POBREZA INFANTIL

“La pobreza infantil es una enfermedad crónica instalada en España en manera anómala, con la que nos hemos acostumbrado a convivir”, ha dicho Andrés Conde, director de Save the children España, integrada en la organización no gubernamental internacional (ONG) que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez.

El mes pasado, cuando la organización dio a conocer el informe titulado El futuro donde queremos crecer, algunos datos volvieron a poner de manifiesto la magnitud del problema de la pobreza infantil. Pese a la mejora del empleo, por ejemplo, uno de cada cuatro niños en nuestro país permanecerá en esa condición en el año 2030. El informe estima que la generación de empleo precario ocasionará un descenso de menos de dos puntos de la tasa de exclusión frente a la situación actual. La tasa afecta a más de dos millones de niños (un 28,3 %) y pasaría a un 26,5 %. El análisis de los datos no hace concebir mejores expectativas: al contrario, o se adoptan determinaciones firmes y operativas o la infancia seguirá mucho más expuesta a la exclusión social que otros grupos de edad. El informe precisa, además, que tener hijos seguirá siendo un factor de riesgo, que aumenta de forma proporcional al número de niños que hay en un hogar.

Andrés Conde estima que habría que seguir políticas como las emprendidas en Reino Unido o Alemania para mejorar e incluso evitar esa enfermedad. Eso sí, advierte que al estar comprometiendo el desarrollo de estos niños como seres humanos, es indispensable abordar la pobreza infantil desde un enfoque integral, con voluntad política y con consenso. “Estamos ante un problema económico -dice- que requiere soluciones económicas y España está en la cola de Europa en inversiones en políticas de familia y de infancia, el 1,3 % del PIB”.

El pasado rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entrañó dejar pasar una oportunidad de revisar una mejora específica. Había voluntad política pero no hubo consenso: se consignaba un incremento de la prestación por hijo a cargo pasando de doscientos noventa y un euros anuales a trescientos cuarenta y uno. Habrá que esperar, pues.

Pero teniendo en cuenta que, según el informe de Save the children España, aliviar esta situación es menos costoso que financiar las consecuencias, de ahí que solicite que la inversión en políticas de familia e infancia se incremente hasta el 2,4 % del Producto Interior Bruto. Se apoya en estas cifras: incrementar las ayudas económicas a las familias más vulnerables hasta los cien euros por cada hijo (actualmente, perciben 24,25 euros), lo que equivaldría a una inversión de 0,22 puntos del PIB, unos dos mil cuatrocientos millones de euros. La cantidad es mucho más reducida que el coste que significa y dimensiona el problema, que se acerca a los cinco puntos del PIB de nuestro país.

Andrés Conde tendrá que aguardar a los resultados de las próximas elecciones. Pero ya se ha apresurado a pedir a los partidos políticos una mirada estratégica. Se trata de tomar conciencia ante un problema que no es menor y que requiere para su solución -está dicho- voluntad política y consenso.

APOTEOSIS, PERO MENOS

A alguien se le ocurrió colar la palabra apoteosis y desde hace unos años aparece en el programa oficial del Carnaval portuense la expresión Coso Apoteosis para anunciar el que debe ser uno de los números más potentes o llamativos. También, en alguna edición, hemos leído Coso apoteósico, este término como una adjetivación que fortalece el concepto. Se llamaba apoteosis a una ceremonia que hacían los antiguos para colocar en el pedestal de los dioses o héroes a los emperadores, emperatrices u otros mortales. Por extensión, también recibía ese nombre cuando se ensalzaba exageradamente a alguien con alabanzas y honores. La definición se resume en el momento culminante y triunfal de una cosa; en especial, parte final, brillante y muy impresionante, de un acto público o de un espectáculo.

