MATIZA, QUE ALGO ARREGLA

Una cosa es el infortunio, que todos podemos tener un mal día, estar más o menos inspirados, o que se escape un adjetivo inapropiado, y otra muy distinta traspasar la delgada línea que separa la naturaleza o la dimensión de los problemas con los que hay que convivir y sobre los que se hacen declaraciones públicas entre negligentes y alegres, marcando tendencia o sustanciando posición política que, por provenir de un responsable institucional de primer nivel, cobran todavía más importancia. Es lo que ha ocurrido últimamente con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, empecinado, por una parte, en limitar la residencia en las islas y en primar a los canarios las oportunidades para acceder al depauperado mercado laboral; y por otra, en vincular el machismo criminal con la inmigración. El problema es que el discurso de Rivero se desliza por una senda delicada en la que si se quiere mantener el equilibrio y no sufrir caídas ha de manejarse con mucha cautela y con mucho más rigor. Canarias padece esas dos situaciones que, ciertamente, no tienen una solución o una respuesta sencilla pero mucho menos lo es con planteamientos restriccionistas de dudosa legalidad y con manifestaciones que, por aproximarse a la xenofobia y al rechazo, estigmatizan. Lo que no se entiende muy bien es ese empeño, salvo querer agradar a algunos sectores o motivar a los centenares de desempleados hartos y desencantados que constituyen las cada vez más profundas bolsas de potenciales abstencionistas. Pero la naturaleza de los dos problemas va más allá de la mera coyuntura electorera y no merece ser despachada con un par de ocurrencias. Porque los fundamentos del tratado de la Unión Europea, que obligan a los estados miembros y que hay que cumplir, siguen siendo los mismos en lo que concierne a la libertad de circulación. Restringir, excluir o discriminar se da de bruces con lo establecido en el tratado y en las normativas de la Unión referidas a política migratoria, basadas en el principio de igualdad de trato y en el vínculo de un permiso de residencia junto a un contrato laboral para los ciudadanos extracomunitarios. Independientemente de las consideraciones políticas que se hagan sobre el particular, el asunto, si entrase en vía judicial, tendría muy mala pinta. Tampoco ha estado fino el presidente Rivero en su afirmación inicial a la hora de ligar la inmigración con la violencia machista en nuestra tierra. “Las regiones que tenemos una llegada mayor de personas de otros lugares, tenemos más situaciones de este tipo”, dijo mientras trataba de explicar que también es un problema de educación. Las reacciones no se hicieron esperar: la superficialidad de la apreciación era tan evidente y servía tan en bandeja las réplicas (no sólo las políticas) que el propio Rivero se apresuraba a matizar en la mañana de ayer que no quiso establecer esa relación directa sino dar a entender que “hay otras culturas donde las políticas de igualdad y el respeto a las mujeres no han avanzado tanto como en Canarias y en España”. Pues menos mal que, sintiéndose dueño de sus palabras, reflexionó y aclaró porque intentar justificar de la manera que lo hizo uno de los males de la sociedad canaria -y así se podía interpretar- fue un desacierto evidente. Ojalá que la fiebre de inauguraciones no obnubile el intelecto.