REGALO NAVIDEÑO DE LA JUSTICIA EUROPEA

La sentencia, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), es un auténtico regalo de Navidad para todos aquellos que padecían las inconsecuencias de las cláusulas suelo. Cierto -y es lo inquietante- que la banca no está por la labor y como que no reintegrará cantidades de forma automática, seguramente a la espera de encontrar algún mecanismo de ingeniería financiera. Pero hay que estar tranquilos: seguro que la banca no descenderá a los suelos. Ni siquiera con el primer cálculo del impacto: el importe de la devolución ascenderá a cuatro mil doscientos millones de euros.

Lo cierto es que la resolución del Tribunal obliga a devolver todo lo generado por estas cláusulas desde el año 2009, cuando empezaron a reducirse los índices hipotecarios. Son miles de clientes o usuarios  los beneficiados. Quienes se han mostrado recelosos con la estructura y las instituciones de la Unión Europea, quienes seguro que en más de una ocasión se han cuestionado sobre su utilidad o han mirado aquéllas con distancia escéptica o indolente, acaban de encontrar una respuesta clara: el Tribunal de Justicia de la UE ha sido valiente y terminante al derribar justificaciones y elevar el nivel de protección de los consumidores, sobre todo ante los poderes económicos y financieros, tan acostumbrados a hacer negocios y, en muchos casos, a exprimir.

Que entiendan bien el valor de la sentencia antes de volver a poner en circulación prácticas que parecen concebidas para ingresar e ingresar sin importar las debilidades. Es que la banca no entiende de eso: la justicia europea, sí.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN ENTREDICHO

España ha recibido un serio varapalo en lo que a independencia judicial se refiere. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público, en efecto, un nuevo informe en el que se critica la inhibición de nuestro país tras haber recibido recomendaciones para fortalecer aquel concepto. En el informe se constata el desinterés en revisar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.

Las conclusiones reabren un viejo debate, al que no se ha sabido ni se ha podido dar una solución estable y satisfactoria. Un escenario político en el que el bipartidismo ha perdido protagonismo contribuye a una cronificación del problema que estriba en el pacto o sistema seguido para la designación del gobierno de los jueces.

De manera que se ha llegado a un punto en el que la credibilidad de la justicia también flaquea por uno de sus principios básicos. El GRECO valora positivamente algunas medidas puestas en marcha por jueces y fiscales pero lamenta que sus sugerencias no estén siendo tenidas en cuenta. Ello sucede en un contexto de corrupción política que, en algunas fases, se ha hecho insostenible en nuestro país. Por esas razones, el citado Grupo alude en su informe al denominado Plan de Regeneración Democrática que consigna iniciativas tales como el aumento de la transparencia en las instituciones, la reforma de las normas que regulan la financiación de los partidos políticos y la promoción de la integridad en la vida política para combatir la casuística y erradicar, en la medida de lo posible, esas extendidas prácticas de corrupción.

También se habla en el informe de la necesidad de fortalecer los controles que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, aunque el GRECO llega más lejos y plantea la creación de nuevas tipificaciones penales para un determinado delito de enriquecimiento ilícito así como el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción y la aceleración de los procedimientos tras unas investigaciones que deben ser ágiles y eficientes.

A ver qué resultados aporta la legislatura recién estrenada en este capítulo. Porque se quiere un nuevo código de conducta para diputados y senadores. Y porque se quiere revisar a fondo el régimen de información financiera, además de establecer algún mecanismo corrector o sancionador que sea de aplicación cuando se constate mala conducta.

Por último, este Grupo reclama incidir en las medidas para mejorar la información patrimonial de los integrantes de los poderes públicos, lo que considera un importante instrumento para evitar conflictos de intereses. Entre los datos a conocer, señala los bienes inmuebles y vehículos, los nombres de las empresas a las empresas de las que tienen acciones, los créditos obtenidos de entidades financieras o las donaciones recibidas.

Como se puede apreciar, aún mucho por hacer. Confiemos en que después de las quejas porque no se hace caso a las recomendaciones, haya otros comportamientos y otras políticas más comprometidas para dar sentido a la independencia judicial. El varapalo de ahora debe servir de estimulante lección.

