directa, resulta evidente que el Estado, en el proceso de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), está vendiendo algo que no es suyo como son los aeropuertos canarios incluidos en la operación.

            Se empeñan en tensar las cuerdas, en hacer cada vez más tirantes las relaciones. Y últimamente, entre la desconsideración del Régimen Económico y Fiscal (REF), queriendo hacerlo depender de los vaivenes del sistema de financiación autonómica -que ya ha evidenciado, por cierto, sus perjuicios para las islas- y el menosprecio a un precepto estatutario esencial para el transporte y la movilidad, los desencuentros se hacen más que evidentes. Difícilmente se encontrarán una etapa y unos hechos que hayan generado más descontentos y hayan propiciado una relación institucional tan frágil y quebradiza. Apenas diálogo, apenas avances: a más quejas, mayor menosprecio. Solo la proximidad de la convocatoria electoral y la preconfiguración de los escenarios posteriores, así como un derroche de prudencia (¿prudencia o resignación?) política, han frenado las consecuencias.

            Volviendo a la privatización de AENA, conviene recordar los antecedentes tanto de la voluntad de negociaciones bilaterales, hecha pública mientras se barruntaba un recurso de inconstitucionalidad que presentaría el Gobierno de Canarias, como de la acción entablada ante el Tribunal Supremo por la propia Comunidad Autónoma para esclarecer el silencio administrativo subsiguiente a la decisión del consejo de ministros de autorizar a la entidad pública empresarial, ENAIRE, dependiente del ministerio de Fomento, la privatización parcial de AENA. La conclusión es que el ejecutivo autonómico solicitará ante el Supremo la suspensión cautelar de este proceso privatizador.

            Pero, al lado de la batalla jurídica, de las objeciones hechas por los trabajadores y del negocio puesto en marcha con inserciones publicitarias que son todo un reclamo (salida a bolsa del 21% del capital del considerado operador aeroportuario más importante del mundo), no hay que perder de vista lo que significan los aeropuertos en Canarias. Claro que son estratégicos, imprescindibles para el negocio turístico, algo más que una infraestructura de transporte, básicos tanto para la conectividad con la península y con el resto del mundo como para la cohesión económica, social y cultural de un territorio insular alejado.

            Y tan simple como el razonamiento del principio: si el Estado vende una empresa pública que, según sus propios responsables, produciría este año cientos de millones de euros de beneficios, a cuenta de qué ese interés en la operación sin tener en cuenta razones y peculiaridades como las canarias. Cabe preguntarse, no sin ingenuidad, si el Estado sanea una empresa pública  para venderla a intereses privados.

SIN OFICINAS, SIN REMEDIO

Los consumidores y usuarios se encontraron de la noche a la mañana con las oficinas de DEPCSA cerradas. De inmediato, saltó el timbre de quejas y críticas en las redes sociales. El municipio, acaso ya acostumbrado, perdía otra dotación, otro servicio. No se conoce versión del gobierno local, siquiera en términos de justificación elemental, pues debe andar ocupado en otros menesteres. Ni de la firma concesionaria, que andará a lo suyo, en su cuenta de explotación.  Ha tenido que ser el Grupo Municipal Socialista, en la oposición, el que ha tomado la iniciativa para instar a la corporación a adoptar un acuerdo que signifique la reapertura de las citadas oficinas.

Vayamos por partes. DEPCSA es la empresa, dependiente de Endesa-Unelco, creada en su día para la gestión de sus intereses. Fue durante el mandato 1995-99, cuando se materializó la operación de una concesión administrativa del servicio de suministro de energía eléctrica. La empresa, según el pliego de condiciones que rigió aquel concurso, se comprometía a efectuar una serie de inversiones en determinado período de tiempo que mejorarían sustancialmente los recursos técnicos y materiales con los que garantizar y cualificar las consiguientes prestaciones. Entre esas inversiones, hasta donde alcanza la memoria, debía figurar la entrada en funcionamiento de unas dependencias que habrían de servir para atender las demandas de los usuarios, en forma de actualizaciones de pago, nuevas conexiones, reposición del servicio y otros servicios suplementarios. En efecto, las oficinas abrieron sus puertas y así permanecieron durante unos años en distintos emplazamientos de la localidad, hasta que ahora han cerrado, con el natural quebranto para los ciudadanos que precisen de los servicios. Ahora habrán de desplazarse a otra localidad para concretarlos y para resolver las diligencias necesarias.

