DONDE SEA, INFORMACIÓN DE CALIDAD

“Independientemente del soporte, lo importante es que se produzca información de calidad”, es la conclusión a la que llega la ensayista francesa y doctora en Economía por Harvard, Julia Cagé, en su reciente obra Salvar los medios de comunicación(Anagrama), a la que aludimos brevemente durante el acto de presentación del Anuario 2014 de la Asociación de la Prensa de Tenerife en el que invitábamos a ejercer el periodismo con profesionalidad, responsabilidad, mesura y un alto sentido de la humildad.

La autora francesa hurga en los pliegues de la dicotomía que embarga a los medios impresos que siguen perdiendo tirada y los diarios digitales que no paran de ganar lectores o visitantes. Las incógnitas se acentúan cuando no está nada claro el rumbo de los ingresos directos o derivados de la inserción publicitaria. “El papel está destinado a desaparecer”, afirma Cagé partiendo, por un lado, de cifras contabilizadas de ciberlectores inimaginables en tanto que los compradores de la edición impresa a duras penas cientos de miles; y por otro, del criterio, cada vez más aceptado, relativo a que los contenidos de pago “son el futuro de una industria de la que está huyendo la publicidad”. Así las cosas, cada vez está más extendida la apreciación de que “hoy ya
nadie está dispuesto a pagar por obtener información”.

En la segunda parte de su obra, la economista gala, de 31 años, formula una interesantísima propuesta, al menos desde la sensibilidad que se va consolidando en su país. Los medios informativos, viene a señalar, deben ser considerados como un bien público, equiparables a la universidad. Aceptando esta premisa, el siguiente paso consistiría en crear unas entidades sin ánimo de lucro (como fundaciones, por ejemplo) que se nutrirían de fondos de distinta naturaleza: desde los que sea posible obtener a partir de considerables ventajas fiscales, a los que traen causa de inversiones privadas irrecuperables. Añade otras opciones, como las recapitalizaciones en casos de pérdidas, las primas de presencia accionarial y una gestión profesional independiente.

Por supuesto, es complejo que la idea cristalice. Con la de acuerdos leales que conlleva y la ingeniería transparente que habría que aplicar, hay un arduo trabajo que llevar a cabo para comprobar que salvar los medios impresos es viable. El escritor y periodista Alex Grijelmo pondera el rigor sobre la que Julia Cagé construye su –digamos– proyecto. Es una mirada, dice, distinta, idealista y creativa. Natural: este tipo de propuestas, si no va acompañado de audacia o de osadía, se agota en los papeles o en los debates que genere. No pasa, queremos decir, de un estudio teórico. Y sin embargo, es factible. Ya es de agradecer el reto al inmovilismo.

De ahí que la conclusión a la que llega, producir información de calidad, sea cual sea el soporte que la sustente, sobresalga en su aportación, sin duda una de las más interesantes en medio de las incertidumbres que azotan el presente y el futuro de los medios y de la profesión periodística. Como mensaje, desde luego, muy preciso.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

Vecinos, activistas sociales y representantes a políticos y de organizaciones cívicas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid promueven una denominada Red de Municipios por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Quieren examinar a fondo las cuentas de los ayuntamientos, usar de forma racional y operativa los recursos que estén a su alcance para fortalecer la transparencia e involucrarse a fondo en la gestión administrativa y financiera de las cuentas municipales. De paso, poner freno a la corrupción y aportar alternativas a las crisis derivadas de los endeudamientos desmesurados que padecen las instituciones locales.

            Todo ello, digámoslo en seguida, debe basarse en una participación activa, cabal, sostenible y bien vertebrada desde unos esquemas siquiera elementales de organización. Si los promotores lo logran -ármense de paciencia, es un proceso que llevará tiempo- estarán dado un paso decisivo para cambiar las cosas, para cambiar el papel de los ciudadanos con respecto a su centro de poder político más próximo, hasta ahora caracterizado, en muchísimos casos, por la indolencia, el pasotismo y un laissez faire que pudieran ser interpretados hasta como cómplices de la realidad económica más agobiante.

