EXIGIR OTRO RUMBO

 

La nueva gran crisis de los cayucos, aunque sea más propio hablar de las migraciones irregulares desde África, está poniendo al Gobierno al borde de su capacidad de resistencia. Una concatenación de errores y de inhibiciones hace que la dimensión de esa tragedia humana sea una suerte de fenómeno de nuestro tiempo sin solución, ora en el Mediterráneo ora en el Atlántico ora allí donde no haya que cruzar el mar en busca de una tierra de promisión.

Es difícil una respuesta para un problema de esta naturaleza pero peor resulta no tener una política de mínimos o no tomar la iniciativa siquiera para encontrar atajos o no explorar vías donde poder sembrar las semillas de nuevos escenarios donde el primer objetivo sea acabar con las rémoras del pasado y emprender rumbos futuros más igualitarios y solidarios. Pero, hasta eso, la pandemia es un serio obstáculo. Eso sí, para todos.

Pareciera que otro gobierno progresista no hubiera asimilado del todo la evolución de la crisis de la primera década del 2000. Ahí está uno de los libros del incombustible José Segura para tener en cuenta su singular experiencia como delegado del Gobierno en Canarias, en la que también hubo de luchar contra los elementos para persuadir al ejecutivo de Rodríguez Zapatero de lo que se venía encima y hacer ver a la Unión Europea que en aquellos años era la ruta canaria, con sus riesgos, su drama y todo lo demás, pero que, de no erradicar las organizaciones que trafican con seres humanos, se abrirían otros trayectos y se agravaría el problema. Así ocurrió.

No puede decirse que el Gobierno de Pedro Sánchez haya menospreciado a Canarias pero el tratamiento de este grave problema ha dejado mucho que desear. Demasiada pasividad y una sensación de que los departamentos querían –quieren- quitarse el muerto de encima, como si rehúyeran quemarse más. La gestión de la crisis revela, cuando menos, descoordinación. Ni siquiera las visitas y ciertas declaraciones de los ministros Escrivá y Grande-Marlaska sirvieron para apaciguar a la espera de posibles nuevas medidas que, tal como está el patio, la gente estima que no servirán para nada. Hasta el presidente del Gobierno de Canarias, no solo en comparecencias mediáticas sino también en sede parlamentaria, reflejó su incomodidad: expresó el malestar y el lamento de quien encabeza un ejecutivo que parece abandonado a su suerte en esta materia.

Por eso, y pese a todas las adversidades –hasta el buen estado de la mar y el empuje de la pandemia y sus efectos de hambruna, han colaborado-, el Gobierno de España debe corregir el rumbo y afrontar una nueva etapa en el tratamiento de este fenómeno porque Canarias no debe convertirse en un problema de Estado. Es una exigencia apropiada. Ese mensaje, ‘solos no podemos’, es preponderante, y no suena victimista aunque entrañe una apelación desesperada. La cooperación al desarrollo sigue siendo fundamental y hacer ver, en un despliegue de relaciones internacionales que empequeñezca lo realizado hasta ahora, que los retrasos sociales y económicos obligan a cambios de cultura y de patrones y que es indispensable frenar la corrupción, resultan primordiales para robustecer las estructuras de los Estados. Se trata de hacer algo más que administrar la miseria o desentenderse de las tribulaciones de los pueblos.

Porque no olvidemos que más abajo, pero cerca de Canarias, se está librando un conflicto, entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, de imprevisibles consecuencias. Y que podría enredar más las cosas.

EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PERO IMPRESCINDIBLE COMPORTAMIENTO CÍVICO

 

Hace años, cuando la alcaldía, exponíamos en reuniones internas y debates públicos, a propósito de las diferencias del estado de las vías de La Orotava y Puerto de la Cruz, el ejemplo de cuántos puestos de perros calientes había en una localidad y otra, como referencia de los motivos que inducían, a partir del consumo, a un estado de conservación y a una apariencia de limpieza diferente. Y a ello añadíamos que también era determinante el papel de la ciudadanía: una mayor concienciación y una respuesta cabal y consecuente, una elemental cuestión de civismo si se quiere, influía poderosamente para que se produjera esa imagen. En la Villa, menos consumo, menos desperdicios y residuos en las calles; en el Puerto, ciudad de servicios y de tránsito peatonal de la mañana a la noche, más consumo y más comportamiento incívico.

