Caza de brujas

 

Entre los siglos XV y XVII, tanto en Europa como en América se vivió la denominada ‘caza de brujas’, un fenómeno histórico en el que miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas y perdieron la vida tras haber practicado la brujería en muy diversas formas. Hoy en día, la expresión se usa metafóricamente para referirse a la persecución de un enemigo percibido –habitualmente, un grupo social no conformista- de modo notoriamente sesgado e independiente de la inocencia o culpabilidad real. Distintos y sistemáticos acosos han recibido el mismo sobrenombre.

Amnistía Internacional (AI) ha devuelto la vigencia de la expresión después haber publicado una información que detalla cómo al menos cuarenta y seis personas se enfrentan a cargos penales en Rusia al haberse posicionado en contra de la guerra en Ucrania. La justicia penal rusa les acusa de delitos como difamación, incitación a actividades extremistas, incitación a disturbios masivos, odio y fraude, entre otros.

Según AI, en diez de estos casos se ha investigado a las personas críticas con el Gobierno a través de la nueva Ley de control de la información que puede penalizar con hasta quince años de prisión a aquellos que “difundan” una versión de la guerra diferente a la del Kremlin. La norma fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso y generó la interrupción de la mayoría de medios internacionales y de unos pocos independientes que operaban en el país. La prueba más reciente se ha vivido esta semana con el periódico Novaya Gazeta, dirigido por el Premio Nobel de la Paza, Dimitri Muratov, quien anunció que dejaba de circular “porque no puede informar sobre la guerra”.

Y es que sobre los acusados pesan cargos de decrédito a las fuerzas armadas: fraude, calumnias y hasta acusaciones de terrorismo. Por supuesto, la norma fue ampliada para tipificar como delito las noticias falsas, aplicable también, faltaría más, a los funcionarios o representantes del Gobierno ruso también el extranjero.

Una organización rusa de derechos humanos, Ágora, ha denunciado la apertura de sesenta causas penales por protestas pacíficas contra la guerra o por críticas públicas a las autoridades rusas.

Algunos casos son muy reveladores, como el del técnico del Departamento de Policía de la ciudad de Moscú, Sergei Klokov, la primera persona en ser arrestada. Según su abogado, el pasado 18 de marzo se le acusó de difundir "noticias falsas" durante llamadas telefónicas con residentes de Crimea y la región de Moscú. También Aleksander Nevzorov, un destacado periodista que ganó popularidad durante la perestroika (las reformas políticas aprobadas por el Estado en la década de 1980) y fue acusado el 22 de marzo por compartir información sobre los ataques de Rusia contra un hospital materno-infantil en Mariúpol, después de criticar el bombardeo en un post de Instagram. El 24 de marzo, Irina Bystrova, profesora de arte de la ciudad de Petrozavodsk, fue acusada de compartir "noticias falsas" y de "justificar el terrorismo" en relación con los mensajes que compartió en VKontakte, una red social rusa. Hay que consignar, igualmente, que a medida que aumentan las críticas públicas a la guerra, las autoridades rusas también han tratado de criminalizar el arte callejero y los grafitis, según informa también Amnistía Internacional. Al menos nueve activistas y artistas callejeros han sido acusados de escribir grafitis "de odio", un delito que puede llevarles a la cárcel hasta tres años.

Lo dicho, una “caza de brujas” en toda su plenitud.