            Empiezan a quedar lejos en el tiempo aquellas experiencias inspiradas en los presupuestos participativos de Porto Alegre, capital del estado Río Grande del Sur, en Brasil, de casi millón y medio de habitantes. Fue una opción de democracia deliberativa o de participación directa que algunos audaces municipalistas españoles trataron de asimilar y llevar a la práctica, con resultados desiguales. En varios municipios españoles de Andalucía, Catalunya, Galicia y País Vasco introdujeron el modelo. Es particular el caso de una localidad guipuzcoana, Idiazábal, donde se llegó a debatir la suerte de un campo de fútbol para la que terminó predominando la decisión mayoritaria de los vecinos del pueblo que lograron construirlo en el emplazamiento que decían.

            Los mentores de los municipios madrileños que configuran la citada Red quieren estimular de alguna manera la sensibilidad de los vecinos por la cosa pública. Menos hablar o quejarse y más conocer, integrarse e influir. Más actuar, sobre todo, desde la óptica de administrados a los que deudores, los planes para reducirlos o enjugarlos o las previsiones sobre su régimen impositivo.

            Esta iniciativa sí que merece engrosar el concepto de nueva política, que ya vemos en lo que se está quedando, apenas gestos y reiteraciones aunque sea con otros colores protagónicos. Aguardemos resultados, desde luego, pero afrontar de manera coordinada situaciones relacionadas directamente con la externalización de servicios públicos, procesos de privatización, régimen de concesiones administrativas -en el Puerto de la Cruz deberían tomar nota-, fuentes de ingresos y financiación de endeudamientos estructurales debe ser el primer paso de una larga caminata que haga cambiar la realidad, especialmente desde el ángulo ciudadano-participativo.

            Auditoría ciudadana de la deuda. ¿A que suena bien?

GANAR EL FUTURO TURÍSTICO

Será el próximo verano cuando se empiecen a notar los efectos de las promociones, presentaciones y gestiones llevadas a cabo en la pasada edición de FITUR, sobre la que se sigue hablando, por lo general, en tono encomiástico. Ya se sabe que cada cuenta la feria según le va pero lo cierto es que casi todos coinciden en que fue muy positiva, que sus productos impactaron y que por su destino se interesaron hasta los de más lejanas latitudes.

         Entre las impresiones y balances de FITUR hay un post muy interesante del bloguero y especialista en diseño gráfico, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET), Momo Marrero, quien ha ido especializándose en asuntos de naturaleza turística que desglosa en tono crítico, mesurado y poco dado al triunfalismo.

         Marrero reconoce que España “es el destino de moda por méritos propios pero también por las desgracias ajenas”. Y alude a la situación de los competidores mediterráneos más cercanos, con sus cuitas y su estabilidad interna. El abandono de algunas firmas especializadas de distintos países y el descenso de la afluencia turística a Marruecos (un -1% en el acumulado hasta agosto y un -11,5% solo en ese mes) son hechos reveladores de los “réditos” -y no hay más remedio que entrecomillar el término- obtenidos por España.

         En FITUR/16, que cerró con el mejor resultado de su historia (más de doscientos treinta mil visitantes, esto es un crecimiento del 6%), por lo visto, continuaron fraguándose operaciones de compra-venta de establecimientos, algo que en medios turísticos sigue interpretándose como una prueba de negocios, expectativas y oportunidades interesantes.

         Pero acaso del post de Marrero sobresalgan algunos datos y porcentajes contrastados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Veamos:

         España, con registros que son récords, mantiene la tercera posición en el ‘ranking’ mundial de llegadas de turistas internacionales, detrás de Francia y Estados Unidos.        

Canarias presenta la mayor ocupación a escala nacional en el mes de diciembre con una media del 71%.

