Arrastra la administración de justicia en su conjunto la mala fama de su lentitud, de ahí que siempre se ponga atención en aquellas medidas que contribuyan a mejorar su funcionamiento, especialmente en lo que concierne a dotacionales e infraestructuras así como a recursos humanos y materiales.
Canarias
no ha sido una excepción, por lo que los anuncios hechos recientemente por los
responsables de la consejería de Administraciones Públicas y Seguridad del
Gobierno de Canarias, referidos a las principales líneas presupuestarias para
el año recién estrenado, revistan un interés particular para los operadores
jurídicos y para los justiciables.
En
efecto, con un presupuesto de 185 millones de euros para el ejercicio recién
comenzado, un 15 % más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6 % de
todo el departamento que dirige Julio Pérez, quien junto a la viceconsejera de
Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la
Administración de Justicia, Mónica Ceballos, informó sobre las líneas
programáticas a los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente.
Pérez
fue claro al respecto: con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público
de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela
judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su
seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de
Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.
Julio
Pérez destacó los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación
digital, que incluyen, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico,
que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial
electrónica.
El
titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad también hizo
hincapié en los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de
la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, así
como en los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación
digital, que incluyen el expediente judicial electrónico y permitirá a los
letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad
también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad,
la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración
de Justicia.
En
relación a la estrategia para la transformación digital, el consejero Pérez,
según fuentes de su departamento, ha detallado que el programa de modernización
de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial
electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de
nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a
los servicios públicos de justicia.
Una
parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de
dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de
servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.
Durante
la sesión también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado
en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien
a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto
casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros
ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la
mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000
euros.
En
fin, con más medios se supone que la administración de justicia debe funcionar
mejor. La sociedad saldrá ganando.
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