Protección de las libertades

 

La previsión es que hoy concluya el plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y popularmente conocida como ley mordaza, aprobada por el Partido Popular (PP) en 2015. Hasta el último momento, pues, habrá discusiones y contraposición de ideas. Ojalá que el ambiente que ha caracterizado las últimas sesiones parlamentarias sea bien distinto. Pero nadie se extrañe que los grupos de oposición señalen durante el debate o en las declaraciones posteriores que la derogarán cuando accedan al gobierno, un propósito que tiene más de bravata que otra cosa.

Por fin, ¿habrá o no pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el caso de producirse alteraciones o incidentes en las manifestaciones y concentraciones públicas? Es una de las grandes incógnitas de la tramitación. Según ha informado la agencia Europa Press, fuentes conocedoras de la negociación entre los partidos que integran la coalición gubernamental, existe una propuesta de base, aunque no definitiva, para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se registren incidentes en las protestas.

Pero también habrá que determinar el importe de las sanciones que habrán de aplicarse a posibles infractores. Se quiere precisar un criterio de proporcionalidad, vinculado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para sustanciar una posible reducción en los importes. Según Europa Press, en las conversaciones mantenidas “específicamente se discute cómo reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otra franja del 25 % para aquellos que se sitúen en la escalada entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.

Los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos ya han llegado a consensos en otras materias, como los cambios consistentes en sacar del texto las referencias a los asuntos de extranjería y como es el caso de las devoluciones en caliente de los migrantes irregulares.

También han preacordado dejar sin sanciones las manifestaciones pacíficas no comunicadas, “pues solo comportarán consecuencias si se producen desórdenes públicos o violencia”. Un avance en lo que concierne a registros corporales e identificación: será necesario consignar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vías pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".

A lo largo de las últimas fechas, los grupos parlamentarios han venido preparando una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisarías. Se quier fijar un máximo de dos horas. Una vez concluida la diligencia, la persona identificada deberá ser “devuelta” al lugar desde donde fue conducida si se hubiera realizado en otra localidad.

Finalmente, en lo que respecta a las reclamaciones de medios de comunicación, ha trascendido que no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.

Hay avances, desde luego, a favor de una norma que esté a la altura de una sociedad que, por lo general, al menos en algunos territorios, suele traspasar los límites del comportamiento en un derecho fundamental de un sistema democrático. Y uno de sus principios, desde luego, es la protección de las libertades.

Pero no hay que lanzar campanas al vuelo. Veamos qué dicen los sindicatos.

Repensar modelos; avanzar en la recuperación

 

La industria turística sigue recuperando progresivamente su anterior vitalidad. El movimiento de pasajeros que apreciamos personalmente el pasado sábado en el aeropuerto de Gran Canaria y los testimonios de otros profesionales del sector que lo constataron en el Tenerife Sur Reina Sofía, es la más clara expresión de que los deseos y la ilusión de muchos ciudadanos de distintas nacionalidades por volver a viajar ofrecen motivos para el optimismo. Los expertos coinciden: la reactivación del sector es, sin duda, una cuestión determinante si bien no debe ser la única prioridad en estos momentos. El relanzamiento del turismo –según leemos en un análisis- deberá ir ligado a propuestas de valor relacionadas con temas importantes como la recuperación de la confianza del viajero, el turismo inclusivo, la sostenibilidad o la digitalización.

Se va a hablar de este asunto a partir de mañana, en Sevilla, en el curso de la ‘Tourism Innovation Summit (TIS’). Compartir experiencias y explicación de casos de éxito tras los períodos de confinamiento o cierre servirán para impulsar la competitividad y la excelencia. Se quiere que el turismo se convierta nuevamente en uno de los motores de la economía mundial. La directora de esta cumbre, Silvia Avilés, ha afirmado que este encuentro “se presenta como una oportunidad para repensar los modelos turísticos y definir nuevas formas de viajar”.

