"Un juez falla que el portavoz del PSC entorpece la labor de la administración". Es el titular de una información aparecida en el periódico El Día, de Santa Cruz de Tenerife, firmada por Rafael Barreto. Invita a una lectura detenida. De la misma se deduce que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos había entablado una acción contra el alcalde o el gobierno (un suponer) al considerar que habían sido vulnerados sus derechos fundamentales pues no le fueron facilitados los expedientes municipales a los que quería tener acceso. El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado la acción al constatar, según la resolución, que el portavoz incurrió en "una actitud que muy bien podría calificarse de uso desmedido o abusivo del derecho que le asiste, el cual está limitado a unos específicos asuntos municipales, llegando con ello a entorpecer la labor administrativa diaria, con el consiguiente resentimiento en el servicio y atención al ciudadano".
Hay hechos que producen estupefacción y este es uno de ellos. Si la medida judicial, que es apelable, sienta un precedente, que se preparen los portavoces y ediles cuando quieran conocer los contenidos de un expediente y llevar a cabo sus tareas fiscalizadoras. No se entiende, la verdad. Salvo que el peticionario se haya extralimitado o exigido más allá de sus derechos y sus representantes legales hayan escogido una vía equivocada, es difícilmente digerible la decisión.
Teóricamente, leyes y reglamentos facultan a los miembros de las corporaciones locales para acceder a los expedientes y a las resoluciones que, respectivamente, son sometidos a aprobación o son dictadas por los órganos institucionales. Eso sí: hay que respetar los procedimientos y, por tanto, acertar con la invocación de los preceptos. Puede que eso no haya sucedido.
Ya llama la atención que, a esta alturas de la democracia, aún se sigan registrando situaciones como la que origina el que vamos a llamar contencioso del entorpecimiento. Es decir, que un alcalde no facilite el acceso a unos expedientes en los términos que establece la norma a un miembro de la corporación, es, de por sí, bastante anómalo. Por no emplear otro adjetivo. No hablarán luego de transparencia y otros conceptos por el estilo. Si un asunto va a pleno, si unos órganos toman decisiones (contratación, adjudicaciones, licencias...), y están informadas técnicamente, se supone que su materialización -independientemente del carácter público que se le pueden atribuir- es susceptible de examen.
Lean lo que pidió el portavoz socialista de Icod, siempre según la información referida al principio. Quería consultar lo concerniente a la contratación y pago de la confección del presupuesto general del Ayuntamiento de 2009, los términos del trazado y construcción de unas rotondas, la situación del arrendamiento de un local para la gerencia de urbanismo, unos informes técnicos sobre la adjudicación de las obras realizadas en el mismo y la contratación con una consultora especializada de la elaboración de una relación de puestos de trabajo.
Vamos a suponer que algo le puso sobre la pista de presuntos incumplimientos legales y quería, en un contexto de oposición política que fiscaliza, asegurarse mediante el examen de los correspondientes expedientes, antes de emitir juicios de valor o denunciar irregularidades. La solicitud fue denegada por órganos consistoriales. El siguiente paso, claro, fue acudir al juzgado. Y éste dice que no, que el portavoz entorpece. Ver para creer.
Se podrá decir que el caso pone de manifiesto, una vez más, que en este país quien quiere hacer las cosas ajustándose a derecho, o por la vía más correcta posible, encuentra más dificultades o se le ponen más trabas que quien obra con más alegría, orillando la ley o infringiendo sin rubor.
Desde luego, con todos los respetos a la decisión de su señoría -que no aprecia siquiera "voluntad denegatoria o meramente dilatoria por parte de la autoridad municipal"- si los alcaldes la siguen al pie de la letra, flaco favor se está haciendo al funcionamiento del sistema democrático, de la administración misma y al ejercicio de las tareas políticas que corresponden a quienes quieren hacerlo con un mínimo de seguridad y sin querer saltarse reglas de procedimiento.
Ha surgido una nueva figura: el entorpecimiento administrativo. Habráse visto.
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