La tensión se palpa. La relación de una parte del universo mediático con
el poder político se va tensando, de tal manera que, enquistada, va a ser
difícil que no degenere. Las posturas se van enconando, entre principios ideológicos e intereses
empresariales que se defienden a capa y espada, verbal y audiovisualmente. La
tendencia individualizada al protagonismo de unos cuantos profesionales a los
que no importa elevar el listón crítico hacia el gobierno y los sustratos
progresistas, como si se hubiera preestablecido un meritoriaje para más
ingresos publicitarios y, por consiguiente, mejores retribuciones o incrementos
en cuantías de contrato, esa tendencia, decíamos, tampoco ayuda.
El caso es que en debates y foros políticos ya es frecuente escuchar y
leer reproches. En primera persona. Cada quien aporta su versión, desde luego.
Porque nadie está en posesión absoluta de la verdad. Y porque siempre es difícil determinar quién
arrojó la primera piedra. Si los jueces, como se ha dicho, también tienen su
corazoncito, unos cuantos profesionales de la comunicación tampoco se ocultan
para expresar sus preferencias y sus inclinaciones.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha
rechazado de forma categórica, tras el debate parlamentario de la pasada
semana, los señalamientos a periodistas que se realizaron de forma reiterada
desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos
representantes políticos, cuyo último caso se ha producido con la secretaria
general de Podemos, Ione Belarra. Según un comunicado, la FAPE, que respalda un
comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) repudia que algunos
políticos acusen a profesionales de la información de mentir
sin que haya pruebas fehacientes de ello y porque
se considera que las informaciones son críticas con su formación.
En ese sentido, la FAPE respalda a la APM en el
sentido de que descalifica la propuesta de Belarra de que “hay que atar corto”
a los que califica de “periodistas corruptos”, lo que no tiene cabida en una
sociedad democrática, y se suma a sus palabras respecto a que la sociedad
española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que
se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de
expresión.
La FAPE, igualmente, resalta la necesidad de
respetar el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de
la Constitución Española y aprovecha para pedir a los
partidos políticos que ayuden a terminar con la crispación política que
fomenta la desinformación y vulnera ese derecho a la información veraz.
Por último, en el mismo comunicado, la FAPE
recuerda que existe la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del
Periodismo para elevar a su evaluación cualquier actuación que se considere una
vulneración de los principios éticos de la profesión. En el mismo sentido,
subraya la posibilidad de acudir a la vía judicial en el caso de prácticas que
se consideren delictivas y hacer que funcione el Estado de derecho.
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