El congreso ha diseñado cinco ejes distintos para reflexionar sobre cuál debe ser el futuro del sector: las estrategias de reactivación de los destinos, la recuperación de la confianza del viajero, la sostenibilidad, la digitalización y el turismo inclusivo.

Según los promotores de la convocatoria, los profesionales y las empresas de la industria del turismo son conscientes de la importancia de reconfigurar sus propuestas y modelos de negocio para afrontar los retos que aguardan a la sociedad, como la lucha contra el cambio climático o el paso a una economía circular, en la que la digitalización de los procesos será una cuestión esencial. Por eso, este congreso ofrecerá la oportunidad de reflexionar sobre la evolución hacia formas de turismo más sostenibles o de descubrir las últimas novedades tecnológicas en Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad, Automatización, Internet de las Cosas, automatización de procesos, realidad virtual o soluciones de movilidad.

Esta convocatoria de Sevilla reunirá a unos cinco mil líderes y representantes de la industria procedentes de sesenta países, con un impacto económico estimado en más de quince millones de euros para la ciudad. Como indica Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, la ‘Tourism Innovation Summit’ no es un congreso más, sino un verdadero “proyecto de ciudad” destinado a convertirse en una cita anual para generar, a nivel internacional, “un ecosistema de debate, oferta y demanda entre todos los sectores estratégicos” de una actividad económica que representa, tanto para Andalucía como para el conjunto de España, el 13% del Producto Interior Bruto (PIB).

Evitar precedentes

 

Cuando se dieron cuenta del error, anularon los acuerdos y zanjaron el asunto. Pero el mal ya estaba hecho y despertó suspicacias, seguidas de malestar y quejas.

Eso ocurrió con una producción titulada ‘”Mentes divergentes”, ideada y producida por el Cabildo Insular de Tenerife y ‘ofrecida’ a la RadioTelevisión Canaria, compuesta por diez capítulos en los que habrían de intervenir personajes y figuras relevantes de la sociedad isleña que iban a ser entrevistados por el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga. A la espera de la prórroga, en forma de preguntas y respuestas en los órganos de las respectivas sedes institucionales, la legislación vigente establece que quedan prohibidas las iniciativas de publicidad y de comunicación que “tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por parte de las administraciones públicas. Se desconoce si el espíritu de la serie, anulada en su emisión pero completamente terminada, era ese; pero la aparición de Arriaga, aunque se limitara a preguntar, era difícilmente compatible.

Tomada la decisión, solo cabe congratularse de las consecuencias de la misma, válida para no sentar un precedente de imprevisibles connotaciones políticas y que, de facto, supone una burla a la profesión periodística. Las dificultades para acceder al empleo por parte de profesionales y licenciados en paro, así como la precariedad que caracteriza el mercado laboral, hacen difícilmente digerible una producción de este tipo en el que parece primar el interés político.

Distinto hubiera sido, desde luego, proponer la idea a la RadioTelevisión Pública Canaria y que esta hubiera designado a un profesional para entrevistar o guionizar y llevarla a cabo.

Es de justicia reconocer que las productoras que operan en las islas han favorecido la generación de empleo y que muchas personas han encontrado oportunidades para su desempeño en distintos cometidos audiovisuales, de ahí que sea necesario profundizar en esta vía con el fin de mejorar los niveles y las prestaciones y enriquecer las temáticas en beneficio de la calidad televisiva, de los espectadores y del interés general.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido, además, muy exigente a la hora de fijar un criterio en el que prime la contratación de profesionales adecuadamente acreditados o titulados en la cobertura de puestos de trabajo o en la realización de producciones audiovisuales en que aparezca el sello de una institución pública.