MEJORAS, SÍ; PERO SIN DESLUMBRAR

Mejoran los índices de ocupación turística en el Puerto de la Cruz: durante los diez primeros meses del año que declina, setecientas cuarenta mil ochocientas noventa y cinco personas se alojaron en sus establecimientos, un 75,9% en números relativos, trece puntos por encima del mismo período de 2015.

Los datos fueron publicitados por el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso; el alcalde portuense, Lope Afonso; y otros responsables. Aprovecharon para dar a conocer los resultados de la iniciativa “Puerto de la Cruz, parte de ti”, gestada para reposicionar la ciudad como destino turístico de elevado atractivo e incluida en un plan de márquetin, y se congratularon, claro, de vientos tan favorables. Dicen que la iniciativa ha llegado ya a unas setecientas mil personas, más o menos la misma cantidad que visitó la ciudad entre enero y octubre del presente año. Habrá que medir, en su momento, las repercusiones.

Porque ahora se trata de seguir analizando causas que inciden en la coyuntura de bonanza, que los comerciantes, por cierto, no terminan de ver, prolongando de esa manera el lamento que les caracteriza. La cuestión estriba en contrastar si se ha fidelizado la clientela, es decir, si se han hecho cosas como para confiar en que quienes ahora nos han visitado, especialmente por primera vez, se han guardado una buena impresión y se han quedado con las ganas de volver.

¿Le han satisfecho los servicios, se han encontrado a gusto, han valorado el estado de la ciudad, han paseado a gusto, les han parecido estimables la accesibilidad y el transporte, han echado en falta instalaciones básicas como una estación de guaguas, han apreciado la seguridad como un bien primordial, se ha correspondido su gasto con lo que le han ofertado? Deberíamos conocer respuestas para saber si se va a seguir creciendo, un hecho que no solo interesa desde el punto de vista cuantitativo. Porque, que sepamos, el aumento de los precios -algunos justifican la medida para ganar en competitividad- debió servir para mejorar, innovar y cualificar prestaciones, y si nos apuran, hasta para generar empleo.

El Puerto es un destino diferenciado. En ese sentido, tiene que cuidar sus valores, los que ha atesorado a lo largo de decenas de años. Y tiene que rellenar vacíos y carencias. Está bien lo de mostrar la ciudad desde los sentidos y los sentimientos pues con ello se implica a los profesionales y la ciudadanía. No es ningún descubrimiento pero es positivo revitalizarlo. Y esta es, teóricamente, una buena coyuntura para hacerlo.

Sin dudar de las estadísticas, que en el fondo revelan una recuperación, hay que esmerarse y optimizar los recursos. La sensación que queda, en ese sentido, es que no deben deslumbrar ni autocomplacer pues aún hay mucho por hacer y mejorar.

Y lo saben.

DESAZÓN Y ESPERANZA DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA

Luces y sombras. Desazón y esperanza. Avances e incertidumbres. Menos independencia y confianza, empeoramiento de las presiones, precarización en el empleo y debilidades del pluralismo en los medios. Estas son, en pocas palabras, las conclusiones del Informe Anual de la Profesión Periodística 2016, confeccionado por la Asociación de la Prensa de Madrid que ha encuestado para la ocasión a mil ochocientos treinta y tres periodistas.

Esa progresiva pérdida de la independecia editorial es percibida no solo por la ciudadanía sino por los propios profesionales de la información: curiosamente, ambas partes suspenden a la profesión con un calificación de 4,3. Sin embargo, tal circunstancia no ha acarreado una reducción de la confianza de los usuarios en los medios como lo prueba el que este indicador mejore unas décimas con respecto a 2015, situándose en 5,7 en una escala sobre 10.

De las respuestas procesadas se desprende que la crisis ha hecho mella en el sector, tal como se refleja en que las empresas tuvieron que recurrir a poderes económicos para financiarse y subsistir. Ello ha repercutido en la propia calidad del producto periodístico y hasta en la credibilidad de los profesionales de la informacióna a los que se reprocha una cierta tendencia a convertir la información en espectáculo y una falta de rigor en su ejercicio. Eso incide en el rebrote del amarillismo y del sensacionalismo que propicia una más baja calidad de la información.

Llama la atención de las respuestas de los periodistas sobre el deterioro de la imagen de los periodistas. La televisión es el medio al que el 79,3% de los encuestados culpan de esta percepción, seguida muy de lejos (8,7%) por las redes sociales. Este dato concuerda con los hábitos de los ciudadanos para informarse sobre política, dado que el 72,6% recurre a este medio en busca de este tipo de información, seguido muy de lejos por la radio (35,4%) y la prensa (34,6%).

Destacamos al principio que empeoran las presiones para condicionar o manipular la información y que, a su vez, minan la independencia de los medios además de acentuar la autocensura. Veamos los registros que acreditan que esta situación se agrava en nuestro país año tras año. El 74,8% de los profesionales reconocen ceder a las presiones. En el Informe se señala que el miedo a las represalias por parte de los jefes o del propio medio es el mayor atenuante de la que conceptúa como “restricción de la libertad”. Los poderes políticos y económicos también tratan de aprovechar esta debilidad. El 32,9% de los encuestados con un contrato aseguran haber reducido presiones políticas, mientras que en el segundo caso el porcentaje representa un 30%.

Un mercado laboral difícilmente accesible. Esta es la realidad para licenciados y aspirantes a conseguir empleo. El paro, a pesar de reducirse por tercer año consecutivo, continúa siendo un 78% mayor que en 2008. En la actualidad, 7.890 periodistas están registrados como desempleados, siendo este número mucho mayor entre mujeres (5.029) que entre los hombres (2.861).

La presidenta de la APM, Victoria Prego, explica al respecto que "la pérdida de trabajos a chorro se ha reducido porque ya se han perdido tantos empleos que no se pueden perder más". Precisa que "los mayores damnificados son los periodistas de más de 45 años, para quienes el panorama se presenta mucho más oscuro”. Este pesimismo se transmite a su vez a aquellos periodistas que buscan, como dijimos, un primer empleo. Así, un 53,6% de los encuestados creen que "será muy difícil" acceder al mercado laboral, frente solamente un 5% que aseguran estar "totalmente convencidos" de que encontrarán trabajo.

En este contexto, del Informe se concluye que la precarización ha pasado a ser uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector. El 52,2% de los encuestados consideraban el aumento del paro y la precariedad laboral que este provoca el mayor problema al que se enfrenta la profesión, seguido de una mala retribución del trabajo periodístico. De este modo, el nivel medio de ingresos mensuales se sitúa entre los dos mil y los tres euros euros, cobrando esta cantidad un 26,9% de los periodistas. No obstante, el grupo de aquellos que cobran entre 1.500 y 2.000 euros representa prácticamente la misma cantidad (25,6%), como sucede también con aquellos que cobran entre 1.000 y 1.500 (un 24,6% de los encuestados).

Finalmente, hay que referirse al incremento de la concentración de medios como uno de los riesgos más evidentes para el pluralismo informativo. Ello repercute en la captación de recursos publicitarios que acapara, principalmente, la televisión pues es el único medio que ofrece estimables niveles de audiencia y, por tanto, de difusión de los mensajes. Aunque no es el único problema, el Informe señala que “la falta de pluralismo está directamente relacionada con el peso de la televisión”. Esta apreciación, contrastada con otros estudios, permite afirmar que “en una escala que va desde riesgo despreciable hasta el 100% de riesgo, la situación en nuestro país era calificada con un 69%”.

Con estos datos y porcentajes, la profesión periodística presenta una realidad complicada, con luces y sombras. La incertidumbre laboral, según testimonio de la propia Victoria Prego, puede verse mitigada por la implementación de las nuevas tecnologías que alumbrarán nuevas tareas profesionales que desempeñarán los propios periodistas. Confía también la presidenta de la APM en que la necesidad de comunicar que tienen instituciones y entidades empresariales generará más opciones de empleo. Ojalá se cumpla su vaticinio.