Se dirá que estas oficinas ya no hacen falta. O que esos trámites se arreglan en internet. Como si todo el mundo tuviera ordenador o supiera manejarlo. Se dirá que la crisis también afecta -¡a las todopoderosas eléctricas!-, que hay que reducir gastos y que el volumen de demandas tampoco genera margen suficiente como para mantener abiertas unas oficinas. Se dirán esas y otras excusas, ¡sobre un servicio público! Y como si no importara nada el que parece ser un flagrante incumplimiento de un aspecto de la gestión de un patrimonio social que ha sido concesionado.

La representación institucional del PSOE portuense ha tomado la iniciativa, ha estado atenta en un asunto de clara repercusión social. Y ha puesto en el dedo en la llaga: prima la defensa de los intereses de la empresa privada.   Lo que son las cosas: en su día, cuando se consumó la controvertida concesión, preguntábamos a quién reclamarían los portuenses en caso de disfunciones, averías o interrupciones. Las respuestas, poco menos, negaban o apuntaban que eso era imposible y que cuestionarlo rozaba el disparate. Ya ven el episodio: han cerrado las oficinas comerciales

Seguro que confiaban en la infinita paciencia, en el conformismo ilimitado de los portuenses. Si quieren otra prueba, ahí está durmiendo el sueño de los justos una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento para difundir los supuestos beneficios del denominado Bono Social.

Sin remedio.

CIFRAS APARENTEMENTE GRATIFICANTES

Que el paro baje en Canarias en veinte mil cien personas durante el último trimestre de 2014, un -5,55%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), es una buena noticia pero no para lanzar las campanas al vuelo. Esa cifra mejora ampliamente la media nacional, en la que se registra un ligero crecimiento del desempleo del +0,55%. Por detrás La Rioja y Comunidad Valenciana, Canarias es la tercera comunidad con mayor descenso del paro. El dato interanual también es positivo para las islas ya que se reduce el paro en -23.100 personas, un -6,34%.

Pero, a fuerza de ser pesados, menos triunfalismo y más realismo. Alegría por comprobar que se está creando empleo y por contrastar que esa pueda ser una tendencia sostenible. Pero sigue habiendo en Canarias trescientos cuarenta y dos mil doscientos parados, una cantidad muy elevada. Del informe de la EPA se desprende que aumenta la ocupación y baja el paro a pesar de que en el cuarto trimestre la población activa ha crecido en las islas en +14.700 personas, un +1,35%.

Y sobresale, a la hora de analizar los registros, el hecho de que buena parte del empleo que se ha generado está entre la población mayor de 45 años, un total de veintisiete mil quinientos de los casi treinta y cinco mil. Es positivo, vaya que sí: se trata de personas que lo tienen especialmente difícil para encontrar trabajo. Y además, es el colectivo de desempleados más numeroso.

Más realismo, hemos dicho. Y en efecto, hay que pensar en el empleo de calidad, en mejorar las opciones de los desempleados en las islas, en la innovación como elemento primordial de la economía productiva, en consecuentes posibles yacimientos de empleo y en el apoyo al emprendimiento. Esas son otras claves que ayudan a forjar perspectivas de futuro, más allá de las gratificantes cifras de ahora. Entre las que aún quedan trescientos cuarenta mil parados.

TRIBUTO A LA DEMOCRACIA MUNICIPAL

Manuel Hermoso Rojas, quien fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente del Gobierno de Canarias, hizo la gran revelación de la noche: durante dos mandatos municipales, gozó de amplias mayorías “y pudimos hacer muchas cosas”; pero nada fue como en el mandato 1979-83, “cuando tuvimos que pactarlo todo y de cada pleno salíamos más respetables y mejor compenetrados”.