Ahora, el ayuntamiento portuense informa de la actuación de la empresa Aqualia, gestora del Servicio Municipal de Aguas, que prevé, cuando finalice el presente año, una extracción de residuos sólidos procedentes de imbornales y rejillas de alcantarillas cercana a las veintiocho toneladas. Y eso que, dadas las circunstancias concurrentes, han venido o están viniendo muchos menos turistas. Ello nos da idea de una conducta contraproducente e irresponsable, independientemente de corroborar el razonamiento del primer párrafo. Otros datos ilustrativos: en lo que va de año, Aqualia ha limpiado doscientos setenta imbornales y 11,20 kilómetros de colectores.

La firma, según se explica en una nota informativa, realiza durante todo el año estas labores de limpieza de las infraestructuras hídricas de saneamiento en la ciudad para evitar que se atasquen. Estos días refuerza estos trabajos, disponiendo así lo conveniente para atender todas aquellas contingencias que puedan ocurrir debido a las lluvias que suelen llegar aparejadas al otoño a Canarias. El objetivo de este tipo de trabajos es extraer la suciedad, hojas, papeles y otro tipo de residuos que se acumulan dentro de las redes de saneamiento y que dificultan la recogida de agua en los días de lluvia, pudiendo llegar a producir inundaciones en las calles. Gracias a esta labor, las tuberías quedan limpias y recuperan su capacidad de drenaje. La compañía estima que las estaciones de bombeo del municipio bombeen a la depuradora comarcal del valle de La Orotava novecientos cincuenta millones de litros de agua residual para ser tratados y procesado convenientemente.

Se han realizado también trabajos preventivos y correctivos en los 6 bombeos de aguas residuales de la ciudad y en la red de evacuación de aguas pluviales, cuyo buen funcionamiento cobra especial relevancia en esta época. Para estos trabajos se han empleado más de ciento ochenta horas de trabajo del camión succionador de gran tonelaje, que aspira la suciedad del interior de la tubería para hacer desaparecer los posibles atascos. También se han dedicado doscientas ochenta y ocho horas de grúa de elevación para levantar los equipos de bombeo de gran capacidad, de manera que se pudiera proceder a su limpieza. Además, los aliviaderos de la red general de saneamiento han sido inspeccionados seis veces en el año y se han realizado cincuenta y seis obras de renovación de imbornales y otras seis de renovación de colectores.

Pero no basta con las prestaciones del servicio público, con que sean eficientes. Para eso se paga, podrán decir. Es indispensable que haya colaboración ciudadana. Lo advierte la concejala de Bienestar Comunitario, Acción educativa y Prácticas saludables, Flora Perera, cuando señala que “el mantenimiento de estas infraestructuras depende en muchos casos de la concienciación ciudadana a través de un correcto uso de la red de saneamiento, no solo de los imbornales, sino que este buen uso comienza en el inodoro de nuestros domicilios, donde hemos de evitar arrojar suciedad, vertidos o papeles a los mismos que provoquen atascos y malos olores en las calles”. Por eso aprovechó la ocasión para invitar al conjunto de la ciudadanía a unirse al compromiso con la protección y el cuidado del medioambiente en beneficio de todos.

Algunas iniciativas o campañas bien enfocadas en ese sentido serían en nuestra opinión muy positivas para mejorar los comportamientos cívicos, el funcionamiento de los servicios y las propias infraestructuras.

HACEN FALTA PERIODISTAS

 

Cuando parece que Donald Trump empieza a hacer la digestión de su revés electoral, la profesora de Periodismo Multimedia en la Universidad de Eastern Kentucky (USA), Ginny Whitehouse, acaba de aportarnos una auténtica lección de periodismo:

«Es profundamente lamentable que el presidente se niegue a proporcionar al público información precisa y, peor aún, que deliberadamente lance información falsa. Las organizaciones de noticias y las plataformas de redes sociales están teniendo que tomar decisiones difíciles. El presidente los acusa de censura mientras siembra las semillas del caos. Está haciendo afirmaciones infundadas. Sí, el presidente Trump está siendo tratado de manera diferente a los presidentes anteriores, pero ningún otro presidente ha hecho tantas acusaciones falsas y de tal magnitud. La función del periodismo es informar sobre hechos fundamentados y basados en pruebas.... No hechos alternativos que no tengan base en la realidad. La función del presidente es buscar el bien de la nación... no enterrarlo en mentiras en un intento desesperado por aferrarse al poder».

