La reciente denuncia de una representación sindical del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), referida al manifiestamente mejorable estado de sus dependencias en el Puerto de la Cruz, refresca la ya vieja aspiración de contar en la ciudad con una instalación policial apropiada. Ahora que el Consorcio para la rehabilitación turística y urbanística se ha puesto en marcha, sería bueno que sus responsables proyectaran una actuación dotacional consecuente.
Recordemos que la comisaría del CNP tiene jurisdicción en los términos municipales del Puerto de la Cruz y Los Realejos. Hace muchos años que fue localizada en un antiguo establecimiento residencia turístico (El bajío), tras unas obras interiores de adaptación que han ido precisando de reformas o mejoras puntuales. A estas alturas ya puede hablarse de obsolescencia y de no estar a la altura de las exigencias de una ciudad turística y de un área poblacional muy superior al de su propio ámbito jurisdiccional. Unas mejores prestaciones, en el marco de una mayor seguridad en la convivencia, son el gran objetivo.
A lo largo de los últimos tiempos se han sucedido los intentos para impulsar la construcción de una nueva comisaría. Nos consta que ha habido voluntad política pero ha chocado con distintos imponderables. El comienzo de un nuevo ciclo político, el interés de las administraciones competentes, la puesta en marcha de ese Consorcio, los afanes del propio Cuerpo y las aspiraciones de la ciudadanía convergen en la necesidad de acometer sin dilación este recurso dotacional.
Si la memoria no falla y si no se han producido modificaciones, había una parcela del polígono San Felipe-El Tejar reservada para esta finalidad en el Plan General de Ordenación (PGO). El Ministerio del Interior manifestó su predisposición favorable siempre que se dispusiera de terrenos. En una actuación de este tipo, el entendimiento o la cooperación entre instituciones es primordial. Y como el fin común que se persigue es beneficioso, se trata de materializar los recursos de la forma más operativa. Si se mantiene el destino de la parcela, se trata ahora de convenir los términos de la actuación. Por tanto, de hacer las correspondientes previsiones presupuestarias.
Otro apunte: la futura dotación policial podría albergar, incluso, la sede de la policía local. Dicho así podría significar hasta un impacto inicialmente difícil de digerir pero, desde un punto de vista racional, pensando en las prestaciones, es lo más operativo. Desde hace tiempo también, la policía municipal se viene enfrentando a problemas de espacio en su sede de las casas consistoriales en la plaza de Europa.
Se pondría a prueba, ya sin dobleces, todo eso de la coordinación entre los cuerpos policiales. El manejo de recursos comunes (bases de datos, diligencias, notificaciones y otros, como el traslado de detenidos) se vería sensiblemente mejorado en caso de convivir en un mismo edificio. Cabe confiar en que el proyecto de la localización incluya la mejor accesibilidad posible, tanto la rodada como la peatonal y la exigida para los discapacitados.
Conclusiones: una necesidad perentoria, una voluntad de mejores prestaciones y de condiciones de trabajo, unos recursos que se deben aprovechar y una actuación que, si cristaliza, acreditará que la cooperación entre distintas administraciones públicas es factible. Si esta al alcance, no dejen escapar la oportunidad.
Porque tal como están las cosas, una vez alcanzado tan alto grado de escepticismo, la ciudadanía lo ponderará.
Recordemos que la comisaría del CNP tiene jurisdicción en los términos municipales del Puerto de la Cruz y Los Realejos. Hace muchos años que fue localizada en un antiguo establecimiento residencia turístico (El bajío), tras unas obras interiores de adaptación que han ido precisando de reformas o mejoras puntuales. A estas alturas ya puede hablarse de obsolescencia y de no estar a la altura de las exigencias de una ciudad turística y de un área poblacional muy superior al de su propio ámbito jurisdiccional. Unas mejores prestaciones, en el marco de una mayor seguridad en la convivencia, son el gran objetivo.
A lo largo de los últimos tiempos se han sucedido los intentos para impulsar la construcción de una nueva comisaría. Nos consta que ha habido voluntad política pero ha chocado con distintos imponderables. El comienzo de un nuevo ciclo político, el interés de las administraciones competentes, la puesta en marcha de ese Consorcio, los afanes del propio Cuerpo y las aspiraciones de la ciudadanía convergen en la necesidad de acometer sin dilación este recurso dotacional.
Si la memoria no falla y si no se han producido modificaciones, había una parcela del polígono San Felipe-El Tejar reservada para esta finalidad en el Plan General de Ordenación (PGO). El Ministerio del Interior manifestó su predisposición favorable siempre que se dispusiera de terrenos. En una actuación de este tipo, el entendimiento o la cooperación entre instituciones es primordial. Y como el fin común que se persigue es beneficioso, se trata de materializar los recursos de la forma más operativa. Si se mantiene el destino de la parcela, se trata ahora de convenir los términos de la actuación. Por tanto, de hacer las correspondientes previsiones presupuestarias.
Otro apunte: la futura dotación policial podría albergar, incluso, la sede de la policía local. Dicho así podría significar hasta un impacto inicialmente difícil de digerir pero, desde un punto de vista racional, pensando en las prestaciones, es lo más operativo. Desde hace tiempo también, la policía municipal se viene enfrentando a problemas de espacio en su sede de las casas consistoriales en la plaza de Europa.
Se pondría a prueba, ya sin dobleces, todo eso de la coordinación entre los cuerpos policiales. El manejo de recursos comunes (bases de datos, diligencias, notificaciones y otros, como el traslado de detenidos) se vería sensiblemente mejorado en caso de convivir en un mismo edificio. Cabe confiar en que el proyecto de la localización incluya la mejor accesibilidad posible, tanto la rodada como la peatonal y la exigida para los discapacitados.
Conclusiones: una necesidad perentoria, una voluntad de mejores prestaciones y de condiciones de trabajo, unos recursos que se deben aprovechar y una actuación que, si cristaliza, acreditará que la cooperación entre distintas administraciones públicas es factible. Si esta al alcance, no dejen escapar la oportunidad.
Porque tal como están las cosas, una vez alcanzado tan alto grado de escepticismo, la ciudadanía lo ponderará.
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