De modo que el Carnaval del Puerto de la Cruz llega hoy al que teóricamente debería ser su acto culminante. Se escribe teóricamente porque en la práctica igual deja que desear. En las últimas ediciones, en efecto, ha perdido muchos enteros. El año pasado, sin ir más lejos, salió ya de noche y apenas lucía. Aquellas fotos e imágenes de antaño, diáfanas, radiantes, tan polícromas, ya son historia y quienes conserven archivos poseen documentos muy valiosos si el rumbo sigue siendo el mismo.

Hasta donde la memoria alcanza, empezó a hablarse de coso en la primera mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, cuando el eufemismo de las Fiestas de Invierno salvaba absurdas censuras y el jolgorio carnavalero, tan espontáneo y creativo a la vez, iba paulatinamente adquiriendo la dimensión de espectáculo. En aquellos años se celebraba los lunes por la tarde, en las avenidas de Martiánez, con turistas en terrazas y balcones, con espectadores en los muros y sillas junto al encintado de la avenida de Colón. Circulaban espléndidas carrozas, patrocinadas por hoteles y empresas locales, algunas de las cuales recibían sus premios cuyos rótulos lucían en sus portadas o delanteras. Venía gente de todas partes de la isla. Y desfilaban agrupaciones de Santa Cruz de Tenerife. Cuenta la leyenda que eso no gustaba mucho a las autoridades capitalinas que se quejaban de la exhibición que hacían primero o antes del coso capitalino que se celebraba en la tarde del martes, sobre todo si el evento era televisado, como ocurrió en alguna ocasión. Dicen más: que esa fue una de las razones por las que fue menguando la aportación del Carnaval santacrucero al portuense, hasta quedar prácticamente suprimida con el paso de los años. De aquellas concentraciones, siempre queda el recuerdo de la apertura del desfile: una y a veces hasta dos agrupaciones de majorettes en las que intercalaban las bandas de tambores y cornetas. Solían dejar para el final -hasta que descubrieron que si no había luz diurna quedaba muy deslucida- la carroza de la reina de la fiesta y sus damas de honor a la que antecedió, cuando se materializó el intercambio con Düsseldorf y otras ciudades alemanas, la de los príncipes de la localidad de Renana-Westfalia, en ocasiones con una impresionante banda musical de fanfarria.

Después, ya en tiempos democráticos y para salvar aquel inconveniente, el coso portuense pasó al sábado pues en Santa Cruz solo quedaba la Piñata y ésta era más reducida. Es más, los grupos, los participantes (incluso los de coches engalanados), preferían rematar el bullicio carnavalero en Colón y adyacentes. La construcción del túnel de la ladera de Martiánez propició hasta un espacio más apropiado para la organización y la salida, siempre laboriosa por el afán de los grupos de meterse cuanto antes. Ya en los ochenta, la apoteosis del Carnaval portuense arrancaba desde la Punta de la Carretera y recorría Valois en sentido inverso al de la circulación. El alquiler de sillas, que se hacía desde tempranas horas, le suponía al Ayuntamiento un ingreso con el que afrontar la financiación de las fiestas. En aquellas tumultuosas salidas siempre estaba Pepín Castilla, dando gritos y empujones si era preciso para poner orden e incluso corregir a los concejales que “osaban” echar una mano para colaborar en aquella ardua tarea. Cuando todo estaba más o menos a punto, Castilla hacía un recorrido en moto de visualización. En cierta ocasión, pronunció una frase memorable que servía para que las emisoras de radio y televisión iniciasen sus transmisiones:

-¡Se cierra el circuito!