Deuda bancaria y créditos dudosos

 

Seguimos, turísticamente hablando, en una fase de recuperación. Hay movimiento continuo en los destinos, se reabren empresas y negocios, las compañías aéreas recobran una dinámica positiva, hay ofertas por doquier… Pero el “Informe de estabilidad financiera” del Banco de España señala que no es oro todo lo que reluce y advierte sobre la debilidad de la situación financiera de las empresas, especialmente las que operan en los sectores más afectados por la pandemia, la hostelería y el transporte. Alude concretamente a la vulnerabilidad de las familias cuyos ingresos dependen del turismo, a partir de que los citados sectores han acumulado los mayores incrementos de deuda bancaria y también del crédito dudoso.

En el Informe se consigna que, al final del primer semestre del presente año, “la mayoría de sectores de actividad empresarial han recuperado sus niveles de facturación previos a la crisis”. Sin embargo, se considera que ese proceso de recuperación aún es incompleto dado que se proyecta sobre él la alargada sombra de la deuda bancaria y también del crédito dudoso.

Según la definición del Banco de España, créditos dudosos son aquellos préstamos que presenten “dudas razonables sobre su reembolso total (principal más intereses) en los términos establecidos contractualmente”. Apunta el Banco de España en este informe que permite conocer la realidad de la estabilidad financiera que “estos sectores concentran asimismo los mayores deterioros latentes de la cartera de préstamos bancarios". Añade que, por el momento, “parecen haberse evitado escenarios de aumentos significativos de las quiebras empresariales, pero no debe olvidarse que los apoyos de las medidas extraordinarias todavía son muy importantes", advierte el informe.

Con respecto a los hogares, “se consolidan las tendencias agregadas de recuperación de renta y empleo, cercano este último a niveles pre-crisis, y de incremento del ahorro", dice el Banco de España, refiriéndose a la población en general. Pero vuelve a pedir cautela cuando señala que los hogares más vinculados al empleo en sectores más afectados por la crisis sanitaria y aquellos otros de menor renta,”se han beneficiado en menor medida de la recuperación y son más vulnerables, observándose también un comportamiento diferenciado en términos de sus decisiones de endeudamiento”.

El Informe es claro y avisa: “Una recuperación de la actividad más lenta de lo esperado o el aumento de los costes de financiación podrían dar lugar a incrementos significativos del crédito dudoso en estos segmentos de hogares y empresas más vulnerables”.

O sea, que los niveles de solvencia y liquidez aún están lejos de ser los idóneos. Hay factores que los condicionan, tal es así un alto porcentaje del tejido empresarial prevé que el nivel de impagos de sus clientes aumente durante los próximos meses.

Atentos, pues.

La acción climática en el turismo

 

La conferencia de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU), en Glasgow (Escocia), es considerada como un hito en el marco de los esfuerzos para afrontar las amenazas del cambio climático. Es crucial, en efecto, porque los científicos aseguran que las naciones deben alejarse de una forma drástica e inmediata de los combustibles fósiles si quieren evitar los efectos más catastróficos del cambio climático.

Es importante saber que esta cumbre de Glasgow ha puesto el acento sobre la acción climática en el turismo. Hay una razón de peso: aumentar la ambición climática de las partes interesadas en el turismo y garantizar acciones sólidas para respaldar el compromiso mundial de reducir a la mitad las emisiones para 2030 y alcanzar un cero neto antes de 2050.

Pues ya tenemos la Declaración de Glasgow sobre la que habrán de trabajar los firmantes balo la tutela de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En el texto se fijan las cinco vías que, en teoría, habrán de garantizar que la acción climática esté alineada en todo el sector turístico: medir, descarbonizar, regenerar, colaborar y financiar. Y se concretan los objetivos a alcanzar: uno, definir un mensaje y enfoque sectorial claro y coherente para la acción climática en la próxima década, alineado con el marco científico y la urgencia de actuar ahora; dos, describir las acciones específicas que acelerarán esa capacidad del turismo para transformarse y lograr emisiones netas cero lo antes posible; y tres, alentar a los líderes de la industria del turismo a demostrar su apoyo público para ampliar la respuesta del sector a la emergencia climática.