Hechos fundamentados y basados en pruebas. Quedémonos con los dos conceptos para hacer frente a la tan intensa corriente de falacias y bulos que no solo caracterizaron una buena parte de los comicios norteamericanos sino el propio devenir informativo, uno de los fenómenos más desgraciados de nuestro tiempo, al que no se le ve, por cierto, una alternativa o un tratamiento que mitigue tan nocivos efectos.

Bueno, podrá decirse que los yankies lo han intentado y han arriesgado, nada menos que con el corte de la emisión en directo de la comparecencia del mismísimo Trump. Pareciera que quienes adoptaron esa decisión –acaso hartos del estilo trumpista- eran conscientes de no querer mermar aún más los principios y la credibilidad del sistema democrático estadounidense y optaron porque prevaleciera la defensa de la legitimidad de sus instituciones. El razonamiento es más sencillo: se trataba de no continuar con las acusaciones infundadas de fraude electoral, al no disponer de evidencias, luego cabía deducir que eran falsas.

Lo dijo un presentador de una de las cadenas (CNBC) que cortaron al presidente: “Estamos interrumpiendo esto porque gran parte de lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos no es verdad en absoluto”.

La conclusión es que el periodismo resulta muy necesario. Y sus profesionales interpretan un papel decisivo, sobre todo cuando está en juego la presidencia de una nación, o si lo prefieren, un resultado electoral. La presidencia de Trump reventó cuando aún contaban los votos y cuando algunos ya habían entendido muy bien la cultura de la la posverdad y los hechos alternativos. Esa cultura, ya lo hemos escrito, hay que cambiarla si es que se quiere recuperar la normalidad en la convivencia y hacer que funciones el sistema democrático, el Estado de derecho y la institucionalidad.

La profesora titular de la Universidad de Navarra, Mónica Codina, en un trabajo titulado “Cuando la comunicación es falaz, hacen falta periodistas”, interpretando a su colega norteamericana, precisa, de forma contundente que “son los periodistas quienes están llamados a defender la legitimidad de nuestras instituciones y el ethos social que las anima. De ninguna manera se puede consentir que el ejercicio del poder democrático se vuelva totalitario y pretenda usurpar las libertades públicas que nos corresponden por el simple hecho de ser humanos”.

Una suerte de apéndice a la lección de periodismo que inspiró esta entrada.

COORDINACIÓN Y EFECTIVIDAD

 

Primeros datos de la entrada en vigor del decreto 17/2020 del Gobierno de Canarias relativo a las exigencias a los turistas de presentar una una prueba negativa de COVID-19. Resultados favorables, en términos generales. “Casi sin incidencias”, dice la patronal hotelera, Ashotel, en un comunicado.

De lo que hay que congratularse, naturalmente. No es que arribaran muchos clientes durante el pasado fin de semana –cuando ya se aplicaba el decreto aludido- pero algunos ya traían sus pruebas PCR realizadas desde sus lugares de origen, en tanto que otros disponían de test rápidos de antígenos, prueba también admitida por el Gobierno autónomo.

Según la organización empresarial, “quienes no portaban este documento de control negativo fueron remitidos a centros sanitarios concertados por las empresas hoteleras para su realización en el mismo momento de su llegada. Otros establecimientos han optado por ofrecer test gratuitos a sus clientes, con lo que una vez llegaban a las recepciones, se les informaba de la realización de estas pruebas rápidas, a través de acuerdos con centros sanitarios privados, que tenían desplazado personal e instrumental necesarios al propio establecimiento para llevarlos a cabo”.

Es alentador, desde luego, que estas primeras respuestas hayan resultado satisfactorias. Los cambios obligados en nuestra convivencia cotidiana y en los sistemas productivos a consecuencia de la pandemia deben ser asumidos con tranquilidad y con espíritu constructivo, a sabiendas de que mientras persistan las circunstancias no hay otra opción que prevenir y superarlas de manera racional y operativa. El turismo, y todo lo que significa en Canarias, no iba a ser una excepción: es un esfuerzo que deben hacer las empresas y al que los agentes sociales deben corresponder preparándose y ejecutando en consecuencia. Precisamente, la campaña de comunicación llevada a cabo en las semanas anteriores a esta llamemos ‘apertura’, por las empresas hoteleras a través de distintos canales, incluido el de las reservas directas, ha surtido, por lo que se ve, efectos positivos.