Las pernoctaciones crecieron un 4,4%. Las de los viajeros residente aumentaron un 5% y las de los viajeros del no residentes, un 8,5%. Este último apartado lo encabeza Canarias, con el 55% del total de las pernoctaciones en diciembre.

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) se sitúa, al cierre del ejercicio 2015, en el 5%, con una subida de 4,2 puntos con respecto al año anterior. Canarias también se sitúa en cabeza de este capítulo, al incrementarse un 6,3% de tasa anual.

La Facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) subió un 4%, en tanto que el Ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar) de los hoteles españoles aumentó un 11,5%.

Como se puede apreciar, indicadores de bonanza, aunque hasta los más optimistas admiten que es coyuntural dada las adversidades de países competidores. Ello hace que reincidamos en una idea: es el momento de enriquecer la estrategia del destino, de cultivar los valores que contribuyen directamente a la fidelización de los clientes y visitantes y de innovar y cualificar para ganar el futuro. De eso se trata.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En la vorágine informativa de las negociaciones para concertar fórmulas de gobernabilidad, habría que tener muy presente la suerte que correrá la financiación de Canarias en el régimen de las comunidades autónomas. Es una asignatura primordial, como se deduce de las manifestaciones de dirigentes -algunas de ellas en sede parlamentaria- y de las posiciones que han fijado los propios partidos políticos en debates y programas. Aunque pequemos de reiterativos, hay una premisa de la que partir: la financiación canaria consigna las especificidades previstas por la normativa de la Unión Europea (UE) respecto de las regiones ultraperiféricas. Y la singularidad del archipiélago, constatada en razones geográficas e históricas, tiene su respaldo constitucional en la disposición adicional tercera de la Carta Magna española.

Por lo tanto, es importante que si se habla de agenda canaria en las negociaciones con el candidato Sánchez, sean tenidos en cuenta los antecedentes, desde que el Gobierno de Rajoy abriera -por lo que pudiera suceder- las expectativas de un mejor trato para Canarias en aquellos días de vino y rosas que sucedieron a los comicios autonómicos y locales.

En una de las primeras sesiones de control al Gobierno autonómico, su presidente, Fernando Clavijo, consideró vital la negociación para no repetir los que se consideran errores en lo materializado en el año 2009. Para el presidente, en ese sentido, es indispensable separar el Régimen Económico Fiscal (REF) del bloque de financiación autonómica. Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, demandó al principio de la presente legislatura un sistema de financiación más transparente para que no hubiera que mirar de reojo (sic) a las otras comunidades en lo que a prestación de servicios se refiere. Dávila fue tajante: el sistema actual no es claro y es injusto a la hora de ponderar los recursos para financiar, por ejemplo, los servicios sociales.

Nueva Canarias (NC) denunciaba en su programa electoral para mayo de 2015 que Canarias ha venido perdiendo más de 800 millones de euros anuales por este concepto. Para la formación del ex presidente Román Rodríguez se trata de un daño enorme para nuestros intereses y, especialmente, para los servicios públicos esenciales y para la obra pública, que se financian básicamente por este procedimiento. Es esencial, repetía, que nos coloquemos en la media de financiación por habitante del conjunto de las comunidades autónomas. Y a la misma cantidad se refiere el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales que, entre las primeras iniciativas presentadas, promueve una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a presentar un nuevo sistema porque el actual, incluso, ha sido incumplido.

El diputado socialista Francisco Hernández Spínola ha subrayado la necesidad de trabajar sobre los principios de autonomía y suficiencia financiera. Y es que en ellos descansa la clave de que los ciudadanos accedan a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad.

Ochocientos millones menos son muchos millones. Tal carencia, en unos Presupuestos Generales del Estado, se nota y mucho. Entonces, si convenimos en la cifra, en que la cuestión es vital, está consignada en agenda, hay que colocarse en la media y ya están registradas las primeras propuestas, se trata de remar en la misma dirección, a ver si de una vez se alcanza el objetivo de homogeneizar la estructura económica y fiscal de Canarias.