Así las cosas, se constata cómo el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad ponen en peligro la mayor parte de las actividades turísticas. "El aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos amenazan en todas partes los medios de vida de las comunidades, desde las infraestructuras y las cadenas de suministro hasta la seguridad alimentaria", se advierte en la Declaración de Glasgow.

De este modo, el texto defiende que el turismo acelere la adopción de modalidades de producción y consumo sostenibles, teniendo en cuenta no solo el valor económico, sino la regeneración de los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades.

¿En qué consiste esa acción por el clima en el turismo? El documento recoge cinco vías comunes en aras de lograr "una acción coherente en el sector". Dado su interés, las reproducimos íntegramente. Son las siguientes:

• Medición: Medir y dar a conocer todas las emisiones relacionadas con los viajes y el turismo.

• Descarbonización: Determinar y cumplir objetivos alineados con la ciencia del clima para acelerar la descarbonización del turismo, y más concretamente el transporte, la infraestructura, el alojamiento, las actividades, las comidas y bebidas y la gestión de residuos.

• Regeneración: Restaurar y proteger los ecosistemas, afianzando la capacidad de la naturaleza de capturar el carbono, así como salvaguardando la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el suministro de agua. Y puesto que una gran parte del turismo se desarrolla en regiones vulnerables a los impactos del cambio climático, garantizar que el sector pueda apoyar a las comunidades afectadas y en situación de riesgo para mejorar su resiliencia, adaptación y respuesta a los desastres.

• Colaboración: Compartir pruebas de los riesgos y soluciones con todos los agentes y con los huéspedes, y trabajar para que los planes sean lo más eficaces y coordinados que sea posible. Fortalecer la gobernanza y la capacidad de acción a todos los niveles, inclusive entre las autoridades nacionales y subnacionales, la sociedad civil, las grandes empresas y las pymes, los grupos vulnerables, las comunidades locales y los visitantes.

• Financiación: Garantizar que los recursos y la capacidad de las organizaciones sean suficientes para cumplir los objetivos fijados en los planes climáticos, y que se incluya la financiación de la formación, la investigación y la implantación de herramientas fiscales y políticas efectivas cuando sea preciso para acelerar la transición. 

• Finalmente, los firmantes se comprometieron a presentar planes de acción por el clima en el plazo de doce meses y a informar públicamente de los progresos alcanzados en relación con los objetivos a medio y a largo plazo y de las medidas adoptadas, al menos una vez al año.

Confiemos en que se cumplan esos propósitos.

Pasar a la acción

 

Pareciera que los últimos acontecimientos desde el verano pasado hayan acentuado el interés de los ciudadanos, por lo menos para acercarse a sus contenidos y conocer mejor tanto los objetivos como las aspiraciones y las vías que hay que seguir para procesar adecuadamente las demandas y tratar de alcanzar las metas. Ya nos hemos referido al asunto en términos de trascendencia pues si había razones para pensar que la pandemia iba a condicionar o menguar la propia capacidad de las iniciativas en marcha, ahora parecen existir pocas dudas de que hay una conciencia más sensible y se ha proporcionado un impulso que debería ser determinante y ajustado a la dimensión de lo que se pretende. Ya hemos escrito sobre el particular: nada de esto será posible si no hay una respuesta cívica y para que ésta se produzca es necesario que los poderes públicos y las instituciones promuevan el conocimiento (información) y la participación social.

La idea ha sido puesta nuevamente de relieve en unas jornadas celebradas en Burgos, donde el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, afirmó que “sin la implicación directa de los gobiernos locales, no se van a alcanzar los objetivos marcados”. Unas trescientas personas, en formato presencial y también telemático, han participado en unas jornadas tituladas “La Agenda 2030 en la acción de los gobiernos locales”.