Y a partir de ahí discurría un desfile heterogéneo, variopinto, bullanguero... Comparsas, grupos coreográficos, murgas, bandas musicales, espontáneos y espontáneas, a veces caballos, colectivos disfrazados con el mismo motivo y personas con disfraces de lo más llamativo. Mediados los años ochenta se concedió importancia a la musicalización, a efectos de animar y armonizar adecuadamente el ambiente, por lo que hubo intentos de distribuir e intercalar las peñas y conglomerados instrumentales. En Colón, antes de llegar a la plaza de los Reyes Católicos, instalaban unos graderíos y unas tribunas domésticas desde donde las autoridades, invitados de Alemania y otras representaciones seguían la cabalgata. Las carrozas fueron disminuyendo con el paso de los años. Los hoteles ya querían ahorrar gastos. En los balcones podía verse a turistas semidesnudos disfrutando de aquel incesante bullicio. Y en las cafeterías más próximas a las avenidas, se afanaban los clientes en buscar un hueco desde el que contemplar el cortejo, la gran parada carnavalera. Los bailes, en los hoteles o en las calles, prolongaban el singular sabor de aquel Carnaval portuense que fue capaz de configurar su propia personalidad, sus rasgos diferenciados.

A lo largo de las últimas ediciones, sentimos decirlo, han palidecido esos rasgos. Acaso la mejor prueba sea precisamente este número reservado para el sábado y que debía ser el culmen, el máximo grado de la evolución de una fiesta. Le siguen llamando apoteosis. Bueno. Pero hagan algo para revitalizarlo y hacer honor a ese concepto.

LAS PERIODISTAS

Vigoroso debate en torno a la fecha de hoy, Día Internacional de la Mujer. Convocatorias, artículos, análisis, desarrollo conceptual, reivindicaciones, informes, concentraciones, controversias políticas... Pero, prescindamos justo de las connotaciones políticas, para ceñirnos al papel de las mujeres periodistas, ahora que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha posicionado en demanda de planes de igualdad orientados a la supresión de la brecha salarial y a la eliminación de aquellos obstáculos que impiden a las periodistas acceder a puestos o cargos de responsabilidad.

Y con la FAPE se alinea la Federación Internacional (FIP) cuya estrategia es bien notoria: la lucha por la igualdad de género y contra la discriminación y el acoso es un asunto prioritario. Una vez más, las estadísticas son el mejor punto de apoyo. La FIP, en efecto, dio a conocer el pasado mes de noviembre los resultados de una encuesta sobre el acoso online: casi dos tercios de las mujeres periodistas, un 64 % de las consultadas, ha sido objeto de hostigamiento en redes sociales. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en su Informe de la Profesión Periodística 2018, señala que en el ámbito de las treinta mayores empresas de medios, que concentran aproximadamente el 80 % de la facturación de las cien primeras empresas del sector, el 75 % de doscientos sesenta y ocho cargos de gestión, están ocupados por hombres y el 25 % por mujeres, en tanto que entre treinta y dos responsables de las áreas informativas, la relación es de 72/28. Este mismo informe de la APM, además de constatar la reducida presencia de las mujeres periodistas en cargos directivos, revela que en lo concerniente al desempleo, de cada diez parados, seis son mujeres y cuatro hombres.

La FAPE, en vísperas del 8 de marzo, ha hecho pública una declaración en la que respalda aquellas iniciativas las periodistas que advierten de la necesidad de acabar con “una imagen estereotipada de la mujer y de su papel en la sociedad, fruto de una mirada parcial y sesgada”. Este objetivo difícilmente será alcanzable si las empresas periodísticas no se comprometen fehacientemente a aumentar el número de las voces femeninas como fuentes expertas, de manera que se quiebre la invisibilidad a que se las somete. Según los estudios a los que ha accedido la FAPE, de cada diez fuentes de información, ocho son hombres y dos mujeres. Por eso, la organización celebra en su declaración “la decisión de algunos medios de crear puestos específicos en las redacciones dedicados a los temas de género y a que el conjunto de sus informaciones se realice con criterios que respeten y promuevan la igualdad”. Se trata, en definitiva, de un doble objetivo: por un lado, promover y aumentar el acceso de las periodistas a cargos directivos o ejecutivos, facilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; y por otro, reivindicar normativas más estrictas sobre la igualdad de derechos y de remuneraciones.

En una fecha tan señalada, las periodistas perseveran en su lucha. Es muy saludable. Acabar con las discriminaciones y superar otros desequilibrios resulta fundamental para seguir avanzando en la conquista de derechos y en los progresos sociales. ¡Ánimo!

