En
junio de 1821, teniendo en cuenta que unas tres mil quinientas
personas, aproximadamente, oían misa en el Puerto de la Cruz, era
indispensable oficiar siete para que todas pudiesen cumplir con el
precepto. Surge entonces un problema al que las autoridades de la
época buscaron solución a la que se refiere en sus apuntes el
cronista oficial del municipio, Nicolás Pestana Sánchez.
Ocurría
que los religiosos de la orden de San Francisco existentes en el
municipio portuense tenían que trasladarse al convento de La
Orotava, donde habían sido destinados. La carencia de sacerdotes
para atender los servicios espirituales del pueblo era evidente,
sobre todo si se marchaban antes de que llegasen tres nuevo
dominicos, cuya llegada parece ser que había sido anunciada aunque
se tenían noticias de que nunca vendrían.
Relata
Pestana que la situación en que se encontraba el convento
franciscano facilitaba “a la mayor parte de la población pobre”
la posibilidad de oír la misa
de alba que
se oficiaba en dicho convento pues aquella “no podía presentarse
de día por su miseria en el vestir y en el convento dominico no
cabía ni la mitad de las personas que estaban obligadas a oír misa
de alba, si
faltase la iglesia de San Francisco”.
Tiene
que intervenir el Ayuntamiento, claro. No se había consultado la
conveniencia pública de procederse a la elección del convento que
debía ser suprimido. La corporación, por acuerdo adoptado el 25 de
junio de aquel año, se dirigió al Jefe Superior Político
haciéndole ver la necesidad de que no se cerrase el convento
franciscano. Se evitaba con ello el traslado de los tres sacerdotes
que quedaban en el pueblo, hasta tanto no llegasen los de La Orotava
de Santo Domingo, haciendo que se trasladasen éstos a vivir en el
convento de San Francisco, “por razón de la comodidad pública,
por su situación y por la capacidad de la iglesia, de la que
carecía el dominico”.
Tres
días después, siempre según la aportación de Pestana, el
Ayuntamiento trató de suspender, por sí mismo, la salida de los
tres religiosos franciscanos, a propuesta del síndico personero de
segunda elección, “pero, atendiendo a la gravedad de este asunto,
se acordó aplazar la resolución hasta el día 3 del próximo mes de
julio, para elevar consulta”.
Entonces,
una comisión del Ayuntamiento visitó al padre prior dominico, con el
fin de recabar información sobre la fecha señalada por las
autoridades para incorporarse al convento los religiosos que hubiesen
sido destinados. Era el 9 de julio cuando debían reunirse los dos
religiosos que se hallaban en el convento de Garachico. Pero la
información no satisfizo del todo porque el prior ignoraba cuándo
habrían de verificar lo mismo los de las otras islas al desconocer
la fecha de la orden para que empezara contarse el plazo de treinta
días que tenían señalado.
Llega
el 3 de julio. Y como resultas de la contestación del Jefe Superior
Político, el Ayuntamiento entendió que no debía oponerse a la
salida de los religiosos franciscanos “para no desacatar los
soberanos decretos”, de acuerdo con los apuntes del cronista.
Claro
que el Ayuntamiento no podía permanecer indiferente ante la práctica
supresión de la misa
de alba en
el convento franciscano, al que concurría la parte más pobre de la
gente del pueblo que era ya la del barrio de La Ranilla. Por ello,
dirigió una petición del Provisor del Obispado, rogándole
atendiese a esta necesidad espiritual.
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