El trabajo en Red fue definido por Casares como “aglutinador del poder local”, de lo que deriva la importancia que se otorga a la intervención colaborativa de otras administraciones, entidades y sector privado. Por descontado, se espera que la utilización de los Fondos Europeos para la recuperación sea decisiva para avanzar hacia la consecución de los fines propuestos. A su juicio, es en el ámbito local donde se puede asegurar para la utilización de esos fondos, pensada para conllevar el enfoque de igualdad y la implementación de medidas que lleguen a todos y a todo el territorio con el fin de mejorar mejorar la vida de las personas. El Secretario General de la FEMP, que ha subrayado también las oportunidades de impulsar proyectos y oportunidades en el mundo rural con estos fondos, ha recordado la reivindicación de una nueva normativa de régimen local y una financiación local justa cuando “la FEMP alcanza su madurez al cumplir cuarenta años desde su constitución”.

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, concretó que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y se explica: es indispensable cambiar las formas de hacer política para asegurar la sostenibilidad. “La Agenda 2030 se ha incorporado como hoja de ruta. Y en clave local nos identifica como los principales actores desde la proximidad”, enfatizó.

En definitiva, pasen a la acción.

Eme de metaverso

 ¿Un nuevo vocablo o una nueva marca? Ya está aquí: metaverso.

El metaverso es un universo virtual que amplía el mundo físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso es Facebook Horizon, una especie de "Second Life" en realidad virtual. Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800 mil millones de dólares en 2024. Un sector con un enorme potencial por el cual Facebook, ahora Meta, va a intentar pugnar.

Hacia ese universo virtual camina uno de los gigantes de las redes sociales, que ya ha asumido un nuevo nombre, Meta, el mundo virtual al que los usuarios de la red podrán acceder a través de la realidad virtual. En efecto, hace pocas fechas, en el marco de su nuevo evento ‘Facebook Connect 2021’, el programador y empresario, creador y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre para dar inicio a una nueva etapa centrada en el "metaverso". El nuevo logo es el signo infinito de color azul, aunque también señalan que representa la M, la letra inicial de la nueva marca del gigante de las redes sociales y mantiene la misma misión: "Conectar a la gente"

"Meta está ayudando a construir el metaverso, un lugar donde jugaremos y nos conectaremos en 3D. Bienvenido al próximo capítulo de conexión social", es la descripción que tiene la nueva marca en su cuenta de Twitter (3D es tres dimensiones. En computación, las tres dimensiones son el largo, el ancho y la profundidad de una imagen. Técnicamente hablando, el único mundo en 3D es el real, la computadora sólo simula gráficos en 3D, pues, en definitiva toda imagen de computadora sólo tiene dos dimensiones, alto y ancho (resolución).

Zuckerberg aclaró "a partir de ahora, vamos a ser primero metaverso y no Facebook". Luego explicó que esto significa que "con el tiempo, no necesitarás usar Facebook para usar nuestros otros servicios y a medida que nuestras marcas empiecen aparecer en nuestros productos, espero que la gente llegue a conocer la marca Meta y el futuro que representamos".

En tanto, la empresa afirmó que los nombres de las aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp seguirán siendo los mismos.

Por lo tanto, habrá que estar atentos a los planes y la evolución de Meta o de metaverso. Se trata de un salto importante, de ir más allá de los que hoy es posible, más allá –como define el propio Zuckerberg- de las limitaciones de las pantallas y de los límites de la distancia física. Un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí. Aquí va un adelanto de lo que el magnate pretende:

"A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios. A medida que nuestra nueva marca comience a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo conozca la marca Meta y el futuro que representamos", concretó en una carta dirigida a los empleados de la compañía. Se inspiró en los clásicos, en la lectura de textos de autores griegos.

"Solía estudiar clásicos, y la palabra ‘meta’ proviene de la palabra griega que significa ‘más allá’. Para mí, simboliza que siempre hay más para construir, y siempre hay un próximo capítulo de la historia. La nuestra es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de lo que imaginamos; en una familia de aplicaciones que las personas usan para conectarse entre sí, encontrar su voz y comenzar negocios, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo", reveló Zuckerberg.