NI ESTUDIAN NI TRABAJAN: PREOCUPANTE

En el informe titulado Explotación de variables educativas de la Encuesta de Población Activa de 2018, publicado por el ministerio de Educación, Canarias figura como la tercera comunidad española con más población joven que ni estudia ni trabaja, solo superada por Extremadura y Andalucía. Los números cantan: más de setenta y un mil jóvenes de las islas, entre 15 y 29 años, integran el grupo social de ninis, término acuñado por Naciones Unidas en el año 2007 para referirse a este colectivo que abandonó sus estudios y no se ha incorporado al mercado laboral. Esos setenta y un mil doscientos jóvenes representan, en números relativos, el 19,1 % de las chicas y chicos de ese segmento de edad en las islas.

El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, ha sido el primero en reaccionar al afirmar que ese porcentaje es preocupante. Lo relaciona con el abandono escolar temprano que en Canarias se situó el pasado año en el 20,9 %, quebrando la tendencia a la baja que se percibía durante los últimos años.

La media española se sitúa en el 15,3 %. Canarias, por tanto, está 3,8 puntos por encima. Donde hay menos ninis es en el País Vasco (8,2 %). La media europea es del 12 %, registrando Italia (19,3) y Bulgaria (18,5) porcentajes muy altos.

En nuestra Comunidad Autónoma, hay más jóvenes varones que ni estudian ni trabajan que mujeres: un 19,7 % frente al 18,6 %. Las impresiones de Aciego son aún más inquietantes cuando, repasando el informe, en 2018 el 27 % de la población que ni estudia ni trabaja en las islas no ha terminado le educación secundaria. Son siete puntos más que en el año anterior. Otro apunte llamativo que se consigna es que las mujeres sin formación secundaria tiene más dificultades que los varones para encontrar empleo. Lo peor es que si se amplía la franja de edad, el 21 % de las personas entre 15 y 34 años en Canarias no estudia ni tampoco trabaja.

Parece claro que los estudios inconclusos en esos niveles son un serio handicap para luego encontrar trabajo. Los propios jóvenes deberían ser conscientes de este hecho. Si a las dificultades para crear empleo se unen la desigualdad en la formación, las exigencias por parte de las empresas y la feroz competencia para lograr un contrato, siquiera temporal, tendremos un elemental cuadro de la economía productiva muy condicionado y muy complicado. Ya no bastan el voluntarismo o los conocimientos limitados. Que una parte de la sociedad canaria, en una franja de edad que debería enfocar su futuro y su medio de vida de otra manera, más responsable, no estudie ni trabaje, hace que muchas previsiones sociales y económicas sean bastantes frágiles.

LOS RICOS CONTENIDOS DE CATHARUM

Catharum, la revista de ciencias y humanidades del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), cumple diecisiete números, este correspondiente aún a 2018. Presentada en la tarde-noche de un martes de Carnaval, la publicación inserta siete interesantísimos trabajos que ponen de relieve los propósitos de los editores y de su dirección, a cargo de Miguel Machado Bonde: dar a conocer contenidos que abundan en la investigación de los flujos sociales, ideológicos, económicos, culturales y artísticos que históricamente han relacionado las islas con Europa, África y América.

En las noventa y nueve páginas de esta nueva edición de Catharum, se pueden leer los trabajos -algunos con valiosas gráficas e ilustraciones- del profesor José Luis Montesinos Sirera, titulado “Naturaleza, Modernidad y Nueva España”, seguido del que firman Manuel Poggio Capote y Luis Regueira Benítez, referido al ciclo de dos centurias (1750-1950) que abarca “La introducción de la imprenta en Canarias”.