ZAPATEROS (NOBLES) PORTUENSES

                       Zapatero remendón... noble de profesión (Anónimo)

Esta y otras muchas frases han caracterizado la vida, el oficio y hasta el arte de los zapateros. Han desaparecido de muchos pueblos y de las ciudades, donde han sido sustituidos por otros profesionales, más versátiles, con otras herramientas u otras técnicas... o, simplemente, no tienen sustitutos porque es más fácil tirar o desprenderse de un calzado roto o deteriorado y comprarse uno nuevo antes que intentar un arreglo o un remiendo.

Pero eso no quita valor a otra definición anónima: Profesión de zapatero, la nobleza es lo primero. Y hay quien la elevó de rango en el imaginario popular: El zapatero ejemplar, tiene en el arte un lugar. Como que Thomas McCarthy, con Adam Sandler de protagonista, la llevó al cine hace un par de años, en una estimable comedia: Con la magia en los zapatos.

El caso es que en el Puerto ya no quedan zapateros, es decir, aquellas personas dedicadas a la fabricación o reparación de calzado, tan respetables en su quehacer, tan dedicadas a su ejercicio cotidiano (menos los lunes, día en que había una especie de pacto tácito para tomarse el día libre), desempeñado con esmero, conscientes de lo que significaba calzar con dignidad y decencia en tiempos de posguerra y de apertura a los avances derivados del turismo. No necesitaban grandes espacios: apenas un cuarto, una pequeña estancia, a veces un taller compartido, y a veces hasta casi en el exterior de una vivienda.

Recordemos entonces a aquellos zapateros portuenses que, en ciertas épocas, alternaron la geografía urbana para coser, reparar, colocar suelas y medias suelas, talones... Con las tenazas, la escofina, el martillo de remendón, el abridor, el galgo y el tirapié, algunas de las herramientas más comunes y cuyo manejo los niños contemplábamos con cierta admiración. Trabajaban el cuero, reparaban cinturones y bolsos, abrían orificios y hasta los primeros balones que luego se conviertieron en habituales regalos de Reyes.

Benito Hernández, en el paseo Quintana, esquina a Agustín de Bethencourt, hacía polainas de cuero y botines. Los hermanos Hernández (Agustín, Pepe, Alejandro), en el mismo paseo, antes de ser derribada la casa en donde luego sería construido el hotel 'Los Príncipes', también vendieron y arreglaron mucho calzado. Junto a Pepe, uno de ellos, trabajó muchos años (también en la calle La Verdad) Vicente Rodríguez. Consignemos, igualmente, a Esteban Martín y a Vicente García, el padre de Germán, emplazado en las cercanías del campo El Peñón. Antonio Gil oficiaba diariamente en la calle Pérez Zamora. Muy cerca, en los bajos del actual establecimiento 'El Pescador' (Puerto Viejo esquina Pérez Zamora), lo hacía Juan González. Y Domingo Méndez Bethencourt en la calle Iriarte. Muy recordado, por supuesto, Juan Torres, a quien veíamos fajado en el patio de la antigua sede del Frente de Juventudes en la plaza del Charco. Seguro que hay omisiones, en todo caso involuntarias. Disculpas, pues.

En los barrios apenas ha sido posible identificar. En La Asomada, en una de las curvas cercanas a la entrada del parque Taoro, y en La Vera, junto al bar 'Tinerfe', hay testimonios de que trabajaban dos. Pero no así en Punta Brava ni Las Dehesas ni en el Botánico ni en El Durazno.

Un oficio perdido. Pero quedó en el pueblo la huella de auténticos artesanos. Aquellos que repetían con todo fundamento otra frase archiconocida: “Cada uno sabe donde le aprieta el zapato”.