Lo dicho: un salto en ese imponente universo virtual. Con la eme de Metaverso.

Qué feo eso de defraudar a la Seguridad Social...

 

Canarias es la cuarta comunidad española -solo Catalunya, Madrid y Andalucía por delante- que mayor volumen de bonificaciones y prestaciones acumula por los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), quinientos ochenta y siete millones de euros, según han certificado los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pero la mancha del fraude empieza a extenderse: como se sabe, los ERTE, la herramienta habilitada en marzo del año pasado para paliar la destrucción de empleo y el achique del tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica vinculada a la pandemia, también tiene una cara preocupante que desgarra en el marco de las relaciones laborales. Y es que la Inspección de Trabajo ha hecho aflorar en un período de quince meses una enorme bolsa de fraude, al detectar cinco mil setecientas tres infracciones cometidas por empresa. 

¡Por Cristo!, si se nos permite la interjección. Tengamos todos, infractores y beneficiarios, un poco de conciencia. Así no se puede funcionar, así quiebra el sistema. Así cabe dudar de todo quisque. Siempre habrá pícaros y aprovechados. Pero hay que luchar contra los defraudadores. Los datos son elocuentes: el ahorro en costes salariales ronda los treinta y cinco mil millones de euros para las empresas acogidas a los ERTE, ya que a esas bonificaciones en el Seguro hay que sumarles los veintiocho mil seiscientos que salen de añadir a las prestaciones el 30% de los salarios que no han llegado a recibir los empleados en el año y medio que se lleva aplicando esa medida.

Según informa el periódico digital publico.es, los ERTE han supuesto una histórica movilización de fondos públicoshque se acerca a los veintisiete mil millones de euros: veinte mil cuarenta pagados a los 6,6 millones de trabajadores a los que pasaron por ellos entre abril de 2020 y septiembre de 2021, que recibieron el equivalente al 70 % del salario por el tiempo que sus contratos permanecieron suspendidos o recortados, a los que se suman más de seis mil quinientos en exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en ese mismo periodo.

La información es muy interesante y ha permitido saber que tras una primera fase de trabajo documental, en la que los inspectores detectaron varios cientos de empresas sospechosas de haber colado en los expedientes de regulación de empleo a miles de intrusos o trabajadores ficticios contratados para recibir las prestaciones, la Inspección puso en marcha a finales de junio una campaña de investigación a la que se fueron sumando la revisión de otros ERTE en cuya documentación aparecían indicios de irregularidades además de algunos que fueron denunciados por trabajadores y sindicatos. En los quince meses siguientes, hasta mediados de septiembre, la Inspección ha activado las revisiones de cuarenta y dos mil seiscientos quince ERTE, de las que ha finalizado algo más del 80 %, en concreto treinta y cuatro mil quinientos noventa y uno. En ellas ha detectado un total de cinco mil setecientas tres infracciones que van a acarrear a las empresas que las han cometido sanciones por valor superior a los veintisiete millones de euros.

Es importante señalar que la mejora del empleo libera más diez mil millones de euros para reforzar un gasto social récord en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El volumen final de actuaciones supera notablemente (+42%) las previsiones iniciales, que apuntaban a la supervisión de unos treinta mil expedientes.

Finalmente, la campaña ha alcanzado a doce mil seiscientas empresas más de las previstas en principio, con el inicio de algo más de seis mil de esas intervenciones en el último medio año.

Para el autor de la información, Eduardo Bayona, estamos ante una tendencia al fraude más crónica que circunstancial. O sea, que menos perdón hay. Somos así -¿por naturaleza?- y así continuaremos sean cuales las circunstancias que concurren. La frecuencia de detección de infracciones, que alcanza a una de cada seis empresas investigadas (16,43%), es similar a la que se venía detectando en el conjunto del sistema productivo español antes de la pandemia, lo que vendría a revelar la presencia de una tendencia al engaño y el abuso de carácter más crónico que excepcionalro circunstancial en el sistema productivo español.