Maca Macarrón escribe en torno a “Nuevas perspectivas sobre Ciencia y Modernidad. Circulación y mestizaje del conocimiento en Nueva España”. El papel de la mujer en la emergente burguesía del siglo XIX, en un ambiente notable efervescencia cultural, es reflejado por la profesora Carmen Fraga en su trabajo titulado “Jacobina Bello y Espinosa, pintora del siglo XIX: Retratos de la Familia Regalado”.

El quinto de los trabajos insertados en este número de Catharum es obra de Inés Marta Toste Basse quien aborda el “Sincretismo religioso en el Nican Mopohua y en Nueva España, en el siglo XVI”. Le sigue el de un joven investigador e historiador portuense Santiago Manuel Rodríguez Maldonado, que traza un recorrido documental sobre el protagonismo histórico de la localidad y su aportación a la isla de Tenerife, a partir, sobre todo, de haber adquirido su condición de entidad local diferenciada. En “La importancia del patrimonio documental: el caso del Puerto de la Cruz”, Rodríguez Maldonado, señala el año 1772 como la referencia básica para hablar de documentación propia del municipio y cómo el “alcalde ilustrado, José Agustín Álvarez Rixo es quien crea en 1828 el archivo municipal.

Finalmente, José Pardo-Tomás es el autor de “Tlatelolco, espacio de ciencia mestiza (1521-1579)”. Interpreta la experiencia de esta ciudad mejicana de la mano de los misioneros franciscanos que fue exportada a otros espacios de conversión en territorio novohispano.

En definitiva, este nuevo número de Catharum confirma la línea de superación y de enriquecimiento de contenidos que ya se había trazado en anteriores entregas.

ALQUILER DE PISOS TURÍSTICOS

Mejorar la regulación de los pisos turísticos. Eso es lo que pretende el Gobierno al aprobar un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler que implica modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el que promueve las medidas específicas.

En medio del debate sobre la utilización excesiva de la vía legal utilizada, esta pretensión del ejecutivo resulta particularmente interesante. La dimensión del problema es considerable: la demanda de soluciones para la regulación del alquiler turístico se va extendiendo y se hace necesario atenderla con alternativas equilibradas y eficaces. Se quiere, además, proporcionar una mayor seguridad jurídica a las comunidades autónomas. Seguro que, en vísperas electorales, el asunto generará una controversia notable: será interesante contrastar las respuestas de los partidos de la oposición, mientras el Gobierno no debe conformarse con el paso dado cuya importancia no la desmerece nadie. De momento, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, se muestra razonablemente satisfecha por la inclusión de ambas modificaciones.

Estaremos expectantes ante el curso de la tramitación. Los antecedentes son alentadores: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas y de los sectores empresarial, turístico, centrales sindicales, consumidores y promotoras para incursionar las vías de salida a la complejidad de los intereses contrapuestos. No es fácil, desde luego, compatibilizar lo que está en juego.

Pero la norma aprobada por el Consejo de Ministros consigna las limitaciones que una comunidad de propietarios, por acuerdo de una mayoría de 3/5 aplique cuando se quiera ejercer la actividad de alquiler turístico. ¿Qué se persigue con ello? Sobre el papel, dotar a los vecinos de soportes sólidos que faciliten la convivencia y, además, decidir sobre la actividades que se desarrollen en internamente en esa comunidad. La modificación introducida recoge la posibilidad de establecer aumentos de hasta un 20 % en la participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico.

El otro cambio se plasma en la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde quedan reguladas todas las viviendas de uso turístico por la normativa sectorial específica, independientemente de la forma de promoción o comercialización. Teóricamente, ello debe favorecer un marco normativo más despejado cuando se quiera que la cesión del uso de una vivienda se encuentre dentro de la definición que abarca la normativa turística, o lo que es igual, cuando la actividad esté sujeta a determinadas exigencias fijadas para su adecuado desarrollo.

Lo dicho: habrá que estar atentos al curso de la tramitación de este Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes. Es una prueba para el propio Estado de derecho pues hay que armonizar las aspiraciones de las comunidades autónomas. El primer paso ya está dado pero no será fácil superar los apremios que caracterizan el problema, en algunas ciudades y comunidades verdaderamente complicado.