DEPENDENCIA

Diez años ha cumplido la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, que significó un avance importante para el tratamiento y la asistencia de personas que verdaderamente lo necesitan. Una ley progresista, de las más avanzadas en materia social en el ámbito de la Unión Europea (UE), como ha sido reconocido. La norma convirtió en un derecho lo que hasta su promulgación era considerado como un voluntarismo familiar o un asistencialismo incluso caritativo. Su razón de ser robustecía el Estado del bienestar que, teóricamente, asumía una responsabilidad con un soporte adecuado para afrontar todo un reto de futuro y dar un salto cualitativo en el tratamiento del problema.

Claro que no todos los problemas se han resuelto y que la austeridad y los recortes de las políticas gubernamentales en la pasada legislatura han supuesto un cierto estancamiento del que ahora se pretende salir con un pacto o un gran acuerdo, promovido por el Observatorio Estatal de Atención a la Dependencia que han firmado todos los grupos parlamentarios menos el del PP, consistente en revitalizar la filosofía y los contenidos de la Ley, un hecho que pasa, naturalmente, por la dotación de más recursos presupuestarios, los suficientes para que el sistema funcione con solvencia. Téngase en cuenta que las comunidades autónomas afrontan casi un 77,5% del presupuesto dedicado a esta finalidad, en tanto que algunos expertos mantienen que el volumen de reducción de recursos estatales en la pasada legislatura supera los dos mil ochocientos sesenta y cinco millones de euros. Haría bien el partido gubernamental en sumarse a ese pacto o en revisar al alza las consignaciones para financiar las prestaciones y los servicios. Y es que la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales, en su informe del pasado febrero, anticipó que hay casi cuatrocientas mil personas pendientes de ingresar en el sistema que ya cobertura a un millón ciento ochenta mil trescientas cuarenta y cinco personas.

La  vulnerabilidad sigue latiendo en medio de la crisis que se resiste a dejarnos. Ello hace de la dependencia una asignatura que no puede abandonarse. Instituciones, administraciones y profesionales deben estar persuadidos de la importancia que supone, sencillamente, una atención justa y digna.

LA ÑAMERA, UNA ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL

“Somos un grupo de vecinos del Puerto de la Cruz. Queremos concienciar a los vecinos, autoridades y empresarios del municipio de los daños para la salud que genera la contaminación acústica en nuestro pueblo”.

Así se presenta la Asociación Medioambiental La Ñamera, surgida para mejorar las condiciones de vida de los portuenses a partir de la efectiva regulación de actividades y del respeto del cumplimiento de las ordenanzas. Dejan claro que “no estamos en contra de la actividad económica ni de la creación de riqueza pero sí debe controlarse el impacto medioambiental que producen, evitar molestias innecesarias y controlar la ocupación de la vía pública”.

Por lo que relatan sus promotores, pretenden un largo recorrido. Que no ocurra como con otras asociaciones que nacen y no crecen, que se agotan después de una aparición digamos que impetuosa. Deben estar muy convencidos, por tanto, de lo que pretenden. Y, sobre todo, ser conscientes de que están ante una causa noble que merece afanes y que chocará con algunas incomprensiones y no pocos intereses. En ese sentido, en efecto, a quienes deben convencer es a agentes sociales: es posible el ocio, es posible la diversión, pero en unas coordenadas debidamente reguladas y aceptadas por todos.

Que sepan que el problema no es sencillo. Desde hace tiempo hay una situación de vacío, de permisividad, de justificaciones y de soluciones difícilmente satisfactorias. Algunos intentamos, hace años, aquel ‘pacto por la noche’ que favoreciera el derecho al trabajo y a la diversión con el derecho al descanso. Se requería voluntad y disposición para llevar a la práctica las estipulaciones de ese pacto con el fin de hacerlo sostenible. Bueno, digamos que quedó en el intento.

Ahora, los promotores “La Ñamera” tratan de sensibilizar y de acabar con una serie de vicios y de comportamientos inapropiados. Es muy importante que tengan una visión lo más amplia posible del problema y de los espacios donde quieran operar. Es decir, que no sea un solo núcleo o sector o distrito. En el Puerto, el ocio -principalmente, nocturno- ha evolucionado en forma y fondo, pero también se ha desplazado. Desde Martiánez al centro, por ejemplo. Pero han surgido otros núcleos, como La Paz o cercanías de Plata Jardín que también requieren de tratamiento.

