A este paso, al de las detenciones o restricciones de candidatos y candidatas, no va a haber elecciones en Nicaragua. En efecto, hay cuatro aspirantes a la presidencia que han sido apartados de la carrera electoral. Un hecho insólito acreedor de rechazo y que ha motivado la circulación de un manifiesto, firmado inicialmente por doscientas veinte personas y representantes de organizaciones de derechos humanos, en el que intelectuales de distintas nacionalidades exigen a la comunidad internacional que imponga más sanciones al régimen político que encabeza Daniel Ortega, aspirante a una tercera reelección.
El asunto es bastante claro: se demanda “una condena por parte de la comunidad internacional de las acciones del gobierno de Ortega, un proceso electoral que cumpla con las condiciones mínimas exigidas por la comunidad internacional y hacer todo lo que esté a su alcance diplomático y político para sancionar al régimen por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país”.
Ortega no es consciente -¿o sí?- de que los pueblos se cansan de los regímenes totalitarios que algunos gobernantes quieren prolongar manejando a su antojo los recursos de un supuesto Estado de derecho. Cuando acceden al poder, sienten la tentación de perpetuarse y entonces emplean toda suerte de artimañas con tal de garantizarse su continuidad en el poder. No se dan cuenta de que eso genera rechazo y de que abona una fractura social de la que es muy difícil reponerse.
El régimen nicaragüense ha ido desprestigiándose a medida que hace gala del autoritarismo y de la clara tendencia a restringir el pluralismo político. Poco o nada debe quedar de aquella heroica lucha de un pueblo sobreexplotado necesitado de libertades y de valores democráticos.
Un párrafo del aludido manifiesto es bastante significativo:
“El pueblo nicaragüense, víctima de tantas guerras civiles en el pasado, esta vez ha optado por una salida pacífica de la crisis en la que se halla sumido desde hace tres años. Esta salida son unas elecciones libres, transparentes y con garantías para transitar hacia una recuperación del Estado de derecho y construcción de una democracia con pleno respeto de los derechos humanos”.
Pero Ortega, la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tienen otras miras y no les importa, por lo que se ve, dejar fuera a personas que cuestionan sus métodos totalitarios. Hasta el escritor Sergio Ramírez, otrora revolucionario, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar en su visita al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), ha sido involucrado por el régimen en un presunto caso de lavado de dinero que todavía investiga la Fiscalía General del país. Ramírez, ganador del premio Cervantes, actualmente es el representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una asociación sin fines de lucro que actúa en su pueblo natal, Masatepe, dedicada al desarrollo educativo y cultural de los jóvenes.
Pues con cuatro candidatos (por ahora) excluidos de la carrera presidencial, las elecciones legislativas en aquel país, igual ni se celebran. Sería el colmo: ganar por eliminación previa. ¿Seguirán hablando de democracia?
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