Los primeros pasos, entonces, han sido llevaderos, un hecho acaso facilitado porque la llegada de turistas no ha sido masiva. Pero es bueno que el engranaje haya empezado a funcionar pensando en fechas de normalización de la actividad o del negocio y en los preparativos que los clientes deben afrontar.

Ashotel insiste, por cierto, en que hay que unificar el criterio de control de llegadas de turistas y otros pasajeros, después de que tanto el Gobierno de Canarias, primero, como el Gobierno de España, después, hayan aprobado normativas en este sentido. Recuerda la patronal que “en el primer caso, en vigor desde este sábado, el decreto plantea que son los establecimientos hoteleros los que deberán controlar que los turistas traigan una prueba negativa o bien se la realicen en las siguientes horas de su llegada a Canarias; en el segundo caso, el del Gobierno de España, entrará en vigor el 23 de noviembre y exige PCR negativa en origen para todas aquellas personas que procedan de zonas de riesgo.

Asimismo, Ashotel ha reiterado al Estado que debe permitir también los test de antígenos “como pruebas de diagnóstico de infección activa y que deben hacerse extensivas a toda persona que entre en el Archipiélago a través de un aeropuerto canario o viaje entre islas”.

Lo importante es, en fin, que haya coordinación entre las partes y efectividad en la aplicación de las medidas adoptadas. Esas son señales de normalización. La que todo el mundo anhela.

PARA INFORMARSE, LA VÍA DIGITAL. PERO...

 

En ocasión del ciento diez aniversario del diario El Día/La Opinión de Tenerife, nos referimos a un foro independiente de debate, ‘Periodismo 2030’, promovido por periodistas que estudian las nuevas tendencias en el mundo de la información. Entre sus actividades destacan, además de la realización de investigaciones demoscópicas, la celebración de debates entre destacados profesionales de la comunicación y la publicación de estudios sobre las conclusiones de estos debates y los datos de los sondeos realizados. El objetivo es celebrar un congreso nacional que pondrá en marcha un observatorio independiente de la comunicación.

Ya se dispone de los resultados del primer sondeo elaborado por las firmas GAD 3 y Fundación AXA para dicho foro. El periódico La Provincia/Diario de Las Palmas se hace eco de ellos para concluir que los periódicos digitales ganan la batalla de la información a los impresos si bien éstos gozan de mayor credibilidad. Apuntemos que la muestra universal era de cuatro mil trescientas entrevistas (un 57,6 % de quienes respondieron eran universitarios), efectuadas a personas, hombres y mujeres, de entre 18 y 60 años de edad.

Según la encuesta, son menos las personas que creen que los bulos o las noticias falsas provengan de la prensa escrita. Casi el 59 % atribuye este tipo de noticias a las redes sociales. Los registros en este ámbito abundan: por un lado, de los periódicos convencionales, lo que más interesa es la información local. Y por otro, a un 43 % le atrae, sobre todo, la política más cercana, la de su Ayuntamiento y Comunidad Autónoma; en tanto que un 36 % se muestra más interesado en la política nacional.

De los consumidores de información a diario, un 44,3 % responde que lo hace a través de periódicos digitales. El 9,7 % asegura informarse dos o tres veces por semana. Frente a esto, apenas un 14 % lo hace todos los días en periódicos de papel; un punto más -un 15 %- lo hace dos o tres veces a la semana y, por último, casi un 30 % lee prensa de papel apenas de forma esporádica, mientras que un 23 % de los encuestados dice no utilizarla nunca.

De todos modos, para hacer un ejercicio comparativo, consideremos que la informativos de televisión siguen siendo la fuente más seguida. En efecto, un 65 % de los consultados afirma que se informa diariamente a través de la oferta televisiva. Y ahí entran las variables de la edad que importantes para determinar cuáles son los medios preferidos para informarse. Así, los mayores de cuarenta años confían más en medios tradicionales, como la TV, la radio o la prensa escrita, y no confían ni en redes sociales ni, menos aún, en canales de mensajería privada. Este es un dato que, en cierto modo, consuela.

