P r e o c u p a c i ó n

 

En pleno proceso de selección de candidatos, a los socialistas canarios les debe tener preocupados la evolución de algunos acontecimientos reprobables en el ámbito de la política que acentúan el desapego hacia la misma y merman la calidad de la convivencia democrática. Aunque ya llueva menos, lo prioritario ahora es diseñar una estrategia corajuda (sobre todo, de comunicación) que impulse la recuperación de valores y de credibilidad. Porque los datos de seria y buena gestión (estimados por amplios sectores de población) que han reafirmado la estabilidad política en las islas se dan de bruces con la apreciación morbosa hasta de los flecos (apariciones mediáticas tardías de protagonistas empeñados en enredos y premeditadas o no confusiones a granel). Pero, bueno, hasta al sensacionalismo barato hay que acostumbrarse.

 

Y eso que la dirección federal del PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes comenzó bien su actuación, expulsando de la organización y exigiendo la devolución del acta de diputado al majorero Fernando Fuentes Curbelo. Todo se consumó en menos de veinticuatro horas. Ejemplar: lo que había que hacer, sencillamente.  Su ulterior repulsa a comportamientos individuales carentes de ética que incurren en lo ilícito y dañan los nobles afanes de quienes, queriendo contribuir a los avances sociales, ven frustradas sus aspiraciones como consecuencia de conductas que se alejan del debido desempeño político también es una cabal consecuencia en el intrincado escenario donde, hasta ahora, hay doce personas investigadas por la presunta trama de extorsiones a empresarios del sector primario en las islas (ganaderos y productores de queso) a los que se les habría exigido el pago de comisiones a cambio de que sus granjas no fueran inspeccionadas o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.

 

Está claro que, volviendo al espacio canario, procede rechazar –sin perjuicio de la libertad de información-, el exhibicionismo ilimitado, en medios de comunicación y redes sociales, de personas que, abusando del principio de la presunción de inocencia, actúan de forma irresponsable hasta contaminar el tejido social y poner en peligro su desarrollo. De ahí que tenga razón de ser un llamamiento a la necesidad de acabar con un proceder muy pernicioso para el ejercicio activo de la política del que nadie sale beneficiado.

 

La pregunta es si la población ya no puede más o va a seguir manteniendo su confianza en que, pese a todos estos hechos irregulares, ilícitos  e indecorosos, va a seguir creyendo en el adecuado comportamiento, inmensamente mayoritario, de los representantes del pueblo, no dejándose  impresionar por los bulos, la desinformación o el sensacionalismo de algunos testimonios que persiguen crear un clima enrarecido y encaminado  a debilitar el ejercicio cabal de la política y la credibilidad de las instituciones. La confianza, por cierto, hay que extenderla en el sentido de que las investigaciones policiales y judiciales discurran de forma ordinaria y sean respetadas para contribuir al esclarecimiento de los hechos, independientemente de la aplicación de medidas disciplinarias que proceda para erradicar cualquier conducta que transgreda estatutos y códigos éticos, y no se ajuste a las exigencias con que, históricamente, los socialistas canarios han venido conduciéndose. La conclusión es fácil: caiga todo el peso de la ley sobre infractores o delincuentes probados.

 

De la misma forma, hay que poner en consideración el derecho a la defensa  de aquellos cargos públicos y representantes que se vean injustamente atacados para menoscabar su integridad, honestidad y dedicación, al tiempo que desprestigiar a la organización y al papel que la Constitución otorga en el funcionamiento del sistema democrático.