UNAS CUANTAS INCÓGNITAS

He aquí unas cuantas incógnitas para saber qué está pasando en la vida municipal:

-¿Se firmará en este mandato el actual pacto de gobierno en el Ayuntamiento?

-¿Será aprobado en febrero el presupuesto municipal de 2016?

-¿Quedará regulada algún día la ocupación de la vía pública?

-¿Cuánto ha ingresado el Ayuntamiento en 2014 y 2015 por este concepto?

-¿Ya está terminado el Plan Integral del Lago, aprobado por unanimidad?

-¿Reclama alguna indemnización el Ayuntamiento a los todavía adjudicatarios de determinados servicios del complejo?

-¿Hay o no hay auditoría a Aqualia, la compañía concesionaria del servicio de agua?

-¿Va a ser revisado el contrato de la concesión del servicio de limpieza pública?

-¿A cuánto asciende lo que pagó el Ayuntamiento en 2015 por pleitos y contenciosos en los que fue condenado?

-¿Ya está convocado el concurso para la dotación de servicio de cafetería en San Telmo?

¿Ha habido algún criterio para la distribución de puestos de Carnaval?

-¿Y cuáles son los que guían la distribución de inserciones publicitarias en medios promovidas por concejalías o departamentos municipales?

-¿Para cuándo la terminación de las obras de la calle Tegueste (Punta Brava)?

-¿Será necesario un suplemento presupuestario para las mismas?

-¿Será cierto que hay más personal en Pamarsa que laborales del Ayuntamiento?

-¿Qué personal técnico o específico trabaja en la Jefatura Local de Sanidad?

-¿Cuántos funcionarios acompañarán al alcalde cuando tenga que declarar en sede judicial a propósito de la instalación de unos mercadillos en plaza de Europa?

-¿Ya está redactado el proyecto dotacional de instalaciones en la piscina deportiva municipal?

-¿Es verdad que hace meses que no se riega la cancha del campo El Peñón?

-¿Por qué no encontró acogida el Club de Luchas Punta Brava?

-¿Qué suerte correrá, por fin, el templete Lomo Nieves?

-¿Avanza la tramitación para la plena disposición de los terrenos que antecede a la ejecución de la nueva estación de guaguas?

-¿Se sigue convocando el premio de investigación histórica 'Alvarez Rixo'?

-¿Quién objeta la instalación de pantallas televisivas en el bar-cafetería 'Dinámico'?

-¿Cuánto ha ingresado el Ayuntamiento como consecuencia de la renuncia de la anterior empresa concesionaria?

-¿Está dispuesta ya la tramitación para volver a adjudicar la redacción del Plan Especial del Casco Histórico?

A ver si algún día conocemos las respuestas.

Y VENGA ENCUESTAS

Y venga encuestas. Apenas arrancaban las conversaciones para concertar fórmulas de gobernabilidad y ya circulaba la última entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre intención de voto pensando en si hay nuevas elecciones en primavera, que todo puede suceder, dicho sea de paso.

A este ritmo, los españoles somos un país encuestado, o en permanente estado de consulta demoscópica. Da igual que acierten o no, que se despachen con el tópico de marcar tendencia o que se traten como hay que hacerlo, es decir, con la máxima relatividad. No se trata de denigrar a las encuestadoras y a los sociólogos: el trabajo es el trabajo; sino de aceptar de una vez por todas que no se puede vivir a golpe de porcentajes estimativos que, a su vez, induzcan titulares o interpretaciones mediáticas que favorezcan determinados intereses. En este caso, además, cuando ya se está en plena negociación para intentar formar gobierno, asunto incierto donde los haya.

A la rica encuesta. Dale con las estimaciones, que muchas veces no se corresponden, por cierto, de forma coherente entre intenciones, fidelidades, recuerdos y ponderaciones de líderes. Serán muy útiles a los estados mayores de los partidos y a sus estrategas pero su traducción es un ejercicio a conveniencia que, por tal misma razón, abona la relatividad.

Siquiera para volver a preguntarse qué más se necesita para que los electores castiguen a una formación política. O si alguna vez el PSOE ganará alguna encuesta. O si los nacionalismos ya no tienen sitio en el espectro político.

CANCELACIONES POR FALTA DE HOTELES

Para quienes no conozcan qué es Mundiplan, digamos que se trata de un importante grupo empresarial que se encarga de organizar, gestionar y ejecutar el denominado Programa de Turismo Social promovido por la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Gobierno de España.

Se integran en el grupo los sectores de aviación comercial (Iberia), transporte terrestre (Alsa), turoperación (Gowaii) y la distribución (Iag7 Viajes).

La noticia es que Mundiplan está cancelando viajes subvencionados del Imserso a Canarias porque se dan casos en que los hoteles contratados, aunque no pagados todavía, han acabado vendiendo sus plazas a otros turoperadores. O sea, porque no hay hoteles disponibles.

Sobre este tipo de viajes se libró en su momento todo un contencioso de intereses. Al final, tras varias impugnaciones, se llegó a una especie de solución salomónica en la que a  Mundiplan le fue asignada la gestión de los viajes a las islas.

El caso es que ahora mismo Canarias registra unos muy altos índices de ocupación con las celebraciones carnavaleras y eso dificulta la disponibilidad de plazas. El citado grupo empresarial contrató habitaciones, pendientes de pago, pero los hoteleros, dado el retraso producido por haberse dilatado la tramitación del concurso, quisieron poner fin a la incertidumbre y vendieron -se supone que a mejor precio-  parte de esas plazas a otros turoperadores sobre los que se amontonan demandas de Canarias a la vista de la inestabilidad en otros destinos turísticos.

Imposible atisbar una solución satisfactoria cuando ya han comenzado las fiestas en las islas y cuando el ‘no hay habitaciones’ se extiende por todas ellas. Mundiplan confía en que la situación se normalice después de carnavales pero, mientras tanto, hay que afrontar la coyuntura de las cancelaciones con los instrumentos legales en la mano. No olvidemos que estos viajes subvencionados están promovidos por una entidad pública y guiados por un marcado interés social. El Imserso tendrá que ofrecer explicaciones y soluciones: puede que sean centenares de jubilados que se quedan sin vacaciones.

Pero resulta muy curiosa la situación: cancelaciones de viajes porque no hay donde hospedarse. Somos los mejores.

UN SUPERMAN PORTUENSE

La vida da vueltas en cuestión de días, de semanas.

De repente, muere su madre un 26 de diciembre y un mes después protagoniza uno de esos hechos infrecuentes que termina fijándose en las páginas de los periódicos y en los informativos audiovisuales, hasta los de la BBC: vestido de Superman, fue capaz de desarbolar a un presumible ladrón que, borracho, intentaba robar a una anciana en el exterior de un cajero. Lograron detenerle e impedir el delito.

Ocurrió en Banbury (Reino Unido). La hazaña fue protagonizada por un portuense de nacimiento, Antonio Cortés, 32 años, trece de ellos residiendo en Inglaterra.

“Superman existe y es de Tenerife”, tituló Daniel Millet en La Opinión al dedicar un reportaje a Cortés que aparece en una fotografía con la indumentaria del célebre superhéroe norteamericano. Cortés trabaja en una organización que desarrolla actividades para familias con niños que tienen algún tipo de discapacidad. Se disfrazan de superhéroes para llamar la atención cuando piden donativos en avenidas y parques.

Escuchó el grito de una mujer mientras desayunaba. Miró enfrente y localizó el lugar de los hechos. Salió de inmediato, intervino y redujo al presunto atracador. Seguro que cuando apareció la policía, la sorpresa al encontrar a Superman, perdón, a Antonio Cortés disfrazado de, fue mayúscula.

