Canarias es la cuarta comunidad española -solo Catalunya, Madrid y Andalucía por delante- que mayor volumen de bonificaciones y prestaciones acumula por los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), quinientos ochenta y siete millones de euros, según han certificado los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pero la mancha del fraude empieza a extenderse: como se sabe, los ERTE, la herramienta habilitada en marzo del año pasado para paliar la destrucción de empleo y el achique del tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica vinculada a la pandemia, también tiene una cara preocupante que desgarra en el marco de las relaciones laborales. Y es que la Inspección de Trabajo ha hecho aflorar en un período de quince meses una enorme bolsa de fraude, al detectar cinco mil setecientas tres infracciones cometidas por empresa.
¡Por Cristo!, si se nos permite la interjección. Tengamos todos, infractores y beneficiarios, un poco de conciencia. Así no se puede funcionar, así quiebra el sistema. Así cabe dudar de todo quisque. Siempre habrá pícaros y aprovechados. Pero hay que luchar contra los defraudadores. Los datos son elocuentes: el ahorro en costes salariales ronda los treinta y cinco mil millones de euros para las empresas acogidas a los ERTE, ya que a esas bonificaciones en el Seguro hay que sumarles los veintiocho mil seiscientos que salen de añadir a las prestaciones el 30% de los salarios que no han llegado a recibir los empleados en el año y medio que se lleva aplicando esa medida.
Según informa el periódico digital publico.es, los ERTE han supuesto una histórica movilización de fondos públicoshque se acerca a los veintisiete mil millones de euros: veinte mil cuarenta pagados a los 6,6 millones de trabajadores a los que pasaron por ellos entre abril de 2020 y septiembre de 2021, que recibieron el equivalente al 70 % del salario por el tiempo que sus contratos permanecieron suspendidos o recortados, a los que se suman más de seis mil quinientos en exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en ese mismo periodo.
La información es muy interesante y ha permitido saber que tras una primera fase de trabajo documental, en la que los inspectores detectaron varios cientos de empresas sospechosas de haber colado en los expedientes de regulación de empleo a miles de intrusos o trabajadores ficticios contratados para recibir las prestaciones, la Inspección puso en marcha a finales de junio una campaña de investigación a la que se fueron sumando la revisión de otros ERTE en cuya documentación aparecían indicios de irregularidades además de algunos que fueron denunciados por trabajadores y sindicatos. En los quince meses siguientes, hasta mediados de septiembre, la Inspección ha activado las revisiones de cuarenta y dos mil seiscientos quince ERTE, de las que ha finalizado algo más del 80 %, en concreto treinta y cuatro mil quinientos noventa y uno. En ellas ha detectado un total de cinco mil setecientas tres infracciones que van a acarrear a las empresas que las han cometido sanciones por valor superior a los veintisiete millones de euros.
Es importante señalar que la mejora del empleo libera más diez mil millones de euros para reforzar un gasto social récord en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El volumen final de actuaciones supera notablemente (+42%) las previsiones iniciales, que apuntaban a la supervisión de unos treinta mil expedientes.
Finalmente, la campaña ha alcanzado a doce mil seiscientas empresas más de las previstas en principio, con el inicio de algo más de seis mil de esas intervenciones en el último medio año.
Para el autor de la información, Eduardo Bayona, estamos ante una tendencia al fraude más crónica que circunstancial. O sea, que menos perdón hay. Somos así -¿por naturaleza?- y así continuaremos sean cuales las circunstancias que concurren. La frecuencia de detección de infracciones, que alcanza a una de cada seis empresas investigadas (16,43%), es similar a la que se venía detectando en el conjunto del sistema productivo español antes de la pandemia, lo que vendría a revelar la presencia de una tendencia al engaño y el abuso de carácter más crónico que excepcionalro circunstancial en el sistema productivo español.
Para quienes quieran saberlo, la inspección de los ERTE se centra en cinco líneas de actuación, según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo: "El control de la posible existencia de fraude en el disfrute de exenciones empresariales en la cotización"; la existencia de "compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo" y la verificación de las prohibiciones que establece la normativa a las empresas cuyas plantillas están afectadas por expedientes, lo que incluye la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores la formalización de nuevos contratos y la externalización de alguna fase del proceso productivo o comercial.
Los ERTE, en fin, han propiciado la protección de 6,6 millones de trabajadores, que han recibido 16,2 millones de euros, 15 millones de prestación y otros 1,2 millones de exenciones en las cotizaciones que deben aportar a la Seguridad Social.
Pero seguimos siendo incorregibles. Nos gusta más un fraude…
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