Lo dijo en el curso de la presentación del libro “Treinta y cinco años de democracia municipal”, de Pedro Lasso Purriños, editado por el Cabildo Insular de Tenerife, un acto modesto, con mucho sabor a nostalgia y válido para entender que la de entonces fue otra manera de entender la política, pese a que de democracia sabían realmente unos pocos y casi todo estaba por construir.

Lasso ha aglutinado y desmenuzado los datos derivados de aquella memorable cita con las urnas del 3 de abril de 1979. Siglas, cifras, resultados, porcentajes, logos, nombres y apellidos de alcaldes y concejales. Con las fotos de entonces. Es otra de sus aportaciones a la política canaria, muy poco dada, es verdad, a disponer de fuentes de consulta como la que constituye este libro que deja constancia de lo que ocurrió entonces, incluso de hechos llamativos como que los partidos de derecha, contrariamente a lo que se decía entonces, dispusieron de más mujeres candidatas y de más concejalas electas.

Las confesiones de Hermoso sonaron como un tributo al espíritu de consenso o de construcción pactada tan característico de aquellos años. En su primera alcaldía, sin experiencia política, hubo de granjearse los apoyos corporativos de los otros grupos políticos. No hubo mayoría para la UCD que representaba pero él y su formación política se entendieron con quienes hasta tenían otro modelo de ciudad. Hasta difuso quedó el papel de la oposición. Terminaban los plenos y un clima de distensión y cordialidad presidía los cortados posteriores y alguna visita concreta a barrios o sedes de asociaciones. Mucho respeto, mucha tolerancia y notable compenetración, independientemente de perfiles ideológicos que se iban trazando cada vez con más nitidez, a medida que avanzaba el mandato y en la política nacional se fraguaban acontecimientos históricos.

Aquel incipiente municipalismo fue una especie de escuela que, con los años, catapultaría a no pocos cargos públicos a un ejercicio pleno de la política. Pero las cosas no discurrieron igual con el paso de los años: llegaron las mayorías absolutas, las hegemonías, los todopoderosos, los seguidismos, las exclusiones, las imposiciones y las intolerancias.

De modo que ahora se recuerda aquella etapa, cargada de imperfecciones, desde luego, con gratitud y buen sabor. Allí, además de Hermoso, estaban Lorenzo Dorta, alcalde de Garachico y consejero cabildicio de entonces, y Ángel Delgado, edil socialista de Santa Cruz, para corroborarlo. Los asistentes siguieron con atención las explicaciones del autor y de los sujetos activos de entonces, a los que Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño, dio paso con entusiasmo ávido de conocer sus impresiones y los secretos de algunas decisiones de entonces, cuando él era un escolar al que la política igual le quedaba un poco lejos.

RELACIÓN PERSONALIZADA

Una investigación de Bárbara Yuste, en cuartopoder.es, sobre las tendencias de la comunicación en el año que seguimos estrenando, dedica atención a una nueva forma de relaciones con medios y periodistas. Parte la autora de una premisa que rompe esquemas: ya no basta, todo lo contrario, la vieja fórmula de remitirse a un comunicado o a una convocatoria de prensa cada vez que una organización, una institución o una empresa desea difundir una información. Es necesario adoptar alternativas más eficaces y persuasivas. Y en ese campo, la personalización es clave. Dicho de otra manera, la difusión masiva de contenidos deviene insuficiente, lo cual significa que es preciso generar mensajes diferentes para cada medio.

Habrá que esmerarse, pues, con tal de que un gabinete desarrolle vías personalizadas para que su trabajo sea eficiente. Convencerá si esa manera de conectar, explicativa del alcance de la convocatoria, se plasma con una información precisa. Es como si se quisiera humanizar la relación, no ceñirla a los estrictos cánones de la tecnología. Llamar y hablar propiciará superar la frialdad. Se dirá que ya existían esos métodos pero independientemente de su certeza y de su aplicación, este ‘refuerzo’ personal vendría a probar la necesidad de utilizar métodos que faciliten los contactos, las relaciones y hasta los propios contenidos.