Más registros de la investigación. La prensa escrita, tras la radio, acredita un alto grado de confianza de los usuarios. Se desglosa así: la radio, un 6,4 sobre 10; la prensa escrita, un 6,1; los portales digitales, un 5,9; la televisión, un 5,7 y finalmente, las redes sociales, un 4,9. La conclusión es clara: a mayor edad, más confianza en la prensa escrita y en la radio y menos en las redes sociales.

TENSIÓN EN EL SAHARA

 

Por si eran pocas las preocupaciones, por si no tuviera España problemas internos, alguno de tan difícil solución como el de la emigración irregular que tiene en Canarias una seria proyección, rebrota la tensión en el Sahara con las primeras escaramuzas de un conflicto de imprevisibles consecuencias. Ahí, tan cerca de las islas. Con lo que eso puede significar si se prolonga y se agrava.

El pasado mes de septiembre se cumplieron veintinueve años de la entrada en vigor de un Plan orientado a la pacificación de la zona y al reconocimiento del territorio que habría de ocupar la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Concluiría así, en teoría, el proceso de descolonización de la antigua colonia española. La fórmula, un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, auspiciado por Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, todos los intentos han sido baldíos. La fórmula se fue al limbo: allí, lo que predomina es el muro militar más largo del planeta. Las partes conservan posiciones militares de defensa, temiendo que el conflicto se desate en cualquier momento. Marruecos, con su peculiar régimen político, no parece dispuesta a ceder nada. Y el Frente Polisario, sustento político de la RASD, hace lo que puede para superar el aislamiento y la presión del reino alauí. Los intereses extranjeros entrecruzados hacen lo demás, una complicación difícilmente superable.

En el sitio digital ecsaharaui.com, se describe que, a pesar de la presencia en el territorio de una misión de paz de las Naciones Unidas (MINURSO), el Sahara se encuentra dividido en dos partes, por el referido muro, de más dos mil setecientos kilómetros de longitud y protegido por más de cien mil soldados marroquíes. Según las organizaciones internacionales, alrededor de este muro hay sembradas entre siete y diez millones de minas antipersonas. Marruecos, ocupa militarmente alrededor del 73% del territorio y la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), Estado miembro fundador de la Unión Africana y reconocido por ochenta y cuatro países del mundo, está instalado en el 27% restante del territorio.

El pueblo saharaui ya sabe lo que es sufrir desde aquella guerra contra Marruecos y Mauritania que duró dieciséis años. Después Mauritania y la RASD firmaron la paz pero siguió el contencioso con Marruecos que ha significado un verdadero calvario de alto coste humano para los saharauis que han esperado inútilmente por el referéndum previsto.

La confianza en la ONU ha ido mermando, pese a la presencia de los denominados ‘cascos azules’. La organización, a la que compete la preservación de la paz y la solución de los conflictos internacionales, ha dado una lección de incapacidad o de incompetencia. Cierto que abundan las resoluciones que exigen la autodeterminación del pueblo saharaui, cierto que se impone, sencillamente, la aplicación del Derecho Internacional, pero no ha habido manera. Al revés, se han multiplicado las diferencias, las intransigencias y los obstáculos para encontrar una salida.

Ahora, con la subida del nivel de encono entre las partes, el enfrentamiento parece inevitable. Llega en un mal momento. Con los gobiernos y las sociedades a las que representan que están a otra cosa, a menesteres más apremiantes.

Difícil. Intrincado camino después de tres décadas de tensión. Hasta seguro que se librará una guerra de información. Y todo tan cerca, tan próximo.

LOS OBISPOS CANARIOS HABLAN CLARO

 

Mañana domingo, IV Jornada Mundial de los Pobres. Los obispos canarios, José Mazuelos (Diócesis de Canarias) y Bernardo Álvarez (Nivariense), escogen la tragedia de la emigración irregular para una carta pastoral en la que solicitan a las autoridades europeas y al Gobierno de España ”no crear ghetos insulares para evadir el problema migratorio”.

