Democratizar el poder mediático

 

«El derecho a la información veraz es un derecho constitucional y ciudadano. Ningún político y ningún periodista puede estar por encima de la ley vertiendo mentiras con objetivos políticos sin consecuencias, casi siempre en alianzas con algunos representantes del Poder Judicial», precisó en un comunicado la dirección federal colegiada de Izquierda Unida (IU) después de que este anunciara que no iba a dimitir.

Basándose en ello, considera imprescindible que el Gobierno de coalición promueva «una ley por una información veraz, contra la manipulación y los bulos». El comunicado, que se titula ‘Ambición, valentía y movilización para un país más justo y democrático’, señala que «si la estrategia de ‘guerra judicial’ triunfa en demasiadas ocasiones, es gracias al papel preeminente que juegan algunos medios de comunicación en la misma».

La propuesta sintoniza con la reivindicación que desde hace años viene planteando la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) al Gobierno y los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales: una ley que regule la profesión periodística y garantice el derecho a la información de la ciudadanía.

En contra de lo que afirman algunos políticos y grandes grupos periodísticos, la petición no pretende ejercer algún tipo de control a los medios de comunicación ni atentar contra la libertad de información implantando una especie de censura, sino todo lo contrario: aprobar una ley, como existe en muchos países, que regule la profesión periodística y garantice el derecho a la información de la ciudadanía.

La FeSP propone que en esa norma se defina la figura del periodista, ya sea en plantilla o a la pieza, por libre o ‘freelance’ y colaborador/a; sus derechos y deberes, y también los de las empresas de los medios de comunicación; comités profesionales en los medios y un Consejo Corregulador del Periodismo Profesional, entre otras medidas.

La dirección de IU también pide para reforzar la democracia frente a las pretensiones de la derecha y la ultraderecha, las siguientes medidas, entre otras: democratizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abordar reformas para renovarlo y establecer una nueva forma de acceder a la carrera judicial; derogar la llamada Ley Mordaza, aprovechando los acuerdos alcanzados en la anterior legislatura en la que solo quedaron muy pocos puntos de desacuerdo, y garantizar un acceso digno a la vivienda.

La afirmación del órgano de dirección de IU es tajante: ni los políticos ni los periodistas pueden estar por encima de la ley, manipulando o mintiendo con objetivos políticos, sin consecuencias. Incluso se ha comprobado que pseudo sindicatos promueven pleitos o formulan denuncias en sede judicial utilizando falsedades que luego retiran a cambio de dinero. En el comunicado de Izquierda Unida también se afirma que la utilización de mentiras o falsedades a veces se formula con apoyo de algunos representantes del poder judicial, por lo que insiste en la necesidad de «democratizar el poder mediático a través de una Ley de Medios que garantice la pluralidad entre al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas».