MEMORIA CON LEY

 Tan solo la tenacidad de Mercedes Pérez Schwartz, en Tenerife; de María Victoria Hernández, de La Palma;  y de tantas otras personas en todas las islas, que trabajaron denodadamente como memorialistas con tal de reparar injusticias y omisiones y cuyo trabajo quedó reflejado en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y compensación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, merece ser aludida ahora que el Senado ha aprobado, definitivamente, otra norma, la Ley de Memoria Democrática (128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones) qu, sobre todo, ensancha los derechos de las víctimas. Conocer la verdad, acceder a la justicia y la reparación y que, mediante la memoria, garantizar que no se repitan los hechos sufridos son planteamientos que inspiran la disponibilidad de una norma que es un acto de justicia y que no hay que asociar a espíritu revanchista o similares. Al contrario, a ver si con ella se contribuye a cicatrizar heridas y superar diferencias que aún unas cuantas décadas después laten en debates, medios y sectores de la sociedad.

¿Es exagerado decir que se salda una deuda histórica con esta Ley? Dejemos que la aplicación de la misma vaya marcando pautas y nos vaya indicando si los ciudadanos van asumiendo el articulado y procediendo consecuentemente, con serenidad, sin revanchismos, con equilibrio y conscientes de que es una oportunidad para obrar de forma cabal. Cierto: no parece el momento más adecuado para escribir este pensamiento, ahora que el encono y la crispación política desbordan los límites de lo convencional, alentados tales factores por un nivel de irracionalidad realmente preocupante. De lo que se trata es evitar los resentimientos y la reedición de tensiones. Pero la oportunidad, con la Ley en la mano, es propicia para conducirse con claro ánimo reconciliador.

La norma viene a fortalecer el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, además de dejar abierta la puerta a posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, o sea, Transición y primeros años de la etapa democrática. Varios grupos políticos se unieron para enmendar el texto, de modo que se condena expresamente la dictadura y se declara ilegal el régimen surgido de la contienda entre españoles y que como consecuencia de las luchas de grupos y actores sociales antifranquistas fue sustituido con  la proclamación de un Estado social y democrático de derecho desde que entró en vigor la Constitución que los españoles se habían dado con el referéndum de diciembre de 1978.

La declaración de ilegalidad se extiende a los tribunales del régimen anterior, conformados “para imponer por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”.

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática es definitiva ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. De esa manera, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese análisis deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo". Recordemos, por otro lado,  que desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de veintiún mil millones de euros para reparaciones económicas a unas seiscientas ocho mil víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.