Una intervención a tiempo, casi una heroicidad, una buena obra. Una actitud valiente y solidaria.

Como escribe Millet, “por un día sintió que realmente se puede ser Superman”.

NUEVO GÉNERO: VERIFICACIÓN

La frecuencia con que dirigentes y cargos públicos faltaban a la verdad en sus comparecencias ante los medios ha determinado la aparición de un nuevo género periodístico consistente en la verificación o la comprobación de la veracidad de sus declaraciones. La disponibilidad y la facilidad de acceso a buscadores, hemerotecas y archivos lo hacen relativamente fácil de ejecutar. Las exigencias de transparencia, prácticamente universales, en especial en el ámbito público, contribuyen a su desarrollo. Los políticos, en ese sentido, deben andarse con mucho cuidado: hasta hace poco gozaron de una gran permisividad y hasta abusaron de la desmemoria de la gente pero ahora que empiezan a consolidarse programas y espacios que cultivan este género, su margen de maniobra en ese campo empieza a ser cada vez más reducido. Si se les pide coherencia y si no quieren ser pillados en incumplimientos, dolos o contradicciones, habrán de ir montando y repasando su propio archivo, única manera de no ver mermada su credibilidad y sus capacidades de información, análisis y convicción.

         Muchas apreciaciones y observaciones de personajes públicos que están en la cresta de su popularidad y quieren permanecer en primera línea son carne de titulares. Los periodistas y los medios los están esperando. Para destacar y reafirmar mensajes -y puede que líneas editoriales- o ganar audiencia y lectores o poner en tela de juicio al autor de las manifestaciones. Entonces, brota la gran duda: distinguir la realidad de la falacia, de la artificialidad, de la impostura y ¿por qué no? de la iniquidad y la ignorancia. Las posibilidades de escapar, si hay una mínima destreza y un adecuado uso de los recursos al alcance, son pocas. Ni el mismísimo Barack Obama ni el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, han podido eludir esta soberana fiscalización periodística. En España, donde la cadena de televisión La Sexta ha ido cultivando el género en distintos programas, son muchos políticos y personajes públicos los que han quedado o están quedando en evidencia. En la memoria quedan aquellos ensayos de Julián Lago en La máquina de la verdad (Tele 5), más dados al espectáculo y al morbo que otra cosa, renovados o actualizados en realities con el polígrafo y sus dictámenes.

         Las dudas saltan para dar razón de ser a la pretendida verificación: ¿Cómo sabemos cuándo una figura pública está mintiendo o distorsionando información para beneficio político o personal? ¿Cómo decidimos en qué creer? ¿A quién creerle? Cuando se trata de corroborar los dichos de las figuras públicas, ¿por dónde empezamos? Sherry Ricchiardi plantea estas cuestiones en un documentado trabajo para ijnet.org en el que alude al sitio PolitiFact, premiado con un Pulitzer, donde se detallan algunas recomendaciones para desenvolverse en el género. La editora Angie Drobnic Holan señaló sobre el particular: “Cuando estamos buscando pruebas de lo que se dice, elaboramos una lista de cosas a chequear para asegurarnos de no olvidar nada. Si bien cada acción de verificación de información es diferente, en cada una de  ellas se pueden utilizar las mismas técnicas para descubrir los hechos y llegar a la verdad”.

         Estos serían, expuestos de forma muy condensada, sus consejos para que el periodista obre con propiedad y seguridad:

         -Pedir pruebas de lo que se dice.

         -Buscar lo que otros verificadores de información hayan encontrado antes.

         -Hacer una búsqueda en Google y luego realizar otras.

         -Consultar expertos con puntos de vista distintos.

         -Más preguntas a uno mismo y otras fuentes para contrastar la evolución del trabajo y su consistencia.

