COPAGO: DILIGENTE Y EFICAZ RESPUESTA

El Gobierno de Canarias ha reaccionado bien y con diligencia a la controversia social que se alumbraba con la reinstauración del copago farmacéutico. Una fórmula legal, “jurídicamente defendible y de aplicación rápida”, vuelve a poner las cosas en el sitio que ya conocían los pensionistas con ingresos inferiores a los dieciocho mil euros anuales, es decir, suprimir ese copago, medida que se aplicará tan pronto como sea homologada por el Gobierno de España, una vez se constituya, tal como se pretende para todo el país. La disposición gubernamental, de previsible aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo jueves 16, tendrá carácter retroactivo a 1 de enero del presente año. Ello supone que los pensionistas beneficiarios podrán recuperar las cantidades que ya abonaron por sus medicamentos.

Esto es lo que la ciudadanía quiere y espera de un Gobierno: que acredite sensibilidad con un problema social; que, en efecto, se preocupe de verdad por las personas cuando sobreviene una situación que ellas no han creado, en las que se ven perjudicadas y que, en definitiva, demuestre eficacia a la hora de solventarlo.

Se trata, en efecto, de una medida social y sanitaria inspirada en el principio de que la salud de los ciudadanos no puede estar concidionada por su disponibilidad o nivel de ingresos, por lo que se orienta a la atención de las personas más vulnerables. La salud es un derecho irrenunciable y los poderes públicos están obligados a atenderlo y hacerlo cumplir.

Medida que, según se ha explicado por el ejecutivo, no tendrá rango de subvención, de modo que eximirá a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas de su percepción, esto es, la presentación de la declaración de la Renta correspondiente a 2019, a siempre que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario sea superior a los mil euros, a lo que, en algunos casos, pudo contribuir el modelo aplicado por el anterior Gobierno.

El mantenimiento de la modalidad 'subvención' para garantizar la gratuidad de los medicamentos el presente año hubiera podido excluir a algunos pensionistas de tal ayuda pública, debido a cuestiones que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del preceptos. Ello significaría, además, ir en contra del acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos sanitarios.

Pues sí; eficaz y diligente respuesta del Gobierno autónomo, a la espera de que, en breve, se complete el proceso. Que prosiga por esa senda.