PLUSVALÍA

 

La controversia sobre la modificación del impuesto de plusvalía municipal no ha hecho más que empezar. Ya saben que el Tribunal Constitucional desmontó parte de su contenido pues interpretó que la fórmula del cálculo del porcentaje que se debía abonar era inconstitucional. A raíz de eso, y previendo un sonoro vacío en las arcas municipales, el Gobierno aprobó un nuevo Real Decreto-Ley regulador, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado miércoles, que fija las nuevas modalidades de cálculo. Ahora, los ayuntamientos tienen hasta seis meses de plazo para modificar las correspondientes ordenanzas de adaptación que dan lugar a dos opciones para el contribuyente: una, el porcentaje a pagar, que fijará cada corporación local con un máximo del 30%, se calculará sobre el beneficio real obtenido; la otra establece un un porcentaje máximo sobre el valor del suelo por cada año que pasa desde la adquisición hasta la transmisión para calcular la base imponible, es decir, sobre qué cantidad se cobrará el impuesto. A la hora de abonar el tributo, las personas obligadas a hacerlo pueden elegir entre una estimación directa o un cálculo objetivo. Recordemos, una vez más, que se trata de un impuesto que depende de los ayuntamientos y que se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda; hasta ahora, incluso, cuando no había ganancia en la compraventa, ya que grava la revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construido el inmueble desde que se compró hasta que se ha vendido.

Pero las reacciones son desiguales. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, por ejemplo, considera que la nueva norma “es justa en términos de ciudadanos”. Según ha destacado, permitirá “adecuar el impuesto a la plusvalía” que exista realmente, porque la fórmula vigente hasta hace unas fechas hasta ahora “no respetaba la ganancia”, y era “sumamente deficiente” y “confiscatorio”, ya que estaba preparado para aplicarse sólo en etapas de crecimiento y de aumento del valor de los inmuebles.

Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en torno a Gestha, ya han urgido a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas fiscales antes de los seis meses de plazo, pues cada mes de ‘impasse’ supone una pérdida de unos ciento setenta millones de euros en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 que ascendía a dos mil setenta y cinco millones de euros.

Finalmente, mientras desde el departamento fiscal de Fuster-Fabra Abogados consideran que se debería haber tramitado como ley ordinaria, “porque es fundamental un desdarrollo normativo quer ofrezca menos dudas; la asociación de consumidores, Asufin, lamenta que el Tribunal Constitucional impida la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagadas en los últimos cuatro años. "Es inadmisible que se hurte al contribuyente de su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores", sostiene su presidenta, Patricia Suárez.

La controversia, está escrito, no ha hecho más que empezar.