La
Fundación 'Common Action Forum' impulsa la creación del denominado
Tribunal
de Acción Común (CAT), de
ámbito internacional e integrado por
magistrados, abogados y juristas de consagrado prestigio que, a
semejanza del Tribunal 'Bertrand Russell', el Tribunal Permanente de
los Pueblos u otros ejemplos similares de la historia, denunciará
las violaciones a los derechos humanos que corren el riesgo de quedar
impunes. También las que se cometen en la misma sede judicial.
¿A
cuenta de qué surge este Tribunal? ¿Es necesario? ¿Contribuirá a
la independencia del poder judicial? No son fáciles las respuestas,
máxime cuando tan en boga está la denominada judicialización de la
política, un fenómeno que, en nuestro país, por ejemplo, ha
alcanzado niveles considerables. La instrumentalización del derecho
y la corrupción de la norma jurídica son, entre otras, algunas
raíces que sus promotores han logrado que germinen. En el escenario
aparecen también los casos de procesos sin habeas
corpus y
los sumarios montados bajo amplificación de la presión mediática.
Por
todo ello quieren una corte ética que denuncie las violaciones de
los derechos humanos que corren el riesgo de resultar impunes e,
incluso, las que se puedan cometer en la misma sede judicial.
Renata
Ávila, la activista guatemalteca y abogada de Julian Assange, el
periodista australiano y activista internauta que estuvo refugiado en
la embajada de Ecuador en Londres tras alumbrar y editar wikileaks
(una
organización mediática internacional sin ánimo de lucro que
publica en su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con
contenido sensible en materia de interés público), hasta que se lo
quitaron de encima, ha sido contundente a la hora de relatar los
factores que concurren para justificar la puesta en marcha del CAT:
“Víctimas que no han tenido un solo día en corte, abuso de la
prisión preventiva, presunción de culpabilidad en vez de inocencia,
violaciones al derecho de defensa o al derecho a la privacidad de las
comunicaciones entre abogados y clientes... son algunas de las
deficiencias que observamos en los sistemas judiciales de la
actualidad”.
Una
componente del 'Common Action Forum', Irene López Alonso, autora de
El
camino de los refugiados (Edelvives),
contextualiza el problema al aludir al 'lawfare', un fenómeno en
expansión a escala mundial (la guerra jurídica, concebida como el
ataque a oponentes utilizando de forma indebida los procedimientos
legales pero dando apariencia contraria), que puede poner en peligro
a los mismísimos sistemas democráticos si se desvía y se alarga la
continuación de la política por otros medios. El presidente
español, Pedro Sánchez, acaba de declarar en el marco de diferendo
catalán, que no basta con la ley. Vale: hablen, lo que quieran y
puedan, pero la sociedad quiere, después de haber prolongado el
debate, soluciones y concreciones, si es pactadas y con soportes
jurídicos, mejor. Pero, en llegando a los tribunales, cuidado,
porque el final, después de largos, larguísimos procesos, es de lo
más incierto. Escribe López Alonso que el derecho, paradójicamente,
se ha convertido “en un arma de guerra, un instrumento para
perseguir, represaliar y derribar al adversario político”.
Estemos
atentos, entonces, a este tribunal y sigamos de cerca su
funcionamiento, sus decisiones y el alcance o la dimensión de éstas,
sobre todo cuando de ciertos asuntos y países se trate. Veremos si
se fortalece la credibilidad del poder judicial.
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