La reforma de las pensiones. Es un asunto que concierne a todos y sobre él flotan algunas nubes densas de incertidumbre, así que habrá que estar muy atentos y confiar en la capacidad de negociación de las partes para alcanzar un resultado satisfactorio que no sólo aporte garantías y estabilidad sino que los partidos políticos dejen de emplear el asunto como elemento de debate político y de mercadeo electoralista.
Hoy es la fecha señalada para que Gobierno y centrales sindicales empiecen a acercar posiciones. Es positivo que se sienten siquiera a explorar avances. No sólo en esta materia sino en aquellas otras que se han visto afectadas por la depresión económica: la revisión de las políticas activas, los nuevos cauces de la negociación colectiva, la determinación clara del despido objetivo, en definitiva, la reforma laboral misma.
La reunión tiene que servir: sería todo un estímulo gratificante que, nada más empezar el año, hubiera entendimiento. Caso contrario, ya se sabe: posiblemente una nueva huelga general que, después de aquella de septiembre, con todas sus valoraciones, resulta de dudosa utilidad.
La convocatoria de hoy y mañana arranca con una premisa que parece inamovible para el Gobierno, según ha defendido públicamente el presidente: diferir la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Los sindicatos discrepan abiertamente, no están de acuerdo. Probablemente, aguardarán ver sobre la mesa de negociación la carta de la flexibilidad para saber qué rumbo tomar. Y ahí habrán de rebatir, con alternativas, los criterios que favorezcan una jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (inicialmente, más de treinta y seis años, cifra que irá creciendo de forma progresiva) y hayan ejercido las denominadas profesiones penosas o de especial peligrosidad.
En lo que sí parecen existir puntos de convergencia es en el cómputo del tiempo para el cálculo de la futura pensión, elevándolo de los quince años actuales a un período mayor.
Es la primera gran cita político-económica del año. Lo que está en juego interesa a todos. Atentos entonces. Es inevitable plantearlo: ojalá haya buenas noticias.
Hoy es la fecha señalada para que Gobierno y centrales sindicales empiecen a acercar posiciones. Es positivo que se sienten siquiera a explorar avances. No sólo en esta materia sino en aquellas otras que se han visto afectadas por la depresión económica: la revisión de las políticas activas, los nuevos cauces de la negociación colectiva, la determinación clara del despido objetivo, en definitiva, la reforma laboral misma.
La reunión tiene que servir: sería todo un estímulo gratificante que, nada más empezar el año, hubiera entendimiento. Caso contrario, ya se sabe: posiblemente una nueva huelga general que, después de aquella de septiembre, con todas sus valoraciones, resulta de dudosa utilidad.
La convocatoria de hoy y mañana arranca con una premisa que parece inamovible para el Gobierno, según ha defendido públicamente el presidente: diferir la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Los sindicatos discrepan abiertamente, no están de acuerdo. Probablemente, aguardarán ver sobre la mesa de negociación la carta de la flexibilidad para saber qué rumbo tomar. Y ahí habrán de rebatir, con alternativas, los criterios que favorezcan una jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (inicialmente, más de treinta y seis años, cifra que irá creciendo de forma progresiva) y hayan ejercido las denominadas profesiones penosas o de especial peligrosidad.
En lo que sí parecen existir puntos de convergencia es en el cómputo del tiempo para el cálculo de la futura pensión, elevándolo de los quince años actuales a un período mayor.
Es la primera gran cita político-económica del año. Lo que está en juego interesa a todos. Atentos entonces. Es inevitable plantearlo: ojalá haya buenas noticias.
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