Es difícil trazar unos esquemas de los que no salirse. Por ejemplo, el caso anterior: ¿se limita solo a convocatorias o se puede dar más detalles, especialmente a posteriori? El riesgo de la tesis de Bárbara Yuste es que, al intensificarse la relación, crece también la confianza y eso igual termina malinterpretándose, especialmente en lugares o ámbitos reducidos, donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo querrá presumir de conocer las flaquezas y saber exprimirlas.

En cualquier caso, al otro lado tiene que haber una interlocución válida y reconocida que, sustanciada en habilidades personales, cualificaría la prestación profesional.

CANDIDATA

La candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha tenido la vía casi expedita para darse a conocer, para lanzarse a incursionar vericuetos de la política canaria, para ir recabando apoyos  sociales y para poner en valor las cualidades que caracterizan su propia candidatura. Ella dirá si el terreno avanzado ha sido productivo (se supone que sí, claro que insuficiente) pero debe ser consciente de que aún media un largo trecho hasta que llegue la hora exigente de los debates o de dar a conocer en serio y con argumentación persuasiva su modelo autonómico, sus propuestas, sus alternativas económicas, fiscales y sociales.

         Hasta entonces, y a la espera de que los adversarios despejen sus incógnitas, habrá de seguir esmerándose en la ampliación de conocimientos de la realidad insular y en la de contactos con actores sociales que la permitan presentarse como una candidata sólida y fiable que ha demostrado tener predicamento entre la población juvenil. Tiene ahora que captar la atención de quienes aún creyendo que los nuevos tiempos en política parecen hechos para jóvenes, preparados y no quemados, abogan, a la hora de la verdad, por opciones personales que digan algo, que proyecten algo, que representen con dignidad el mandato que han recibido de una organización y que correspondan a la confianza que en personas de otra generación han depositado.

         Para los socialistas canarios, la solución Patricia no tiene marcha atrás. Luego, harían bien en amasar unas candidaturas creíbles. El procedimiento para su confección recién se ha iniciado. Algunas circunstancias extrapolíticas, independientemente de las apetencias, luchas y factores territoriales ya conocidos, lo hacen especialmente incierto, cuando no complicado. Por primera vez en la historia de los socialistas canarios, hasta el virus del insularismo parece haber inoculado en un cuerpo político que pudo presumir, con toda justicia, de tener candidatos de las siete islas. Ahora tienen que resolver en clave interna pero, lo más importante, también pensando en captar la confianza de los electores, necesitados de estímulos, de mensajes innovadores, de personas y profesionales solventes y de ofertas pragmáticas en orden a resolver sus necesidades vitales y sociales. Mal harían en enredarse en los pliegues controvertidos del procedimiento interno que solo interesan a unos cuantos. La verdad, lo que interesa, está fuera y es ahí donde hay que concentrar la acción, demostrando, si es posible, la madurez de la organización capaz de resolver mediante primarias su principal candidatura y llamada ahora a continuar esa senda.

         La candidata socialista no ha escuchado a nadie que este camino y el resultado final van a ser fáciles. Ni debe fiarse de que los rivales aún tienen que aprobar sus exámenes. Luego debe asumir lo que está en juego. Para eso, tiene que esmerarse.

ESA MANÍA

Da igual que las incógnitas se amontonen con vistas a las próximas elecciones autonómicas y locales, que hay manías convertidas en elementos fijos de conjetura política, cuando menos de hipótesis para fundamentar algún vaticinio, fabricar determinados climas de opinión y fortalecer deseos personales. Así ocurre en Canarias, donde desde hace meses que hay empeños en producir un cambio de alianza política para alumbrar un nuevo ejecutivo. Es indiferente: no se conocen los candidatos ni se debate sobre las ofertas programáticas ni se valoran otros factores como pudiera ser la irrupción de otras formaciones políticas en el Parlamento. El todo es ir hablando de la próxima legislatura en esas coordenadas de posibilismo, con abono mediático sin que importe mucho el respeto a las decisiones de los órganos de dirección que habrán de adoptar quienes, llegado el momento, se vean en ese trance.

