Cuando se dieron cuenta del error, anularon los acuerdos y zanjaron el asunto. Pero el mal ya estaba hecho y despertó suspicacias, seguidas de malestar y quejas.
Eso ocurrió con una producción titulada ‘”Mentes divergentes”, ideada y producida por el Cabildo Insular de Tenerife y ‘ofrecida’ a la RadioTelevisión Canaria, compuesta por diez capítulos en los que habrían de intervenir personajes y figuras relevantes de la sociedad isleña que iban a ser entrevistados por el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga. A la espera de la prórroga, en forma de preguntas y respuestas en los órganos de las respectivas sedes institucionales, la legislación vigente establece que quedan prohibidas las iniciativas de publicidad y de comunicación que “tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por parte de las administraciones públicas. Se desconoce si el espíritu de la serie, anulada en su emisión pero completamente terminada, era ese; pero la aparición de Arriaga, aunque se limitara a preguntar, era difícilmente compatible.
Tomada la decisión, solo cabe congratularse de las consecuencias de la misma, válida para no sentar un precedente de imprevisibles connotaciones políticas y que, de facto, supone una burla a la profesión periodística. Las dificultades para acceder al empleo por parte de profesionales y licenciados en paro, así como la precariedad que caracteriza el mercado laboral, hacen difícilmente digerible una producción de este tipo en el que parece primar el interés político.
Distinto hubiera sido, desde luego, proponer la idea a la RadioTelevisión Pública Canaria y que esta hubiera designado a un profesional para entrevistar o guionizar y llevarla a cabo.
Es de justicia reconocer que las productoras que operan en las islas han favorecido la generación de empleo y que muchas personas han encontrado oportunidades para su desempeño en distintos cometidos audiovisuales, de ahí que sea necesario profundizar en esta vía con el fin de mejorar los niveles y las prestaciones y enriquecer las temáticas en beneficio de la calidad televisiva, de los espectadores y del interés general.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido, además, muy exigente a la hora de fijar un criterio en el que prime la contratación de profesionales adecuadamente acreditados o titulados en la cobertura de puestos de trabajo o en la realización de producciones audiovisuales en que aparezca el sello de una institución pública.
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