Periodismo intimidado y amenazado

 

Los hechos han sucedido en Venezuela y El Salvador, acaso dos muestras más del totalitarismo o del autoritarismo que anula la democracia, emponzoña la convivencia y pone en jaque la libertad de expresión. Cuando se llega, además, a amenazar la vida o la integridad física de las personas y, en este caso, de los profesionales del periodismo, cuando eso se hace operando desde los resortes del Estado, es que las personas y los bienes corren peligro. Todo se tambalea. ¿Se puede vivir así?

La periodista Mirelis Morales Tovar cuenta de primera mano lo ocurrido, por ejemplo, con el periodista venezolano Roberto Déniz quien comenzó a verse amenazado después que publicara reportajes sobre la red de corrupción que venía tejiendo Alex Saab, un abogado y empresario colombiano de ascendencia libanesa, actualmente detenido en Miami (USA), donde ha de afrontar un proceso judicial por blanqueo de dinero. Saab está en la órbita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El trabajo periodístico de Déniz resultaba demasiado incómodo para el gobierno chavomadurista. Sus revelaciones dejaban en evidencia sus relaciones con el empresario colombiano y la poca transparencia de sus negocios. Había que silenciarlo. “Ahí comenzaron con el acoso judicial”, cuenta el periodista. “Vino la demanda y preparaban medidas cautelares. Sabíamos que no sería un juicio justo y eso nos obligó a salir del país en enero de 2018”, añade.

En el exilio, el periodista continuó con sus investigaciones. Desveló que Saab no solo estaba implicado en la compra sobrevalorada de insumos para las casas prefabricadas de la Misión Vivienda, sino también en la importación de alimentos de baja calidad para las cajas CLAP (de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y otros negocios. Todo apuntaba a una trama de lavado de dinero y a un esquema de corrupción, que el gobierno intentó proteger usando cualquier artimaña.

En el exilio, el periodista continuó con sus investigaciones. Develó que Saab no solo estaba implicado en la compra sobrevalorada de insumos para las casas prefabricadas de la Misión Vivienda, sino también en la importación de alimentos de baja calidad para las cajas CLAP (de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y otros negocios. Todo apuntaba a una trama de lavado de dinero y a un esquema de corrupción, que el gobierno intentó proteger usando cualquier artimaña.

“La tormenta ha sido permanente y uno no es consciente del desgaste emocional”, comentó. “Me debatí muchas veces entre tirar la toalla por salud mental o continuar por un tema de responsabilidad”, agregó. Al final, la verdad estuvo de su lado y Alex Saab terminó siendo aprehendido en Cabo Verde en marzo de 2021. Pero su detención, lejos de suponer una victoria, desató una guerra en su contra, que se acentúo cuando se confirmó la extradición del empresario a Estados Unidos.

La periodista Morales Tovar advierte claramente de las represalias gubernamentales. En la red Twitter, sin ir más lejos, apareció la etiqueta #DenizVendePatria como una antesala. En octubre de 2021, el Ministerio Público ordenó la detención de Jerónimo Déniz por instigación al odio y allanó la residencia de su familia en Caracas, aún sabiendo que él estaba fuera del país. “Ese día –afirmó- sentí sobre mí todo el poder de las instituciones y del Estado”. Y me llegué a preguntar si todo esto vale la pena”.

El otro caso que sirve para entender lo que es periodismo amenazado y perseguido lo encontramos en El Salvador. Relata Morales que “de un momento a otro, el teléfono móvil de la periodista salvadoreña Julia Gavarrete comenzó a presentar fallas. Se apagaba. Le daba error. Al comienzo, pensó que había comprado un aparato defectuoso. Pero luego empezó a sospechar que aquellos hechos no eran aislados y que podrían ser indicios de que agentes del presidente Nayid Bukele le hacían un seguimiento”.

En efecto, más tarde, sus investigaciones lo confirmaron. El Gobierno estaba detrás de las maniobras de espionaje a más de treinta y cinco periodistas y miembros de organizaciones civiles a través del software Pegasus. “Sentí cierto colapso mental. No solo por el hecho de que hubieran irrumpido en mi teléfono, sino por no saber qué información habían sacado y qué hicieron con ella”, comenta.

No era la primera vez que buscaban intimidarla. En julio de 2020, un desconocido se metió a su casa y hurtó su ordenador personal, en momentos cuando ella investigaba las violaciones de derechos humanos durante la pandemia. “Esa madrugada sufrí el primer ataque de ansiedad. Tuve pesadillas. Soñé que entraban y me violaban. Recibí ayuda para reforzar la seguridad de mi inmueble y decidí a ir a terapias para superar la paranoia que te deja la invasión de tu intimidad”, señaló.

El gobierno le advirtió con quién se estaba metiendo. Ella pudo haber dado un paso atrás, pero nunca tuvo la intención de desistir. “Sentía que tenía el compromiso de develar un hecho que para muchos salvadoreños es difícil de comprender. Hasta entonces, solo había sospechas. Ninguna prueba contundente que posiblemente relacionara al gobierno con el espionaje”, explica Gavarrete.

La investigación sobre Pegasus resultó tan contundente que la administración de Bukele guardó silencio. Pero el gremio periodístico prosigue en alerta, porque el oficialismo, los poderes del Estado, están moviendo las piezas para criminalizarlo. Allí aguardan una reforma de la ley de acceso a la información y del código penal para legalizar el espionaje. “No dudamos que el amedrentamiento contra los periodistas va a escalar. Pero vamos a seguir resistiendo”, afirmó Gavarrete.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto medidas de protección en el caso de Déniz. Y su compromiso –seguro que el de Gavarrete también- con la información y con la verdad se reafirma. “He hecho lo correcto. Es un asunto de responsabilidad. Lo más fácil era callar. Y lo que ha pasado demuestra que teníamos la razón”, declaró.

La suya es una actitud de coraje periodístico. Sus palabras son elocuentes.

“Quienes hacemos periodismo tenemos claro que la intimidación es una consecuencia de nuestro trabajo. Pero igual es muy frustrante, porque, frente a la violencia institucional los periodistas somos muy vulnerables”.