            Una manía, de verdad, esa de conjeturar sin ni siquiera conocer los resultados. Se dirá que es el poder por el poder, o que esos son los juegos en los que, si algo se quiere, hay que participar empleando las que no son reglas escritas pero que sirven para entrecruzar mensajes, confundir a los destinatarios o reconducir una negociación. Hablarán entonces de coincidencias de programas, de coherencias ideológicas, de compatibilidades, de alguna espina clavada y hasta de renuncias. Un largo trecho queda aún que recorrer hasta entonces: ya llegará otra lucha final.

            Ahora, mientras todos toman impulso para acelerar los respectivos procesos, lo que procede es preguntarse por qué ese afán o ese interés particularizado de producir una alternancia, cuando un somero balance de actuación permitiría hablar de un período de estabilidad en la política canaria como muy pocas veces se ha disfrutado en la historia política autonómica. Las partes han funcionado razonablemente bien: se han comportado con lealtad, han sido consecuentes con el documento suscrito en junio de 2011, han respetado los campos que decidieron repartirse, han mantenido una posición firme y sólida frente a medidas del Gobierno del Estado muy discutibles, han ido superando los sobresaltos y algunas contradicciones  sin escandaletes mediáticos añadidos, el cruce de cargos tampoco ha representado serios problemas ni se han destapado implicaciones de corrupción… Hasta el vacío que significó la no continuidad, por distintas razones y casi al unísono, de quienes ocupaban la cúpula gubernamental, fue un trance asumido con una inusual normalidad política.

            Por supuesto, los logros y los avances en la materialización de los contenidos del Pacto de gobernabilidad por Canarias topan con flancos críticos y hasta algunos desencuentros, pero por primera vez en mucho tiempo da la impresión que en la política canaria se ha trabajado conscientes de que los tiempos no están para aventurerismos ni probaturas de conveniencia. En ese sentido, el ejecutivo ha sido consciente de lo que estaba en juego, de lo insatisfecha que sigue estando la ciudadanía canaria y de la repulsión que inspira la actividad política. Por eso, que haya hecho gala de madurez, sin estridencias, es positivo. Podrán no renovar el pacto pero difícilmente arrebatarán esas cualidades.

MERCADILLOS FRUSTRADOS

La instalación de un mercadillo, o de unos mercadillos, en plural, pues igual la cosas está diversificada pensando en rentabilidades, ha sido una de las controversias no resueltas en la ciudad en esa pequeña constelación de asuntos domésticos que trasciende por su evidente carácter visible.

         Fue Diario de Avisos el que publicó una información que ya adveraba algunas irregularidades. Cuando menos, irregularidades. Emplazamientos, organización interna, características de las licencias de autorización -si es que existían-, precios públicos que debían ser abonados, superficie de ocupación, contenidos de venta, actividades suplementarias… en fin, todo un procedimiento que, en teoría, requiere un expediente bien montado en el que debe primar la transparencia. De aquella información se desprendían claroscuros que todavía inspiran incertidumbres. Por ejemplo, se cuestionaba el informe que, al respecto, había elaborado la policía local.  Otra cuestión: ¿llegó el Ayuntamiento a formalizar algún ingreso y en concepto de qué? El asunto tiene su importancia ya que llega a tener una cierta repercusión en la actividad social y económica de la ciudad y de hecho mereció alguna pregunta en el pleno de la corporación local; pero no pasó de ahí, de ese limbo que forma parte del quehacer municipal pero que no cobra mayor trascendencia.

         Dos informaciones más, publicadas posteriormente, revelan que la polémica sigue latente. Las conclusiones son: que hay unas expectativas, incluso con el género de venta aprovechando las fechas navideñas ya pasadas, que no se han visto satisfechas. Que la concejalía directamente responsable, por las razones que fuese, no ha sabido o no ha podido canalizar adecuadamente la solución al conflicto. Que deben existir diferencias de criterios entre dicha concejalía y la competente en otras materias, ejercida directamente por la alcaldía.  Que los informes policiales deben contener filigranas para sortear vericuetos y vacíos de ordenanzas. Que pasa el tiempo, en fin, y los mercadillos empiezan a aletargarse, sin que parezca existir mucha voluntad política de reactivarlos y de fiscalizar su montaje, tarea que corresponde, por supuesto, a los grupos de oposición.

