Se
han dicho cosas más graves sobre la Justicia que las manifestadas
por el vicepresidente segundo del Gobierno, Iglesias Turrión, y no
ha pasado gran cosa. Pero, claro, Iglesias es ahora vicepresidente de
un ejecutivo que se estrena abriendo un contencioso con el poder
judicial, como si el clima político no estuviera enrarecido, y ni la
letra ni la música suenan igual. No, no es un arranque feliz. Y
encima, con el examen de la propuesta de la nueva Fiscal General del
Estado, anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, pendiente de
examinar hoy mismo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El
grado de gobernabilidad y de buen funcionamiento del sistema
democrático depende del respeto a la división de poderes pero,
sobre todo, de un clima de entendimiento y hasta de alejamiento de
antagonismos entre partidos políticos. Hay que evitar las
situaciones de tensión entre los poderes pues lo contrario
acentuaría la desafección hacia la política y haría una
convivencia cada vez más enrevesada.
De
momento, la tirantez y el recelo se contrastan en la declaración de
la comisión permanente del órgano de los jueces (que no oculta su
malestar) solicitando “responsabilidad institucional” al
vicepresidente; y en la réplica del ejecutivo, notablemente
conciliadora (“tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen
las instituciones”), reivindicando la “libertad de expresión”
y reclamando la renovación de la dirección del Consejo General del
Poder Judicial, en funciones desde 2018.
Pero
es ahí donde se visibiliza mejor el conflicto porque la renovación
requiere de un entendimiento entre los dos principales partidos. Ya
el Partido Popular ha dicho que, de momento, no hay posibilidad de
acuerdo.
Pues
siga la tensión...
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