         Una organización que promueve la precisión de la información que manejan los medios de comunicación, Africa Check, también ha trabajado sobre estos menesteres y recomienda recurrir a las fuentes de datos, a los expertos y a la gente: “Verificar el discurso público -apunta- no es sencillo. El diablo, a menudo, está en los detalles. Para encontrarlo, se necesita resistencia y persistencia”.

         Una experta en engaños, Janine Driver, sugiere que la última pregunta de una hipotética entrevista sea de este tenor literal: “¿Me dijo la verdad en todas sus respuestas?”. De la forma de contestación, se empieza a desprender o no la franqueza. Y con ella, la verificación.

VIOLENCIA, AÚN PENDIENTE

Empieza a ser recurrente, en el concreto contexto informativo, aludir al número de mujeres que han muerto víctimas del machismo criminal incontrolado. Mala señal.

         El actual presidente del Congreso, Patxi López, se estrenó en el cargo apelando a la necesidad de alcanzar una entente social, sólida y operativa, para erradicar la violencia de género partiendo de que no afecta, en exclusiva, al ámbito privado sino que es la expresión más brutal y rechazable de una sociedad cada vez más caracterizada por la desigualdad. Ojalá  le hagan caso.

         Esas dos premisas son indicadoras de que el problema está latente. Las circunstancias que concurren en cada asesinato ponen de relieve que es indispensable aumentar la sensibilidad y hacer todo lo que esté al alcance, desde un ángulo preventivo, para eliminar prejuicios y modificar códigos de conducta: no basta con endurecimiento de las penas, pongamos por caso. Hay que esforzarse en acabar con esa consideración de las mujeres por parte de los agresores, o sea, personas que son irrespetadas, que carecen de derechos tan elementales como la libertad o la capacidad de decisión. Cuánta falta hace educación para la ciudadanía.

         La evolución de esta lacra obliga a no permanecer impasibles. Hay que perseverar una y otra vez en el principio de igualdad entre hombres y mujeres de modo que éstas sean consideradas, de manera indubitada, respetables sujetos de derechos de ciudadanía. Acaso sea ello una de las causas más latentes en las que insistir. Cierto que desde la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género -se han cumplido ya doce años-, se ha avanzado mucho. Y el posterior Convenio de Estambul, también suscrito por España, vino a consolidar no solo un marco legal sino un enfoque en consonancia para prevenir este tipo de violencia, protegiendo a las víctimas y condenando a los infractores. Si queremos desenvolvernos en una sociedad segura y tolerante, libre de fenómenos tan dañinos y preocupantes como es el de la violencia contra las mujeres, la sociedad toda y sus poderes públicos deben implicarse al máximo y sin reservas, con medios y con recursos, con programas didácticos, aplicables y sostenibles desde instituciones y entidades. En cualquier agenda deben ocupar un lugar preferente.

         El caso es que, pese a los avances y los esfuerzos, seguimos contabilizando víctimas. Es lo que incide en la dimensión del problema y lo que obliga a no bajar la guardia un solo instante. Educación, civismo y prevención son primordiales para reducir las estadísticas y no asistir a sucesos deplorables que se registran en cualquier lugar del país. Cabe temer que la expresa alusión de López se pierda en el tráfago de las negociaciones para encontrar cauces de gobernabilidad pero igual resulta una referencia para las formaciones políticas que se aprestan para una legislatura aparentemente agitada, sea cual sea su duración. No creemos, en efecto, que estén muy lejos todas de admitir que es indispensable consignar partidas presupuestarias suficientes de las administraciones competentes. La pretendida Unidad de Coordinación contra la violencia de género en cada Comunidad Autónoma es un objetivo común. Activar y ejecutar un Plan nacional de prevención y sensibilización debe también, cuando menos, acercar posiciones. Y en el plano educativo, creemos que también es posible concertar criterios para incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de cualquier tipo de violencia de género en todas las etapas educativas.

         Para esto sí que se requiere, desde luego, un Plan Integral. Están tardando.