         A ver si el episodio, entre dudas, indecisiones y oscurantismos, depara algo más.

INVERSIÓN HOTELERA

“La consolidación de la confianza de los inversores y la mejora de los principales indicadores turísticos han devuelto al mercado de la inversión hotelera a niveles del año 2007”, ha dicho Miguel Vázquez, responsable del área de hoteles de la consultora Irea que acaba de hacer público, en efecto, un informe sobre la evolución de la inversión hotelera en nuestro país que, en 2014, registró un incremento del 37% con respecto a 2012 hasta alcanzar los mil ochenta y un millones de euros. Estamos ante el tercer mejor registro de los últimos veinte años.


Los datos engrosan la bonanza del sector turístico, sin que deban suponer que se desate la euforia. Porque las buenas perspectivas de la evolución de la demanda, sumadas a una oferta que se contrae por la escasez de nuevos desarrollos durante el período de crisis, reflejarán teóricamente un impacto positivo en los principales indicadores del parque alojativo como son la ocupación y el precio medio del año recién estrenado. Entre las conclusiones del informe Irea, tales factores afectarán positivamente al mercado de inversión hotelera.

Canarias, junto a Islas Baleares y Costa del Sol, sigue concentrando la actividad transaccional. Todo da a entender, en cualquier caso, que la inversión hotelera, apta para medir la capacidad de respuesta ante las tendencias y las demandas del mercado turístico, retoma una senda interesante de activar parques o complejos vacacionales. Se ha dicho por activa y por pasiva: los clientes están en una fase cada vez más exigente cuando deciden el gasto vacacional; por lo tanto, buscarán prestaciones cualititativas en establecimientos que no solo han de superar el desfase o la obsolescencia sino que los quieren a la altura de los más destacados.

MOTOS PARA LA POLICÍA

Admitido su momento de hilaridad, porque lo tiene, y asumida la expresión qué desastre con la que se manifiesta un cierto estado de ánimo o una impresión negativa muy extendida con respecto a las cosas de la vida municipal, la noticia de la caída del motor de una motocicleta de la policía local portuense en plena plaza del Charco, sugiere de inmediato la reflexión del mal estado de los recursos materiales del cuerpo para el desempeño de su cometido. Hablamos de policías, de motos, de vehículos indispensables para llevar a cabo su tarea, para desplazarse con prontitud al lugar donde han sido requeridos. Si, además de escasear, las unidades, por exceso de uso, por vejez, por falta de mantenimiento, por lo que sea, no inspiran una mínima seguridad en su funcionamiento, la estampa que se transmite es muy negativa, se diría que hasta el ridículo.

         Lo ocurrido pone al desnudo que la lucha de la policía local del Puerto de la Cruz por disponer de unos equipamientos y recursos materiales mínimamente dignos, sigue siendo una constante. Sus responsables, sus mandos y sus representaciones sindicales vienen insistiendo desde hace años en que para realizar las tareas que se le encomienden, para el nivel de prestaciones que han de llevar a cabo y para los servicios que les son reclamados en una ciudad con tan peculiares características como es el Puerto, no les basta con las dotaciones disponibles. Ni ahora ni antes.

         Ocurre que ahora a una motocicleta se le cae el motor en plena vía pública y el impacto es mucho mayor. Habrá quien piense en la rechifla y la policía municipal no es merecedora de ella, por lo que, tras lo sucedido, procede afrontar medidas que fortalezcan su flota automovilística.

         Claro que para ello no hay que dar muchas vueltas: es una cuestión de priorización de recursos presupuestarios, es decir, que haya dinero y se invierta. Lo que sea con tal de borrar esta penosa imagen y las chanzas que ya circulan por la ciudad. Por no hablar de las que ya habrán asimilado también en otros cuerpos policiales.

         Venga, que no se repita.