Es una cuestión de cultura cívica. Y de usos sociales. Por eso se recomienda una comunicación permanente y un contacto con los actores sociales y dirigentes vecinales, por ejemplo. Hasta con madres y padres de alumnos. Que no olviden una cierta propensión didáctica o pedagógica. Porque para recoger frutos, hay que pensar en el medio y largo plazo.

Suerte.

SITUACIÓN DESESPERANTE DEL MARTIÁNEZ

El canto, casi a la desesperada, en una red social, del presidente del Club Natación Martiánez, José Carlos Báez, nos ha retrotraído a los años sesenta del pasado siglo, cuando los entusiastas integrantes del club aguardaban a que se marcharan los turistas que habían disfrutado de las “populares piscinas de Gilbert” (San Telmo), para poder entrenar en la de treinta y tres metros con treinta y tres centímetros, medidas suficientes para homologar marcas. Eran los tiempos de ondinas y tritones, como escribía Alfonso Hernández (Herga), en aquellos dípticos (un DIN-A4 doblado) que servían de boletín -¿cuál era el título, caramba?- para informar de las actividades del club. Tiempos de frío invernal para entrenar de noche, cuando disponer de un albornoz era ser un privilegiado; y de ilusiones ilimitadas cuando se competía en la recién construida 'Acidalio Lorenzo' de la capital.

Tiempos de escasez, efectivamente, que no impidieron tener deportistas titulares de récords ni los sueños de contar algún día con instalaciones propias y dignas, no supeditadas a la retirada clientes extranjeros ni a las tareas de limpieza y mantenimiento que también condicionaban lo suyo.

Báez, el mismo día en que se cumplía un año del cierre de la piscina deportiva municipal, construida junto al campo El Peñón en la segunda mitad de aquella década y motivado por la rotura irreparable de la sala de máquinas, ha expresado con toda franqueza su desazón sin renunciar a la esperanza de una rápida finalización del proyecto de redacción del Centro Insular de Natación que surgió por iniciativa del Cabildo Insular en medio de la crisis de la clausura de las instalaciones.

El Club Natación Martiánez cumplirá en 2017 setenta y cinco años de historia. Mucha prisa tendrán que darse los responsables -recordemos que la terminación del proyecto no es el último paso; luego habrá que presupuestar la financiación- para que ese aniversario pueda celebrarse en la nueva infraestructura. Sería formidable, pero... la realidad es la que es.

Mientras tanto, tendrán que sufrir la escasez y las penurias. José Carlos Báez habla de un año, el que se agota, muy duro, con los deportistas desplazándose a las instalaciones de otras localidades o tratando de no perder la forma con entrenos en el muelle, donde hicieron efectivo el verso popular: “¡En el muelle no hay piscina!”. El presidente señala que “las ayudas del Ayuntamiento están prometidas y aprobadas desde hace meses, pero no hemos recibido nada”. Recuerda que el club ha sido y es imagen de la ciudad, de Tenerife y de Canarias, con representaciones premiadas y distinguidas en natación, waterpolo, salvamento y sincronizada. “Más no se puede pedir a un club deportivo”, lanza su grito cansado y desesperado. Ya no es escepticismo sino consciencia de que habrán de seguir moviéndose entre estrecheces y favores.

Y es que las respuestas sobre las soluciones del concejal-delegado de Deportes, Javier González, tan voluntarioso como maniatado con las limitaciones presupuestarias y económico-financieras del consistorio, casi invitan a la resignación pidiendo “unos años de paciencia” para disfrutar después unas cuatro o cinco décadas de una gran infraestructura, y clamando por una varita mágica “para tener la piscina ya”. Pero él mismo, después de reconocer que son los deportistas quienes lo están pasando mal, admite con realismo que “eso no es posible” y espera que las ayudas compensatorias para el Martiánez y otros clubes puedan ser agilizadas en breve.

