Soledad no deseada

 

Puede ser una elección, claro; pero la soledad, a menudo, aparece impuesta y no es deseada. De un resumen estadístico, se desprende que ya son casi cinco millones de personas las que en España viven solas. En todo caso, la soledad no deseada es otro de los fenómenos de nuestro tiempo y afrontarlo es complicado. Exige de las entidades y de las administraciones públicas algo más que una atención asistencial. Estamos ante una realidad social que va a seguir creciendo. La prueba está en que el pasado año hasta un 11 % de los españoles admitió sentirse solo; porcentaje que se elevó hasta el 18 % entre abril y junio de 2020, los meses de confinamiento por la pandemia, según registros de la Comisión Europea que manejó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el curso de la jornada que convocó, conjuntamente con la Red Soledades la cual aglutina a más de cuarenta organizaciones, durante el pasado mes de diciembre.

La presidenta de honor de la Asociación contra la Soledad no Deseada, la ex ministra Matilde Fernández, que preside también el Observatorio estatal de la temática, advirtió de un dato significativo: el 16 % de los jóvenes españoles entre 16 y 39 años sienten soledad no deseada, hecho que se agrava si convergen otras circunstancias como discapacidad, ser migrante, maternidad adolescente, enfermo de larga duración o ser componente de una familia desestructurada o del colectivo LGTBI, entre otras situaciones.

Por las estadísticas y por la dimensión que va adquiriendo el fenómeno, es indispensable tomar conciencia de las consecuencias de la soledad. Hay que impulsar, principalmente desde las administraciones más próximas a la ciudadanía, esto es, los ayuntamientos, un conjunto de respuestas positivas y sencillas que vayan constituyendo una red eficaz. De ahí que la existencia de un Observatorio, no como unidad que aumente el gasto público ni robustezca la dotación burocrática, sea también un incentivo que mejore el tratamiento del fenómeno y canalice alternativas o posibles soluciones.

En este sentido, Matilde Fernández es partidaria de impulsar programas donde las diferentes profesiones sociales (incluida la de policía local) tengan un papel proactivo y den los primeros pasos desde la localización y la provisión de información para orientar adecuadamente y mitigar la situación. “Se trata –dice Fernández- de convertir a las personas en protagonistas. Iniciamos una etapa donde hay que tomarse como obligación, los ciudadanos y los responsable, técnicos y políticos de los ayuntamientos, la tarea de profundizar en la democracia. Puede que parezca todo más lento, pero es doblemente eficaz que todas las personas seamos acompañantes de las políticas del municipio, y los poderes municipales acompañantes de los proyectos vitales de las personas”.

El caso es paliar las consecuencias de esa soledad. Evitarla, como también las soledades o la pérdida de vida activa, sin ánimo de compartimentar, antes al contrario: integrar, es el doble objetivo cuyo alcance propiciaría una reanimación de personas que aún reúnen cualidades para ser útiles de verdad. En fin, una mayor humanización de las sociedades de nuestros días, tan dadas a desentenderse o a inhibirse ante problemas visibles que requieren iniciativas y dinamismo para superarlo. Está claro, como sostiene la FEMP en una declaración pública, que hay que apostar por la prevención mediante el fomento de la convivencia ciudadana y por la transversalidad para facilitar el esfuerzo conjunto de las distintas áreas de las entidades locales.