ATAQUES Y CAUSAS DE LA AUTOCENSURA

La Federación Europea de Periodistas (EFJ), dirigida por Renate Schroeder, viene trabajando en un informe sobre la autocensura. De la encuesta realizada con periodistas de todos los Estados miembros, se desprende que, junto a las noticias falsas, estamos ante un serio problema para el ejercicio profesional, para la proyección de su credibilidad y para un producto informativo de calidad.

Las causas que fabrican esta autocensura van desde razones económicas a amenazas de ataques físicos, pasando por el miedo al acaso sexual, sobre todo entre las mujeres periodistas. Precisamente, el miedo de las mujeres a denunciar también condiciona su desempeño profesional. La directora Schroeder, al calor de las respuestas que van procesando en la EFJ, reconoce que algunas emisoras públicas de comunicación están diciendo a los periodistas que “sean prudentes a la hora de trabajar porque necesitan fondos”. O sea, cada vez más mermada la libertad pues la intimidación a los profesionales sigue su marcha ascendente.

La Federación, en colaboración con la firma Index on censorship, se esmera en concluir un mapa del estado de la libertad de los medios de comunicación en Europa. Los informes previos aluden a la interferencia política en los medios de comunicación, que no siempre es directa, por cierto. Citan como ejemplo que, para desacreditar a los medios de comunicación, se viene escogiendo la vía de difamación directa a los periodistas “con el fin de sembrar dudas sobre la veracidad de la información que estos publican”. Las repercusiones de esta tendencia son inquietantes pues ya ha sido detectado “un efecto perjudicial en la seguridad de los periodistas, que están más expuestos a amenazas tanto verbales como físicas por parte del público”.

Pero donde pone el acento Renate Schroeder sobre el empeoramiento de la situación para los periodistas y los medios es en el auge de los partidos populistas de extrema derecha, “que están atacando los profesionales de una forma sin precedentes”. Y pone como ejemplos la calificación empleada por el presidente de Eslovaquia para significar a un grupo de periodistas que investigaban e informaban sobre presuntos casos de corrupción: “sucias prostitutas”, las llamó Andrej Kiska. O los comportamientos, en líneas similares. de algunos miembros del Gobierno de Italia. O los ataques que reciben en varios países aquellos medios y aquellos periodistas que denuncian los bulos y las paparruchas. “Que haya aumentado el número de asesinatos de periodistas en los últimos años, es algo que no habíamos visto antes en la Unión Europea”, dice la directora de la EFJ.

Claro que no se queda atrás con el desvirtuamiento y la degeneración de las redes sociales, donde se confunde cada vez más su papel -ni se comparte información ni se interactúa con los consumidores de información- hasta el punto de convertirse en un espacio hostil para la profesión. Dice Schroeder que “vivimos un momento en el que el ecosistema informativo es frágil y los periodistas, en ocasiones, ganan muy poco dinero, por lo que al final son susceptibles de ser corrompidos. Por otro lado, están los gigantes de Internet, que cada vez tienen más poder... al final, una combinación de varios factores, una cuestión bastante complicada”.

Se supone que problemas y fenómenos como los que nos ocupan, delicados para la libertad de información y para el desenvolvimiento profesional, deben merecer la atención y algún tipo de respuesta por parte de las instituciones unionistas. Para la EFJ, hay que implementar sin dilación resoluciones y recomendaciones sobre el particular. “Nosotros llamamos a todos los países de la Unión a que hagan más por proteger a los periodistas, tal como establece el Consejo de Europa. Evidentemente, creemos que la UE siempre puede hacer más”.

ESTAMPA EN LA GUANCHA

Creíamos haberlo visto todo en esto de inauguraciones o aperturas electoreras. Han puesto en marcha, con mayor o menor fanfarria, con placa o sin placa, con cinta o sin cinta, con cura o sin cura, desde un ascensor en un bloque de viviendas a un paso de peatones, por citar solo dos ejemplos de hechos insólitos que ponen a prueba hasta dónde llega la capacidad política para aprovechar y dejar sello.

