La información era falsa. Otra vez, en redes sociales –en este caso, Twitter, aunque el origen hay que situarlo en Bloomberg, una de las agencias con más reputación en el mundo financiero-, a propósito de que la Comisión Europea (CE) había congelado el desembolso de los Fondos de Recuperación destinados a España. No era cierto: Bruselas no congeló el pago a nuestro país de tales fondos, sino que advirtió al Gobierno español que va con retraso en el cumplimiento de compromisos de auditoría y control previstos en el Plan de Recuperación. Era la demostración de que todo vale, aunque los desmentidos, incluso los de la propia CE, no se demoraron. Da igual: no importa la materia o la trascendencia de lo que pueda significar y se exija el máximo rigor para divulgar sus contenidos. Si sirve para sustanciar una crítica o un ataque político, adelante con los faroles. Que en ello incurran opinólogos, trols, odiadores, negligentes, expertos malintencionados y políticos de distinta consideración, no sería de extrañar. Pero que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pusiera al desnudo su obcecación y diera por hecha la paralización, sin producir una subsiguiente rectificación, después de que unos diez mil visitantes apretaran el me gusta, ya es más reprobable. A Díaz Ayuso la siguieron cargos públicos de su organización política y algunos destacados economistas.
Lo
dicho: todo vale y el que venga detrás… aunque sean los mismos (o buena parte) de los que no cesan en calificar
de mentiroso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ejemplo es demostrativo de los riesgos que
entraña no contrastar o verificar la información y de que se acepten sin más
determinados contenidos. Desde luego, casos como el que nos ocupa contribuyen a
la progresiva pérdida de credibilidad. No digamos de las redes sociales que,
según alguna investigación demoscópica reciente, es una fuente en la que
confían muchos usuarios para enterarse de las noticias o de la actualidad. Bloomberg,
por cierto, que no había citado la fuente en su primera entrega, se apresuró,
cuando ya la polémica se había desatado, a precisar que “nosotros contamos que
España recibió un toque serio de la Comisión, pero nuestro texto no menciona congelación
o suspensión”, para terminar considerando que “el desmentido de
Bruselas no se refiere a esta información en concreto”.
Lo
cierto es que, en este capítulo, España podrá recibir de los Fondos de
Recuperación hasta ciento cuarenta mil millones de euros para reformas e
inversiones entre los años 2021 y 2026. De ellos, casi la mitad pertenecen a
transferencias no reembolsables que se ejecutarán prácticamente entre los años
2021 y 2023, en tanto que el resto corresponde a créditos disponibles. Según
versión del Gobierno, España cumplió todas las exigencias ligadas a los dos
pagos que ha recibido hasta ahora de los Fondos de Recuperación europeos y
Bruselas no ha congelado el desembolso del tercer tramo, tal y como ha
confirmado la propia Comisión Europea que, no obstante, evaluará antes de
proceder al pago los compromisos adoptados en materia de auditoría.
Otra
evaluación, más bien ética, sobre las informaciones falsas, tampoco sobraría.
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