Cuando la crisis de los cayucos, en la pasada década, ya ocurrió algo similar. Fueron los obispos quienes pidieron comprensión y apoyaron la tarea de atención y primera asistencia que dirigía con tenacidad José Segura Clavell desde la Delegación del Gobierno. Aludían a la fragilidad del ser humano que era víctima de esta situación y a la solidaridad que debían practicar quienes debían y podían hacerlo. Ahora vuelven a manifestar la necesidad de que la sociedad, en general, reflexione y tome conciencia sobre “la situación de pobreza y vulnerabilidad que viven estas personas”. En su pastoral, las autoridades eclesiásticas invitan a poner “manos a la obra para que nadie se sienta marginado o despreciado, sino que todo experimenten la acogida, la atención y el respeto que, como personas humanas, se merecen”.

Deberían leer con atención quienes siguen el curso de esta tragedia con desdén o con posiciones xenófobas y racistas, también inhumanas, incluso desde algún medio de comunicación. Ya escribimos en su día que se leyeran al Papa, tan católicos o tan cristianos que presumen ser los más radicales. Y los más irracionales.

Precisamente, los obispos Mazuelos y Álvarez se apoyan en consideraciones del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y superar la fobia al extranjero. En su llamamiento piden luchar contra las redes que trafican con seres humanos y abusan de su debilidad y favorecer el desarrollo de los países de origen porque, según apuntan, "solo cuando cese la injusticia actual del comercio internacional, cuando cesen las guerras inducidas en países con riquezas mineras, cuando los dictadores que expolian a su pueblo dejen de contar con la complacencia de gobiernos y empresas multinacionales, cuando cese el comercio de armas, la inmigración de ciertas zonas del mundo se podrá regular". Además, haciendo referencia a lo emitido por el Papa Francisco, citan algunas "respuestas indispensables" para quienes huyen de las "graves crisis humanitarias", tales como son "aumentar y simplificar la concesión de visados; abrir corredores humanitarios; garantizar la vivienda, la seguridad y los servicios esenciales; ofrecer oportunidades de trabajo y formación; fomentar la reunificación familiar; proteger a los menores; garantizar la libertad religiosa y promover la inclusión social.

En este sentido, invitan a la sociedad a sensibilizarse ante la muerte de los que viajaban en las barcas, de "esos niños, jóvenes y adultos que han enterrado sus sueños y sus vidas en las aguas del Atlántico" porque, puntualizan, "nunca" se sabrá "cuantos miles de personas han perdido sus vidas de manera trágica y dramática entre las dos orillas" en estos últimos años.

En la carta pastoral, los obispos reiteran una idea tantas veces expuesta: los migrantes son personas como cualquiera de nosotros, con nombres, historias y familias, de ahí que rechacen “todas las voces que siembran confusión”, tanto desde la política como desde plataformas mediáticas.

Los obispos canarios instan a trabajar “contra la globalización de la indiferencia” e invitan a saber "mirar uno a uno a esos hombres, mujeres y niños" que llegan a las costas, así como hacer propios "sus sufrimientos tras haber huido de la guerra, de las persecuciones, del hambre y haber afrontado un largo y peligroso viaje por el desierto y el mar en manos, tantas veces, de traficantes de seres humanos".

En la carta pastoral, un documento sensible y comprometido, se expresa un reconocimiento a cuantos rescatan y salvan vidas, “auténticos ángeles de la guarda en medio de los mares”. Confían los obispos en que esta labor humanitaria, complementada por las organizaciones y entidades públicas, también de los voluntarios, basada en el socorro o auxilio de vidas en claro peligro, así como en un principio de humanitarismo, siga contando en la frontera sur de Europa con un apoyo decidido por parte de los diferentes gobiernos.

MÁS CONFIANZA

 

Yo confío, tú confías, él confía…

En una de las últimas entregas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se concluye que, en plena pandemia, la confianza de los españoles en los demás poco menos que se dispara hasta el punto de convertirse en la más alta de los últimos quince años. En 2020, en efecto, más del 50 % de los españoles sitúan su confianza por encima del 5 (en una escala de 0 a 10, tal como plantea el CIS): es la primera vez que se registra tal porcentaje desde 2006, año en que los encuestadores del Centro, a la hora de pulsar la confianza de los ciudadanos en el resto de la población, formula una pregunta, clasificada entre las de escala:

-Diría usted que, por lo general, ¿se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el el trato con los/las demás?