Pero lo de La Guancha, días pasados, como que sobrepasa. De manera que el Cabildo Insular se empeñó en inaugurar una piscina cubierta cuya financiación corría a su cargo en la mayor medida, el 82%. La instalación estaba sin terminar pero daba igual: a inaugurar se ha dicho. 

Pero el alcalde y el gobierno local no estaban por la labor. Se basaban, simplemente, en que la obra no estaba finalizada y se plantaron, o lo que es igual, no aparecieron mientras, según informaciones periodísticas, la pretendida inauguración "se transformó en un acto fallido de recepción de las obras". Las mismas informaciones recogen la versión del Cabildo (que sí, que las obras están acabadas y las de la calle adyacente también) y la del Ayuntamiento guanchero (que no, que no están finalizadas y las de la calle no han sido completadas).

Hay que imaginar y añadir los reproches recíprocos, claro, para hacernos una idea de lo que significan las prisas y los recelos políticos (o de los otros, vayan ustedes a saber), antes de que lleguen las limitaciones temporales de la norma publicitaria.

La estampa, qué quieren, con razones y sinrazón, no es nada edificante.

PATRIMONIO: INDOLENTES E INSENSIBLES

Decididamente, no somos cuidadosos ni sensibles con el patrimonio histórico, artístico o monumental. Si tres de cada diez ayuntamientos canarios aún no han elaborado el catálogo que ha de consignar todos los edificios protegidos con valores arquitectónicos y artísticos, es que el asunto interesa poco a los responsables. Si treinta y uno de los ochenta y ocho ayuntamientos muestran esa indolencia e incumplen las obligaciones legales específicas en esa materia, es que aún queda mucho por hacer.

La graduada en Periodismo por la Universidad de La Laguna, Laura Pérez Yanes, en su trabajo de fin de máster de Periodismo de Investigación y Datos de la Universidad de La Rioja, describe una realidad muy poco alentadora con respecto a los elementos patrimoniales que forman parte de nuestras señas de identidad.

El sitio digital planetacanario.com se hace eco de su investigación que pone en evidencia el incumplimiento de muchos consistorios del artículo 43 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que establece que “deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo arquitectónico del municipio donde se recojan aquellos inmuebles y espacios singulares”. Dicha norma, por cierto, será sustituida por la Ley de Patrimonio Cultural, promovida por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias.

El trabajo de Pérez Yanes consigna un dato relevante: hay 430 Bienes de Interés Cultural (BIC) en la Comunidad Autónoma. Un BIC equivale al mayor nivel de protección que otorga la legislación española al legado de destacado valor histórico, cultural, arqueológico, etnográfico o paleontológico. Las dudas surgen precisamente cuando a veces los propios BIC no son respetados por las administraciones competentes.

Y son las autoridades las que deben dar ejemplo, de ahí que su desinterés sea reprobable. Acaso tengamos en esas estampas de abandono una prueba clara de la escasa sensibilidad. En algún ayuntamiento, además, han aprobado por unanimidad comisiones específicas para tratar la protección o la conservación de inmuebles y monumentos que luego ni siquiera se han reunido. Qué tristeza, desde luego, cuando pasan los meses y el aspecto exterior de edificaciones y esculturas es el peor, con despintados, mutilaciones o desperfectos. No hay respuesta y aún cuando sean necesarios informes, peritajes y tiempo, se debería actuar con más diligencia.

La investigación de Laura Pérez Castro pone blanco sobre negro la importancia de generar una cultura adecuada, de invertir una actitud pasiva e indolente que termina afeando la realidad paisajística y desvirtuando el que puede ser un recurso primordial para el conocimiento de la propia identidad de pueblos o ciudades y para el reclamo de turistas y visitantes. Pero si de cada diez ayuntamientos, tres no tienen el catálogo obligatorio, ya nos dirán.

FINANCIACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL

El apartado 5 del Decálogo de políticas turísticas municipales elaborado y presentado recientemente por la asociación empresarial nacional Exceltur, dice:
“Abordar de una vez un nuevo marco estable de financiación turística municipal que contemple la diferencia entre los recursos para atender a los residentes versus lo precisos para una población flotante de turistas que supera con crece en temporada a la población local, asegurando la suficiencia económica, sin gravar al turismo con tasas y/o impuestos discriminatorios”.

Esta organización se posiciona en vísperas de procesos electorales de todo tipo y cuando parece que declina un ciclo expansivo. Su Decálogo es un conjunto de reflexiones sobre ámbitos de actuación que se consideran clave para potenciar un nuevo período de crecimiento turístico más sostenible a escala local. Los grandes empresarios del sector insisten en que hay que repensar a futuro una hoja de ruta para cada destino y sus recursos precisos. Por eso hay que seguir atentos a los planteamientos que formulan, se supone que al calor de la experiencia acumulada a lo largo de la bonanza de los últimos años -aunque hubiera miles de turistas prestados- cuando algunos de ellos llegaron a decir que no todo era cuestión de batir récords sino de consolidar la oferta y cualificar los productos para seguir fidelizando mercados y hacer aquellos cada vez más atractivos.

Reivindica Exceltur (apartado 6 del Decálogo) “nuevas políticas municipales que faciliten modelos de crecimiento turístico más sostenibles, definiendo y aplicando con el mayor rigor e inspección, los marcos legales y de ordenación del territorio que eviten escenarios de saturación, gentrificación u otras externalidades, como por ejemplo la explosión descontrolada de pisos turísticos, que afectan la calidad de vida ciudadana, la satisfacción del turista y/o la reputación del sector, o para salvar la competencia desleal entre actores no reglados y reglados”.

Pero la patronal -y las futuras corporaciones locales, a las que viene advirtiendo- tiene que ser consciente de la necesidad de disponer de recursos económico-financieros estables para superar -siquiera, aliviar- los desequilibrios que acertadamente señala en el apartado 5 del Decálogo. De ello venimos hablando algunos desde hace casi veinticinco años, cuando, desde la esfera política de la administración local -fue la primera moción en el Ayuntamiento portuense después de la censura de 1995- promovimos la elaboración del proyecto de Ley del Estatuto del Municipio Turístico, iniciativa para la que era fundamental que el Gobierno de Canarias y los municipios turísticos afectados contasen con bases sólidas sobre las que diseñar los parámetros económicos que habrían de ser incluidos en el referido Estatuto. Decíamos entonces que el ejecutivo autonómico habría de proceder de forma inmediata a recabar la información estadística, cartográfica, de instalaciones y de otros aspectos con el mayor nivel de actualización así como disponer la puesta en marcha del Servicio de Información Estadística que la propia Ley establece.

Parece que, al cabo de casi cinco lustros, no se ha avanzado mucho en este terreno. Si existiera voluntad política, quizá estuviéramos explicándonos en otros términos. Pero, al principio de esta década, quedó claro que era necesario consensuar y aplicar otros criterios para definir y decidir cuáles son los municipios turísticos. Había que tener en cuenta, por ejemplo, no solo el número de camas de un destino sino la consideración del espacio turístico único y la conservación del territorio. Los munícipes de entonces reivindicaban que los mecanismos de financiación tuvieran la estabilidad de una consignación presupuestaria y no quedaran al albur de subvenciones o convenios cuya plasmación y agilidad en la tramitación estuvieran supeditadas a la mayor o menor afinidad política.

Y cuando en varios debates presupuestarios se gira en torno a la creación de una tasa cuya recaudación tendría una finalidad muy clara, ya ven lo que dice el empresariado: no gravar el turismo con impuestos discriminatorios. Entonces, sigue el debate; no habrá, por ahora, Estatuto.