Para quienes quieran saberlo, la inspección de los ERTE se centra en cinco líneas de actuación, según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo: "El control de la posible existencia de fraude en el disfrute de exenciones empresariales en la cotización"; la existencia de "compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo" y la verificación de las prohibiciones que establece la normativa a las empresas cuyas plantillas están afectadas por expedientes, lo que incluye la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores la formalización de nuevos contratos y la externalización de alguna fase del proceso productivo o comercial.

Los ERTE, en fin, han propiciado la protección de 6,6 millones de trabajadores, que han recibido 16,2 millones de euros, 15 millones de prestación y otros 1,2 millones de exenciones en las cotizaciones que deben aportar a la Seguridad Social.

Pero seguimos siendo incorregibles. Nos gusta más un fraude…

A propósito del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

 

Los datos explican la entrada en vigor del denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV): en nuestro país, 9,9 millones de personas (21 %) en cuatro millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. La situación es más grave entre los menores: más del 26 % de los niños de menos de dieciséis años viven en unidades familiares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, situación que se agrava en los hogares monoparentales, particularmente vulnerables, además, a la volatilidad de ingresos.

Con el IMV se ha tratado de mitigar la situación, resumida por el relator especial de Naciones Unidas que cursó una visita oficial a nuestro país: “La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante, con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años. Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales, y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales. La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE”.

El Real Decreto Ley 20/2020 que regula el IMV trata de garantizar un nivel mínimo de renta para quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Es una medida contra la pobreza que, además, consigna para sus beneficiarios herramientas de ayuda a la inserción laboral.

La pregunta es si está resultando útil. Y la respuesta está en los datos estadísticos porque la a aprobación del IMV dio paso a un auténtico aluvión de peticiones, de las que la mayoría fueron desestimadas (las cifras de aprobación están entre el 25% y el 30%). Según datos del pasado mes de octubre, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha aprobado trescientas treinta y seis mil novecientas treinta y tres prestaciones de IMV, con prácticamente ochocientas mil personas beneficiarias (38% de las cuales son menores de edad).

Ante las malas cifras obtenidas en los primeros meses de aplicación del IMV, se vio la necesidad de realizar ajustes y revisiones para poder dar cobertura al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Actualmente se encuentra en tramitación una Ley Reguladora del Ingreso Mínimo Vital.

Pero hay que reconocer la complejidad de esta prestación. Los expertos indican que es todo un reto definir quiénes conforman una unidad de convivencia, qué se entiende por vulnerabilidad económica, qué excepciones hay a la hora de acreditar la residencia legal de un año en España o la vida independiente, cuáles son las excepciones a la edad de acceso ordinaria de veintitrés años. Pretender proteger innumerables situaciones cambiantes, desde luego, no resulta sencillo. A las dificultades antedichas, se sumaba además la formalidad administrativa de que la solicitud del IMV solo pudiese realizarse por vía telemática. Una prestación destinada a personas en situación de pobreza severa y, con ello, con serias dificultades para acceder, en tiempos de pandemia, a la tecnología. Como solución se ha permitido presentar la petición por correo ordinario y se han firmado convenios con entidades que ayuden a los potenciales beneficiarios en su preparación de su solicitud.

Lo que se quiere y lo que realmente importa es llegar con eficacia a quienes de verdad lo necesitan. Llegar a quienes verdaderamente lo necesiten. Se trata, por una parte, de proporcionar una adecuada protección a las distintas, diversas y multiformes situaciones de necesidad que puedan concurrir. Y por otra, evitar fraudes en su percepción, teniendo en cuenta que su duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho al IMV.