Lo dicho: en cierto modo, volver a los sesenta. Y no menos cierto: en el siglo XXI, más de un año sin piscina y sin subvenciones. Que no decaigan, Martiánez, el ánimo ni las ganas de seguir practicando y compitiendo. 75 años bien merecen un esfuerzo.

NIVELES DE MENTIRA

La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado una querella interpuesta por el ex ministro de Industria, José Manuel Soria López, contra la magistrada Victoria Rosell Aguilar. Dice la resolución que los hechos imputados no son constitutivos de delito alguno y que, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas tramitadas. La resolución no es firme: caben recursos de reforma y apelación. Soria acusaba a Rosell de presuntos delitos de injurias y calumnias, retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho.

Un párrafo de la citada resolución es muy contundente: “En consecuencia, no apreciándose ni acreditándose que la magistrada Victoria Rosell Aguilar se haya visto beneficiada por dádiva alguna procedente de antiguas y extintas relaciones comerciales que pudieran haber tenido los señores Ramírez [empresario, presidente de la U.D. Las Palmas] y Sosa [periodista, compañero sentimental], o de un contrato cuando ella no ejercía como magistrada, al haber obtenido la excedencia en la carrera judicial, o bien de un servicio de alarma o de limpieza que pudiera prestarse en las oficinas de Clan de Medios de Comunicación y Marketing, que ni siquiera se acredita sigan en vigor y que, de ser así, su cuantía es insignificante, debe también desestimarse la querella por la imputación referida al delito de cohecho”.

El asunto, en su momento, suscitó una gran controversia, tanto judicial como política y mediática. Significó, independientemente de otras valoraciones sustanciadas en enemistades manifiestas, diferencias e intereses políticos contrapuestos, que la juez Rosell hubo de renunciar a su inclusión en la candidatura de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.

El consecuente '¿y ahora qué?' suena rotundo, como otras ocasiones en que acciones judiciales emprendidas contra representantes o candidatos de partidos políticos o cargos públicos no prosperaron. La judicialización de la vida política, tan legítima como denostada. Publica, que algo queda. ¿Pero, quién, en este caso, restituye a la juez Rosell los perjuicios ocasionados? Ella misma, al conocer la resolución exculpatoria, confiesa que ha sufrido “un año entero aguantando portadas, aguantando en las redes sociales lo más grande, y un descrédito personal, profesional y social de alguien que quería acabar con mi carrera política y profesional”.

Es probable que la pregunta se agote en sí misma, sin más repercusiones; y que el caso sea otra muesca en los vericuetos político-judiciales de algunos. Pero es evidente que el daño está causado, independientemente de los tratamientos mediáticos dispensados al caso. Sobre la mesa, de nuevo, el papel de los medios de comunicación: su cuestionado equilibrio, las rectificaciones imposibles, el sesgo, las inhibiciones o el énfasis exagerado y justificado simplemente porque es noticia y porque la ocasión es propicia para acreditar la igualdad de los mortales.

La magistrada Rosell se refiere a esas connotaciones, identificadas como juicios paralelos, “penas de telediario” o derecho de rectificación, denunciando el hecho de que “los medios no sean capaces de corregir cuando se demuestra que han sido utilizados por una persona con mucho poder, para expandir determinadas noticias tras las que luego es muy difícil recuperar tu dignidad”. Añadió que “mientras, todavía habrá gente que diga “mira lo que hizo esta mujer”. Y no solo los medios, decimos nosotros, sino los periodistas, tertulianos y opinadores.

Rosell se hace una pregunta que suena no menos rotunda: “Más allá de la pena del telediario, ¿hasta qué nivel de mentira estamos dispuestos a tolerar por lo que mandan las personas con poder?”.

Difícil respuesta, claro, pero al menos envuelve una reflexión, obligada tras casos como el que comentamos. Y aunque ella haya vuelto a la judicatura -sin norte claro de un posible retorno a la política- y el ex ministro, ya en su retiro, haya probado de nuevo el acíbar de acciones judiciales contraproducentes, la experiencia debe servirnos para medir el alcance de algunas decisiones y el tratamiento informativo subsiguiente.