VACUNAS, BIEN PÚBLICO UNIVERSAL

 

Acabar con el monopolio de las farmacéuticas en la fabricación y patentes de las vacunas y que estas sean un bien público universal.

Que la gran esperanza para acabar con el coronavirus se esté viendo envuelta en manejas y componendas que prueban que la pandemia, como otras tantas guerras, es un negocio, produce enfado y tristeza a la vez. Que la falta de escrúpulos se manifieste mientras las cifras de contagios y decesos siguen creciendo en todo el mundo, pone de relieve que va a costar lo suyo superar la situación y prevenir ante otros virus que surjan y para los que no hay, en principio, antídoto.

Las vacunas, sobre el papel, son un recurso determinante para garantizar el acceso de la población a las mismas por encima de los intereses comerciales de las empresas.

Por eso, que en pleno desconcierto con su provisión, distribución y administración haya tomado la iniciativa en nuestro país la coalición Medicamentos a un precio justo para acabar con el citado monopolio, es una noticia relevante que habrá que seguir con detenimiento. La coalición promueve una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que solicita al Gobierno de España que intervenga en los órganos de la Unión Europea (UE) y en los organismos internacionales competentes para que “en los contratos de vacunas se pacte un precio por coste y que la propiedad intelectual sea compartida en función de la inversión económica realizada”.

Los promotores de esta ILP denuncian que las demoras en el suministro de vacunas (fabricadas por Pfizer y AstraZeneca) traen causa del monopolio de las empresas, por lo que piden a la UE que cambie radicalmente el enfoque sobre el que se viene trabajando.

Europa invirtió miles de millones de euros para afrontar el desarrollo de las primeras vacunas y así crear un bien público global real. Se supone que las empresas deben corresponder a sus obligaciones. Eso es lo que inspira el cambio de enfoque aludido, al haber cedido a los planteamientos de la industria y transformar en propiedad privada lo que debían ser productos sin patente.

Pongamos por ejemplo el caso de AstraZeneca cuyo contrato trascendió hace pocas fechas. Hasta dos mil setecientos millones de euros, de fondos públicos, fueron invertidos en la investigación, desarrollo y producción de esas vacunas para la investigación. Pues bien: la empresa se reserva todos los derechos de propiedad intelectual. Eso comporta que la empresa ponga el precio, el cual fija muy por encima de los costes en la mayoría de los casos. La misma empresas determina el volumen de producción que, a su vez, puede subcontratar la producción a otras plantas.

Lo dicho: un negocio. La Iniciativa Legislativa Popular reivindica la denominada ‘transferencia de tecnología’ la cual posibilitaría que cualquier firma homologada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cualquier país del mundo pueda fabricar el producto, permitiendo la escalada en la fabricación para satisfacer las necesidades globales. Quiere, igualmente, que se creen empresas en España dedicadas a la fabricación de vacunas y que, en todo caso, en los contratos quede clara la responsabilidad de las firmas en los posibles fallos de eficacia y efectos adversos.

Según la Coalición, la Unión Europea debería apoyar la propuesta de India y Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial de Comercio para suspender la aplicación de patentes y monopolios en cualquier tecnología frente a la COVID-19. Y se apoya en el siguiente dato relevante: mientras en los países ricos ya se ha vacunado a cincuenta millones de personas, en los pobres apenas se superan las diez mil.

No es fácil desde luego acabar con los monopolios pero hay que intentar, desde luego, que las vacunas sean un bien público universal. A ver hasta dónde llega la iniciativa.