Esta lucha ha producido desgarros por los que, muchas veces, tal como se reconoce en las propias instancias oficiales, la prestación no ha acabado de llegar a quienes más la necesitan.

Falsedades mediáticas

 

El catedrático de Periodismo y director del Máster en Verificación Digital, Fact-Checking y Periodismo de Datos en la Facultad Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Ignacio Blanco, anima a todo el mundo, según recoge Ana Romero en un trabajo publicado en Expansión, a hacerse tres preguntas para desactivar falsedades mediáticas:

“Lo primero es ver quién habla e identificar la fuente. Si el mensaje procede de una desconocida o anónima, hay que desconfiar e intentar averiguar quién está detrás”, expone el profesor. Después, debe buscarse quién más recoge la noticia, recurriendo en esa labor de contraste a los medios de referencia. Por último, hay que analizar las emociones y sentimientos que producen esos mensajes”.

Prosigue entonces el análisis y la interpretación de un fenómeno complejo al que hemos dedicado no pocas entregas con tal de desentrañarlo y aportar algo sustantivo que contribuya a su erradicación. Estas apreciaciones de Blanco contribuyen a constatar que la desinformación es un problema cada vez más serio aunque “en los tiempos que corren, el mayor riesgo no es ya caer en una noticia falsa, sino dejar de creer en las auténticas”. En efecto, advierte el catedrático que “se está produciendo una pérdida de credibilidad que conlleva un deterioro de la confianza en las instituciones y otros problemas provocados por el daño reputacional que estas han venido experimentando, lo que hace crecer la desconfianza hacia la información que circula por la esfera pública”.

Entonces, hay que perseverar en la necesidad de luchar contra la desinformación, por lo que se requiere más iniciativas y recursos destinados a campañas de alfabetización mediática. Ya nos hicimos eco del propósito de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que ha respaldado recientemente un llamamiento hecho hace unos meses por un centenar de catedráticos de Comunicación y Educación de treinta y tres universidades para que se implanten las competencias mediáticas en los planes de estudio a fin de que escolares y universitarios evalúen críticamente los medios y distingan las informaciones reales de las falsas.

Y es que “las noticias falsas están diseñadas para provocar ira, enfado, miedo o consternación y se valen de ese combustible primario para viralizarse. Alguien dominado por el miedo o la ira actúa irracionalmente y así es más probable que comparta el mensaje sin plantearse si es verdadero o no», razona el profesor Blanco.

Por ello es indispensable robustecer la formación. Un hecho concreto para justificarlo: el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la preparación de los estudiantes ante la desinformación. Concretamente, en el estudio Lectores del siglo XXI: desarrollo de habilidades de alfabetización en un mundo digital, se constata que al 54% de los estudiantes españoles no se le ha enseñado en la escuela a reconocer información sesgada. Y la media de la OCDE no es para tirar cohetes, pero sí ocho puntos más baja, en el 46%.

Y cuanta más temprana edad, mejor. Efectivamente, hay que ayudar a los niños a discriminar mejor la veracidad de lo que leen. Lo ideal, escribe Ana Romero, es hacer propuestas sencillas, metodologías basadas en la gamificación y problemas asequibles. Ilustra Ignacio Blanco que deben crearse iniciativas que les diviertan y ayuden a desarrollar el pensamiento crítico: “Pueden ser juegos para identificar la fuente informativa, aplicar softwares para rastrear el origen de una imagen o detectar las emociones inherentes a un mensaje”.

En fin, Jesús Díaz del Campo, docente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) e investigador principal del grupo de Comunicación y Sociedad Digital, cree que la prensa tradicional tiene mucho que decir en este tema. “La batalla es más una oportunidad que un riesgo, pues la sociedad en general, jóvenes incluidos, demanda información de calidad”. Tal vez no es tarde y sea posible hacer más cosas por la veracidad de la información, especialmente efectivas si se unen las fuerzas y los recursos.