Ya se verá cómo discurre el juicio y hasta donde alcanzan las
responsabilidades de los encausados pero pinta feo o pinta mal el último paso
de la denominada ‘Operación Kitchen’, consistente en la apertura de juicio oral
para esclarecer lo ocurrido con una trama ejecutada presuntamente por la cúpula
policial del Partido Popular (PP) para controlar los secretos del ex tesorero
más famoso del partido, Luis Bárcenas, objetivo principal de la trama.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón,
en efecto, ha dictado un auto
en el que envía al banquillo al exministro del Interior del PP
Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su mano derecha, el
exsecretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. Durante la fase previa se archivó el procedimiento
tanto para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como para
su marido, Ignacio López del Hierro.
El escrito refleja los diversos delitos que han atribuido las
acusaciones, como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación,
omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias,
malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la Justicia.
La Fiscalía Anticorrupción solicita quince años de prisión para Díaz y su
segundo y considera que la operación irregular se tuteló desde el Ministerio
del Interior, encabezado por el exministro y su secretario de Estado de
Seguridad junto al ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino.
"Se ideó una ilícita operación policial de inteligencia
dirigida a obtener tanto
información como pruebas materiales que pudieran resultar
incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el
procedimiento que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la
Audiencia Nacional, conocido como caso Gürtel", dice.
La información reproducida es indicativa de la gravedad de los
hechos. Este fuego con el que gustaba jugar al PP, este movimiento en las
cloacas, cuando se termina yendo de las manos, cuando no se controla –a veces
por una simple filtración o por un chivatazo- se complica hasta no se sabe
dónde. Bueno, en este caso, hasta involucrar ni más ni menos que al mismísimo
ministro y a sus colaboradores más cercanos.
Naturalmente, es un procedimiento sujeto a muchas presiones e
influencias. Todos pondrán en práctica el célebre ‘yo no fui’ o ‘yo me limité a
transmitir órdenes de la superioridad’, todos quitándose de en medio. pero lo
cierto es que hay un partido político involucrado y las evidencias de que el
mismísimo aparato interno del Estado son numerosas. Pero falta el juicio,
claro. Carta difícil para el PP, aunque muchos encausados ya están fuera de la
circulación política y cotidiana. Pero queda huella y en democracia, dada su
naturaleza, alguna es difícil de borrar.
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