Para responder, los encuestados tienen que situarse en una escalada de 0 a 10, en la que 0 es “Nunca se es lo bastante prudente” y 10 “Se puede confiar en la mayoría de la gente”.

Por lo visto, los resultados de la consulta han sido sorprendentes. La media de confianza, un 5,40 sobre 10, es la más alta de toda la serie histórica. Sin embargo, los analistas coinciden en destacar otro dato: por primera vez, el porcentaje de encuestados que expresa su confianza en la comunidad, en un margen de 6 a 10, que son los valores más altos, se eleva al 50,7 %. El salto que se ha producido desde la encuesta anterior es nada menos que de siete puntos. En 2019, la última vez que se planteó la cuestión, solo un 43,7 % de las personas consultadas se situó en el 6 o por encima. El aumento de confianza era una tendencia contrastada, si bien aparecía de forma intermitente y nunca había alcanzado los niveles del presente año, el año de la gran crisis sanitaria.

Nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían…

La gran duda, entonces, es si la pandemia nos ha hecho más solidarios, si va incidiendo de forma tal que repercute en la confianza que depositamos en nuestros conciudadanos. Un investigador del Colegio Profesional de la Ciencia Política, la Sociología y las Relaciones Internacionales de la Comunidad de Madrid y profesor de la Universidad Autónoma (UAM), Piotr Zagórski, no lo tiene claro. En su opinión, el fenómeno del aumento de confianza suele asociarse precisamente “a lo contrario de permanecer encerrados durante mucho tiempo y sin contacto con el resto de personas”. Zagórski destaca que son precisamente cuestiones “como el asociacionismo y la inversión en “capital social” las que suelen provocar un aumento de la confianza. A pesar de ello, sí que observa que “en las semanas más duras, cuando aparecían ejemplos de solidaridad entre los vecinos, los ciudadanos pudieran percibir a sus semejantes como a personas en las que poder confiar más. Eso sí, avisa, “no se trata de un aumento lo suficientemente pronunciado como para establecer una norma” y “sería necesario esperar para ver si se mantiene en el tiempo”, así como “cotejarlo con lo que sucede en otros países”, según explica en infolibre.com.

Habrá que seguir confiando…

El impacto en la vida de prácticamente todo el mundo es palpable, y a la espera de vacunas o terapias, va produciendo cambios que paulatinamente se van notando. Pero no nos resignemos. Nuestros hábitos ya no serán los mismos, la convivencia tendrá otros patrones, siempre con la sombra de los contagios. Claro que hemos aprendido cosas: la pandemia, el estado de alarma, los confinamientos y las crisis derivadas, social y económica, nos han enseñado que hay que confiar para seguir adelante. No faltará quien asocie el dato del CIS al temor que se ha apoderado de la población. Solo el tiempo y la superación de los prejuicios hará que la convivencia, en otras condiciones, contraste esa confianza y su traducción solidaria.

NO ERA EN CANARIAS SINO EN GUYANA

 

Alguien hizo circular en la red social Facebook un video en el que durante una misa oficiada en Canarias por dos concelebrantes –uno de ellos, de color- es súbitamente interrumpida por otro ciudadano negro de torso desnudo que, en actitud desafiante, rodea el altar, parece que amenaza, hace por agredir, vocea y termina propinando un sopapo a quien debía ser oficiante principal mientras su compañero, probablemente invadido por el miedo, permanece en actitud impasible. El agresor abandona sin más el recinto religioso. Fin de las imágenes. Y comienzo de los comentarios de los usuarios de la red. Imaginen.

Con el paso de las horas, en la misma plataforma se explica que se trata de un bulo, del enésimo bulo. Lo ocurrido es en Georgetown, en Guyana, no en alguna iglesia del archipiélago canario donde casi todos los días arriban a sus costas hombres, mujeres y niños procedentes de distintos países africanos y donde se suceden las noticias de hacinamiento y deficientes condiciones de acogida o alojamiento, tal es así que ya hay presencia y seguimiento de observadores de la organización Human Rights Watch, una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Es un templo católico de aquel país.

El hecho sirve para entender hasta dónde puede llegar la ruindad. Y hasta dónde la manipulación. Ahora que las sociedades de varios países --¿exageramos si decimos que es la ciudadanía universal?- se ven sacudidos por un fenómeno cada vez más endémico y al que los poderes públicos no encuentran forma de atajarlo o erradicarlo, las imágenes, ciertamente impactantes, ponen de relieve que la ruindad no tiene límites con tal de alentar objetivos políticos –o de otra índole- perversos, más allá de confundir y de manipular.

Sirva también para expandir un mensaje deliberadamente tendencioso o sesgado. Así se abusa de la debilidad humana, de la ignorancia. Así crecen, así las impulsan.

Pero sirva, igualmente, para contrastar la realidad, para que la gente se dé cuenta de las malas intenciones, de lo fácil que es pervertir la realidad.

Y no hace falta explicar mucho más pues todo se entiende, al menos teóricamente. Se entiende que hay quienes se aprovechan de la situación, de los frágiles soportes para afrontar y tratar públicamente lo que es una verdadera tragedia humana. Solo los insensatos, solo quienes no conocen la ética son capaces de producir estas cosas que luego derivan hacia radicalismos y populismos extremos. Nadie aporta una solución cabal, ni siquiera pondera circunstancias adversas que concurren ni recuerdan la diáspora en el pasado de pueblos que se vieron obligados a emprender otras rutas después de haber padecido tribulaciones o penalidades parecidas. Así se escuchan en la radio o televisión afirmaciones que traspasan la cordura. Y así se escriben dislates impropios de la sociedad de nuestros días, en la que parece estar haciendo mella algo más que un virus nocivo.

Así hay que padecer las distopías.

BITÁCORA, UNA RESPUESTA SOCIOPERSONAL

 

Bitácora han denominado en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz un proyecto de innovación social, pionero en la Comunidad Autónoma, con el que se pretende conocer, estudiar y orientar a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad en medio de la crisis sanitaria. Las que peor están, vamos. Aquellas que se han visto más afectadas tanto en los ámbitos emocional, económico o laboral.

Esta nueva iniciativa municipal en el campo de los social responde a un proceso de orientación sociopersonal que persigue la dotación de herramientas y soportes con el fin de revertir la situación.

Fuentes del gobierno local señalan que en el Ayuntamiento se tiene muy claro que Bitácora tiene que estar muy pegado a la realidad de todas y cada una de las personas a las que se dirige. El alcalde, Marco González Mesa, precisa aún más: “Con especial énfasis, en la necesidad de crear vínculos sociales que restablezcan la herida provocada por la pandemia y tejan una red más fuerte y mejor preparada para dar la respuesta que necesita la ciudadanía portuense, después de estos meses tan duros que, por desgracia, aún desconocemos cuánto tiempo se alargarán por lo que debemos estar preparados para todos los escenarios posibles”.

Así es que los objetivos del proyecto se centran de forma prioritaria en conocer de cerca la problemática existente provocada por la emergencia sanitaria que ha herido de una forma nunca antes vista el tejido social del municipio. “También vamos a recopilar una información muy valiosa para proponer recorridos formativos para desarrollar las capacidades y habilidades individuales de las personas que formen parte del proyecto”, anticipó el concejal-delegado de Derecho Social, Jonás Santana, quien hizo hincapié en el desarrollo de estrategias que hacen de Bitácora un recurso más necesario para no sólo detectar situaciones sociales complejas sino también para crear redes de apoyo que informarán, por los canales adecuados, sobre familias vulnerables que requieran de la intervención de la administración. “Somos muy conscientes de las secuelas que está dejando esta crisis inédita y por ello ofrecemos nuevas vías de actuación porque ante situaciones nunca antes vista necesitamos de actuaciones novedosas y urgentes”, explicó Santana.

Se trata, en definitiva, de dar una respuesta eficaz y ágil a las demandas y al auxilio de quienes precisan de una ayuda directa. Bitácora no solo hará un seguimiento del colectivo de personas vulnerables sino que que quiere ser un soporte sólido para encontrar una salida a la crisis con una respuesta personalizada. El Ayuntamiento –muy mermado, por cierto, de recursos de personal, según se escucha- quiere poner a disposición de los más necesitados un equipo de apoyo, seguimiento e intervención integrado por educadores de calle que, según explicó el edil González, han de servir también como nexo de unión entre los distintos servicios municipales y las personas que requieran de su ayuda y auxilia.

Será bueno conocer los resultados de acuerdo con el cronograma trazado para la iniciativa.