¡VAYA TRAMA, VAYA RUEDA!

Un delito de corrupción en negocios, cometido por medio de una organización y/o grupo criminal, es el que atribuye el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a los miembros de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y empleados de catorce de las principales cadenas de televisión españolas (entre ellas, la televisión nacional pública y la radiotelevisión pública canaria), a la vista de los resultados de una investigación que detecta un supuesto fraude, consistente en la obtención de ingresos millonarios derivados de los derechos de autor de la música emitida en programas nocturnos (de dos a seis de la madrugada) sin apenas audiencia.

La SGAE parece maldita. Un nuevo escándalo que añadir a otros anteriores en los que estuvieron involucrados distintos dirigentes en diferentes mandatos. Este presunto fraude -el período investigado abarca de 2006 a 2011- está cifrado en cien millones de euros en números redondos. Según el auto judicial, el conjunto de personas investigadas llegó a ingresar unos veinte millones anuales. Ha trascendido que la televisión es una de la principales fuentes de ingresos de la Sociedad que recauda entre doscientos cincuenta y trescientos millones de euros al año por el uso de su catálogo. Y que las canciones emitidas de madrugada llegaron a suponer el setenta por ciento de los ingresos que generaba la música en la pequeña pantalla, aunque solo la escuchara el uno por ciento de la audiencia. Según precisa el magistrado Moreno, la presunta actividad delictiva “no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas”.

Todo da a entender, pues, que estamos ante la existencia y funcionamiento de una trama, aquí conocida como la rueda. Una rueda que, a la espera de las explicaciones pedidas por la autoridad judicial a los responsables de las cadenas públicas y privadas -tienen cinco días para exponerlas- debía tener soportes muy sólidos para prolongar su actuación en aparente impunidad.

A la espera de tales explicaciones, el daño ya está hecho y el descrédito de la entidad, concebida en su día para fines muy distintos, no ha hecho más que crecer. El informe del juez instructor es bastante explícito cuando señala que “varios de los investigados pasaron en pocos años de inscribir apenas un puñado de temas a ser autores de cientos, o incluso miles. De ahí que, para no ser detectados, buscaran también testaferros”.

Si es válido el cálculo de ciento veinte mil creadores afectados, asociados a la SGAE, parece claro que estamos ante un escándalo de considerables proporciones. Ello deja entrever la responsabilidad penal de las televisiones pues las apreciaciones del juez apuntan que sus responsables ”no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones”. La deducción es clara: se permitía así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos. “El objetivo entrañaba un carácter defraudador”, señala la autoridad judicial. La libre y recta competencia en la contratación se ha visto, a la espera de lo que se decida en el juicio, claramente vulnerada.

¡Vaya trama, vaya rueda!